Luis Enrique García Salazar

Expediente 530/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
530/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique García Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https: //www. cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites..htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL CINCO DE JULIO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver el juicio de amparo 530/2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Quinto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El doce de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable mencionada, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se remitió a este órgano federal, donde se admitió el dieciocho de mayo siguiente; dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió el informe justificado; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, se emplazó a la tercera interesada y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, seguido ante un órgano del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la moral quejosa reclama la interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitida en el juicio oral mercantil ********************por el Juez Vigésimo Quinto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México que resolvió el incidente de liquidación de sentencia y la condenó al pago de ********************, por concepto de intereses moratorios, del siete de junio de dos mil veintiuno al siete de junio de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juez responsable aceptó el acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural que se remitieron y gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las precisiones que se advierten de las constancias remitidas: 1. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil oral de origen, la cual concluyó en los términos siguientes: "- - - PRIMERO.- Ha sido procedente la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL ORAL, intentada por la 'parte actora', quien justificó parcialmente los hechos constitutivos de sus pretensiones; y la 'parte demandada' opuso excepciones.- - - - SEGUNDO.- Se condena a la 'parte demandada', a pagar a la 'parte actora' o a quien sus derechos legalmente la represente, la cantidad de ********************, por concepto de suerte principal, importe que deberá cubrir dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente a aquel en que esta sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso de no hacerlo al término del mismo, se procederá a la ejecución forzosa.- En el entendido, que deberán tomarse en consideración los cinco pagos mensuales por la cantidad cada uno de ********************, referidos por el actor, mismos que arrojan un total ********************, los cuales deben aplicarse a intereses y en caso de existir remanente se deberá de tomar a cuenta de capital, para lo cual la parte actora deberá promover el incidente correspondiente. - - - TERCERO.- Se condena a la 'parte demandada', a pagar a la 'parte actora' ó a quien sus derechos legalmente la represente, los intereses moratorios a razón de la tasa del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual, a partir del seis de junio de dos mil diecisiete y hasta el pago total del adeudo, importe que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia, previo incidente que se promueva al respecto.- - - - CUARTO.- Se absuelve a 'la parte demandada' del pago de costas causadas en esta instancia, por los razonamientos vertidos en el Considerando II de este fallo.- - - - QUINTO.- Se tienen por notificadas a las partes, del contenido de la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio.- [.]" 2. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, el tercero interesado promovió incidente de liquidación de intereses moratorios causados por el periodo del siete de junio de dos mil veintiuno al siete de junio de dos mil veintidós, que se admitió el catorce del mismo mes y año, ordenándose el llamamiento personal del quejoso. 3. El dieciocho de abril de la presente anualidad, se dictó la interlocutoria que condenó al peticionario a pagar ********************, por concepto de intereses moratorios, del siete de junio de dos mil veintiuno al siete de junio de dos mil veintidós. Esta resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso aduce que el acto reclamado vulnera sus derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, por lo siguiente: a) El juez responsable aplicó incorrectamente el artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues se basó en una operación matemática simple para llegar a la suma condenada. b) Incorrectamente la autoridad responsable suplió la deficiencia y falta de técnica jurídica de su contraparte, y con ello se excedió en sus facultades. Ello es así, pues la tabla propuesta por su contraria resulta incorrecta, pues calculó con exceso los accesorios y con ello pretende obtener un beneficio que no le corresponde. c) Su contraria no ofreció prueba alguna para demostrar su pretensión, pues el juez es perito en derecho, no en contabilidad y/o cálculos matemáticos y actuaría. Por ello, la omisión de su contraria de anunciar pruebas y expresar de forma clara y precisa, de dónde y por qué obtiene los importes reclamados, es ilegal. Decisión: El concepto de violación a) es inoperante y los restantes infundados. Los conceptos de violación devienen inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es De rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.". Uno de esos impedimentos se presenta cuando lo alegado parte de una premisa falsa, lo que ocurre en el caso pues el quejoso argumenta que la autoridad aplicó incorrectamente el artículo 515 de la legislación procesal civil para esta entidad; empero, el procedimiento incidental de origen deriva de un juicio ejecutivo mercantil oral, de modo que su tramitación se rige por el numeral 1348 del Código de Comercio, que establece expresamente las condiciones y forma en que ha de darse curso a ese tipo de procedimiento. Lo anterior, pues así lo dispone el numeral 1,390 Ter 15 de la legislación mercantil, que dice: "Art. 1,390 Ter 15. La ejecución de los convenios celebrados ante los jueces de Proceso Oral y de las resoluciones dictadas por éstos conforme a este Título, se hará en lo conducente en los términos previstos para la ejecución de los juicios ejecutivos reguladas en el Título Tercero, así como a lo dispuesto en el Título Primero, del Libro Quinto de este Código." Por ello, se afirma que la norma regulatoria del incidente natural es el artículo 1348 de la legislación mercantil, que está contenido en el titulo primero del libro quinto de dicha normatividad. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis III.5o.C.2 C (11a.), de la Undécima Época, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. A LOS ESCRITOS EN LOS QUE SE PROMUEVE, COMO EL QUE DA CONTESTACIÓN AL INCIDENTE RELATIVO, DEBEN ACOMPAÑARSE LAS PRUEBAS EN LAS QUE SE FUNDE LA PRETENSIÓN, EXCEPCIÓN O DEFENSA OPUESTA RESPECTIVA. Hechos: La parte actora incidentista alegó, como violación procesal dentro de la etapa de ejecución de sentencia en un juicio oral mercantil, que la responsable no debió requerir a la demandada incidental para que exhibiera el contrato que ofreció como prueba al desahogar la vista que se le dio con la planilla de liquidación de intereses, con base en el argumento de que es su obligación acompañar materialmente dicha documental a su escrito de contestación, o bien, manifestar bajo protesta de decir verdad que la requirió y no le fue proporcionada, así como exhibir el acuse correspondiente; por tanto, la admisión de la prueba documental cuya presentación se omitió en los términos relatados, resulta contraria a lo previsto en el artículo 1061 del Código de Comercio. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los juicios orales mercantiles, a los escritos en los que se promueve el incidente de liquidación de sentencia, como el diverso en el que se contesta, deben acompañarse las pruebas con las que se sustenten, respectivamente, la pretensión de la liquidación, o bien, la excepción o defensa opuesta respectiva. Justificación: Lo anterior, porque el trámite de la ejecución de sentencia en los juicios orales mercantiles, al carecer de reglas especiales, debe ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 1346 a 1348, conforme al diverso 1390 Bis 50, todos del Código de Comercio; no obstante ello, en virtud de que dichos preceptos tampoco prevén los requisitos o formalidades a satisfacer en el escrito en el que se demanda incidentalmente la liquidación de los conceptos de condena contenidos en la sentencia, ni tampoco el diverso de contestación correspondiente, debe concluirse que se está en presencia de lo que se denomina "vacío legislativo"; por tanto, para subsanarlo debe tenerse en consideración que si bien este tipo de incidentes son una extensión del juicio principal, lo cierto es que se constituyen en procedimientos contenciosos autónomos, con una tramitación independiente y una estructura procesal equiparable a la de un juicio; características que permiten la aplicación analógica de las diversas reglas previstas en los artículos 1390 Bis 8, 1390 Bis 11, 1390 bis 13 y 1061, fracciones III y IV, del Código de Comercio, de las que deriva la obligación de las partes actora y demandada incidentista de acompañar a su respectivo escrito las pruebas en las que sustenten su pretensión, so pena que, de no hacerlo, no procederá su admisión posteriormente." Además, en la resolución reclamada la autoridad responsable no empleó el artículo cuya aplicación incorrecta argumenta el quejoso. De ahí que sea dable afirmar que el motivo de disenso a), tiene su origen en una premisa falsa, lo que conlleva a calificarlo como inoperante. Se invoca la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), Décima Época, en Materia(s): Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." En otro orden, es infundado el motivo de disenso por lo que ve a los argumentos donde combate la planilla de liquidación propuesta y su aprobación. Para sostener dicha afirmación, en principio es importante tener en cuenta que el principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.". En el caso, contrario a lo alegado por la quejosa, la autoridad responsable se apegó al parámetro de constitucionalidad aludido, pues en el acto reclamado determinó que era procedente la vía incidental y aprobó la planilla presentada, con base en los siguientes aspectos: - Tomó en cuenta que en el fallo definitivo se condenó a la parte demandada a pagar intereses moratorios a razón de una tasa del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el importe de ********************. Sostuvo que el interés mensual de dicho monto es de ********************. - Luego, refirió que del siete de junio de dos mil veintiuno al siete de junio de dos mil veintidós, transcurrieron doce meses, lo cual arrojó un total de ********************. Dichas operaciones son acordes a la sentencia definitiva, que condenó a la parte quejosa a pagar lo siguiente: - Por concepto de suerte principal ******************** -monto base para la cuantificación de los intereses moratorios-; y - Los intereses moratorios a razón del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual. También son acordes con la planilla de liquidación por el periodo reclamado por la parte demandada, que en su escrito incidental refirió: "Por concepto de Intereses Moratorios en cuanto al Pagare valioso por la cantidad de ********************causados por el periodo transcurrido del 07 de Junio del Año 2021 al 07 de Junio del Año 2022, arroja la cantidad de ********************, ya que ha transcurrido 01 año. La anterior cantidad resulta de las operaciones aritméticas siguientes, mismas que me permito adjuntar al presente Incidente de Liquidación de Intereses Moratorios. (SUERTE PRINCIPAL) ********************X 2.5% Mensual = $45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) X 12 MESES = ********************." Es por ello que, contrario a lo argumentado por la parte quejosa en el motivo de disenso b), la autoridad utilizó los parámetros definidos en la sentencia definitiva y en la planilla propuesta, para el cálculo relativo a la cuantificación de lo adeudado por concepto de intereses moratorios por el periodo reclamado. Tampoco asiste la razón al quejoso cuando alega que la autoridad se excedió en sus facultades, pues como se vio, su actuación atendió a las constancias que obran en el juicio natural, y los derechos involucrados. Además, en el supuesto no concedido de que hubiera ajustado la planilla, esa facultad la tiene al ser rector del procedimiento, y únicamente opera para el caso de que el monto reclamado por la actora sea superior al que realmente le corresponde, lo que no ocurrió. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 35/97, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada." También deviene infundado lo alegado en el concepto de violación c), donde refiere que el juez responsable únicamente es perito en derecho y no en contabilidad o actuaría, y que su contraparte omitió ofrecer pruebas para sostener su pretensión (si bien el quejoso no precisa cuáles pruebas, se puede inferir que su argumento está encaminado a sugerir que debió haber periciales para tal efecto). Sobre ese tema, se debe tener en cuenta que el numeral 1252 del Código de Comercio, señala entre otras cosas, que la viabilidad de admitir una prueba pericial sólo se justifica cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, más no cuando sólo se refieran a simples operaciones aritméticas o similares. En ese sentido, contrario a lo alegado en el motivo de disenso c), era innecesario que la parte tercera interesada ofreciera alguna prueba para que el juez pudiera resolver lo atinente a la incidencia, pues su objeto es cuantificar los intereses moratorios, para lo cual únicamente es necesario realizar operaciones aritméticas. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis I.4o.C.121 C, de la Novena Época, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materia Civil, que dice: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. NO ES INDISPENSABLE EN TODOS LOS CASOS EL DICTAMEN DE PERITOS. De la interpretación de los artículos 1252 y 1348 del Código de Comercio, 346 y 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación con el 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se obtiene que, para la liquidación de intereses los dictámenes de expertos son elementos auxiliares, sólo indispensables para cuantificar la condena, si la cuestión planteada atañe a la demostración y explicación de operaciones para las que se requieran conocimientos, prácticas o experiencias especiales del ejercicio de un oficio, ciencia o arte, distintos a los comprendidos en los programas de formación y educación para proporcionar una cultura media, o a las prácticas habituales en un medio social determinado, entre la gente de mediana educación y experiencia, pues en los demás casos, los dictámenes sólo constituyen medios auxiliares destinados a facilitar la labor del juzgador y darle mayor seguridad en sus determinaciones, pero no opiniones indispensables para la resolución del asunto, de modo que aun sin ellas, el juzgador queda en condiciones de definir la cuestión, mediante la realización de actos u operaciones correspondientes al campo atinente, que sean del dominio del juzgador, como parte de la educación recibida para alcanzar la profesión que se le exige para ocupar el cargo de Juez, Magistrado, o equivalente, pertenecientes a la práctica general en ese medio, especialmente si no se necesitan mecanismos, aparatos, maquinaria o instrumentos de manejo reservado a los especialistas, y esto lo debe hacer mediante el análisis cuidadoso y profesional de las constancias existentes en autos, examinados en lo individual y en conjunto, explorando todas las posibles relaciones existentes entre ellos, para definir conforme a la lógica y acorde con las máximas de experiencia, la cantidad líquida objeto de la condena. Esto sucede, por ejemplo, cuando para la liquidación de intereses únicamente se necesita el empleo de operaciones aritméticas con un grado ordinario de dificultad, que se enseñan en la educación inicial y media, consideradas de uso común, como la aplicación de porcentajes a ciertas cantidades, sobre todo en atención a que en la actualidad se ha incrementado notablemente el acceso generalizado, a precios bajos, de instrumentos para garantizar la exactitud de los resultados, como las calculadoras simples." Por esa razón, deviene infundado el motivo de disenso en la parte que se analiza. En ese sentido, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra actos del Juez Vigésimo Quinto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por los motivos precisados en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 530/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento del tercero interesado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que no se formularon y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 530/2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Quinto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El doce de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable mencionada, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se remitió a este órgano federal, donde se admitió el dieciocho de mayo siguiente; dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió el informe justificado; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, se emplazó a la tercera interesada y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, seguido ante un órgano del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la moral quejosa reclama la interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitida en el juicio oral mercantil ********************por el Juez Vigésimo Quinto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México que resolvió el incidente de liquidación de sentencia y la condenó al pago de ********************, por concepto de intereses moratorios, del siete de junio de dos mil veintiuno al siete de junio de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juez responsable aceptó el acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural que se remitieron y gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las precisiones que se advierten de las constancias remitidas: 1. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil oral de origen, la cual concluyó en los términos siguientes: "- - - PRIMERO.- Ha sido procedente la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL ORAL, intentada por la 'parte actora', quien justificó parcialmente los hechos constitutivos de sus pretensiones; y la 'parte demandada' opuso excepciones.- - - - SEGUNDO.- Se condena a la 'parte demandada', a pagar a la 'parte actora' o a quien sus derechos legalmente la represente, la cantidad de ********************, por concepto de suerte principal, importe que deberá cubrir dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente a aquel en que esta sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso de no hacerlo al término del mismo, se procederá a la ejecución forzosa.- En el entendido, que deberán tomarse en consideración los cinco pagos mensuales por la cantidad cada uno de ********************, referidos por el actor, mismos que arrojan un total ********************, los cuales deben aplicarse a intereses y en caso de existir remanente se deberá de tomar a cuenta de capital, para lo cual la parte actora deberá promover el incidente correspondiente. - - - TERCERO.- Se condena a la 'parte demandada', a pagar a la 'parte actora' ó a quien sus derechos legalmente la represente, los intereses moratorios a razón de la tasa del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual, a partir del seis de junio de dos mil diecisiete y hasta el pago total del adeudo, importe que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia, previo incidente que se promueva al respecto.- - - - CUARTO.- Se absuelve a 'la parte demandada' del pago de costas causadas en esta instancia, por los razonamientos vertidos en el Considerando II de este fallo.- - - - QUINTO.- Se tienen por notificadas a las partes, del contenido de la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio.- [.]" 2. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, el tercero interesado promovió incidente de liquidación de intereses moratorios causados por el periodo del siete de junio de dos mil veintiuno al siete de junio de dos mil veintidós, que se admitió el catorce del mismo mes y año, ordenándose el llamamiento personal del quejoso. 3. El dieciocho de abril de la presente anualidad, se dictó la interlocutoria que condenó al peticionario a pagar ********************, por concepto de intereses moratorios, del siete de junio de dos mil veintiuno al siete de junio de dos mil veintidós. Esta resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso aduce que el acto reclamado vulnera sus derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, por lo siguiente: a) El juez responsable aplicó incorrectamente el artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues se basó en una operación matemática simple para llegar a la suma condenada. b) Incorrectamente la autoridad responsable suplió la deficiencia y falta de técnica jurídica de su contraparte, y con ello se excedió en sus facultades. Ello es así, pues la tabla propuesta por su contraria resulta incorrecta, pues calculó con exceso los accesorios y con ello pretende obtener un beneficio que no le corresponde. c) Su contraria no ofreció prueba alguna para demostrar su pretensión, pues el juez es perito en derecho, no en contabilidad y/o cálculos matemáticos y actuaría. Por ello, la omisión de su contraria de anunciar pruebas y expresar de forma clara y precisa, de dónde y por qué obtiene los importes reclamados, es ilegal. Decisión: El concepto de violación a) es inoperante y los restantes infundados. Los conceptos de violación devienen inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es De rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.". Uno de esos impedimentos se presenta cuando lo alegado parte de una premisa falsa, lo que ocurre en el caso pues el quejoso argumenta que la autoridad aplicó incorrectamente el artículo 515 de la legislación procesal civil para esta entidad; empero, el procedimiento incidental de origen deriva de un juicio ejecutivo mercantil oral, de modo que su tramitación se rige por el numeral 1348 del Código de Comercio, que establece expresamente las condiciones y forma en que ha de darse curso a ese tipo de procedimiento. Lo anterior, pues así lo dispone el numeral 1,390 Ter 15 de la legislación mercantil, que dice: "Art. 1,390 Ter 15. La ejecución de los convenios celebrados ante los jueces de Proceso Oral y de las resoluciones dictadas por éstos conforme a este Título, se hará en lo conducente en los términos previstos para la ejecución de los juicios ejecutivos reguladas en el Título Tercero, así como a lo dispuesto en el Título Primero, del Libro Quinto de este Código." Por ello, se afirma que la norma regulatoria del incidente natural es el artículo 1348 de la legislación mercantil, que está contenido en el titulo primero del libro quinto de dicha normatividad. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis III.5o.C.2 C (11a.), de la Undécima Época, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. A LOS ESCRITOS EN LOS QUE SE PROMUEVE, COMO EL QUE DA CONTESTACIÓN AL INCIDENTE RELATIVO, DEBEN ACOMPAÑARSE LAS PRUEBAS EN LAS QUE SE FUNDE LA PRETENSIÓN, EXCEPCIÓN O DEFENSA OPUESTA RESPECTIVA. Hechos: La parte actora incidentista alegó, como violación procesal dentro de la etapa de ejecución de sentencia en un juicio oral mercantil, que la responsable no debió requerir a la demandada incidental para que exhibiera el contrato que ofreció como prueba al desahogar la vista que se le dio con la planilla de liquidación de intereses, con base en el argumento de que es su obligación acompañar materialmente dicha documental a su escrito de contestación, o bien, manifestar bajo protesta de decir verdad que la requirió y no le fue proporcionada, así como exhibir el acuse correspondiente; por tanto, la admisión de la prueba documental cuya presentación se omitió en los términos relatados, resulta contraria a lo previsto en el artículo 1061 del Código de Comercio. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los juicios orales mercantiles, a los escritos en los que se promueve el incidente de liquidación de sentencia, como el diverso en el que se contesta, deben acompañarse las pruebas con las que se sustenten, respectivamente, la pretensión de la liquidación, o bien, la excepción o defensa opuesta respectiva. Justificación: Lo anterior, porque el trámite de la ejecución de sentencia en los juicios orales mercantiles, al carecer de reglas especiales, debe ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 1346 a 1348, conforme al diverso 1390 Bis 50, todos del Código de Comercio; no obstante ello, en virtud de que dichos preceptos tampoco prevén los requisitos o formalidades a satisfacer en el escrito en el que se demanda incidentalmente la liquidación de los conceptos de condena contenidos en la sentencia, ni tampoco el diverso de contestación correspondiente, debe concluirse que se está en presencia de lo que se denomina "vacío legislativo"; por tanto, para subsanarlo debe tenerse en consideración que si bien este tipo de incidentes son una extensión del juicio principal, lo cierto es que se constituyen en procedimientos contenciosos autónomos, con una tramitación independiente y una estructura procesal equiparable a la de un juicio; características que permiten la aplicación analógica de las diversas reglas previstas en los artículos 1390 Bis 8, 1390 Bis 11, 1390 bis 13 y 1061, fracciones III y IV, del Código de Comercio, de las que deriva la obligación de las partes actora y demandada incidentista de acompañar a su respectivo escrito las pruebas en las que sustenten su pretensión, so pena que, de no hacerlo, no procederá su admisión posteriormente." Además, en la resolución reclamada la autoridad responsable no empleó el artículo cuya aplicación incorrecta argumenta el quejoso. De ahí que sea dable afirmar que el motivo de disenso a), tiene su origen en una premisa falsa, lo que conlleva a calificarlo como inoperante. Se invoca la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), Décima Época, en Materia(s): Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." En otro orden, es infundado el motivo de disenso por lo que ve a los argumentos donde combate la planilla de liquidación propuesta y su aprobación. Para sostener dicha afirmación, en principio es importante tener en cuenta que el principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.". En el caso, contrario a lo alegado por la quejosa, la autoridad responsable se apegó al parámetro de constitucionalidad aludido, pues en el acto reclamado determinó que era procedente la vía incidental y aprobó la planilla presentada, con base en los siguientes aspectos: - Tomó en cuenta que en el fallo definitivo se condenó a la parte demandada a pagar intereses moratorios a razón de una tasa del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el importe de ********************. Sostuvo que el interés mensual de dicho monto es de ********************. - Luego, refirió que del siete de junio de dos mil veintiuno al siete de junio de dos mil veintidós, transcurrieron doce meses, lo cual arrojó un total de ********************. Dichas operaciones son acordes a la sentencia definitiva, que condenó a la parte quejosa a pagar lo siguiente: - Por concepto de suerte principal ******************** -monto base para la cuantificación de los intereses moratorios-; y - Los intereses moratorios a razón del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual. También son acordes con la planilla de liquidación por el periodo reclamado por la parte demandada, que en su escrito incidental refirió: "Por concepto de Intereses Moratorios en cuanto al Pagare valioso por la cantidad de ********************causados por el periodo transcurrido del 07 de Junio del Año 2021 al 07 de Junio del Año 2022, arroja la cantidad de ********************, ya que ha transcurrido 01 año. La anterior cantidad resulta de las operaciones aritméticas siguientes, mismas que me permito adjuntar al presente Incidente de Liquidación de Intereses Moratorios. (SUERTE PRINCIPAL) ********************X 2.5% Mensual = $45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) X 12 MESES = ********************." Es por ello que, contrario a lo argumentado por la parte quejosa en el motivo de disenso b), la autoridad utilizó los parámetros definidos en la sentencia definitiva y en la planilla propuesta, para el cálculo relativo a la cuantificación de lo adeudado por concepto de intereses moratorios por el periodo reclamado. Tampoco asiste la razón al quejoso cuando alega que la autoridad se excedió en sus facultades, pues como se vio, su actuación atendió a las constancias que obran en el juicio natural, y los derechos involucrados. Además, en el supuesto no concedido de que hubiera ajustado la planilla, esa facultad la tiene al ser rector del procedimiento, y únicamente opera para el caso de que el monto reclamado por la actora sea superior al que realmente le corresponde, lo que no ocurrió. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 35/97, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada." También deviene infundado lo alegado en el concepto de violación c), donde refiere que el juez responsable únicamente es perito en derecho y no en contabilidad o actuaría, y que su contraparte omitió ofrecer pruebas para sostener su pretensión (si bien el quejoso no precisa cuáles pruebas, se puede inferir que su argumento está encaminado a sugerir que debió haber periciales para tal efecto). Sobre ese tema, se debe tener en cuenta que el numeral 1252 del Código de Comercio, señala entre otras cosas, que la viabilidad de admitir una prueba pericial sólo se justifica cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, más no cuando sólo se refieran a simples operaciones aritméticas o similares. En ese sentido, contrario a lo alegado en el motivo de disenso c), era innecesario que la parte tercera interesada ofreciera alguna prueba para que el juez pudiera resolver lo atinente a la incidencia, pues su objeto es cuantificar los intereses moratorios, para lo cual únicamente es necesario realizar operaciones aritméticas. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis I.4o.C.121 C, de la Novena Época, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materia Civil, que dice: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. NO ES INDISPENSABLE EN TODOS LOS CASOS EL DICTAMEN DE PERITOS. De la interpretación de los artículos 1252 y 1348 del Código de Comercio, 346 y 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación con el 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se obtiene que, para la liquidación de intereses los dictámenes de expertos son elementos auxiliares, sólo indispensables para cuantificar la condena, si la cuestión planteada atañe a la demostración y explicación de operaciones para las que se requieran conocimientos, prácticas o experiencias especiales del ejercicio de un oficio, ciencia o arte, distintos a los comprendidos en los programas de formación y educación para proporcionar una cultura media, o a las prácticas habituales en un medio social determinado, entre la gente de mediana educación y experiencia, pues en los demás casos, los dictámenes sólo constituyen medios auxiliares destinados a facilitar la labor del juzgador y darle mayor seguridad en sus determinaciones, pero no opiniones indispensables para la resolución del asunto, de modo que aun sin ellas, el juzgador queda en condiciones de definir la cuestión, mediante la realización de actos u operaciones correspondientes al campo atinente, que sean del dominio del juzgador, como parte de la educación recibida para alcanzar la profesión que se le exige para ocupar el cargo de Juez, Magistrado, o equivalente, pertenecientes a la práctica general en ese medio, especialmente si no se necesitan mecanismos, aparatos, maquinaria o instrumentos de manejo reservado a los especialistas, y esto lo debe hacer mediante el análisis cuidadoso y profesional de las constancias existentes en autos, examinados en lo individual y en conjunto, explorando todas las posibles relaciones existentes entre ellos, para definir conforme a la lógica y acorde con las máximas de experiencia, la cantidad líquida objeto de la condena. Esto sucede, por ejemplo, cuando para la liquidación de intereses únicamente se necesita el empleo de operaciones aritméticas con un grado ordinario de dificultad, que se enseñan en la educación inicial y media, consideradas de uso común, como la aplicación de porcentajes a ciertas cantidades, sobre todo en atención a que en la actualidad se ha incrementado notablemente el acceso generalizado, a precios bajos, de instrumentos para garantizar la exactitud de los resultados, como las calculadoras simples." Por esa razón, deviene infundado el motivo de disenso en la parte que se analiza. En ese sentido, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra actos del Juez Vigésimo Quinto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por los motivos precisados en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO

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