LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ PALE y Otros.
Expediente 979/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- LEOBARDO RODRIGUEZ NAHUACATL y Otros.
- LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ PALE y Otros.
- EVERARDO CHACON HERNANDEZ y Otros.
- GAUDENCIO ANEL HUERTA y Otros.
- GELACIO BELLO GARRIDO y Otros.
- Luis Enrique Rodriguez Pale
- Carmen Uriel Hernandez Hernandez
- ALEX BENITEZ CUELLAR (DEFENSOR) y Otros.
- Celestino Martínez Bones, Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, Con Sede En Ciudad Serdán, Puebla.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. I. Oficio de cuenta. Agréguese a los autos el oficio JOPS/1200/2023 remitido -vía correo electrónico institucional- por ********************Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente del Estado de Puebla, con sede en Ciudad Serdán, a través del cual, acusa recibo de la misiva 386 de doce de abril de dos mil veintitrés, por medio del cual, este órgano jurisdiccional ordenó notificar el acuerdo emitido en esa fecha en el presente juicio de derechos fundamentales y devolver copias certificadas deducidas de la causa penal ******************** -anexo I del juicio-, así como un disco en formato versátil digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el dos de septiembre y tres de septiembre, ambas de dos mil veintidós. De lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales procedentes. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente físico, por haberse impreso. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintitrés. I. Firmeza del pronunciamiento de cumplimiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el plazo genérico de quince días -que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad- ha fenecido para todas ellas. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. II. Calificación del expediente principal e incidentes. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (en lo sucesivo, Acuerdo General), se establece que el presente asunto -en el que se concedió el amparo- no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. Devolución de anexos. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas consistentes en: Disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de las audiencias celebradas el dos de septiembre y tres de septiembre, ambas de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 76/2022/SERDÁN; y, Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se formó el anexo I de pruebas del presente juicio. Se ordena su devolución a Celestino Martínez Bones, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente del Estado de Puebla, con sede en Ciudad Serdán y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo de estilo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. IV. Devolución de billete. En diverso aspecto, al encontrarse completamente concluido este juicio, se deja a disposición de los quejosos en la Secretaría de este juzgado, los billetes de depósito: N-894906 (exhibido por ***); N-894907 (exhibido por ***); N-894908 (exhibido por ***); N-894909 (exhibido por ***); N-894910 (exhibido por ***); y, N-894911 (exhibido por Carmen Uriel Hernández Hernández). Los cuales, fueron expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), cada uno de ellos, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional); mismos que exhibieron los quejosos como medida de aseguramiento, para efecto de que la sentencia surtiera efectos de manera inmediata. Por tanto, se ordena su devolución previa toma de razón de recibo que se deje en autos. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese electrónicamente a los quejosos 1. ***, 2. ***, 3. ***, 4. ***, 5.*** y 6. ***, por conducto de su defensor particular; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Eliezer Melchor Aguilar secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que la parte quejosa formuló manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente sumario; sin que las restantes partes hicieran manifestación alguna; por lo que, procede analizar si la referida ejecutoria fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes.1.1. Del expediente de amparo. Mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo a los quejosos: 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************y 6. ********************; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de dicho fallo.Inconforme con lo anterior, el agente del Ministerio Público de Litigación adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado de Puebla -autoridad tercera interesada- interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 38/2023; el que, por determinación de dieciocho de enero de dos mil veintitrés desechó el recurso de revisión. El treinta de enero del actual, se tuvo al tribunal revisor haciendo del conocimiento que, el veintiséis de enero de dos mil veintitrés declaró precluido el derecho de interponer recurso de reclamación del recurrente; y, por ende, había causado estado el desechamiento del recurso de revisión de cita. En la misma fecha, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes con las diligencias realizadas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo 1.2. De las diligencias realizadas por la autoridad responsable. Conforme a la naturaleza del amparo concedido, desde el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a Celestino Martínez Bones, juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente del Estado de Puebla, con sede en Ciudad Sedán- el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo. En este contexto; mediante oficio JOPS/2095/2022, la autoridad judicial responsable señaló haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, pues - esencialmente- comunicó que en audiencia oral de treinta de noviembre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 76/2022/SERDÁN, había realizado los actos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, y al efecto, remitió el disco versátil digital en la que se desprendía el desahogo de dicha audiencia. 1.3. De las medidas de seguridad dictadas por este órgano federal. En la misma sentencia de amparo, a fin de que los quejosos no evadieran la acción de la justicia, conforme al último párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, se les fijaron como medidas de aseguramiento: La presentación periódica los viernes de cada siete días ante la Unidad de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares de la Casa de Justicia. La exhibición de una garantía económica, por cada uno y por separado, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera.); y, Proporcionar su nombre completo, domicilio particular en donde establecerá su residencia y Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Aspectos que, los quejosos dieron cumplimiento; pues mediante oficio JOPS/318/2023, se tuvo al juez responsable allegando las constancias que acreditaron la presentación periódica de los quejosos ante la Unidad de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de la Región Judicial Oriente. Luego, respecto de la exhibición de garantía económica, el quince de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a los quejosos exhibiendo los billetes N-894906; N-894907; N-894908; N-894909; N-894910 y N-894911; a nombre de los quejosos; en tanto que, en el mismo escrito proporcionaron sus domicilios y datos fiscales. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo dictada en este sumario, se declaró inconstitucional la audiencia inicial celebrada el tres de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 76/2022/SERDÁN, a partir de la resolución que calificó de legal la detención de los quejosos; pues en el caso, no se cumplió con uno de los requisitos que establece el artículo 16, párrafo quinto, Constitucional, así como el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, porque el hecho por el que los quejosos fueron detenidos en flagrancia, no tiene la apariencia de un hecho delictivo y, por ende, que no existía justificación de su proceder. Pues en los hechos, los aquí quejosos, fueron identificados como elementos de la policía municipal de Quimixtlán, Puebla; pero, fueron detenidos por no contar con la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP) ni con el Certificado Único Policial (CUP), no así por ser particulares que se ostentaran como servidores públicos. Al respecto, el juez de control, en ningún momento, hizo manifestación en el sentido de que los aquí quejosos no eran servidores públicos, sólo se concentró en dejar claro que el fiscal estableció que aquéllos no contaban con esa documentación. En ese sentido, de la exposición de la fiscalía, se aprecia que los ahora quejosos sí tienen el carácter de policías municipales de Quimixtlán, Puebla, tan es así que se inició una investigación penal para indagar si aquéllos cumplían con los requisitos de ingreso y permanencia a las instituciones de seguridad pública, que establecen las citadas legislaciones. Lo cual, a criterio de este órgano jurisdiccional, se trataba de un asunto de naturaleza administrativa, en donde se tiene que iniciar un procedimiento de esa índole para, en su caso, sancionarlos con la remoción de su cargo; pero en modo alguno, suponía la comisión de un hecho punible. Consecuentemente, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: Dejar sin efectos las resoluciones de control de detención; vinculación a proceso y de imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictadas en audiencia inicial de tres de septiembre de dos mil veintidós, celebrada en autos de la causa penal 76/2022/SERDÁN. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en el debate de calificación de la detención, en los términos de la audiencia de tres de septiembre de dos mil veintidós. En términos del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, califique de ilegal la detención de los citados quejosos y ordene su inmediata libertad, con reservas de ley, únicamente por cuanto a la causa penal 76/2022/SERDÁN. Cuyos efectos quedaban circunscritos a las personas de los ahora quejosos y no sobre sus coimputados no quejosos, en acatamiento al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de derechos fundamentales. Sin que supusiera límite al Ministerio Público, para que continúe con la investigación y, eventual, imputación; pues, la concesión de amparo, obedecía a que no se cumplieron los requisitos para calificar de legal la detención en flagrancia de los aquí quejosos. En la inteligencia que Celestino Martínez Bones, juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente del Estado de Puebla, con sede en Ciudad Serdán, debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa de los imputados. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la indicada autoridad responsable, hizo del conocimiento que, en audiencia oral de treinta de noviembre de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 76/2022/SERDÁN, realizó -en lo que interesa- lo siguiente: Dejó sin efectos las resoluciones dictadas en audiencia inicial de tres de septiembre de dos mil veintidós; esto es, la resolución que calificó de legal la detención de los quejosos; el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes o condecoraciones; así como, la determinación que les impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar -actos reclamados-. Reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en el debate de calificación de la detención, en los términos de la audiencia de tres de septiembre de dos mil veintidós. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y en términos del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, calificó de ilegal la detención de los citados quejosos; y ordenó su inmediata libertad, con reservas de ley, únicamente por cuanto a la causa penal 76/2022/SERDÁN. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito, se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. En efecto, el juez de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: Dejó insubsistentes las resoluciones reclamadas; Dictó una nueva en la que reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de control de detención Dictó auto que declaró la ilegalidad de la detención en flagrancia de los quejosos; y, Ordenó la inmediata libertad de los quejosos, únicamente por cuanto a la causa penal de origen. Con la clara indicación que, dicha libertad no impedía al Ministerio Público, que continuase con la investigación de los hechos; así como, Con el evidente desahogo que el propio juez de control hizo en la audiencia de mérito. Con lo cual, la autoridad judicial responsable restituyó a los quejosos en el goce de los derechos humanos que les habían sido violadas; al tiempo que, ello implicó la restitución del orden constitucional en vigor. Donde las detenciones en flagrancias, se permiten únicamente, respecto de hechos que son considerados como delitos, y no por meras infracciones de orden administrativo; por lo que, si un ciudadano incurre en faltas administrativas, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos, conforme a los procedimientos e instituciones de la materia. Pero en modo alguno, enfrentando el poder punitivo del Estado, en prisión preventiva justificada, y bajo el sustento de una errónea apreciación del derecho que una autoridad judicial tuvo, al aceptar una cuestión eminentemente irracional. Por lo cual, al nulificar los actos reclamados y emitir una resolución que destacó la ilegalidad de la detención que sufrieron los quejosos, ha resarcido las afectaciones padecidas por los quejosos. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Permanencia de reserva de entrega de valores. Ahora bien, por seguridad jurídica de las partes, resérvese acordar lo relativo a la devolución de los billetes exhibidos por los quejosos el quince de diciembre de dos mil veintidós; ello, hasta en tanto la presente determinación adquiera firmeza, transcurrido el término general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad. VI. Integración del expediente físico. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues se trata del pronunciamiento que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo y genera una notificación y oficio. Notifíquese electrónicamente a los quejosos 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************y 6. ********************, por conducto de su defensor particular; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de febrero de dos mil veintitrés. I. Cumplimiento de medida de aseguramiento. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio JOPS/318/2023 remitido -vía correo electrónico institucional- por la autoridad responsable ******************** ********************, juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente del Estado de Puebla, con sede en Ciudad Serdán; en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Visto su contenido, téngasele haciendo del conocimiento que los quejosos:****************************************,****************************************,****************************************,****************************************,**************************************** y****************************************,********************Dieron cumplimiento con la presentación periódica que les fue impuesta como medida de aseguramiento dentro de los autos del presente juicio de amparo, remitiendo copia del oficio SSP/SBCP/DMCYPEP-OTE-CDSER/072/2023, signado por la Evaluadora de Riesgos Procesales y Supervisora de la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de la Región Oriente, para el para el cotejo de los mismos. II. Permanencia de reserva de entrega de valores. Finalmente, resérvese acordar lo relativo a la devolución de los billetes exhibidos por los quejosos el quince de diciembre de dos mil veintidós; ello, hasta en tanto transcurra la vista otorgada a las partes quejosa y tercera interesada para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, respecto a declarar por cumplida o no, la ejecutoria de mérito, para los efectos legales conducentes.******************** Notifíquese electrónicamente a los quejosos ******************** ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ******************** y 6. ********************, por conducto de su defensor particular.
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