Luis Enrique de Casas de Casas

Expediente 1137/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1137/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
24/09/2015

Partes del expediente

  • Luis Enrique de Casas de Casas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del nueve al veintitrés de septiembre del año en curso, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil quince dentro del juicio de amparo 1137/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y, de manera específica, con la certificación asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que transcurrió para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de septiembre de dos mil quince, que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes. Ahora bien, en atención a que el fallo de trato no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo (el cual se ordena glosar al presente asunto), SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en atención a que en relación al primero se decretó el sobreseimiento y, por cuanto hace al segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, el duplicado del mencionado incidente, guárdese por separado para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, dentro del término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. AOPH 25208, 25209, 25210, 25211, 25212, 25213 y 25214

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las doce horas del cuatro de septiembre de dos mil quince, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1137/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. A continuación, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido los informes justificados de las autoridades responsables Jueces Primero y Segundo, ambos de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, así como Secretaria Auxiliar en funciones de Notificadora, del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, en términos del artículo 117, de la Ley Reglamentaria invocada. Por otra parte, se hace constar que en los autos no obra el informe justificado de la diversa autoridad responsable Notificador adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, pero sí el acuse de recibo del oficio 15575/2015 a través del cual le fue solicitado. Acto seguido, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119, del ordenamiento legal invocado, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales anexadas por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas a su informe justificado, consistentes en copias certificadas las diligencias de jurisdicción voluntaria 213/2014, en un tomo, del juicio ordinario de pérdida de patria potestad 76/2014, en un tomo, así como un cuadernillo. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que únicamente se hace constar que ninguna de las partes formuló alegaciones. Luego, al no haber diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se declara: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1137/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el treinta de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Luis Enrique de Casas de Casas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violaciones a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas. Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas. Notificador adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas. Secretaria Auxiliar en funciones de Notificadora, del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas. Acto reclamado: "Que el día 25 de Junio del año en curso, como a las nueve de la noche, fui informado por conducto de mi señora madre que la señora MA. DE LA LUZ GARCÍA QUIÑONES, aun esposa del suscrito, pretende sacar a mis menores hijos y quien tiene actualmente como medida provisional la Guarda y Custodia de mis menores hijos de nombres CÉSAR IVÁN Y OMAR, ambos de Apellidos DE CASAS GARCÍA, fuera del país sin consentimiento del suscrito o Autorización de mi parte, por así haberlo manifestado los menores y que tenían temor fundado de que pretendía dejarlos con unos familiares en Estados Unidos, y que me avisaran de dichos menores no querían irse, para ello estaba tramitando autorización judicial ante los juzgados para lograrlos sacar al extranjero y alejarlos del hoy quejoso, pues ya lo había hecho con anterioridad sin que para ello el quejoso haya tenido participación de ello, ni mucho menos el permiso para tal efecto, ante tales acontecimientos acudí el día 26 de los corrientes, a medio día, ante los dos juzgados existentes en Jerez de García el Primero y Segundo Mixtos de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, y me señalaron que no podía dar información si no contaba con personalidad jurídica." Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. El uno de julio de dos mil quince, fue remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas a éste Juzgado Federal la demanda de garantías promovida, en ese misma fecha se dictó un acuerdo en donde se realizó una prevención al impetrante de amparo. De manera posterior, mediante proveído de nueve de julio de la referida anualidad, se tuvo por admitida, además se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado y se ordenó dar intervención legal a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La sentencia definitiva de veinticinco de agosto de dos mil quince, dictada por la Jueza Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 213/2014. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. Es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable Jueza Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, pues así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del mencionado acto se corrobora con las constancias anexadas por la jueza responsable a su informe justificado, consistentes en copias certificadas las diligencias de jurisdicción voluntaria 213/2014, en un tomo; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese tenor, tal como se hizo constar en el acta de audiencia previa, la diversa autoridad responsable Notificador adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante ser requerida para tal efecto, a través del oficio 15575/2015, cuyo acuse de recibo obra en autos, por tal motivo, con apoyo en el ordinal 117, párrafo tercero, de la ley reglamentaria, se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado. En otro aspecto, las autoridades responsables Juez y Secretaria Auxiliar en funciones de Notificadora, ambas del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, al rendir su informe con justificación negaron expresamente la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de garantías, toda vez que así lo manifestaron las responsables; por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) "IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo disponen los artículos 61 y 113, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, el suscrito Juzgador de manera oficiosa, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, considera actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues, como cuestión previa al ejercicio de la acción de amparo, el impetrante de garantías debió de interponer el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto reclamado, como medio óptimo y eficaz para modificar, revocar o nulificar los efectos perjudiciales sobre su esfera jurídica ocasionados por el acto reclamado. Los dispositivos legales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, textualmente disponen: C.P.E.U.M.: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" (.) "III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" (.) "b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" (.) Ley de Amparo: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Se exceptúa de lo anterior:" "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;" "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" (.) En efecto, el juicio de amparo biinstancial por regla general procede en contra de resoluciones dictadas fuera y después de concluido el juicio, o bien, emitidas durante el curso de éste, siempre y cuando su ejecución resulte de imposible reparación, entendida por tal a aquella que afecte de manera inmediata y directa los derechos sustantivos de la parte quejosa contemplados en la Carta Magna, así como los tratados internaciones en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano; sin embargo, de acuerdo a los numerales transcritos, establece como exigencia sine quo non (sin la cual no) el deber de agotar el recurso o medio de defensa contemplado en la ley ordinaria, ya que con su interposición sería factible revocar, nulificar o modificar el acto reclamado. Ahora, como excepción a la regla descrita, el legislador dispuso como no exigible ese deber siempre y cuando se trate de algún acto que importe peligro de privación de la vida del quejoso, afecte su libertad personal fuera de procedimiento, implique incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición o desaparición forzada, así como alguno de los proscritos en numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también, cuando el acto reclamado implique per se (por sí) afectación a la libertad personal del solicitante de amparo, como lo son: órdenes de aprehensión, de detención, de arraigo, resolución que niegue su libertad personal bajo caución, entre otras. También, existe excepción cuando el acto reclamado sea impugnado en la presente vía, por quien se ostente como persona extraña al procedimiento jurisdiccional del cual emanó. Entonces, los anteriores supuestos señalados en el último de los numerales reproducido, constituyen circunstancias particulares que eximen al gobernado de atender al principio de definitividad. Luego, en el caso sometido a examen, la parte quejosa reclama ante esta instancia de control constitucional la sentencia dictada por la Juez de Primera de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, en las diligencias de jurisdicción voluntaria 213/2014, por la cual se autoriza a la promovente (tercera interesada) Ma. de Luz García Quiñones el salir del país acompañada de sus menores hijos César Iván y Omar, ambos de apellidos De Casas García, a fin de realizar un trámite de índole personal ante autoridades de los Estados Unidos de América, en suplencia del consentimiento de su padre, aquí quejoso, para tal fin. En esa guisa, se considera que, previo a la promoción del presente juicio de amparo, el accionante de amparo debió interponer el recurso de apelación, de acuerdo a lo estatuido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, en su numeral 374, fracción I, en relación con el diverso 844, al tratarse de una sentencia que dá por concluida la cuestión planteada en la vía jurisdiccional no litigiosa (jurisdicción voluntaria). "Artículo 374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia:" "I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables;" (.) "Artículo 844.- Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en efecto suspensivo si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias; y sólo en el efecto devolutivo cuando el recurrente hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación." Se afirma lo anterior, pues el recurso de apelación constituye un medio de impugnación ordinario con efectos suficientes para revocar o modificar los producidos por el acuerdo reclamado, traduciéndose así en un recurso sencillo y rápido, cuya eficacia resulta acorde a los requisitos establecidos por el ordinal 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno. "Artículo 25.- Protección Judicial" "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." (.) Sin que se perciba se esté ante el caso de excepción establecido en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se adelantó, se trata de una resolución que pone fin a las diligencias de jurisdicción voluntarias 213/2014 instauradas por la demandante Ma. de la Luz García Quiñonez, que no implica afectación a la libertad personal del quejoso, ni directa ni indirecta, tampoco se trata de una persona ajena al procedimiento, por ser él, por haber sido notificado debidamente de la tramitación de dichas diligencias, según se advierte de la razón actuarial de cuatro de junio de dos mil catorce, asentada por la Oficial Notificadora adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, a la cual se concede valor probatorio pleno, en términos del numeral 202 de la legislación adjetiva federal, aplicada de manera subsidiara a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, más allá de los efectos irreparables que pudiera implicar el acuerdo reclamado, los cuales no se califican, era menester que el impetrante de amparo lo recurriera con la interposición del recurso ordinario descrito, por ser ello un presupuesto de procedencia de la acción de amparo, distinto y autónomo al primero (irreparabilidad del acto emitido en juicio), cuya observancia la tornaría procedente; sin embargo, al soslayarse esta circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo. Cobra aplicación al presente caso en lo conducente, la tesis 1a./J.113/2013(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, tomo I, libro 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se reproduce: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Énfasis añadido) No pasa inadvertida la diversa tesis jurisprudencial 1a./J.77/2013(10a.), emitida también por la Primera Sala del Alto Tribunal, pues, de su contenido, se advierte que, si bien el hecho de que en la litis natural se ventile una cuestión en la cual se vea afectado algún derecho atinente a menores de edad, únicamente opera excepción al principio de definitividad, en la vía biinstancial, cuando exista riesgo latente de que, ante la ejecución del acto reclamado, produzca per se (por sí) su afectación o transgresión. "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Situación que no opera en la especie, toda vez que el recurso de ordinario previsto en la legislación local, como lo es el citado recurso de apelación, posee per se (por sí) efectos suficiente para suspender la ejecución del acto reclamado, tal como lo exige el criterio jurisprudencial en cita, pues, de acuerdo al artículo 382, fracción I, inciso b), de la norma legal invocada, deberán admitirse en efecto suspensivo todas aquellas resoluciones en las que se vea involucrado cuestiones de naturaleza familiar, como en el caso que nos ocupa, con lo cual sí resulta procedente su suspensión. "Artículo 382.- La admisión de la apelación en el efecto suspensivo se sujetará a las siguientes reglas:" "I.- Sólo podrá admitirse la apelación en el efecto suspensivo en los siguientes casos:" (.) "b) De las sentencias definitivas que se dicten en juicios que versen sobre divorcio o nulidad del matrimonio, y demás cuestiones de familia o estado de las personas, salvo disposición en contrario;" (.) Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Luis Enrique de Casas de Casas, por el acto precisado en el considerando II.1, reclamado a las autoridades responsables señaladas en el resultando primero, de acuerdo a los razonamientos expuestos en los considerandos II.2.1. y III de la presente sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. ARS

  3. Principal

    En veintiuno de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con la razón actuarial asentada el diecinueve del mes y año en curso.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de agosto de dos mil quince. Vista la razón asentada el diecinueve del mes y año en curso por el Actuario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que no le fue posible notificar a la tercero interesada Ma. de la Luz García Quiñones, el auto de trece de agosto de dos mil quince, dictado por este Juzgado Federal, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; no obstante de haber sido emplazado al presente juicio de garantías; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento señalado en proveído de nueve de julio del año que transcurre y se ordena realizar la notificación del auto de mérito, así como las subsecuentes de carácter de personal, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el once de agosto de dos mil quince, según oficio CCJ/ST/3590/2015, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a trece de agosto de dos mil quince, el Secretario de Juzgado, licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que obran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Jueces Primero y Segundo, ambos de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, así como Secretaria Auxiliar en funciones de Notificadora, del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas; por ende, con apoyo en el ordinal 117 de la Ley de Amparo en vigor, désele vista a las partes a fin de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo a las DOCE HORAS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, al existir causa fundada y suficiente en términos del artículo 115, último párrafo de la ley en cita. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. ARS

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