Luis Enrique Gonzalez Cabello

Expediente 146/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
146/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • Luis Enrique Gonzalez Cabello

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el promovente Luis Enrique González Cabello, no desahogó el requerimiento que le fue formulado en acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho y reiterado el veintiséis siguiente; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en los referidos proveídos y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de garantías.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, el escrito signado por el quejoso Luis Enrique González Cabello, a través del cual, pretende desahogar el auto preventivo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho; sin embargo, de la lectura del escrito aclaratorio, no precisa si la omisión del Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla de no descontar el tiempo que pasó, el aquí quejoso en prisión preventiva dentro de la causa penal 320/2011 de su índice ocurrió en la sentencia definitiva o en una determinación judicial diversa, sino únicamente narra lo que fue dicho a sus familiares por la autoridad responsable, de manera verbal. En esa talante, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I y IV, requiérase de nueva cuenta al promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, bajo protesta de decir verdad manifieste lo siguiente: ÚNICO. Precise si la omisión del Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla de no descontar el tiempo que pasó, el aquí quejoso en prisión preventiva dentro de la causa penal 320/2011 de su índice ocurrió en la sentencia definitiva o en una determinación judicial diversa, de ser así; indique ésta o, en su defecto, manifieste bajo protesta de decir verdad que no existe determinación judicial alguna en la que se haya omitido descontar el tiempo que lleva recluido en prisión preventiva. Bajo ese tenor, el promovente deberá manifestar con precisión si la omisión reclamada se materializó en alguna determinación judicial, o no, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se procederá según lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Así mismo, signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por quien promueve por su propio derecho y no por conducto de alguno de autorizado alguno. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia autorizada del presente proveído, por conducto del actuario judicial en el lugar de su reclusión.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Enrique González Cabello, por propio derecho, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 146/2018-D y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I y IV, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, bajo protesta de decir verdad manifieste lo siguiente: ÚNICO. Precise si la omisión del Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla de no descontar el tiempo que pasó, el aquí quejoso en prisión preventiva dentro de la causa penal 320/2011 de su índice ocurrió en la sentencia definitiva o en una determinación judicial diversa, de ser así; indique ésta. Lo anterior es así, porque el promovente narra que la autoridad responsable, informó a sus familiares, verbalmente que la pena que le fue impuesta en el proceso en cita, sería compurgada el ocho de enero de dos mil dieciocho y que, llegada dicha data el juez informó -sin que especifique si fue de manera verbal o a través de alguna determinación judicial- que no era posible ordenar su libertad ya que la pena se computa a partir del diecinueve de septiembre de dos mil catorce, fecha en que se dio por compurgada la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 378/2011 del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla. Bajo ese tenor, el promovente deberá manifestar con precisión si la omisión reclamada se materializó en alguna determinación judicial, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se procederá según lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Así mismo, signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por quien promueve por su propio derecho y no por conducto de alguno de autorizado alguno. Ya que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, realícensele todas las notificaciones en dicho lugar, de conformidad con lo establecido por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley Reglamentaria. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia autorizada del presente proveído, por conducto del actuario judicial en el lugar de su reclusión. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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