Luis Enrique Gonzalez Mota

Expediente 897/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 48 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
897/2018
Año
2018
Actuaciones
48
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Luis Enrique Gonzalez Mota
  • LUIS ENRIQUE GONZALEZ MOTA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito del tercero interesado Vicente Enrique Rodríguez Pérez, atento a su contenido, se provee: En primer lugar, hágase saber a la parte tercero interesada que el proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve (fojas 938 a 944), por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se notificó a la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), el dieciocho siguiente, mediante oficio 169-1 (foja 947). Sin embargo, atento a que de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, sede Regional Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), tuvo intervención en el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en este asunto, se provee: Para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber a la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, sede Regional Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas) el contenido del acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Además, comuníquese a dicha autoridad que el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 997 y 998), el referido proveído de diecisiete de julio del actual, quedó firme, por lo que se ordenó el archivo de las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, como lo solicita el ocursante, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a la persona que indica por así haberlo solicitado expresamente, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo dictado el diecisiete de julio de dos mil diecinueve (fojas 938 a 944), mediante el cual, se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiséis de julio al quince de agosto de dos mil diecinueve, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), y la autoridad tercero interesada María Gabriela García Baltazar, agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Patrimoniales y Financieros adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, se ordena devolver al primero, tres discos versátiles digitales que obran agregados en un sobre amarillo a foja 122 de autos, de la audiencia inicial celebrada el veintitrés de agosto y tres de septiembre de dos mil dieciocho, así como su continuación llevada a cabo el siete de septiembre pasado, dentro de la causa penal 944/2018/PUEBLA del índice de la responsable; y a la segunda, un disco versátil digital que obra agregado en sobre amarillo a foja 138 de autos, que contiene la audiencia celebrada el tres de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal en cita, sin que sea necesario requerir los acuses de recibo, toda vez que las autoridades en mención se encuentran dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, para que se cerciore que en el acuse de dichas misivas, se haga constar la entrega de los discos descritos.

  3. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 17 DE julio DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil diecinueve Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de tres de julio de dos mil diecinueve (foja 827), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que ninguna de dichas partes haya desahogado la vista otorgada En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos Para ello, en principio es necesario indicar que este órgano jurisdiccional en sentencia pronunciada el ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 351 a 406), resolvió negar el amparo solicitado por el quejoso respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada como se advierte a fojas 385 vuelta y 386 de este expediente, así como respecto a la resolución dictada en la audiencia celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 944/2018/PUEBLA, en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso y otro, por considerarlo probable coautor en la comisión del hecho que la ley señala como delito de despojo por invasión, previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I y 409, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona jurídica Constructora y Desarrolladora de Inmuebles Las Villas de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente como se advierte a foja 404 de este sumario constitucional Inconforme con dicha determinación, la defensora particular del aquí quejoso interpuso recurso de revisión (foja 446), el que por turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en ejecutoria pronunciada el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en el toca en revisión 96/2019 de su índice, resolvió en los siguientes términos: "Lo anterior revela, que el juez de control responsable si bien se pronunció sobre la solicitud ministerial, por lo que determinó que no podía imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dado que no se justificó el empleo de armas, por ende, que no se demostró que el hecho con apariencia de delito se cometió con medios violentos; empero, cierto es también que sin que mediara petición o justificación del órgano acusador, ni de alguna de las partes, determinó que era procedente imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque dijo, se acreditó: a) Un peligro a la comunidad, pues un grupo considerable de personas decidieron ir y ocupar un inmueble, mediante el uso de violencia física y moral, aunado al número de sujetos activos y las medidas del inmueble b) Un eventual peligro de sustracción a la acción de la justicia, atento a que es elevada la pena que pudiera llegar a imponerse por el hecho con apariencia del delito de despojo mediante invasión Lo que revela, que sin existir petición por parte de la representación social ni argumentos a fin de justificar la necesidad de cautela, el juez de control determinó que era procedente la medida cautelar de prisión preventiva justificada Así es, del análisis del debate planteado por las partes, es evidente que la fiscalía no solicitó la prisión preventiva justificada, sino planteó la prisión preventiva oficiosa, de tal manera que no se ocupó dicha institución de justificar la necesidad de cautela que ameritara la solicitud de la prisión preventiva necesaria; en esa tesitura, el juez de control sustituyéndose a una de las partes y de mutuo propio analizó la necesidad de cautela, argumentando circunstancias de hecho y de derecho, dando ventaja a una de las partes, lo que es incorrecto, pues si bien los jueces tienen la ineludible obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino además de promoverlos, protegerlos y garantizarlos, así como garantizar los principios de contradicción, igualdad ante la ley e igualdad entre las partes; sin embargo, ello no implica que pueda tener facultades para sustituir a una de las partes, pues en ese sentido, debe ser pasivo con respecto a la producción de la información Además, si bien la medida cautelar de prisión preventiva justificada, puede imponerse en determinados casos y bajo ciertas circunstancias, también es cierto que está sujeta a la petición de una de las partes en litigio, lo cual como se ha señalado en el caso no ocurrió, dado que la institución ministerial no solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada; aunado a que se debe atender a los parámetros lógico-racionales expuestos al juez de control que evidencien la necesidad de esa medida; no obstante, como se advierte del debate, no existió algún planteamiento lógico, jurídico, racional por parte de la fiscalía, que justificara su imposición Lo que es ilegal, dado que como se precisó, es al Ministerio Público a quien corresponde la carga procesal de solicitar la prisión preventiva justificada, así como demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar que resulta idónea, proporcional o necesaria Por tanto, se requiere que el juez de control al imponerla, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del precepto constitucional citado Sobre el particular, se invoca en lo conducente, la tesis sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Puebla, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Tesis: VI2oP45 P (10a), página 3016, que establece: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO DEMOSTRAR Y JUSTIFICAR SU IMPOSICIÓN Y NO LIMITARSE A MENCIONAR GENÉRICA Y SUBJETIVAMENTE QUE ES SUFICIENTE PARA CONTINUAR ADECUADAMENTE CON LA INVESTIGACIÓN El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público tiene el carácter de excepcional, ya que debe pedirse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes; así, de acuerdo con los principios de proporcionalidad e idoneidad, previstos en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que el Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del precepto constitucional citado Bajo este contexto, es al Ministerio Público a quien corresponde la carga procesal de solicitar la prisión preventiva justificada, así como demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar que resulta idónea, proporcional o necesaria, y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, es suficiente para continuar adecuadamente con la investigación" En consecuencia, en la especie, al haberla impuesto de motuo proprio, bajo los argumentos que resaltó, es inconcuso que el juez responsable no permitió que se ejerciera por las partes el principio de contradicción, aunado a que no se dio oportunidad a la defensa de pronunciarse sobre esos argumentos, transgrediendo el principio de igualdad ante la ley y entre las partes; por ende, a diferencia de lo que consideró el resolutor federal, deviene ilegal el acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta judicial administrativa 944/2018/PUEBLA En esa virtud, lo procedente es revocar la negativa del amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Enrique González Mota, únicamente por lo que respecta al acto reclamado que se analizó en el presente considerando, relativo a la medida cautelar de prisión preventiva justificada; y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Luis Enrique González Mota, para el efecto de que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución, Región Judicial Centro, sede Puebla, deje insubsistente la audiencia celebrada el tres de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta judicial administrativa 944/2018/PUEBLA, única y exclusivamente en la parte en que impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, señale fecha y hora para la celebración de una nueva diligencia a la que deberá asistir el Ministerio Público, el quejoso, así como su defensa, y con plenitud de jurisdicción, con base en la solicitud previa formulada por dicho representante social en torno a la imposición de la prisión preventiva oficiosa, resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido que no podrá agravar la situación del impetrante, esto es, imponer esa misma medida, máxime que ya determinó que no era procedente Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO Se modifica la sentencia sujeta a revisión SEGUNDO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Enrique González Mota, respecto del acto consistente en la resolución dictada en la audiencia celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 944/2018/PUEBLA, en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso TERCERO La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Enrique González Mota, en torno al acto reclamado al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución, Región Judicial Centro, sede Puebla, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta judicial administrativa 944/2018/Puebla El amparo se concede para los efectos indicados en la parte final de la presente ejecutoria" (fojas 740 a 743) Así, en acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 745 a 747) se tuvo por recibido dicho testimonio y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo En cumplimiento a ello, la autoridad responsable y la vinculada para tal efecto, realizaron los siguientes actos: 1 Mediante oficio JC/12611/2019, signado por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, sede Regional Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), señaló que se ordenó dejar insubsistente la audiencia celebrada el tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 944/2018/PUEBLA, única y exclusivamente en la parte que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Luis Enrique González Mota; y, comunicó la imposibilidad para señalar fecha para una nueva audiencia en virtud de que el 1 Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), había sido comisionado para participar en los cursos de capacitación jurídica del Sistema Acusatorio, curso introductorio módulo II, valoración de la prueba, el cual tendría verificativo en San Juan Puerto Rico, del diecisiete al veintiuno de junio de dos mil diecinueve, por lo que, la audiencia se fijaría hasta que el citado juzgador se reincorporara a su función (foja 761), remitiendo la constancia conducente (foja 763) En respuesta, este órgano jurisdiccional en acuerdo pronunciado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 765 y 766), le indicó a la resolutora oficiante que quedaba vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, solicitándole realizara lo siguiente: "Hágase del conocimiento de la jueza de control oficiante, quien queda vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que deberá señalar fecha y hora para la celebración de la nueva diligencia a la que deberá asistir el Ministerio Público, el quejoso, así como su defensa, misma que deberá ser desahogada por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución, Región Judicial Centro, sede Puebla, Aarón Hernández Chino, el día inmediato a que se reincorpore a sus actividades, en el entendido que para cuando ello ocurra, ya estén las condiciones para su desahogo inmediato, esto es, fijada fecha y hora para la celebración de la audiencia en cita y que todas las partes intervinientes estén notificadas Lo anterior, deberá comunicarlo la autoridad oficiante a este juzgado Federal, inmediatamente que haya fijado fecha y hora para la celebración de la audiencia indicada, y notificado a las partes intervinientes" (fojas 765 y 766) 2 Así, mediante oficio JC/12906/2019, la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, sede Regional Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), comunicó que señaló las quince horas del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 771), lo que se proveyó en auto de diecinueve de junio del actual (foja 772), requiriéndole las constancias de notificación a las partes de dicha diligencia 3 Mediante oficio JC/13151/2019, la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, sede Regional Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), remitió las constancias de notificación a las partes de la diligencia fijada para las quince horas del veinticuatro de junio del actual (fojas 775, 777 a 780), lo que se acordó el veintiuno de junio del año en curso (foja 782) 4 Luego, mediante oficio 10944/2019/JC el 1 Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), comunicó que el veinticuatro de junio del año en curso, se llevó a cabo la diligencia en la que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto el disco versátil digital DVD de ésta, en donde se advierte que reiteró que se dejó insubsistente la audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho (18:18: 42 DVD), dentro de la carpeta judicial administrativa 944/2018/PUEBLA, exclusivamente por lo que respecta a la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra del quejoso, y en dicha diligencia, ordenó dejar insubsistente ésta, ordenándose su inmediata libertad por lo que hace a la causa penal en cita, sin que haya impuesto otras medidas cautelares, porque indicó que no le permitió la deficiente solicitud de la fiscalía (foja 800; 181311 a 18:33: 43 DVD) En acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se requirió al resolutor oficiante la boleta de libertad de aquí quejoso (foja 803) 5 Mediante oficio 13759/2019/JC, el 1 Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), remitió vía electrónica el oficio que dirigió al Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en donde le comunicó que dentro de la carpeta judicial administrativa 944/2018/PUEBLA, dejó insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra de Luis Enrique González Mota y le indicó que permitiera el egreso de éste, única y exclusivamente en la causa penal en cita (fojas 810 y 812), lo que se acordó el veintisiete de junio del actual (foja 816), en donde se requirió a la autoridad penitenciara en cita, remitiera la boleta de libertad del imputado 6 Así, mediante oficio 02112 del Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, recibido vía electrónica en este juzgado Federal, remitió las boletas de libertad 059, correspondiente a la causa penal 944/2018/PUEBLA del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por haber quedado insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada; 060, correspondiente a la causa penal 520/2018 del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por haberse concedido el beneficio de la condena condicional; y, 061, correspondiente a la causa penal 983/2018/PUEBLA, del índice del Juzgado de Oralidad y Ejecución, sede Regional Puebla, en donde se decretó la suspensión condicional del proceso (fojas 821 a 824), quedando así en libertad el aquí quejoso Así, de las documentales reseñadas, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de ésta, el juez responsable y autoridad vinculada a su cumplimiento realizaron lo siguiente: 1 Dejaron insubsistente la audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho, celebrada en la carpeta judicial administrativa 944/2018/PUEBLA, única y exclusivamente en la parte que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada el imputado Luis Enrique González Mota 2 Señalándose las quince horas del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la nueva audiencia, en la que, asistió el Ministerio Público, el quejoso, así como su defensa; y con plenitud de jurisdicción, con base a la solicitud previa formulada por el representante social en torno a la prisión preventiva oficiosa, el juez de control, determinó dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada y no imponer ninguna otra, señalando que esto es así, por la deficiente solicitud para la imposición de otras medidas cautelares de la representación social, ordenando la inmediata libertad del peticionario de amparo (181311 a 18:33: 43 DVD), girando el oficio 13739/2019/JCP al Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 812) 3 Así, el Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, remitió vía electrónica la boleta de libertad 059 de veintiséis de junio de dos mi diecinueve, correspondiente a la causa penal 944/2018/PUEBLA del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por haber quedado insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada Con esto, queda subsanada la deficiencia desatacada en la ejecutoria pronunciada el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en el toca en revisión 96/2019, por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, porque el juez penal responsable, con plenitud de jurisdicción, con base en la solicitud previa formulada por la representación social en torno a la imposición de la prisión preventiva oficiosa, resolvió dejar insubsistente la prisión preventiva justificada impuesta al aquí quejoso, y no imponer otra medida, ante la deficiente solicitud de la fiscal, ordenando así la libertad imputado, girando el oficio correspondiente al Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, quien dejó en libertad al peticionario de amparo única y exclusivamente respecto a la causa penal 944/2018/PUEBLA En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia..."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil diecinueve Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de tres de julio de dos mil diecinueve (foja 827), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que ninguna de dichas partes haya desahogado la vista otorgada En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos Para ello, en principio es necesario indicar que este órgano jurisdiccional en sentencia pronunciada el ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 351 a 406), resolvió negar el amparo solicitado por el quejoso respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada como se advierte a fojas 385 vuelta y 386 de este expediente, así como respecto a la resolución dictada en la audiencia celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 944/2018/PUEBLA, en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso y otro, por considerarlo probable coautor en la comisión del hecho que la ley señala como delito de despojo por invasión, previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I y 409, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona jurídica Constructora y Desarrolladora de Inmuebles Las Villas de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente como se advierte a foja 404 de este sumario constitucional Inconforme con dicha determinación, la defensora particular del aquí quejoso interpuso recurso de revisión (foja 446), el que por turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en ejecutoria pronunciada el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en el toca en revisión 96/2019 de su índice, resolvió en los siguientes términos: "Lo anterior revela, que el juez de control responsable si bien se pronunció sobre la solicitud ministerial, por lo que determinó que no podía imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dado que no se justificó el empleo de armas, por ende, que no se demostró que el hecho con apariencia de delito se cometió con medios violentos; empero, cierto es también que sin que mediara petición o justificación del órgano acusador, ni de alguna de las partes, determinó que era procedente imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque dijo, se acreditó: a) Un peligro a la comunidad, pues un grupo considerable de personas decidieron ir y ocupar un inmueble, mediante el uso de violencia física y moral, aunado al número de sujetos activos y las medidas del inmueble b) Un eventual peligro de sustracción a la acción de la justicia, atento a que es elevada la pena que pudiera llegar a imponerse por el hecho con apariencia del delito de despojo mediante invasión Lo que revela, que sin existir petición por parte de la representación social ni argumentos a fin de justificar la necesidad de cautela, el juez de control determinó que era procedente la medida cautelar de prisión preventiva justificada Así es, del análisis del debate planteado por las partes, es evidente que la fiscalía no solicitó la prisión preventiva justificada, sino planteó la prisión preventiva oficiosa, de tal manera que no se ocupó dicha institución de justificar la necesidad de cautela que ameritara la solicitud de la prisión preventiva necesaria; en esa tesitura, el juez de control sustituyéndose a una de las partes y de mutuo propio analizó la necesidad de cautela, argumentando circunstancias de hecho y de derecho, dando ventaja a una de las partes, lo que es incorrecto, pues si bien los jueces tienen la ineludible obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino además de promoverlos, protegerlos y garantizarlos, así como garantizar los principios de contradicción, igualdad ante la ley e igualdad entre las partes; sin embargo, ello no implica que pueda tener facultades para sustituir a una de las partes, pues en ese sentido, debe ser pasivo con respecto a la producción de la información Además, si bien la medida cautelar de prisión preventiva justificada, puede imponerse en determinados casos y bajo ciertas circunstancias, también es cierto que está sujeta a la petición de una de las partes en litigio, lo cual como se ha señalado en el caso no ocurrió, dado que la institución ministerial no solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada; aunado a que se debe atender a los parámetros lógico-racionales expuestos al juez de control que evidencien la necesidad de esa medida; no obstante, como se advierte del debate, no existió algún planteamiento lógico, jurídico, racional por parte de la fiscalía, que justificara su imposición Lo que es ilegal, dado que como se precisó, es al Ministerio Público a quien corresponde la carga procesal de solicitar la prisión preventiva justificada, así como demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar que resulta idónea, proporcional o necesaria Por tanto, se requiere que el juez de control al imponerla, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del precepto constitucional citado Sobre el particular, se invoca en lo conducente, la tesis sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Puebla, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Tesis: VI2oP45 P (10a), página 3016, que establece: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO DEMOSTRAR Y JUSTIFICAR SU IMPOSICIÓN Y NO LIMITARSE A MENCIONAR GENÉRICA Y SUBJETIVAMENTE QUE ES SUFICIENTE PARA CONTINUAR ADECUADAMENTE CON LA INVESTIGACIÓN El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público tiene el carácter de excepcional, ya que debe pedirse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes; así, de acuerdo con los principios de proporcionalidad e idoneidad, previstos en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que el Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del precepto constitucional citado Bajo este contexto, es al Ministerio Público a quien corresponde la carga procesal de solicitar la prisión preventiva justificada, así como demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar que resulta idónea, proporcional o necesaria, y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, es suficiente para continuar adecuadamente con la investigación" En consecuencia, en la especie, al haberla impuesto de motuo proprio, bajo los argumentos que resaltó, es inconcuso que el juez responsable no permitió que se ejerciera por las partes el principio de contradicción, aunado a que no se dio oportunidad a la defensa de pronunciarse sobre esos argumentos, transgrediendo el principio de igualdad ante la ley y entre las partes; por ende, a diferencia de lo que consideró el resolutor federal, deviene ilegal el acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta judicial administrativa 944/2018/PUEBLA En esa virtud, lo procedente es revocar la negativa del amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Enrique González Mota, únicamente por lo que respecta al acto reclamado que se analizó en el presente considerando, relativo a la medida cautelar de prisión preventiva justificada; y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Luis Enrique González Mota, para el efecto de que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución, Región Judicial Centro, sede Puebla, deje insubsistente la audiencia celebrada el tres de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta judicial administrativa 944/2018/PUEBLA, única y exclusivamente en la parte en que impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, señale fecha y hora para la celebración de una nueva diligencia a la que deberá asistir el Ministerio Público, el quejoso, así como su defensa, y con plenitud de jurisdicción, con base en la solicitud previa formulada por dicho representante social en torno a la imposición de la prisión preventiva oficiosa, resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido que no podrá agravar la situación del impetrante, esto es, imponer esa misma medida, máxime que ya determinó que no era procedente Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO Se modifica la sentencia sujeta a revisión SEGUNDO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Enrique González Mota, respecto del acto consistente en la resolución dictada en la audiencia celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 944/2018/PUEBLA, en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso TERCERO La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Enrique González Mota, en torno al acto reclamado al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución, Región Judicial Centro, sede Puebla, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta judicial administrativa 944/2018/Puebla El amparo se concede para los efectos indicados en la parte final de la presente ejecutoria" (fojas 740 a 743) Así, en acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 745 a 747) se tuvo por recibido dicho testimonio y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo En cumplimiento a ello, la autoridad responsable y la vinculada para tal efecto, realizaron los siguientes actos: 1 Mediante oficio JC/12611/2019, signado por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, sede Regional Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), señaló que se ordenó dejar insubsistente la audiencia celebrada el tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 944/2018/PUEBLA, única y exclusivamente en la parte que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Luis Enrique González Mota; y, comunicó la imposibilidad para señalar fecha para una nueva audiencia en virtud de que el 1 Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), había sido comisionado para participar en los cursos de capacitación jurídica del Sistema Acusatorio, curso introductorio módulo II, valoración de la prueba, el cual tendría verificativo en San Juan Puerto Rico, del diecisiete al veintiuno de junio de dos mil diecinueve, por lo que, la audiencia se fijaría hasta que el citado juzgador se reincorporara a su función (foja 761), remitiendo la constancia conducente (foja 763) En respuesta, este órgano jurisdiccional en acuerdo pronunciado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 765 y 766), le indicó a la resolutora oficiante que quedaba vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, solicitándole realizara lo siguiente: "Hágase del conocimiento de la jueza de control oficiante, quien queda vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que deberá señalar fecha y hora para la celebración de la nueva diligencia a la que deberá asistir el Ministerio Público, el quejoso, así como su defensa, misma que deberá ser desahogada por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución, Región Judicial Centro, sede Puebla, Aarón Hernández Chino, el día inmediato a que se reincorpore a sus actividades, en el entendido que para cuando ello ocurra, ya estén las condiciones para su desahogo inmediato, esto es, fijada fecha y hora para la celebración de la audiencia en cita y que todas las partes intervinientes estén notificadas Lo anterior, deberá comunicarlo la autoridad oficiante a este juzgado Federal, inmediatamente que haya fijado fecha y hora para la celebración de la audiencia indicada, y notificado a las partes intervinientes" (fojas 765 y 766) 2 Así, mediante oficio JC/12906/2019, la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, sede Regional Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), comunicó que señaló las quince horas del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 771), lo que se proveyó en auto de diecinueve de junio del actual (foja 772), requiriéndole las constancias de notificación a las partes de dicha diligencia 3 Mediante oficio JC/13151/2019, la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, sede Regional Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), remitió las constancias de notificación a las partes de la diligencia fijada para las quince horas del veinticuatro de junio del actual (fojas 775, 777 a 780), lo que se acordó el veintiuno de junio del año en curso (foja 782) 4 Luego, mediante oficio 10944/2019/JC el 1 Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), comunicó que el veinticuatro de junio del año en curso, se llevó a cabo la diligencia en la que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto el disco versátil digital DVD de ésta, en donde se advierte que reiteró que se dejó insubsistente la audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho (18:18: 42 DVD), dentro de la carpeta judicial administrativa 944/2018/PUEBLA, exclusivamente por lo que respecta a la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra del quejoso, y en dicha diligencia, ordenó dejar insubsistente ésta, ordenándose su inmediata libertad por lo que hace a la causa penal en cita, sin que haya impuesto otras medidas cautelares, porque indicó que no le permitió la deficiente solicitud de la fiscalía (foja 800; 181311 a 18:33: 43 DVD) En acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se requirió al resolutor oficiante la boleta de libertad de aquí quejoso (foja 803) 5 Mediante oficio 13759/2019/JC, el 1 Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), remitió vía electrónica el oficio que dirigió al Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en donde le comunicó que dentro de la carpeta judicial administrativa 944/2018/PUEBLA, dejó insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra de Luis Enrique González Mota y le indicó que permitiera el egreso de éste, única y exclusivamente en la causa penal en cita (fojas 810 y 812), lo que se acordó el veintisiete de junio del actual (foja 816), en donde se requirió a la autoridad penitenciara en cita, remitiera la boleta de libertad del imputado 6 Así, mediante oficio 02112 del Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, recibido vía electrónica en este juzgado Federal, remitió las boletas de libertad 059, correspondiente a la causa penal 944/2018/PUEBLA del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por haber quedado insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada; 060, correspondiente a la causa penal 520/2018 del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por haberse concedido el beneficio de la condena condicional; y, 061, correspondiente a la causa penal 983/2018/PUEBLA, del índice del Juzgado de Oralidad y Ejecución, sede Regional Puebla, en donde se decretó la suspensión condicional del proceso (fojas 821 a 824), quedando así en libertad el aquí quejoso Así, de las documentales reseñadas, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de ésta, el juez responsable y autoridad vinculada a su cumplimiento realizaron lo siguiente: 1 Dejaron insubsistente la audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho, celebrada en la carpeta judicial administrativa 944/2018/PUEBLA, única y exclusivamente en la parte que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada el imputado Luis Enrique González Mota 2 Señalándose las quince horas del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la nueva audiencia, en la que, asistió el Ministerio Público, el quejoso, así como su defensa; y con plenitud de jurisdicción, con base a la solicitud previa formulada por el representante social en torno a la prisión preventiva oficiosa, el juez de control, determinó dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada y no imponer ninguna otra, señalando que esto es así, por la deficiente solicitud para la imposición de otras medidas cautelares de la representación social, ordenando la inmediata libertad del peticionario de amparo (181311 a 18:33: 43 DVD), girando el oficio 13739/2019/JCP al Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 812) 3 Así, el Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, remitió vía electrónica la boleta de libertad 059 de veintiséis de junio de dos mi diecinueve, correspondiente a la causa penal 944/2018/PUEBLA del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por haber quedado insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada Con esto, queda subsanada la deficiencia desatacada en la ejecutoria pronunciada el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en el toca en revisión 96/2019, por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, porque el juez penal responsable, con plenitud de jurisdicción, con base en la solicitud previa formulada por la representación social en torno a la imposición de la prisión preventiva oficiosa, resolvió dejar insubsistente la prisión preventiva justificada impuesta al aquí quejoso, y no imponer otra medida, ante la deficiente solicitud de la fiscal, ordenando así la libertad imputado, girando el oficio correspondiente al Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, quien dejó en libertad al peticionario de amparo única y exclusivamente respecto a la causa penal 944/2018/PUEBLA En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia

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