Luis Enrique García García

Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
927/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique García García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que por una parte negó la protección constitucional y por otra sobreseyó el juicio, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que por una parte se negó el amparo y protección de la justicia federal y por otra se sobreseyó en asunto. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de cuadernos auxiliares entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 1 DE MARZO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL 27 DE FEBRERO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE:"VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 927/2022, promovido por..., contra actos del Juez Septuagésimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, la demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a la autoridad su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden civil (arrendamiento) seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. De la lectura integral de la demanda, se obtiene que el reclamo consiste en: El auto admisorio de tres de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de arrendamiento..., tramitado ante el Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México. La diligencia de embargo realizada el cuatro de julio de dos mil veintidós por el fedatario adscrito al Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, en las instalaciones del propio órgano, en donde se señalaron para congelamiento las cuentas del quejoso; siendo una de éstas, donde percibe sus ingresos laborales. TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido el Juez responsable, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El tres de junio de dos mil diecinueve el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, admitió a trámite la controversia de arrendamiento ..., planteada contra una moral y el hoy quejoso. Este es un acto reclamado. II. El dos de agosto de dos mil veintiuno se ordenó llevar a cabo por medio de edictos el emplazamiento del quejoso. III. El cuatro de julio de dos mil veintidós tuvo verificativo la diligencia de embargo dentro de las instalaciones del Juzgado y en dicha actuación, se aseguraron las cuentas a nombre del quejoso. Esta es la diligencia de la que se duele el impetrante. IV. El doce de julio de dos mil veintidós, el juez de la causa examinó el estado procesal del asunto y se asentó la certificación secretarial de que el término de cuarenta días a partir de la última publicación de edictos para emplazar, trascurriría del uno de julio al nueve de septiembre, ambos meses de dos mil veintidós. V. El treinta de septiembre de dos mil veintidós el juez de la causa declaró en rebeldía a los codemandados, entre ellos, al quejoso; sin que de los autos de origen se advierta que se haya dictado sentencia definitiva en el proceso. QUINTO. Cuestión previa sobre la posición del quejoso frente al juicio. Al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño al juicio, pues está en aptitud de apersonarse a la contienda, en tanto que no se ha resuelto por sentencia definitiva. El tercero extraño auténtico a un juicio es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. Ahora bien, de conformidad con el criterio que sostiene el Máximo Tribunal del País, cuando el quejoso está en condiciones de incorporarse a la contienda para defender sus intereses, como lo es en aquellos casos en que el asunto sigue en fase de sustanciación, o sea, antes del dictado de sentencia, el impetrante pierde el carácter de tercero extraño a juicio, y siendo así, queda en obligación de agotar los mecanismos de defensa ordinarios que contempla la ley reguladora del acto reclamado, pues en este caso, no está de cara a un estado de indefensión insuperable. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Décima Época, registro: 2000293. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, en Materia(s): Común, Página: 1627, intitulada: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, se aprecia que aún no se ha dictado sentencia definitiva; y por tanto, la quejosa está en plenas condiciones de incorporarse a la contienda y hacer valer los medios de defensa que correspondan. Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, cuyo rubro es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." Por tales consideraciones, se llega al convencimiento de que el quejoso no es tercero extraño al proceso de origen y por ende, no amerita el tratamiento correspondiente en esta sede. No obstante esta aclaración, se estudiará el fondo de la cuestión planteada respecto del auto admisorio reclamado, porque por la fecha en que se dio por emplazado por edictos al quejoso [cuyo periodo terminaría hasta el nueve de septiembre de dos mil veintidós, según el cómputo hecho en el proceso de origen], estaría en tiempo para formular su reclamo [considerando que compareció a esta instancia el dos de ese mes y año, esto es, antes de estuviera plenamente culminado el procedimiento de llamamiento]; y porque tal actuación está regulada por normas especiales como el artículo 966 del Código de Procesal Civil local, que prevé que las apelaciones en este negocio solo son admisibles en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, razón por la cual se considera que ese medio de defensa sería ineficaz. Orienta lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/6 K (11a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Común, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PUEDE PROMOVERSE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTARLO, SI UN RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA ES IDÓNEO PARA REVOCAR, MODIFICAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO, PERO NO RESULTA EFICAZ PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL QUEJOSO. Hechos: El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo indirecto porque estimó que la quejosa no agotó el principio de definitividad, motivo por el cual interpuso el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un recurso o medio ordinario de defensa, aunque sea idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado no resulte eficaz para salvaguardar los derechos del quejoso, por su propia naturaleza, por la forma en que se regule su sustanciación o por las circunstancias especiales que se presenten en determinado caso concreto, el particular podrá promover de inmediato el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad. Justificación: Lo anterior, porque el principio de definitividad deriva de lo previsto en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es uno de los principales ejes rectores de la procedencia del juicio de amparo y que ratifican su naturaleza como medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser solucionada por otros medios. Este principio se encuentra regulado, como causa de improcedencia de la acción constitucional, en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; hipótesis normativa que sólo resulta aplicable a los procedimientos jurisdiccionales y no para los actos propiamente administrativos, pues respecto de éstos se regula en forma específica en la fracción XX del mismo precepto. Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, consagrados en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación o carga procesal de agotar el principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo, lleva inmersa la lógica de que el recurso o medio ordinario de defensa que proceda contra el acto de autoridad que el gobernado estima lesivo de sus derechos, debe satisfacer los siguientes requisitos: I. Idoneidad. Debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y, II. Eficacia. Dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe: i. Permitir al particular el despliegue pleno de su derecho de defensa; y, ii. Regularse un procedimiento que impida la consumación irreparable en los derechos del gobernado, de los efectos que produce el acto de autoridad. Por lo que si el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la legislación procesal no satisface cualquiera de los anteriores requisitos, no existirá obligación de la quejosa de interponerlo antes de acudir al amparo." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión, por lo que hace al auto admisorio que prevé el embargo de bienes en caso de no acreditar estar al corriente en el pago de rentas. La parte quejosa sostiene que la tercera interesada embargó la cuenta donde percibe su sueldo, por lo que el juez violentó el contenido del artículo 544, fracción XIII de la Ley Procesal Civil para esta Ciudad, causándole daños de imposible reparación porque es el único medio de sustento que tiene, para cubrir sus necesidades más elementales. Los conceptos de violación son inoperantes porque no controvierten los elementos torales que sirven para informar el dictado del auto inicial del juicio de arrendamiento. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN." En el caso, el suscrito juzgador considera que los razonamientos elaborados por la parte quejosa en su demanda, no confrontan directamente las cuestiones torales que sirven para sostener un auto admisorio de juicio de arrendamiento con orden de aseguramiento, lo cual torna inoperantes sus motivos de inconformidad en la instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS." En efecto, conforme a los artículos 958 y 962 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, puede sostenerse que los elementos mínimos indispensables para emitir el auto inicial de la controversia de origen es que el actor presente el contrato escrito de arrendamiento y reclame más de dos meses de pensiones rentísticas vencidas, pues en ese caso podrá pedir que la demandada acredite estar al corriente de los pagos correspondientes, y de lo contrario, se embargarán bienes para cubrir las rentas adeudadas. Por tanto, la actualización de tales supuestos jurídicos, confrontados con las constancias del proceso natural (específicamente la demanda y los documentos base de la acción) es que lo que debió informar la defensa de la parte quejosa; y no limitarse a señalar que el embargo sobre sus cuentas violenta la disposición legal que se refiere a los bienes inembargables conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues a criterio de este órgano, tales asertos se enfocan a la diligencia de embargo y no al auto que le da origen; pues es hasta que dicha diligencia ocurre, que se precisa aquello que será materia del aseguramiento. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia XX. J/54 de la Octava Época, con registro: 213355. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, en Materia(s): Común, Página: 80, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, supuesto que no basta indicar los preceptos legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama." Decisión: Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación son inoperantes, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal respecto del auto admisorio del juicio de origen. SÉPTIMO. Improcedencia por lo que hace a la diligencia de embargo de cuatro de julio de dos mil veintidós. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la procedencia del juicio, lo aleguen o no las partes, pues es una cuestión oficiosa. En el caso, sobreviene la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Conforme a la fracción II, del precepto 5 de la Ley de Amparo, es parte dentro del juicio de amparo, la autoridad o autoridades responsables que intervengan en él y tiene tal carácter, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, la parte quejosa se duele destacadamente del embargo de una cuenta bancaria en donde dice percibir su sueldo; por ende, es inconcuso que le resulta el carácter de autoridad al Actuario adscrito al juzgado de origen, pues fue quien trabó el embargo como se ve de la diligencia de cuatro de julio de dos mil veintidós; situación que se puso plenamente del conocimiento del quejoso para que hiciera la aclaración correspondiente, en auto de veinte de octubre pasado. En efecto, el actuario adscrito a cualquier órgano jurisdiccional del ámbito federal o local, le recae el carácter de autoridad responsable, pues sus actuaciones son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de los lineamientos legales que regulan tales actos. Lo anterior se robustece por analogía, con el criterio obligatorio 3ª./J.33/90, consultable en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." Ahora bien, la causa de improcedencia del juicio se actualiza puesto que de autos se advierte que la quejosa no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veinte de octubre de dos mil veintidós para que manifestara si era su deseo señalar como responsable al Diligenciario mencionado, a fin de integrarlo a la relación procesal, por tener una participación directa en el reclamo. Ante la omisión descrita se hizo efectivo el apercibimiento de no tenerlo enjuiciado en esta causa y el dieciséis de noviembre de siguiente se proveyó lo conducente. En estas condiciones, el suscrito no puede pronunciarse en el fondo de las reclamaciones que se hacen en esta instancia sobre la regularidad del aseguramiento de la cuenta donde se dice, se recibe el salario del quejoso; pues la autoridad que ejecutó el congelamiento no fue llamada al juicio, aun cuando se requirió personalmente a la parte quejosa para regularizar su demanda de amparo, haciendo expresamente de su conocimiento la participación de la diligenciaria. Por lo tanto, si otro acto reclamado es el embargo trabado en el proceso natural, éste es atribuible única y exclusivamente a la diligenciaria encargada de su encomienda; ante la omisión de la parte quejosa de señalar a la autoridad que intervino en esa diligencia, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de amparo. Se cita como sustento la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa VII.A.T.J/6, del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Atento a lo anterior, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa y de la prueba aportada, pues por la omisión apuntada, opera una causal de improcedencia del presente juicio. Sirve de apoyo el criterio obligatorio VI.1o.J/23 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Octava época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a..., contra actos del Juez Septuagésimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el sexto considerando de este fallo. SEGUNDO. Se SOBRESEE el juicio promovido por..., contra actos del Juez Septuagésimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  3. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL SIETE DE MARZO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 927/2022, promovido por..., contra actos del Juez Septuagésimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, la demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a la autoridad su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden civil (arrendamiento) seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. De la lectura integral de la demanda, se obtiene que el reclamo consiste en: El auto admisorio de tres de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de arrendamiento..., tramitado ante el Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México. La diligencia de embargo realizada el cuatro de julio de dos mil veintidós por el fedatario adscrito al Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, en las instalaciones del propio órgano, en donde se señalaron para congelamiento las cuentas del quejoso; siendo una de éstas, donde percibe sus ingresos laborales. TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido el Juez responsable, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El tres de junio de dos mil diecinueve el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, admitió a trámite la controversia de arrendamiento ..., planteada contra una moral y el hoy quejoso. Este es un acto reclamado. II. El dos de agosto de dos mil veintiuno se ordenó llevar a cabo por medio de edictos el emplazamiento del quejoso. III. El cuatro de julio de dos mil veintidós tuvo verificativo la diligencia de embargo dentro de las instalaciones del Juzgado y en dicha actuación, se aseguraron las cuentas a nombre del quejoso. Esta es la diligencia de la que se duele el impetrante. IV. El doce de julio de dos mil veintidós, el juez de la causa examinó el estado procesal del asunto y se asentó la certificación secretarial de que el término de cuarenta días a partir de la última publicación de edictos para emplazar, trascurriría del uno de julio al nueve de septiembre, ambos meses de dos mil veintidós. V. El treinta de septiembre de dos mil veintidós el juez de la causa declaró en rebeldía a los codemandados, entre ellos, al quejoso; sin que de los autos de origen se advierta que se haya dictado sentencia definitiva en el proceso. QUINTO. Cuestión previa sobre la posición del quejoso frente al juicio. Al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño al juicio, pues está en aptitud de apersonarse a la contienda, en tanto que no se ha resuelto por sentencia definitiva. El tercero extraño auténtico a un juicio es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. Ahora bien, de conformidad con el criterio que sostiene el Máximo Tribunal del País, cuando el quejoso está en condiciones de incorporarse a la contienda para defender sus intereses, como lo es en aquellos casos en que el asunto sigue en fase de sustanciación, o sea, antes del dictado de sentencia, el impetrante pierde el carácter de tercero extraño a juicio, y siendo así, queda en obligación de agotar los mecanismos de defensa ordinarios que contempla la ley reguladora del acto reclamado, pues en este caso, no está de cara a un estado de indefensión insuperable. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Décima Época, registro: 2000293. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, en Materia(s): Común, Página: 1627, intitulada: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, se aprecia que aún no se ha dictado sentencia definitiva; y por tanto, la quejosa está en plenas condiciones de incorporarse a la contienda y hacer valer los medios de defensa que correspondan. Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, cuyo rubro es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." Por tales consideraciones, se llega al convencimiento de que el quejoso no es tercero extraño al proceso de origen y por ende, no amerita el tratamiento correspondiente en esta sede. No obstante esta aclaración, se estudiará el fondo de la cuestión planteada respecto del auto admisorio reclamado, porque por la fecha en que se dio por emplazado por edictos al quejoso [cuyo periodo terminaría hasta el nueve de septiembre de dos mil veintidós, según el cómputo hecho en el proceso de origen], estaría en tiempo para formular su reclamo [considerando que compareció a esta instancia el dos de ese mes y año, esto es, antes de estuviera plenamente culminado el procedimiento de llamamiento]; y porque tal actuación está regulada por normas especiales como el artículo 966 del Código de Procesal Civil local, que prevé que las apelaciones en este negocio solo son admisibles en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, razón por la cual se considera que ese medio de defensa sería ineficaz. Orienta lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/6 K (11a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Común, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PUEDE PROMOVERSE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTARLO, SI UN RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA ES IDÓNEO PARA REVOCAR, MODIFICAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO, PERO NO RESULTA EFICAZ PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL QUEJOSO. Hechos: El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo indirecto porque estimó que la quejosa no agotó el principio de definitividad, motivo por el cual interpuso el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un recurso o medio ordinario de defensa, aunque sea idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado no resulte eficaz para salvaguardar los derechos del quejoso, por su propia naturaleza, por la forma en que se regule su sustanciación o por las circunstancias especiales que se presenten en determinado caso concreto, el particular podrá promover de inmediato el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad. Justificación: Lo anterior, porque el principio de definitividad deriva de lo previsto en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es uno de los principales ejes rectores de la procedencia del juicio de amparo y que ratifican su naturaleza como medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser solucionada por otros medios. Este principio se encuentra regulado, como causa de improcedencia de la acción constitucional, en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; hipótesis normativa que sólo resulta aplicable a los procedimientos jurisdiccionales y no para los actos propiamente administrativos, pues respecto de éstos se regula en forma específica en la fracción XX del mismo precepto. Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, consagrados en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación o carga procesal de agotar el principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo, lleva inmersa la lógica de que el recurso o medio ordinario de defensa que proceda contra el acto de autoridad que el gobernado estima lesivo de sus derechos, debe satisfacer los siguientes requisitos: I. Idoneidad. Debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y, II. Eficacia. Dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe: i. Permitir al particular el despliegue pleno de su derecho de defensa; y, ii. Regularse un procedimiento que impida la consumación irreparable en los derechos del gobernado, de los efectos que produce el acto de autoridad. Por lo que si el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la legislación procesal no satisface cualquiera de los anteriores requisitos, no existirá obligación de la quejosa de interponerlo antes de acudir al amparo." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión, por lo que hace al auto admisorio que prevé el embargo de bienes en caso de no acreditar estar al corriente en el pago de rentas. La parte quejosa sostiene que la tercera interesada embargó la cuenta donde percibe su sueldo, por lo que el juez violentó el contenido del artículo 544, fracción XIII de la Ley Procesal Civil para esta Ciudad, causándole daños de imposible reparación porque es el único medio de sustento que tiene, para cubrir sus necesidades más elementales. Los conceptos de violación son inoperantes porque no controvierten los elementos torales que sirven para informar el dictado del auto inicial del juicio de arrendamiento. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN." En el caso, el suscrito juzgador considera que los razonamientos elaborados por la parte quejosa en su demanda, no confrontan directamente las cuestiones torales que sirven para sostener un auto admisorio de juicio de arrendamiento con orden de aseguramiento, lo cual torna inoperantes sus motivos de inconformidad en la instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS." En efecto, conforme a los artículos 958 y 962 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, puede sostenerse que los elementos mínimos indispensables para emitir el auto inicial de la controversia de origen es que el actor presente el contrato escrito de arrendamiento y reclame más de dos meses de pensiones rentísticas vencidas, pues en ese caso podrá pedir que la demandada acredite estar al corriente de los pagos correspondientes, y de lo contrario, se embargarán bienes para cubrir las rentas adeudadas. Por tanto, la actualización de tales supuestos jurídicos, confrontados con las constancias del proceso natural (específicamente la demanda y los documentos base de la acción) es que lo que debió informar la defensa de la parte quejosa; y no limitarse a señalar que el embargo sobre sus cuentas violenta la disposición legal que se refiere a los bienes inembargables conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues a criterio de este órgano, tales asertos se enfocan a la diligencia de embargo y no al auto que le da origen; pues es hasta que dicha diligencia ocurre, que se precisa aquello que será materia del aseguramiento. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia XX. J/54 de la Octava Época, con registro: 213355. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, en Materia(s): Común, Página: 80, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, supuesto que no basta indicar los preceptos legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama." Decisión: Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación son inoperantes, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal respecto del auto admisorio del juicio de origen. SÉPTIMO. Improcedencia por lo que hace a la diligencia de embargo de cuatro de julio de dos mil veintidós. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la procedencia del juicio, lo aleguen o no las partes, pues es una cuestión oficiosa. En el caso, sobreviene la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Conforme a la fracción II, del precepto 5 de la Ley de Amparo, es parte dentro del juicio de amparo, la autoridad o autoridades responsables que intervengan en él y tiene tal carácter, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, la parte quejosa se duele destacadamente del embargo de una cuenta bancaria en donde dice percibir su sueldo; por ende, es inconcuso que le resulta el carácter de autoridad al Actuario adscrito al juzgado de origen, pues fue quien trabó el embargo como se ve de la diligencia de cuatro de julio de dos mil veintidós; situación que se puso plenamente del conocimiento del quejoso para que hiciera la aclaración correspondiente, en auto de veinte de octubre pasado. En efecto, el actuario adscrito a cualquier órgano jurisdiccional del ámbito federal o local, le recae el carácter de autoridad responsable, pues sus actuaciones son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de los lineamientos legales que regulan tales actos. Lo anterior se robustece por analogía, con el criterio obligatorio 3ª./J.33/90, consultable en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." Ahora bien, la causa de improcedencia del juicio se actualiza puesto que de autos se advierte que la quejosa no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veinte de octubre de dos mil veintidós para que manifestara si era su deseo señalar como responsable al Diligenciario mencionado, a fin de integrarlo a la relación procesal, por tener una participación directa en el reclamo. Ante la omisión descrita se hizo efectivo el apercibimiento de no tenerlo enjuiciado en esta causa y el dieciséis de noviembre de siguiente se proveyó lo conducente. En estas condiciones, el suscrito no puede pronunciarse en el fondo de las reclamaciones que se hacen en esta instancia sobre la regularidad del aseguramiento de la cuenta donde se dice, se recibe el salario del quejoso; pues la autoridad que ejecutó el congelamiento no fue llamada al juicio, aun cuando se requirió personalmente a la parte quejosa para regularizar su demanda de amparo, haciendo expresamente de su conocimiento la participación de la diligenciaria. Por lo tanto, si otro acto reclamado es el embargo trabado en el proceso natural, éste es atribuible única y exclusivamente a la diligenciaria encargada de su encomienda; ante la omisión de la parte quejosa de señalar a la autoridad que intervino en esa diligencia, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de amparo. Se cita como sustento la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa VII.A.T.J/6, del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Atento a lo anterior, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa y de la prueba aportada, pues por la omisión apuntada, opera una causal de improcedencia del presente juicio. Sirve de apoyo el criterio obligatorio VI.1o.J/23 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Octava época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a..., contra actos del Juez Septuagésimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el sexto considerando de este fallo. SEGUNDO. Se SOBRESEE el juicio promovido por..., contra actos del Juez Septuagésimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 927/2022; ..., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; con fundamento en el numeral 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez, asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Apersonamiento de la moral tercera interesada. En este acto se da cuenta con el escrito electrónico registrado con el folio 517. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese el ocurso de cuenta de la moral tercera interesada, atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones en vía de alegatos, por anunciada la prueba documental que indica y por invocada la causal de improcedencia que refiere, las cuales se ordenan hacer relación en el periodo correspondiente. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la moral tercera interesada ofreció la documental descrita en el escrito de cuenta. Al respecto se provee: Se admite y desahoga la prueba aludida, por su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la tercera interesada los formuló e invocó causal de improcedencia; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el encargado del despacho con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

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