Luis Fernando Castillo Suaste

Expediente 812/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
812/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Luis Fernando Castillo Suaste

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudiera causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada legislación, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las nueve horas con quince minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes ni de sus representantes legítimos. Acto seguido, se da cuenta al Juez con la demanda y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, el cual obra agregado con conocimiento a las partes. Además, el Secretario certifica: Que ha fenecido el término de veinte días otorgado al quejoso Luis Fernando Castillo Suaste en auto de veintinueve de julio de este año, para que entregara, pagara y publicara los edictos para emplazar a juicio a la persona jurídica tercera interesada Unidos Taxistas independientes Felipe Carillo Puerto, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (fojas 97 a 99), sin que lo haya realizado. Ello, porque el indicado acuerdo se le notificó personalmente el uno de agosto de dos mil veintidós (foja 101), por lo que dicho plazo transcurrió del tres al treinta de agosto de la anualidad, sin contar sábados y domingos, por haber sido inhábiles. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, por rendido en tiempo y forma el informe justificado en comento y, en cuanto a la certificación que antecede, se proveerá lo conducente al momento de resolver este asunto. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las copias certificadas remitidas por la responsable (fojas 21 a 24 y 29 y 30). A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en atención a su propia naturaleza, se tienen por desahogadas las referidas probanzas; para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se declara cerrado dicho periodo. Ahora bien, al no existir más pruebas, se declara cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos. El Secretario hace constar que no fueron formulados por las partes; por lo que se declara cerrada dicha fase procesal. A continuación, al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto, para resolver el juicio de amparo 812/2022-IX-B, promovido por Luis Fernando Castillo Suaste, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de este año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el dieciocho de marzo siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció Luis Fernando Castillo Suaste a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintidós de marzo de este año, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola bajo el número 812/2022-IX-B; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de acordar el escrito presentado el quince de febrero de este año, dentro del juicio laboral 318/2016, por el que solicitó la ejecución del laudo ahí dictado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo señaló al rendir su informe justificado (promoción 9453, foja 20). Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la indicada responsable como apoyo a su informe, de las que se advierte la existencia del escrito cuya omisión en responder se reclama (fojas 21 a 24 y 29 y 30); documental que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. CUARTO. Causal de sobreseimiento. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Marzo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el precepto 63, fracción II, relacionada con el artículo 27, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) (.) Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." De la intelección de los preceptos anteriormente señalados, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando el quejoso no acredite sin causa razonable, haber entregado los edictos para su publicación, dentro del plazo de veinte días, contados a partir de que le sean puestos a su disposición, porque con dicha conducta contumaz retarda y entorpece indefinidamente la función de administrar justicia al no poder dictarse la sentencia correspondiente con motivo de la falta de llamamiento a juicio de una de las partes. Dicha obligación únicamente podrá ser eximida, a la parte quejosa, cuando a juicio del órgano jurisdiccional, se trate de una persona de escasos recursos o así lo señale expresamente ésta y además lo acredite, porque en ese supuesto, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para la parte promovente del juicio constitucional. En el caso concreto, se tiene que el acto reclamado es la omisión de acordar el escrito presentado el quince de febrero de este año, dentro del juicio laboral 318/2016, por el que la parte quejosa solicitó la ejecución del laudo ahí dictado, el cual se trata de un acto que afecta el principio de acceso a la justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 constitucional, por lo que mediante auto admisorio, indefectiblemente, le recayó el carácter de tercera interesada a la contraparte de la parte quejosa en el juicio de origen (Unidos Taxistas independientes Felipe Carillo Puerto, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, visible a página 448, del rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Así, previo desahogo de la investigación del domicilio de la indicada tercera interesada, por auto de veintinueve de julio de este año se requirió al quejoso Luis Fernando Castillo Suaste, por el término de veinte días, para que entregara, pagara y publicara los edictos correspondientes a su emplazamiento, sin que lo haya realizado. Ante ello, se actualiza la causa de sobreseimiento en cita, en virtud de que la parte quejosa no cumplió con la obligación de acreditar que realizó la publicación de los edictos ordenados a su costa, para el emplazamiento de la tercera interesada Unidos Taxistas independientes Felipe Carillo Puerto, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada; sin que obre en autos constancia de que exista una causa razonable para ello o que ésta haya señalado expresamente su insolvencia y además lo haya acreditado. En mérito de lo anterior, si bien este Juzgado Federal está constreñido a llevar a cabo ciertos actos de carácter procesal para logar el emplazamiento de la parte tercera interesada con el fin de no paralizar el procedimiento (lo que en la especie ocurrió como se advierte de autos), ello no exime a la parte quejosa de la obligación que le impone la Ley de Amparo de proporcionar el domicilio actual y correcto de dicha parte para ser llamada a juicio, en términos del artículo 108, fracción II, de esa legislación y, en su caso, de entregar, pagar y publicar los edictos correspondientes cuando se desconozca su domicilio. Por lo que, si en el presente asunto se han agotado todos los medios legales de localización donde pudiera ser encontrada la mencionada tercera interesada, sin que estos hayan sido exitosos, resulta evidente que con dicha conducta se retarda y entorpece indefinidamente la función de administrar justicia. Lo anterior es así, ya que la no integración del juicio de amparo contraviene el principio que al respecto consagra el artículo 17 constitucional, por lo que ante la evidente falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del juicio, lo procedente es sobreseer en el presente sumario. Sirve de apoyo a lo anterior, por cuanto a su contenido y alcance, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416, del tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Así como la diversa XVII.1o.C.T. J/14 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, visible a página 1859, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Por ende, se actualiza la causal prevista en el precepto 63, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. En tales condiciones, se hace innecesario el análisis de los conceptos de violación, lo cual impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con la jurisprudencia J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o., Visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Fernando Castillo Suaste, contra el acto que reclamó de la junta responsable, por la razón expuesta en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de veinte días otorgado a la parte quejosa en auto de veintinueve de julio de este año, para que exhiba el pago, entrega y publicación de los edictos ordenados en esa fecha, con el fin de emplazar a la tercera interesada ********************, pues se le notificó personalmente esa determinación el uno de agosto del presente año. En ese sentido, con el fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con quince minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso *********, por auto de veintiuno de julio de este año, a efecto de que proporcione el domicilio actual y correcto de la moral tercera interesada "Unidos Taxistas Independientes Felipe Carrillo Puerto" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, sin que se hubiera desahogado dicho requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto en comento y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la indicada ley de la materia, toda vez que ya se han agotado los medios de investigación en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, se ordena emplazar al juicio de amparo en que se actúa a la mencionada tercera interesada "Unidos Taxistas Independientes Felipe Carrillo Puerto" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, por medio de edictos, a costa de la parte quejosa. Los que contendrán una relación sucinta de la demanda de amparo y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, y en cualquier periódico de circulación nacional, como pudieran ser, de manera enunciativa más no limitativa: "REFORMA", "EL UNIVERSAL", "EXCÉLSIOR", "LA JORNADA", o "EL SOL DE MÉXICO", por ser algunos de los de mayor circulación en la República Mexicana, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet, publicado por el Instituto Nacional Electoral. Haciéndole saber a la nombrada tercera interesada, que debe presentarse ante este Juzgado Segundo de Distrito, ubicado en calle 47, número 575-H, por calles 84 y 84-A, colonia Santa Petronila, Mérida, Yucatán, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarle a defender sus derechos y señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo en el término señalado, se seguirá el juicio haciéndole las ulteriores notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con fundamento en los numerales 305 y 306 del indicado código adjetivo. Asimismo, queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado Federal, copia de la demanda de amparo, así como del acuerdo admisorio de veintidós de marzo de dos mil veintidós y del presente proveído, para los efectos legales procedentes. Fíjese en los estrados de este Tribunal, copia íntegra del auto de inicio, así como del presente proveído, por todo el tiempo del emplazamiento, y hágase saber a la parte quejosa que quedan a su disposición los edictos en la Secretaría de este Juzgado, para su publicación, o bien, manifieste lo que a su derecho legal convenga. Por lo que se le apercibe que en caso de no acreditar ante este órgano jurisdiccional haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes a la notificación del presente proveído, por medio del cual se pone a su disposición dichos edictos, se sobreseerá en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211, del Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 186587, cuyo texto y rubro es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano