Luis Eliud Méndez Zamudio

Expediente 236/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
236/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Luis Eliud Méndez Zamudio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta ...; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la sentencia que sobreseyó y negó el amparo HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que el juez responsable remitió un legajo de constancias, en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas anotaciones en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del caso ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; el sumario es susceptible de depuración, en razón de que se sobreseyó y negó el amparo. No obra documento en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el cuaderno integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este juzgado, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal al quejoso la sentencia engrosada el veinte de mayo actual, dado que señaló los estrados de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA dicha resolución, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTE DE MAYO ACTUAL, SEÑALA: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 236/2020, promovido por ..., contra actos del Congreso y Jefa de Gobierno; Juez Sexagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia, y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. El cinco de marzo de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. Por cuestión de turno, la demanda se remitió a este Juzgado Federal, quien la admitió a trámite por auto de seis de marzo de dicha anualidad. En ese acuerdo el suscrito dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió informe justificado a las autoridades responsables; ordenó llamar a la parte tercera interesada; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que la responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracciones I y V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos legislativos con aplicación dentro de un proceso de naturaleza civil, seguido en un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como acto reclamado: La parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que dispone: "ARTICULO 262 Cuando se trate de demandas por controversias sobre bienes inmuebles, el Juez ordenará la anotación preventiva de la misma ante el Registro Público de la Propiedad, de conformidad a las disposiciones aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, siempre que previamente el actor otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se causen al demandado, la que deberá ser fijada al prudente arbitrio del Juez." Y como acto de aplicación, señala el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, emitido en el juicio ordinario civil (acción pro forma) 1039/2019 del índice del Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil de esta ciudad. Dicho acuerdo atendió la petición el quejoso respecto de la inscripción de la demanda; y al efecto señaló la autoridad que se acordaría lo conducente una vez que exhibiera el avalúo del inmueble objeto del proceso, para fijar fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a su contrario. TERCERO. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado, el Juez responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama; lo que además se corrobora con las documentales que anexó a su informe, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. También lo aceptaron la Jefa de Gobierno y el Congreso, ambos de la Ciudad de México; por lo que así se tendrá exclusivamente por lo que a estas autoridades se atribuye conforme a sus funciones. Por su parte, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados; lo cual será materia de estudio en el siguiente considerando. CUARTO. Inexistencia del acto por lo que ve al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. Al rendir su informe, esta parte NEGÓ la existencia del acto que se le reclama; y a consideración del suscrito, dicha negativa debe prevalecer, pues lo cierto es que el auto emitido por el juez, no impone un deber de ejecutar para la autoridad registral, por el contrario, condiciona dicha actuación hasta en tanto se exhiba el avalúo; y por otro lado, tampoco corresponde entre sus funciones, la de emitir actos legislativos; por lo que a criterio de este órgano, dicha entidad registral no tiene participación en la emisión de los actos reclamados o su ejecución. En efecto, conforme a los artículos 81 y 86 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia del acto reclamado; y en el caso, éste omitió aportar pruebas para desvirtuar las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable en su informe, o demostrar que excepcionalmente la entidad registral tuvo una participación en la emisión del auto reclamado. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.20 J/308, visible en la página 77, del tomo XIII, Agosto de 1994, Octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Máxime que si no hay orden para que inscriba, no puede presumirse una posible participación, pues del artículo 3018 del código civil para esta ciudad se colige que solo le permite hacer anotaciones cuando así se le solicita, y no de manera oficiosa. De ahí que la negativa de la existencia de estos reclamos, debe prevalecer para efectos procesales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, de la Octava Época, en Materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, visible en la página 627, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México; con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER el presente juicio, respecto de los reclamos a dicha entidad, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento sobre el contenido de su informe, atento a que la existencia del reclamo es una presupuesto lógico de la contienda, que al no estar satisfecho, hace innecesario abordar otros aspectos que derivan del hecho inexistente. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a decidir en este asunto, es necesario narrar los antecedentes de los actos reclamados: 1. El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso promovió juicio ordinario civil en contra de la sucesión a bienes de ..., demandando el otorgamiento de firma y escritura respecto del inmueble ubicado en ..., en esta ciudad; la declaración de dominio pleno sobre el mismo; y el pago de gastos y costas 2. La demanda se previno el veintidós de octubre siguiente; y aclarada, se admitió el seis de noviembre de dos mil diecinueve. 3. El catorce de febrero de dos mil diecinueve el actor solicitó la inscripción provisional de la demanda, a lo que recayó el auto de dieciocho siguiente, en el que se condicionó proveer sobre su petición hasta exhibir un avalúo del inmueble vinculado al litigio, para fijar caución por daños y perjuicios que se pudieran causar al demandado. Este es el acto reclamado SEXTO. Causales de improcedencia. Al ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe examinar la procedencia del juicio. Al rendir su informe, la defensa del Ejecutivo de la Ciudad de México señaló que el presente juicio es improcedente por no agotarse el principio de definitividad. La causal de improcedencia debe desestimarse, Ello es así, porque el caso impone estudiar la regularidad constitucional de una norma, por lo cual se surte una excepción al principio de definitividad, que hace dispensable exigir a la impetrante agotar algún medio de defensa. Al efecto se invoca la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2000 de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, en Materia(s): Constitucional, Común, Página: 133, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que dichos preceptos tienen como objetivo primordial determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose ésta como aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto; y que para estar en tales supuestos, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, o bien, todas las etapas procesales, en tratándose de actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio. Sin embargo, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio. En este supuesto, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos, siempre y cuando esté demostrada la aplicación de la ley, de manera tal que no basta la afirmación del quejoso en ese sentido para que el juicio resulte procedente contra todos los actos reclamados." Por lo expuesto, no se surte la improcedencia invocada. Al no haberse referido una diversa causal, y toda vez que el suscrito no advierte oficiosamente la actualización de alguna otra en el presente asunto, procede realizar el estudio de fondo. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación dirigidos a combatir la regularidad constitucional del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. En atención a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes, el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse al que concierne a su acto de aplicación, de manera que por cuestión de orden y método, se atiende preferentemente la cuestión de inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo, ya que en el caso a estudio es procedente en cuanto a su acto de aplicación. En apoyo a lo dicho, se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, con registro digital: 191311. Novena Época, en Materias(s): Constitucional, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." En esencia, el quejoso sostiene que es injustificado garantizar posibles daños y perjuicios al demandado con motivo de la inscripción de la demanda, solicitada vía cautelar. Y al efecto indica que esta medida particular no tiene relación con el aseguramiento del bien, pues no limita, grava o afecta el bien inmerso con la controversia, pues constituye solo un acto publicitario que sirve para enterar a terceros sobre la existencia del juicio. Así, la porción normativa del artículo atacado no justifica la imposición de fianza, pues los alcances publicitarios de la anotación no afectan al bien; máxime que las características que rigen a las medidas cautelares no rigen o responden a los casos que harían necesario enterar una caución, pues ello solo es dable cuando se afecta la esfera patrimonial del afectado. Decisión: Son infundados los planteamientos de la quejosa respecto de la inconstitucionalidad de normas. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se analizarán y contestarán en su conjunto dichos motivos de inconformidad. Las medidas cautelares constituyen las herramientas con las cuales se busca preservar la materia del litigio o evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso; así, las providencias tienden a evitar que sea inútil o poco fructífero el fallo que se llegue a dictar en el mismo. De esta forma, al estar diseñadas para lograr la plena efectividad de las resoluciones, las medidas cautelares tienen su fundamento, destacadamente en el artículo 17 de la Constitución Federal, párrafos primero, segundo y séptimo, que disponen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones." Ahora bien, al fallar la contradicción de tesis 103/2016, derivando en la jurisprudencia 1a./J. 9/2017 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordó los alcances y naturaleza de la medida cautelar consistente en la anotación registral de una demanda, lo cual hizo en los siguientes términos: "En relación con la medida cautelar consistente en la anotación registral de una demanda, Aldo Bacre expone que la también llamada "anotación de litis" tiene su origen en la regulación de los juicios en los que se demandaba la propiedad de bienes inmuebles o la declaración, constitución, modificación o extinción de cualquier derecho real, referidas siempre a pretensiones reales sobre bienes inmuebles; lo que posteriormente se amplió para comprender acciones personales. El mismo autor define la anotación de litis como "la medida cautelar que tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles o muebles registrables, frente a la posibilidad de que las sentencias que en ellos recaigan hayan de ser opuestas a terceros adquirentes del bien litigioso a cuyo favor se constituya el derecho real sobre el mismo." Y agrega que constituye una medida de seguridad a favor de quien la obtiene, porque con motivo de la publicidad que pretende, no implica la transferencia del bien afectado, pero quien lo adquiera estará informado de la existencia de la anotación y de la naturaleza del litigio, por lo que no podría ampararse en la presunción de buena fe para el caso de que quien pidió la medida resultare ganador en el proceso. (.) Para ..., se trata de una medida cautelar cuyo objeto "es la publicidad de la litis, de modo que el tercer adquirente del inmueble, o aquel en cuyo favor se constituye un derecho real, no puedan alegar ignorancia, debiendo soportar, en consecuencia, los efectos de la sentencia". No obstante, la Constitución Federal también prevé para todos los contendientes dentro de las controversias, una serie de prerrogativas que integran el derecho al debido proceso, reconocido en su artículo 14. Uno de los postulados que nacen de este derecho fundamental es la igualdad procesal, conforme a la cual, se procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales de modo que exista un equilibrio que permita una contienda en óptimas condiciones para todos los implicados. Este principio no implica una igualdad aritmética o simétrica; lo que sí exige es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra. Lo anterior se ilustra con la tesis 1a. CCCXLVI/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2018777, de la Décima Época, en Materias(s): Constitucional, Común, que dispone: "PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES. El derecho al debido proceso, reconocido por los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el necesario para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. En ese sentido, la igualdad procesal de las partes, inmersa en el derecho al debido proceso, está íntimamente relacionada con el derecho de contradicción y constituye el núcleo fundamental del derecho de audiencia que consiste, en esencia, en que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición. Así, por el principio de igualdad procesal, se procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, pero también se erige como una regla de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener, en lo posible, esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra; de ahí que las pequeñas desigualdades que pueda haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido." Este equilibrio es lo que justifica constitucionalmente que las medidas cautelares contemplen a la par la fijación de una garantía para asegurar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de su otorgamiento; y es que con esa caución se evita poner en una posición privilegiada al solicitante de la providencia sin alguna especie de remedio para el contrario, quien habría soportado el acto de molestia, aún si la acción principal o de fondo no fuese favorable. A lo que se suma, desde luego, que no se sufra una afectación injustificada al patrimonio mediante el diseño de un mecanismo o herramienta procesal, como son las providencias. En el caso, la parte quejosa medularmente sostiene que la norma combatida es contraria a la Ley Fundamental, dado que no hay justificación para garantizar posibles daños y perjuicios al demandado con motivo de la inscripción de la demanda, ya que no se afecta directamente al inmueble, sino que es un medio meramente publicitario sin afectar directamente al patrimonio o al bien. Sin embargo, este posicionamiento es incorrecto, pues conforme a los derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso, sí hay justificación para fijar caución aún en los casos en que la medida solo sea publicitaria (inscripción registral de la demanda), pues atento al principio de equilibrio procesal, la norma prevé el mecanismo para evitar que el afectado o demandado, deba sopesar en su patrimonio, sin ninguna consecuencia o contra peso para el actor, el efecto de una determinación judicial que pone en desventaja comercial al bien. Se afirma lo anterior, porque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada contradicción de tesis 103/2016, sostuvo que la anotación registral como medida cautelar, es susceptible de generar daños y perjuicios al propietario, por lo que sí exige la exhibición de garantía para su otorgamiento Ello es así, porque la medida cautelar de anotación registral de una demanda civil relacionada con la disputa de derechos sobre la propiedad de un inmueble, tiene como finalidad inmediata asegurar la publicidad del proceso para que las sentencias que en ellos recaigan puedan ser opuestas a terceros adquirentes de derechos sobre el bien litigioso; y si bien esta providencia no limita la potestad del propietario para enajenar o disponer del inmueble, de manera mediata, sí coloca al inmueble en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometido la eficacia y el alcance de los derechos que se diluciden en el juicio, lo que permite afirmar que tal medida cautelar sí es susceptible de causar daños y perjuicios al propietario registral. Al efecto, se invoca la tesis jurisprudencial 1a./J. 9/2017 (10a.), de la Décima Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 420, que dispone: "ANOTACIÓN REGISTRAL CAUTELAR. CUÁNDO DEBE EXIGIRSE GARANTÍA. Cuando en la legislación se prevén medidas cautelares mediante el otorgamiento de una garantía, esta última debe exigirse si la concesión de aquélla es susceptible de causar daños y perjuicios en la esfera jurídico patrimonial del afectado. En ese contexto la medida cautelar de anotación registral de una demanda civil relacionada con la disputa de derechos sobre la propiedad de un inmueble, tiene como finalidad inmediata asegurar la publicidad del proceso para que las sentencias que en ellos recaigan puedan ser opuestas a terceros adquirentes de derechos sobre el bien litigioso; destacando que mediante tal medida, no se limita la potestad del propietario para enajenar o disponer del inmueble. Sin embargo, de manera mediata, la anotación registral de la demanda también coloca al inmueble en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometida la eficacia y el alcance de los derechos que se adquieran sobre el mismo, al resultado de un juicio que se encuentra en trámite; lo que permite afirmar que tal medida cautelar sí es susceptible de causar daños y perjuicios al propietario registral. En consecuencia, la indicada anotación registral, como medida cautelar, sí exige la exhibición de garantía." De esta forma, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia obligatoria conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo que la medida publicitaria de inscripción sí puede generar daños y perjuicios, es patente la justificación constitucional de fijar una caución como lo hace el artículo 262 de la Ley de Procesal Civil para esta ciudad, pues se constituye como un mecanismo para salvaguardar la equidad procesal y evitar una posible afectación injustificada al patrimonio del que debe soportar la providencia. Al efecto se invoca por analogía la tesis 1a. CCLXV/2016 (10a.) de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36 Noviembre de 2016, Tomo II, en Materia(s): Constitucional, Página: 902, que dispone: "PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. Para que las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental sean constitucionales, éstas deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Ahora bien, al realizar este escrutinio, debe comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la medida, para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos constitucionalmente. Esta etapa del análisis presupone la idea de que no cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental. En efecto, los fines que pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio de los derechos fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores, intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir. En este orden de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos y los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales, constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el ejercicio de otros derechos Estos son los razonamientos por los cuales, los conceptos de violación son infundados y por ende, no demuestran que el texto de la disposición legal combatida sea contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada respecto de dicho numeral. NOVENO. Análisis de legalidad respecto del acto de aplicación consistente en el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, emitido en el proceso natural. En similares términos que hizo para combatir la inconstitucionalidad de la norma, el quejoso enfatiza para su defensa que es injustificado imponerle el pago de una caución, ya que los efectos publicitarios de la medida registral solicitada no generan daños o perjuicios al demandado; y que los elementos de las medidas cautelares no se reúnen en la especie, como para imponer caución. Al respecto, este Juzgador llega al convencimiento de que estos argumentos del quejoso son inoperantes. La inoperancia en el caso se produce, porque sobre el aspecto toral de la defensa ya existe jurisprudencia obligatoria, lo que torna inviable el estudio de lo planteado, pues la aplicación del criterio relativo da respuesta integral a los planteamientos. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia 1a./J. 14/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, en Materia(s): Común, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." También se invoca la tesis jurisprudencial I.6o.T. J/30 (10a.), de la Décima Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, en Materia(s): Común, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS CUYO ANÁLISIS ES INNECESARIO CUANDO SOBRE EL TEMA PLANTEADO EN ELLOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Son inoperantes los conceptos de violación y, por ende, es innecesario su análisis, cuando sobre el tema planteado en ellos ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con su aplicación se da respuesta en forma integral a la cuestión debatida, cuya observancia es de carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo." En la especie se actualiza este supuesto toda vez que, como ya se dijo, la necesidad de otorgar garantía para el caso de la inscripción registral ya fue definido por la Primera Sala del Máximo Tribunal, al fallar la contradicción de tesis 103/2016, derivando en la citada jurisprudencia 1a./J. 9/2017 (10a.). En su decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación define que tal medida cautelar sí es susceptible de causar daños y perjuicios al propietario registral. Sobre lo anterior, se cita un extracto de la ejecutoria relativa, donde se sostiene: "Sobre esas premisas, si la garantía sólo debe exigirse cuando el otorgamiento de la medida cautelar guarde una relación previsible de causalidad respecto de posibles daños y perjuicios en la esfera patrimonial del afectado. Y la publicidad del carácter litigioso del inmueble inscrito, sí guarda una relación de causalidad respecto de los eventuales daños y perjuicios que esa publicidad genere en la esfera patrimonial del propietario registral del inmueble. Entonces, la anotación registral como medida cautelar, sí exige la exhibición de garantía para su otorgamiento, al ser susceptible de generar daños y perjuicios al propietario registral." Lo expuesto, a criterio de este órgano, es suficiente para decretar la inoperancia de los conceptos de violación que se encaminan a defender una postura contraria a la de la Máxima autoridad judicial del país; y por ende, procede desestimar la acción constitucional y negar el amparo al quejoso. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa invocó una tesis asilada en su demanda, empero, al declararse inoperantes los conceptos de violación por jurisprudencia de la Suprema Corte, no hay mayor razón para abordar su aplicabilidad al caso, en tanto que en el sistema de prelación marcado en el artículo 217 de la Ley de Amparo, debe prevalecer lo que establezca el Máximo Tribunal. Orienta lo anterior, el criterio jurisprudencial VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, en Materia(s): Común, Página: 3552, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo únicamente por lo que ve a los actos atribuidos al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México; en términos de lo establecido en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos del Congreso y Jefa de Gobierno; y Juez Sexagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos octavo y noveno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. "

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 236/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (Sentencia engrosada hasta hoy, veinte de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.)

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