Luis Enrique Gamboa Sosa
Expediente 1095/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Enrique Gamboa Sosa
- Jackeline Elizalde Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó y negó el amparo solicitado por los impetrante de garantías; por lo que, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. No pasa inadvertido que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad tercera interesada Estefanía Millán Guerrero, agente del Ministerio Público de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, de la sentencia dictada en el presente juicio; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal, y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior las siguientes tesis aisladas: REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó y negó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiendo conservar la demanda y la sentencia correspondiente, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar el disco versátil digital (DVD), que remitió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla; se ordena su devolución; y, se solicita, si no existe inconveniente alguno acuse recibo de éste.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Luis Enrique Gamboa Sosa y Jackeline Elizalde Pérez, respecto del acto que reclamaron del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, consistente en la resolución pronunciada en la audiencia inicial de uno de noviembre de dos mil dieciocho, continuada el dos de ese mes y año, en la causa penal 766/2018, en la parte en que se calificó de legal su detención, al haber operado un cambio de situación jurídica; en los términos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Luis Enrique Gamboa Sosa y Jackeline Elizalde Pérez, contra los actos que reclamaron del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, consistente en la resolución pronunciada en audiencia celebrada el uno de noviembre de dos mil dieciocho, continuada el dos siguiente, en la causa penal 766/2018, en la parte conducente donde se decretó auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos -clorhidrato de metanfetamina-, con fines de comercio, previsto y sancionado en el artículo 195, en relación con los diversos 193 y 194 del Código Penal Federal, así como con los ordinales 244 y 247 de La Ley General de Salud; así como respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva decretada en esa misma audiencia en la causa penal citada, y la ejecución de ese medida a cargo del Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla; en términos del considerando séptimo de este fallo constitucional. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, dese vista a la partes con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese orden, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. En razón de que están recluidos los quejosos en el Centro de Reinserción de la ciudad de Puebla, se ordena notificarles este auto, así como el diverso cinco de diciembre pasado, y se les corra traslado con los informes justificados de las autoridades responsables.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes agréguese a los autos el INFORME JUSTIFICADO que rinde la autoridad responsable 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Por cuanto hace a la diversa prueba consistente en el disco versátil digital que acompaña en el oficio de cuenta, no ha lugar a señalar fecha para que sean reproducidos en audiencia pública, pues dicha probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Se cita por su aplicabilidad, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se citan a continuación: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Guárdense en un sobre cerrado los discos versátiles digitales que acompaña, mismos que se glosan al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de autoridad tercera interesada a la: Agente del Ministerio Público de la Federación: Estefanía Millán Guerrero, con domicilio en Av Paseo de la Reforma, número 75, Col Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P 08300. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena sea emplazada al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo, y del auto admisorio. En ese sentido, a fin de que el presente asunto se integre en forma oportuna, se instruye al actuario judicial para que realice dicho emplazamiento, en el correo institucional: estefanía.millan@pgr.gob.mx, mismo que deberá ser confirmado en su número particular 5562980605; generando la constancia respectiva e integrándola a los presentes autos.
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