Luis Enrique Flores Vazquez
Expediente 1242/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1242/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Enrique Flores Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1242/2023, promovido por ***, contra actos de la Quinta Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Sexto, todos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el peticionario reclama la resolución de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el toca ***, por la Quinta Sala Civil de la Ciudad de México, que confirmó el auto de catorce de julio de la presente anualidad, dictado por el Juez Décimo Sexto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, en los autos del juicio Especial Hipotecario *** de su índice, en el que no se admitió a trámite el incidente de oposición a la ejecución hecho valer por la parte quejosa. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos; finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso es parte material en el juicio de origen, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. En el caso, más allá de que el acto reclamado es de carácter negativo, es improcedente otorgar la suspensión, pues a criterio de este órgano no se satisfacen los requisitos del artículo 147 de la Ley de Amparo, respecto de la posibilidad jurídica de restitución, en relación a su diverso numeral 131 de la legislación en cita. En efecto, el acto reclamado tiene una naturaleza negativa, en tanto que se confirmó que no era procedente admitir a trámite el incidente de oposición a la ejecución hecho valer por la parte quejosa en el juicio hipotecario de origen; empero la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que tal característica intrínseca del acto, en todo caso es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para establecer si la medida cautelar procede o no. De tal suerte que para determinar la procedencia de la medida cautelar constitucional, deben estar satisfechos los requisitos legales que la rigen, como son: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) la no afectación al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, que dispone: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." De ahí que, en acatamiento a la jurisprudencia del Máximo Tribunal, el suscrito advierte que, de los tres requisitos mencionados, solo está cubierto el relativo a la no afectación de disposiciones de orden público e interés social, en tanto que se está frente a un acto civil, que por regla general, rige solo para los particulares involucrados en el acto de contratación; de modo que la colectividad no tiene un interés destacado o especial en dicha relación. Sin embargo, conforme a lo previsto en el artículo 147, en relación al 131, ambos de la Ley de Amparo, no es posible otorgar la medida, ya que en este caso iría más allá de lo legalmente posible, en tanto que otorgar la medida implicaría hacer que la Sala dicte una determinación que acogiera la procedencia del incidente solicitado por el impetrante, lo que encuentra un límite en el contenido del artículo 131 de la Ley de Amparo, que en ningún caso permite que la providencia sea constitutiva o modificativa de derechos. El numeral en cuestión dispone: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Esto es, de otorgar la suspensión, su efecto repercutirá en el estado jurídico actual al imponer la emisión de nuevas resoluciones que dejarían materialmente sin efectos lo determinado en el acto reclamado cambiando la situación jurídica por una nueva que no podría variar en caso de no obtener sentencia favorable. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2026730, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por ello, se concluye que variar el sentido de la decisión que ya adoptó la Sala responsable conforme a sus facultades legalmente previstas, implicaría un cambio diametralmente opuesto a lo reclamado que llevaría necesariamente a la creación de una nueva situación jurídica a favor del impetrante, lo cual está limitado en la vía suspensional por el artículo citado, y además por la jurisprudencia invocada. Al efecto se invoca la tesis I.2o.A.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2005860, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA LIMITANTE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NO ES CONTRARIA AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El numeral 131 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando acredite: 1) el daño inminente e irreparable a su pretensión y, 2) el interés social. Por su parte, el párrafo segundo de dicho precepto prevé una limitante consistente en que, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido antes de la presentación de la demanda. No obstante, dicha condición no resulta contraria al derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no implica una restricción o traba para el peticionario de amparo, sino un parámetro que debe observar el juzgador federal al momento de pronunciarse en cuanto a la procedencia o no de la suspensión del acto reclamado, esto es, al Juez de Distrito le está prohibido conceder la suspensión cuando, entre otros supuestos, con ésta se puedan constituir derechos que antes de la presentación de la demanda no tenía el solicitante, lo cual es acorde con la naturaleza de la medida cautelar, pues ésta únicamente tiene como finalidad garantizar el derecho que se está cuestionando, pero nunca constituir uno nuevo." Además, otorgar la suspensión para que la Sala atienda lo pretendido por la parte quejosa, importaría una anulación de la sentencia reclamada, lo que no es un alcance propio de las medidas cautelares, como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/201521, donde determinó: "66. De lo dicho se aprecia que la suspensión, produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria." Por otro lado, el suscrito considera que tampoco puede verse al acto como uno negativo con efectos positivos, a fin de paralizar la ejecución materia del incidente natural, pues ello implicaría anticipar los efectos de dicha acción, constituyendo un nuevo estatus jurídico a favor de la parte quejosa, lo cual, se itera está vedado por el artículo 131 de la Ley de Amparo. Por tanto, se NIEGA LA MEDIDA SUSPENSIONAL SOLICITADA, al no cumplirse los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de la materia, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ***, contra actos de la Quinta Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Sexto, todos de lo Civil de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; en consecuencia, agréguese el comunicado de la Juez responsable, mediante el cual rinde su informe justificado en los términos que precisa y acompaña las constancias que refiere, con lo que se ordena dar vista a las partes para los efectos conducentes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde al estado procesal de autos y conforme a la certificación de cuenta, fórmense los cuadernos auxiliares III y IV, e infórmese a la parte quejosa que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo Por otro lado, agréguese el escrito del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de la materia, de la parte quejosa mediante el cual ofrece diversas probanzas; en atención a su contenido, dígasele que no es posible acordar su escrito porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; características que no reviste en su caso el escrito de cuenta; por lo que se reserva acordar lo que corresponda hasta en tanto lo permitan las labores del juzgado. Lo anterior en virtud de que el dictado del auto de pruebas define situaciones jurídicas procesales y trasciende al resultado del fallo, por lo que este pronunciamiento no representa una diligencia de carácter urgente o bien, de mero trámite, sino que constituye una decisión de derecho. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." Notifíquese.
- Incidental
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
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