Luis Fernando de Jesús Pino Barrera
Expediente 1733/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1733/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Fernando de Jesús Pino Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se tienen por recibidos los oficios signados por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con los que remite los testimonios de las resoluciones pronunciadas por dicho Tribunal el once de mayo del año en curso, en los recursos de quejas 574/2022, 575/2022 y 576/2022 interpuestos, respectivamente, por el Gobernador del Estado de Yucatán y por el quejoso *****, contra los proveídos dictados el veintitrés y veintiséis de septiembre de dos mil veintidós; determinaciones en las cuales substancialmente, se dejaron sin materia los citados recursos de queja. En mérito de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes este proveído, y realícense las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo. Acúsese a la Superioridad el recibo de estilo correspondiente; y, en su oportunidad como está ordenado en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, remítase al archivo el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, dictado en este juicio de constitucional, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. De lo anterior, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en virtud de que ante esa Superioridad se encuentran radicadas las quejas con números de tocas 574/2022, 575/2022 y 576/2022, relativas a los recursos de queja siguientes: 1.- Interpuesto por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en contra del acuerdo de veintitrés de septiembre de este año. 2.- Planteado por Rubén Antonio Sánchez Gil, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Luis Fernando de Jesús Pino Barrera, en contra del acuerdo de veintitrés de septiembre de este año. 3.- El presentado por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en contra del acuerdo de veintiséis de septiembre de este año. Lo anterior, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad en relación con los medios de impugnación señalados. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a estos autos el escrito recibido vía electrónica, mediante el uso de la FIREL de Rubén Antonio Sánchez Gil, autorizado en términos amplios de la parte quejosa LUIS FERNANDO DE JESÚS PINO BARRERA; mediante el cual realiza manifestaciones en el sentido de que en fecha veintiuno de octubre del año actual, el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, expidió a favor del quejoso la patente de Notario Público a fin de que ejerza como titular de la Notaría Pública Número Veinte, con residencia en esta ciudad, así como que dicha patente se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Lo que acredita con las constancias conducentes que acompañó a su escrito de cuenta; mismas que ofrece como pruebas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, de las constancias que adjuntó el ocursante a su escrito de cuenta, que hoy se agregan a los autos, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del Tomo VII, febrero de 1998, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, desde el auto de admisión, se estableció que la parte quejosa reclamó del Gobernador Constitucional, Consejero Jurídico y Consejo de Notarios, todos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad: La falta de respuesta a la petición formulada el veinticuatro de junio del año actual, a efecto de que adopten las medidas necesarias y adecuadas para cubrir la vacante de Notaría Pública número veinte del Estado de Yucatán. La omisión de desahogar el procedimiento para cubrir la vacante de Notaría pública número veinte del Estado de Yucatán. Sin embargo, de las manifestaciones realizadas y constancias que anexó Rubén Antonio Sánchez Gil, autorizado en términos amplios de la parte quejosa LUIS FERNANDO DE JESÚS PINO BARRERA a su ocurso de cuenta, se advierte que en fecha veintiuno de octubre del año actual, el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, expidió a favor del quejoso la patente de Notario Público a fin de que ejerza como titular de la Notaría Pública Número Veinte, con residencia en esta ciudad, así como que dicha patente se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veintitrés de noviembre del año actual. Lo que aconteció durante la sustanciación del presente juicio, ya que la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de julio de dos mil veintidós. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en virtud de que ante esa Superioridad se encuentran radicadas las quejas con números de tocas 574/2022, 575/2022 y 576/2022, relativas a los recursos de queja siguientes: 1.- Interpuesto por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en contra del acuerdo de veintitrés de septiembre de este año. 2.- Planteado por Rubén Antonio Sánchez Gil, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Luis Fernando de Jesús Pino Barrera, en contra del acuerdo de veintitrés de septiembre de este año. 3.- El presentado por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en contra del acuerdo de veintiséis de septiembre de este año. Lo anterior, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad en relación con los medios de impugnación señalados. Notifíquese; personalmente a las partes y cúmplase.
- Principal
NOT ELECT Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Para los efectos legales correspondientes, agréguense a estos autos los oficios 8768/2022 y 8758/2022, ambos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad; recibidos vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Mediante los cuales, la Superioridad acusa recibo de los oficios 42475/2022 y 42476/2022 del índice de este Juzgado con los que se le remitió las constancias relativas a las quejas interpuestas por Rubén Antonio Sánchez Gil, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Luis Fernando de Jesús Pino Barrera, en contra del acuerdo de veintitrés de septiembre de este año, y por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en contra del acuerdo de veintiséis de septiembre de este año; recursos que admitió quedando registrados con los respectivos números de tocas 576/2022 y 575/2022, de su índice. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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