Luis Fernando Chan Canseco
Expediente 1565/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1565/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Fernando Chan Canseco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 290, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Con el que acusa recibo del diverso oficio 3214/2022, de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, del índice de este Juzgado, con el que se devolvió a dicha Sala los anexos que en su momento adjuntó a su informe justificado. Por otro lado, glósese a este expediente el diverso oficio 327/2021, signado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, con el que devuelve diligenciado el despacho con número de orden 274/2021 y número de origen 138/2021-D-II-A AMPARO CIVIL, y constancias relativas al emplazamiento a juicio de la tercero interesada María Gabriela Rodríguez Pech. Dese de baja en el Libro de Gobierno respectivo que se lleva en este tribunal, el despacho de mérito. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto y se ordenó el archivo del presente expediente como totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.A
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el cinco de enero de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúen en la secretaría de este Juzgado los anexos que la Sala responsable adjuntó a su informe justificado; por tanto, devuélvansele los mismos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1565/2021-II-A, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, ante la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, compareció ********************, promovió juicio de amparo directo en contra de los actos atribuidos a la autoridad antes indicada y a la Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Remisión de la demanda al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Mediante oficio 525 de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, el Presidente de la señalada Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, rindió su informe justificado y remitió la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito. TERCERO. Incompetencia y remisión de demanda. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, registró la demanda con el número de toca 585/2021 y declaró su incompetencia al tratarse el acto reclamado de un acto dictado fuera de juicio cuyo conocimiento correspondía a un Juzgado de Distrito. Por lo que una vez que causó estado dicha determinación, por oficio 4545 de fecha dos de septiembre siguiente, remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, la referida demanda, la cual, por razón de turno correspondió conocer a este órgano de Distrito. CUARTO. Admisión de demanda. Por autos de siete y veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se previno al quejoso para que aclarare su demanda, la cual quedó registrada con el número 1565/2021-II-A, y por diverso proveído de uno de octubre del año en curso, se tuvieron por satisfechos dichos requerimientos. En esas circunstancias, por lo que se refiere al acto atribuido a la Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se desechó la demanda al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Asimismo, en dicho proveído, se admitió a trámite la demanda por lo que se refiere al acto reclamado a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por tanto, se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó notificar a la parte tercera interesada y a la responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se precisan de la siguiente manera: La parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: La resolución dictada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno en los autos del toca número ********************. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado su Magistrado Presidente, lo que además se corrobora con las constancias que acompañó al mismo. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia. Por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Resultan infundados e inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, es importante señalar que de las constancias certificadas (anexos I a III) remitidas por la responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1.- Que en fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria que promovió ********************, a fin de que se decretara una pensión alimenticia en favor de su hijo y a cargo de ********************. 2. Mediante determinación de siete de febrero de dos mil veinte, la Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dictó resolución en la que decretó alimentos provisionales en favor del menor ********************, y a cargo de ********************, en una cantidad equivalente al treinta y ocho por ciento del monto total de sus sueldos, emolumentos y demás prestaciones mensuales que percibía como empleado de la empresa denominada ********************, y de cualquier otro trabajo en el que labore con posterioridad. 3 Que en contra de dicha determinación, ********************, interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la cual, mediante determinación de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, modificó la resolución apelada. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio. En dicha resolución, la Sala responsable determinó lo siguiente: Que el apelante refirió que el juzgador del conocimiento, carecía de competencia territorial para conocer y resolver el asunto, ya que a su decir, en tratándose de asuntos de jurisdicción voluntaria, el artículo 35 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, en su fracción I, estipulaba que el juez competente sería el del domicilio del promovente, y en el caso particular, la madre del menor tenía su domicilio en Maxcanú, Yucatán y no en Mérida, aunado a que el acta de nacimiento del menor, aparecía registrada en dicha localidad, por lo que el apelante consideraba que el asunto no debió ventilarse en esta ciudad. Que previo a calificar lo anterior, era preciso señalar que la competencia era un presupuesto procesal de orden público, ya que de conformidad con el artículo 16 Constitucional, nadie podía ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente; que toda resolución debía estar fundada en la ley; siendo que en tratándose de la competencia, toda autoridad debía sustentar la misma con base en la ley que rige, así como en los acuerdos o decretos legales correspondientes. Que en ese sentido se advertía que resultaban parcialmente fundados los agravios, ya que de una revisión de la resolución, no se advertía que el a quo hubiese señalado las normas que lo legitimaban para emitir su resolución en el caso sometido a su potestad, lo que originaba una violación de carácter formal; sin embargo, tal circunstancia devenía insuficiente. Ello era así, ya que debía considerarse que la impugnación de la competencia que pretendía hacer el recurrente, al ser oponible únicamente vía excepción, resultaba incompatible con la naturaleza de las diligencias de mérito, por no existir acción ni controversia alguna que debiera atacarse, de conformidad con el artículo 672 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, el cual delimitaba que tales asuntos comprendían todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requería la intervención del juez, sin que estuviese promovida ni se promoviera cuestión alguna entre partes determinadas, lo que se justificaba con los diversos numerales 273 y 275 del citado código. Aunado a que dicho tribunal, reasumiendo jurisdicción con motivo de la violación indicada, ya que el a quo no había expuesto las normas inherentes a su competencia, y contrario a lo aseverado por el apelante, el juzgador de origen sí gozaba de capacidad procesal para conocer y resolver el asunto. Que la función jurisdiccional estaba establecida en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en el diverso 82 del mismo ordenamiento. También señaló que de conformidad con el artículo 34 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, la competencia en esa materia, se establecía primeramente a favor del juzgador al que los litigantes se hubiesen sometido expresa o tácitamente, lo que en el caso aconteció, pues de autos se desprendía que ********************, había presentado su escrito ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado, promoviendo las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen, y que dicho escrito se turnó al Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del indicado Departamento Judicial, por lo que su competencia estaba plenamente acreditada. De igual manera indicó la Sala responsable que no era óbice a lo anterior el hecho de que el recurrente manifestara que la promovente y su hijo menor estuviesen domiciliados en Maxcanú, Yucatán, ya que esa alegación no desvirtuaba la diversa manifestación hecha por la promovente en la que manifestó bajo protesta de decir vedad que su domicilio estaba en la ciudad de Mérida, aunado a que se surtía la regla de competencia previstas en el artículo 35 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, ya que primero debía atenderse a lo establecido en el numeral 34 del propio ordenamiento legal, al existir consentimiento expreso o tácito, ya que en su escrito la promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Además a que en el supuesto de que la promovente y su hijo tuviesen su domicilio en la localidad indicada, tratándose de la legislación familiar, de conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se permitía que la competencia territorial fuese prorrogable de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En otro aspecto, estableció la Sala responsable que resultaba inoperante el diverso agravio del recurrente en el que manifestaba la existencia de unas diligencias de consignación de alimentos en favor de su menor hijo, promovidas en un diverso juzgado al de origen, y en el que aludía existían diversos depósitos por distintas cantidades que ya había sido cobradas por la promovente. Que lo anterior se calificaba de esa manera, ya que el hecho de que existieran unas diligencias de consignación no constituía un impedimento legal para que el juez de instancia, a través del procedimiento, decidiera sobre los alimentos provisionales solicitados, pues la fijación de una pensión alimenticia no podía quedar al arbitrio del deudor, sino que la misma debía ser establecida por la autoridad jurisdiccional competente. Por otra parte, señaló la autoridad responsable que no obstante que el apelante no hubiese esbozado agravio eficaz alguno para combatir el fallo, a mayor abundamiento el tribunal de alzada no advertía la necesidad de suplir la deficiencia de su queja, en su carácter de deudor alimentario, ya que de la revisión minuciosa de las constancias, se advertía que acertadamente el a quo, tomó en consideración que el obligado era una persona asalariada, con percepciones mensuales y que su única deducción era la correspondiente al IMSS; a lo anterior se sumaba el estudio socioeconómico practicado al inconforme, además de que se encontraba en edad productiva y que tenía una pasantía en gastronomía, de ahí que las cualidades cuantitativas y cualitativas del obligado, permitían afrontar el porcentaje sancionado sin mermar su mínimo vital, a más de que el 62% de los salarios que le quedaban a su favor, era mucho mayor al 38% establecido en favor de su hijo menor de edad. Por último, atendiendo al principio del interés superior del menor, las autoridades jurisdiccionales estaban investidas de facultades para intervenir oficiosamente en cualquier controversia; que en el caso particular el juez del conocimiento no había atendido debidamente la figura de la garantía alimentaria del infante, ya que había decidido que la misma se constituyera a través del embargo de los sueldos, sin embargo, la máxima autoridad ha determinado en su jurisprudencia, que la retención de los salarios del deudor no podía tener una doble naturaleza, a saber, objeto indirecto de la obligación y a su vez garantía. En esas circunstancias, en suplencia de la deficiencia en favor del menor involucrado, con independencia de la orden de embargo de los salarios, procedía a fijar como garantía alimentaria a cargo del obligado, la cantidad de ********************, moneda nacional, correspondiente a tres meses de pensión alimenticia. Ahora bien, en sus conceptos de violación el quejoso aduce que no se le notificó el inicio del procedimiento, ya que se enteró del mismo cuando le notificaron la sentencia dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria, siendo que el emplazamiento en un juicio es de vital importancia en el procedimiento de que se trata y en el caso se le dejó en estado de indefensión al haberse vulnerado sus derechos fundamentales de audiencia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Tales argumentos, son infundados, por las consideraciones siguientes: El trámite de la jurisdicción voluntaria, se encuentra contemplado en el Libro Cuarto, Título Primero, Capítulo Primero, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, cuyos artículos disponen: "Jurisdicción voluntaria Artículo 672. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Objeto de la intervención del juez Artículo 673. La intervención del juez tiene por objeto, cuando ello sea conveniente, demostrar la existencia de hechos o actos que han producido o que están destinados a producir efectos jurídicos y de los cuales no derive perjuicio a persona conocida. Así como también para regular con certeza las situaciones jurídicas, en aquellos casos en que exista incertidumbre. Tramitación ante notario público Artículo 674. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria pueden tramitarse también ante notario público con sujeción a las disposiciones de este Código, las establecidas en la Ley del Notariado del Estado y demás disposiciones legales aplicables. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no aplica en los casos en los que según lo dispuesto en este Código, en otras leyes o en tratados o convenciones internacionales, se requiera la intervención de la autoridad judicial o de cualquier otra clase de autoridades o de aquellos otros procedimientos que deban iniciarse mediante la presentación de una demanda, independientemente de que exista o no controversia. Requisitos del escrito de promoción Artículo 675. El escrito con el que se promueva un procedimiento de jurisdicción voluntaria, además de las formalidades que exige este Código en el Libro Primero, debe contener los siguientes requisitos: I. El juez ante el que se promueve; II. El nombre del interesado y el domicilio que señale para oír notificaciones; II. El nombre y domicilio de las personas que, en su caso, deban ser citadas; IV. Los hechos en que el interesado funde su solicitud; V. Los fundamentos de derecho, y VI. La información, la constancia, o la práctica del acto que solicite el interesado. Solicitud del procedimiento de jurisdicción voluntaria Artículo 676. Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se deben formular por escrito, bajo formal protesta de decir verdad, ante el juez competente. Tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria Artículo 677. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria se deben tramitar en las audiencias previstas en este Libro, cumpliendo con las mismas formalidades que las exigidas en este Código para su celebración. Intervención de niñas, niños y adolescentes Artículo 678. Si en el procedimiento deben intervenir niñas, niños o adolescentes, el juez puede citarlos para escuchar sus opiniones, siempre que estén en condiciones de formarse un juicio propio. Citación de personas a la audiencia Artículo 679. Cuando fuere necesaria la presencia de alguna persona, se le debe citar conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que las actuaciones se encuentran por tres días en la secretaría del tribunal para que se imponga de ellas. Igualmente se le debe dar a conocer el día y hora de la audiencia en la cual sea necesaria su presencia. Intervención del Ministerio Público y de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Artículo 680. Se debe oír al Ministerio Público y en su caso a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, cuando: I. La solicitud afecte los intereses públicos; II. Se refiera a la persona o bienes de niñas, niños, adolescentes o personas incapaces, o III. El procedimiento tenga relación con los derechos o bienes de un ausente. Admisión de medios de prueba Artículo 681. Sin necesidad de citación, siempre y cuando sea conducente y no sean contrarias al derecho y a la moral, se deben admitir cualquier documento que se presente, perfeccionar las testimoniales que se ofrezcan e igualmente las justificaciones que se exhiban. Oposición a la solicitud Artículo 682. Si a la solicitud promovida se opone alguno que tenga personalidad para hacerlo, el asunto se debe hacer contencioso y sujetarse al procedimiento que corresponda para la jurisdicción contenciosa, con excepción de los alimentos provisionales. Posibilidad de revocación de las providencias Artículo 683. Las medidas provisionales que se dicten en los asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser revocables, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa." Por otra parte, el Título Segundo, Capítulo Primero, del mismo ordenamiento legal, respecto de los alimentos, establece: Requisitos para solicitar alimentos provisionales Artículo 705. Para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Exhibir el testamento, el contrato o la ejecutoria en que conste la obligación, o el certificado que acredite el parentesco, el matrimonio o concubinato; II. Justificar aproximadamente, cuando menos, el caudal del que deba darlos, y III. Acreditar la necesidad que haya de los alimentos provisionales. Facultad del juez de solicitar informes Artículo 706. Una vez admitida la solicitud, previamente el juez debe solicitar los informes y realizar los demás trámites administrativos que considere necesarios. Para realizar lo anterior, el juez tiene la facultad de apercibir y de aplicar algún o algunos medios de apremio que señala este Código a las entidades, dependencias, instituciones públicas o privadas y demás particulares, en el caso de que no le rindan los informes respectivos, en el plazo de ocho días hábiles. Convocatoria para la audiencia Artículo 707. Recibidos los informes y demás datos requeridos el juez debe convocar al interesado a la audiencia preliminar. Recepción de pruebas y resolución de la solicitud Artículo 708. En la audiencia preliminar el juez debe recibir y, en su caso admitir, las pruebas necesarias para acreditar lo establecido en las fracciones II y III del artículo 705 de este Capítulo. Admitidas todas las justificaciones necesarias, el juez debe ordenar el desahogo de las pruebas que lo necesiten y una vez desahogadas, emitir la resolución correspondiente en esta misma audiencia. Fijación de los alimentos Artículo 709. Siempre que considere fundada la solicitud, el juez debe: I. Fijar los alimentos provisionales; II. Dictar la sentencia, y III. En la sentencia, mandar que sean abonados por meses anticipados. Ejecución de la sentencia Artículo 710. La sentencia que emita el juez es de ejecución inmediata y, aún cuando sea apelada, el acreedor alimentista debe continuar percibiendo los alimentos sin necesidad de dar fianza. Aumento o disminución de los alimentos Artículo 711. Con base en lo resuelto en este procedimiento de jurisdicción voluntaria, el acreedor o el deudor alimentario pueden tramitar, en caso de ser necesario, todo aumento o disminución de la suma señalada por el juez para los alimentos, cuando resulte insuficiente para el acreedor o excesiva para el deudor. Durante la tramitación de este procedimiento, el obligado debe seguir con el pago de las pensiones alimenticias decretadas. Controversia por el aumento o disminución de alimentos Artículo 712. Cuando exista controversia por el monto del pago de alimentos que establezca el juez, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, el asunto se debe resolver en la vía contenciosa. Incidente de aumento o reducción de pensión alimenticia Artículo 713. El procedimiento referido en el artículo anterior, debe ser promovido con el anexo del registro de la audiencia en donde se haya tramitado el procedimiento de jurisdicción voluntaria, con las pruebas conducentes y mediante el ofrecimiento de las que requieran perfeccionarse, para lo cual el juez debe tramitar y resolver en términos de lo establecido en el Libro Segundo de este Código." Los preceptos legales transcritos revelan que las diligencias de jurisdicción voluntaria, son actos que requieren la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes; que si a la solicitud se opusiere parte legítima, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda; que el juez puede variar o modificar las providencias que dicte, siempre que no tengan fuerza de definitivos o que no se hubiera interpuesto recurso alguno a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción; y del capítulo de los alimentos se observa que el juez los fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria. Asimismo, el artículo 14 constitucional en el que se consagra el derecho fundamental de audiencia, prevé: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de diferenciar lo que son los actos privativos que prevé el artículo 14 Constitucional, respecto de los actos de molestia contenidos en el diverso 16. Y mediante tesis de jurisprudencia sentó las bases para distinguir unos de otros, pues dijo que los primeros, son aquellos que cumpliendo los requisitos precisados en el propio artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Mientras que los actos de molestia, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior, se puede apreciar en la tesis de Jurisprudencia número P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Como puede observarse, los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, lo son aquellos que privan al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; característica de la cual no gozan las de tipo provisional, como lo son las medidas precautorias emitidas dentro de un procedimiento, pues aunque el acto también puede producir o generar una restricción, ésta no lo es en forma definitiva, que es precisamente a la que se refiere la norma. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia número P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." De conformidad con lo aquí expuesto y con los preceptos transcritos, se reitera lo infundado de los conceptos de violación, ya que tales preceptos relativos a las medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer de manera provisional una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención, no conceden a favor del deudor alimentario el derecho fundamental de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia, y no por ello son violatorios del artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo del referido derecho de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, lo que no ocurre en el caso particular. En este contexto, la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se considera que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, haciendo inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Así pues, la resolución por la que la Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, determinó el pago de alimentos provisionales y ordenó el embargo del 38% (cuarenta por ciento) del total de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones que devenga el aquí quejoso como empleado de la persona moral a la que hizo referencia en su determinación, o de cualquier otro centro donde trabaje con posterioridad, y que fue modificada por la Sala responsable con motivo del recurso de apelación que se interpuso en su contra, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, pues ésta sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título o derecho en cuya virtud lo pide, como sucedió en la especie, pues tal y como lo estableció la Sala Colegiada responsable, quedó justificada la petición de la acreedora de recibir los alimentos y la obligación del que debe darlos, señalando los fundamentos en que se apoyó, a efecto de cumplir con los requisitos de legalidad y seguridad jurídicas a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal. Por otro lado, basta atender el texto de los artículos 682, 710, 711, 712 y 713 del propio Código Procesal Familiar de la entidad, para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin causa justificada, controvertir en juicio contradictorio el derecho del acreedor solicitante, apelar la sentencia (como sucedió en la especie), o bien, reclamar en la vía contenciosa la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que sí se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se dijo, puede contradecir el derecho del acreedor, reclamar la reducción de la pensión e incluso interponer el recurso de apelación en contra de la misma. En este orden de ideas, resulta inconcuso que en los alimentos provisionales al tratarse de una medida precautoria, no rige el derecho fundamental de audiencia previa previsto por el artículo 14 Constitucional, y por consecuencia, no existe la vulneración de que se duele la parte quejosa en el presente juicio. Se invoca por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ARTÍCULOS 1291 AL 1299 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN VIGENTE DESDE EL 1o. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Del análisis de los artículos 1291 al 1299 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, se observa que si bien es cierto que no conceden en favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es que no por ello violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender al texto de los artículos 1298 y 1299 para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante, o bien reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que si se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión. No está por demás agregar que el hecho de que la sentencia que se dicta en el cuestionado procedimiento de jurisdicción voluntaria es de carácter declarativo, de ninguna manera puede servir de base para demostrar la inconstitucionalidad, ya que la circunstancia de que el fallo dictado en un procedimiento cualquiera sea de los llamados constitutivos, de condena o simplemente declarativos, no implica que por ello se viole, en perjuicio del demandado, la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo, pues esto únicamente se presenta cuando una autoridad priva o establece un procedimiento para privar definitivamente de sus bienes a la persona, sin antes oírla." Así como la tesis del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 21, del Tomo 163-168, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 249,988, que indica: "ALIMENTOS PROVISIONALES, EN LA FIJACION DE LOS, NO DEBE OIRSE AL OBLIGADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 151 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla faculta al Juez natural para fijar el importe de las pensiones alimenticias provisionales sin que para ello deba ser oído a quien se le reclaman los alimentos; es decir, es categórico en cuanto a la designación de la pensión provisional de alimentos ajustándose sólo a lo dispuesto por el artículo 550 del propio ordenamiento y, por ende, no se lesiona la garantía de audiencia del quejoso al no tomar en cuenta su promoción para fijar dicha pensión alimenticia." Por otra parte, en sus restantes conceptos de violación el quejoso argumenta que el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, no es competente para conocer de las diligencias, y que dicha circunstancia no fue valorada por la Sala responsable, pues no se tomaron en cuenta sus manifestaciones, en el sentido de que tiene a su cargo todos los gastos de su abuelo paterno, y que es un exceso que se le quiera descontar el 38% de su sueldo por un solo hijo, ya que normalmente hacen un descuento del 20%, aunado a que promovió una diligencias de consignación de alimentos a favor de su hijo, en donde estuvo depositando la cantidad de mil quinientos pesos. Y reitera que el Juez no es competente para conocer de las diligencias radicadas con el número de expediente 489/2018, ya que el Juez competente lo es la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Umán, Yucatán, la cual comprende diversos municipios del Estado, entre ellos Maxcanú. Tales argumentos devienen inoperantes por las consideraciones siguientes. Cabe señalar que los conceptos de violación deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o "petitum" al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas. La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida. Por tal motivo, si el quejoso se limitó a realizar meras afirmaciones generales, sin sustento o fundamento, dejando de combatir los argumentos que conllevaron a la responsable a considerar inoperantes los agravios ante ella formulados, es evidente que tales conceptos de violación a la postre, resultan inoperantes y no pueden ser analizados. Además, si bien es cierto que nuestro Tribunal Supremo ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el motivo por el cual estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. De ahí que el suscrito califique como inoperantes esos conceptos de violación hechos valer por el promovente, ya que con tales argumentos no ataca frontalmente los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse, pues los mismos son ambiguos y superficiales, ya que no realiza razonamiento alguno capaz de ser analizado. Es decir, no combatió todas las consideraciones torales que sirvieron de sustento a la autoridad responsable para emitir la resolución que constituye el acto reclamado, tales como: a). "...En ese sentido, confrontando la naturaleza de ese presupuesto procesal, con los agravios vertidos por el inconforme, se establece que los mismos, si bien resultan parcialmente fundados; es, únicamente por cuanto de la revisión minuciosa de la resolución en examen, y del registro de audio y video inherente a la misma, no se advierte que el a quo haya expuesto las normas que lo legitimaban para solucionar el asunto sometido a su potestad, por lo que, con tal ausencia, acontece una violación formal; sin embargo, resulta más cierto que tal circunstancia (advertida de la causa de pedir del apelante) deviene insuficiente. Ello, no solo porque en la especie debe tenerse en cuenta que la impugnación de competencia que pretende hacer valer el recurrente, al ser oponible únicamente mediante vía de excepción, resulta incompatible con la naturaleza de las diligencias de mérito, por no existir acción ni controversia alguna que debe atacarse; ello, conforme lo mandata el cardinal 672 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, que delimita que tales asuntos sean competencia todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas; extremo que se justifica a través de la concordancia existente entre los numerales 273 y 275 del mencionado código procesal que respectivamente establecen..." b). "Sino que tal calificación también se apoya en que, este tribunal, reasumiendo jurisdicción con motivo de la violación formal tocante a que el a quo no expuso las normas inherentes a su competencia; puede establecer que en la especie, adverso a lo considerado por el recurrente, el juzgador de origen sí goza de capacidad procesal objetiva para conocer y resolver el presente asunto, como seguidamente se justifica." c). Entonces, teniendo en cuenta que nuestra legislación familiar, en el referido cardinal 34, establece que la competencia en esa materia, primeramente se determina a favor del juzgador al que los litigantes se hubiesen sometido expresa o tácitamente; entendiéndose por sumisión tácita, que es la que nos atañe, la contemplada en el cardinal 39, fracción I, de ese mismo ordenamiento, que dice: "Hay sometimiento tácito cuando: I. El actor ocurra ante el juez para entablar su demanda"; así como que en el caso particular tal evento aconteció; esto, pues en el sumario que se tiene a la vista, aparece que la señora ********************, con fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, presentó un escrito ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Civiles, Familiares y Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado, promoviendo diligencias de jurisdicción voluntaria para los fines resaltados con antelación, el cual fue turnado al Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; luego, resulta incuestionable que conforme a estos últimos cardinales, y con los diversos 3o. y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la competencia del juez de los autos se encuentra plenamente acreditada. d). No es óbice que el recurrente refiera que la promovente y su hijo menor están domiciliados en la localidad de Maxcanú, Yucatán. Esto, no es propiamente porque se trate de una simple alegación que, de ningún modo, desvirtúa la diversa manifestación hecha por la señora ******************** bajo formal protesta de decir verdad, referente a que su domicilio se encuentra en la ciudad de Mérida (pues, en ese punto, es oportuno precisar al apelante que tal extremo no se puede justificar a través del lugar en donde se registre el nacimiento de una persona, como erróneamente pretende a través del certificado de nacimiento de su descendiente); sino porque, preponderantemente, es necesario aclararle que en el presente asunto no se surte la regla competencial prevista en el cardinal 35 del código en cita, inherente al juez que corresponda al del domicilio del promovente, pues considerando que el legislador, en el multicitado normativo 34, dispuso: "y a falta de ello, se debe aplicar lo que dispone el siguiente artículo.", entonces, válidamente se puede asegurar que los supuestos previstos en el cardinal 35, se descartan cuando sí existe el consentimiento expreso o tácito de referencia; y en la especie, como se ha precisado con antelación, la señora ******************** sí sometió voluntariamente a la jurisdicción de un juez familiar de esta urbe, pues en congruencia con ello, es que su promoción inicial señaló un predio ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones. Así, aun en el supuesto sin conceder de que la promovente y su hijo menor tuvieran su domicilio en Maxcanú, Yucatán, lo importante a denotar es que nuestra legislación familiar, de acuerdo al numeral 37 del código procesal, permite que la competencia por territorio sea prorrogable; esto como se matiza en el precedente obligatorio con clave PO.SCF.66.017.Civil emitido por esta Sala Colegiada de acuerdo al cardinal 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado..." e). Tal motivo de inconformidad se califica así, en la medida de que el hecho que existan unas diligencias de consignación, no constituye un impedimento legal para que el juez de instancia, a través del presente procedimiento, decidiera los alimentos provisionales que nos atañe; toda vez que, para ello, basta advertir que la fijación de una pensión alimenticia no puede quedar al arbitrio del deudor, sino que la misma debe ser establecida por el órgano jurisdiccional competente, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad del obligado, esto en concordancia con las circunstancias particulares de cada caso en concreto." f). No obstante lo anterior, esto es, que el apelante no haya esbozado agravio eficaz alguno para combatir el fallo en examen, a mayor abundamiento, cabe señalar que este tribunal de alzada no vislumbra que sea menester suplir la deficiencia de su queja en su carácter de deudor alimentario.....; toda vez que de la revisión minuciosa, tanto del expediente original, como del registro de audio y video correspondiente al procedimiento natural, se advierte que, acertadamente, el a quo tomó en consideración que el obligado es una persona asalariada, con percepciones mensuales de cinco mil veintiocho pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional, y que su única deducción es la correspondiente al IMSS, por ciento diecisiete pesos con cincuenta y tres centavos, moneda nacional; siendo que, a tal circunstancia, también se le suma que del estudio socioeconómico practicado al hoy inconforme , se observa que este se encuentra en edad productiva con treinta y un años, y que tiene una pasantía en gastronomía; de ahí que, a juicio de esta autoridad, las cualidades cuantitativas y cualitativas del obligado, sí le permiten afrontar el porcentaje sancionado sin mermar su mínimo vital; a más de que el 62% de los salarios que le quedan a su favor, es notoriamente mucho mayor al que se estableció en favor de su hijo menor por el 38%." g). Sin embargo, advirtiendo que el inconforme, en su escrito de agravios, manifiesta que la condena en cuestión sí le depara perjuicios, entonces, en abundancia de razones, esta autoridad no estima inoportuno precisarle que tiene expedito su derecho para hacer valer en la vía y forma correspondientes todas las cuestiones que bajo su perspectiva lo coloquen en una situación que podría ser preponderante para reducir la obligación provisional aquí decretada, pues, se le hace saber que las resoluciones que recaigan en las diligencias de alimentos no se traducen en cosa juzgada, en virtud de que pueden variar atento al material probatorio que se aporte por la vía jurídica pertinente, tal y como lo previenen los artículos 711, 712 y 712 del código procesal de la materia". h) "...así como en el caso particular el juez del conocimiento no atendió debidamente la figura de la garantía alimentaria del infante; ello, por cuanto decidió que la misma se constituiría a través del embargo de los sueldos del obligado; cuando que, respecto a esa modalidad, nuestra Máxima Autoridad ha deliberado por el criterio jurisprudencial que la retención de los salarios del deudor no puede tener una doble naturaleza, a saber: objeto indirecto de la obligación y a su vez garantía; por lo que determinó que es menester constituir una garantía de las enumeradas en la ley, o una diversa de naturaleza análoga, que resultare suficiente para responder por el pleno cumplimiento de la obligación. Entonces, en suplencia de la deficiencia de la queja del menor de que se trata, este tribunal de Alzada, con independencia de la orden de embargo de los salarios del deudor establecida por el a quo, y a fin de hacer funcional la figura prevista en el cardinal 41 del Código de Familia para el Estado, procede fijar como garantía alimentaria a cargo del obligado, aquí apelante, la cantidad de ********************, moneda nacional ($******************** M/N); numerario líquido que se precisa, es el que corresponde a aplicar tres meses de pensión alimenticia sancionada en el fallo de origen por el porcentaje del 38% de las percepciones manifestadas por la empleadora del deudor." Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." De ahí que las consideraciones hechas por la responsable ordenadora deben subsistir sosteniendo el fallo combatido, con independencia de su legalidad o ilegalidad, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no darse alguna de las hipótesis del numeral 79 de la ley de materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sostenida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Así como la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación expresados por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclamó a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto: toda vez que el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, aún no devuelve el despacho con número de orden 274/2021 y número de origen 138/2021-D-II-A AMPARO CIVIL, en el que se ordenó el emplazamiento a juicio de la tercera interesada ***, en los términos indicados en el proveído contenido en dicha comunicación oficial. En ese sentido, mediante oficio que se gire al respecto, solicítese a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio relativo a este proveído, informe a este órgano jurisdiccional, el estado de autos de la comunicación oficial de mérito. En vista de lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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