Luis Enrique de Casas de Casas

Expediente 1136/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1136/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
01/12/2015

Partes del expediente

  • Luis Enrique de Casas de Casas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En uno de diciembre de dos mil quince el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil quince , por este Juzgado dentro del juicio de amparo 1136/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario encargado de despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el día tres de noviembre de dos mil quince, por este Juzgado Federal, en la cual se negó a la parte quejosa el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, En atención a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. En esta fecha se giro el oficio 35230 Jenni ¡!

  2. Principal

    El cuatro de noviembre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez, con el estado que guarda el presente expediente y la razón actuarial de esta misma fecha. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de noviembre de dos mil quince. Vista la razón actuarial de esta misma fecha, asentada por el Actuario Judicial de la adscripción se desprende que no le fue posible notificar la resolución dictada por este órgano jurisdiccional el tres de noviembre del año en curso, a la parte tercero interesada MA. DE LA LUZ GARCÍA QUIÑÓNES, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, no obstante haber sido legalmente notificado y requerido para que lo señalara; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena la notificación del referido auto, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1136/2015 y, RESULTANDO 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el treinta de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas LUIS ENRIQUE CASAS DE CASAS, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Acto Reclamado: a).- La resolución interlocutoria de veintidós de junio del año dos mil quince, y notificada en fecha 26 de junio del año 2015, relativa al recurso de revocación interpuesto por el suscrito, en mi calidad de demandado, dentro del Juicio de Divorcio Necesario, marcado con el número 384/2011, promovido por la C. MA. DE LA LUZ GARCÍA QUIÑONES, que se sigue en contra del hoy quejoso, radicado ante el H. Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en contra del auto de fecha 25 de mayo del año en curso, dentro del juicio señalado". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró bajo expediente 1136/2015; cuyo Titular mediante proveído de uno de julio de dos mil quince, ordenó su admisión; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la tercero interesada y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La interlocutoria de veintidós de junio de dos mil quince, dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en el Juicio de Divorcio Necesario 384/2011. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al rendir su informe justificado reconoció el acto que se le atribuye. Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con la copia certificada del Juicio de Divorcio Necesario 384/2011, así como de diversos incidentes que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable; documentales, que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además de ellos se desprende la existencia de la anotación reclamada. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna otra causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. IV.- Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". En los conceptos violatorios, medularmente se alega lo siguiente: a) La autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón a que la interlocutoria reclamada no se encuentra fundada ni motivada, pues es incongruente con lo que obra en actuaciones, ya que la medida decretada -bloqueo de cuentas- resulta innecesaria, en virtud de que se pretende pagar los alimentos con dos cheques depositados, y la responsable no tiene elementos, ni argumentos o pruebas que efectivamente se advierta que de las cuentas congeladas se pueda cubrir los cheques depositados, o bien se tendría que depositar en las mismas para que sean cubiertos los mismos, situación que a juicio del quejoso no fue valorada. b) Que la responsable en la interlocutoria reclamada se preocupó por cuidar y proteger el 50% de la sociedad conyugal de la ahora tercero interesada, cuando no existe sentencia definitiva de liquidación de la sociedad conyugal. c) Que la responsable indebidamente determinó liberar el 50% de los montos existentes en las cuentas bancarias congeladas, sin existir en la realidad de cuánto monto existe en las mismas, así como el ordenar que deba exhibir nuevos cheques y recoger los ya existentes, ya que la finalidad desbloquear dichas cuentas es para cubrir de manera voluntaria los alimentos adeudados. Para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario hacer una reseña de algunos de los antecedentes que se desprenden del expediente 384/2011, relativo al juicio de Divorcio Necesario lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Jerez de García Salinas, Zacatecas, se radicó el Juicio Civil Ordinario número 384/2011, promovido por Ma. de la Luz García Quiñonez, ejercitando la acción de divorcio necesario y solicitando la disolución del vínculo matrimonial, la liquidación de la sociedad conyugal y pago de gastos y costas (fojas 1 a 7 las copias fotostáticas certificadas del expediente 384/2011). 2. Mediante proveído de doce de septiembre de dos mil once (fojas 20 y 21), el Juez responsable, acordó lo siguiente: a) Se tuvo a Ma. de la Luz García Quiñonez, por promoviendo en la vía ordinaria civil Juicio de divorcio necesario contra Luis Enrique de Casas de Casas. b) Se ordenó emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado, haciéndole saber que disponía del término de diez días hábiles para dar contestación a la demanda y oponer excepciones, apercibida que de no hacerlo, se le tendría por contestada en sentido negativo y el juicio se seguiría en su rebeldía. c) Asimismo, se ordenó requerir a la demandada para que en el plazo fijado señalara domicilio para oír y recibir notificaciones personales, apercibida que de no hacer tal designación, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se le harían mediante cédula fijada en los estrados del juzgado. d) Así como también se acordaron las siguientes medidas: -Se decretó la separación de los cónyuges, ordenándose la salida del demandado del domicilio conyugal y la prohibición de que acuda al mismo. -Se fijó la cantidad de una cuota diaria a efecto de que el deudor alimentista Luis Enrique de Casas de Casas proporcione alimentos provisionales para los menores César Iván y Omar, de apellidos de Casas García. -Se decretó la guardia y custodia de los citados menores a favor de Ma. de la Luz García Quiñonez. 3. El veinte de septiembre de dos mil once, a petición del autorizado de la parte actora en el juicio natural, el Juez responsable, ordenó girar oficio a las instituciones Bancarias Banamex y Bancomer, para efecto de que en las cuentas cuyos datos se proporcionaron se abstengan de realizar movimiento de cuentas propiedad del demandado Luis Enrique de Casas de Casas (fojas 26, 27 y 28). 4. El veintiocho de septiembre de dos mil once, el Juez responsable, ordenó girar oficio al Banco Nacional de México, S. A. a fin de que en las cuentas cuyos datos se proporcionaron se abstengan de realizar movimiento de cuentas propiedad del demandado Luis Enrique de Casas de Casas (fojas 31 y 32). 5. Por otra parte, mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil once, el Juez responsable, tuvo por recibido un escrito signado por el demandado Luis Enrique de Casas de Casas, y en relación a su contenido determinó lo siguiente: Se le tuvo en tiempo y forma contestada la demanda instaurada en su contra y oponiendo excepciones y defensas; asimismo, con su contenido se ordenó dar vista a la parte contraria por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, se fijó día y hora a efecto de que tuviera verificativo una audiencia conciliatoria (foja 82). 6. El cinco de diciembre de dos mil once, se decretó la apertura de la fase probatoria (foja 74). 7. A petición del demandado Luis Enrique de Casas de Casas, se dio inicio al cuaderno relativo al incidente de convivencia en contra de Ma. de la Luz García Quiñones (fojas 6 y 7 del cuadernillo de incidente de convivencia). 8. A solicitud del demandado Luis Enrique de Casas de Casas, el veintiocho de enero de dos mil trece, se tuvo por desistido del incidente de convivencia (foja 43). 9. El dieciocho de febrero de dos mil trece, Ma. de la Luz García Quiñones, promovió incidente de pago de pensiones alimenticias atrasadas, en contra de Luis Enrique de Casas de Casas, mismo que fue admitido el diecinueve de ese propio mes y año (fojas 1 a 3 del cuadernillo incidental). 10. El diecisiete de julio de dos mil trece se emitió sentencia interlocutoria, en la que fue procedente la acción incidental de liquidación de pensiones alimenticias atrasadas en contra del demandado en el juicio natural; en la resolución se aprobó la liquidación formulada por la parte actora por la cantidad de cuarenta y dos mil noventa y nueve pesos con setenta y cinco centavos, como pago de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, correspondiente a los periodos de uno de agosto de dos mil once al quince de febrero de dos mil trece, a favor de los menores César Iván y Omar, de apellidos de Casas García (fojas 11 y 12 del cuadernillo incidental). 11. El veintisiete de noviembre de dos mil trece, se admitió el incidente de pago de pensión alimenticia, en contra de Luis Enrique de Casas (fojas 5 y 6). 12. Por lo que el dieciocho de marzo de dos mil catorce, se emitió interlocutoria, en el que se aprobó la liquidación formulada por la parte actora dentro del presente incidente, por la suma de veintiséis mil doscientos treinta y nueve pesos con noventa y cinco centavos como pago de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, correspondiente a los periodos de la segunda quince de febrero y la segunda de abril de dos mil catorce (fojas 18 a 21). 13. El veintisiete de enero de dos mil quince, el demandado Luis Enrique de Casas de Casas presentó un escrito, en el que solicitó al juez natural se sirva desbloquear las cuentas de Banamex y Bancomer, a efecto de que los cheques que anexó por la cantidad de ciento dos mil cuarenta y ocho pesos con cinco centavos puedan cubrir hasta el treinta de enero del año en curso, en favor de los menores César Iván y Omar, de apellidos de Casas García, solicitando además se continúen desbloqueadas dichas cuentas para seguir cumpliendo con la pensión decretada en tiempo y forma (foja 96). 14. Con lo anterior, el juez natural por acuerdo de tres de febrero del año en curso, dio vista a la parte actora Ma. de la Luz García Quiñones, quien se opuso a lo solicitado por la parte demandada (fojas 99, 102 y 103). 15. Luego, el trece de mayo del presente año, la parte demandada, presentó escrito ante el juez responsable, al que anexó dos cheques por las sumas de noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional y siete mil cien pesos 00/100 moneda nacional, a favor de Ma. de la Luz García Quiñonez, como representante de los acreedores alimentistas (fojas 239 a 243). 16. A lo anterior el veinticinco de mayo del año que transcurre recayó el siguiente acuerdo: "Visto el escrito que antecede recibido a la parte demandada material, señor Luis de Casas de Casas, se le tiene produciendo sus manifestaciones, por una parte, respecto a la medida provisional de congelamiento de cuenta de cheques para asegurar los efectos de la sentencia respecto a la liquidación de la sociedad conyugal, y por otro lado, respecto al requerimiento que le hace este tribunal para que cubra de manera voluntaria cada una de las cantidades de dinero que se tienen como líquidas en cada incidente tramitado en su contra. En lo que hace a las manifestaciones vertidas sobre la medida decretada para asegurar la efectividad de lo sentenciado sobre la liquidación de la sociedad conyugal bajo la cual se contrajo el matrimonio, implica que el ocursante admite ante todo y de manera expresa que su matrimonio con la parte actora está regido por ese régimen patrimonial. Se trata por tanto de un derecho evidente de ambos cónyuges reconocido efectivamente desde la fijación de la litis. Pero más importante resulta, que con excepción del reclamo que hace hasta ahora el compareciente sobre el tiempo transcurrido desde que fue decretada la medida y materializada, no hubo antes oposición de lo acordado al respecto, a pesar de existir trámite específico regulado en la Ley para ese propósito. Ello implica que se asuma también la vinculación que existe entre el saldo existente en la cuenta bancaria afectada a la providencia cautelar y el derecho de ambos involucrados en la sociedad conyugal sobre una parte proporcional de los recursos. Luego, lo expuesto por el ocursante respecto al derecho fundamental de los menores para que sus progenitores aporten lo necesario para su subsistencia, es precisamente lo determinante para que Ma. de la Luz García Quiñones promoviera en su contra los incidentes de regulación de pensiones decretadas como medidas provisional y no cubiertas durante el tiempo transcurrido previo a cada demanda incidental. La realidad es que el propósito del compareciente para descongelar la cuenta de cheques reportada a su nombre tiene que ver o conlleva liberarse de la obligación sobre las pensiones atrasadas. Está claro que estamos hablando de adeudos contraídos por el señor Luis de Casas de Casas y de una obligación de la que debe responder única y exclusivamente con su patrimonio. Sin que se involucre por lo tanto erogación alguna de la progenitora, que desde luego ya se hizo, tan es así que se habla de cantidades de dinero que se consideró el aporte del padre, según el auto que autoriza la providencia y fija la cantidad a cubrir. Como una obligación exclusiva del señor Luis de Casas de Casas, la debe solventar entonces con la parte proporcional que le corresponde en el saldo de la cuenta bancaria, dada la disponibilidad que se quiere dar a esos recursos de manera anticipada a la sentencia y a su ejecución, etapa esta última en la que propiamente se define cuál o cuáles bienes exactamente le corresponden a cada interesado. Mientras tanto, se atiende a lo considerado hipotéticamente por la legislación sustantiva, es decir, que en cada uno de los bienes que se llegaren a detectar como adquiridos durante la vigencia del matrimonio, a cada uno de los contratantes le corresponde única y exclusivamente un cincuenta por ciento. Sin perjuicio que extinguida la sociedad conyugal y estando los interesados por definir lo que pertenecerá de manera exclusiva a su respectivo patrimonio, hagan el ajuste por la cantidad de dinero que de momento representa la parte proporcional a favor de la otra participante en el caudal de la sociedad, manteniéndose como tal, o bien, integrándose a los bienes que adquiera el señor de Casas de Casas a cambio de otro u otros que se entregarían a su todavía esposa. Y justo sobre ese cincuenta por ciento que representa para el señor Luis de Casas de Casas respecto al saldo existente en la cuenta de cheques reportada a su nombre, será lo que debe considerar como disponible y con tal propósito de cubrir el adeudo por pago de pensiones líquidas en los incidentes instaurados en su contra. Por lo tanto, remítase oficio a la sucursal bancaria a la cual se solicitó el congelamiento de la cuenta de cheques, pero en esta ocasión para que primeramente, libere el cincuenta por ciento del saldo que exista en ese momento; en segundo término, para que elabore un cheque a nombre de la representante legal de los directamente interesados los incidentes, Ma. de la Luz García Quiñones, que hará llegar enseguida a este Tribunal para su entrega a esta persona; y por lo que hace al resto de dicho saldo, se mantenga sujeto a la medida provisional de congelamiento de cuenta de cheques decretada y solicitada en su momento. Ante las gestiones directas para disponer del cincuenta por ciento sobre el saldo existente en la cuenta de cheques y aplicación hasta donde alcance a cubrir lo adeudado por el señor Luis de Casas de Casas con ambos incidentes de regulación de pensiones alimenticias, devuélvanse por lo tanto los documentos que se exhiben con el escrito de cuenta, previa constancia de su recibo y copia sellada y cotejada que se agregue al expediente en sustitución de sus originales." (fojas 141 y 142). 17. Inconforme con lo anterior, el ahora quejoso Luis Enrique de Casas de Casas interpuso recurso de revocación, mismo que se resolvió en los siguientes términos: "RESOLUCIÓN DE REVOCACIÓN. Jerez de García Salinas, Zacatecas, a veintidós de junio de dos mil quince. Vistos, los autos del Juicio Civil Ordinario de Divorcio Ne3cesario, promovido por Ma, de la Luz García Quiñonez, en contra de Luis Enrique de Casas de Casas, estando los autos citados para dictar la resolución correspondiente al recurso de revocación planteado por Luis enrique de Casas de Casas, contra el auto recaído el veinticinco de mayo de dos mil quince, mismo que de conformidad con los artículos 367 y 368 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se resuelve de conformidad con lo siguiente; y: CONSIDERANDOS: PRIMERO. El artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece la posibilidad de revocar los autos que hayan sido dictados por el propio juez que los dictó, o por quien lo sustituya en el conocimiento del negocio, y el siguiente precepto 368 fracción IV, del ordenamiento invocado, de las bases para el trámite del presente recurso. En la especia dicho trámite fue observado. SEGUNDO. Luis Enrique de Casas de Casas, presentó el veintiséis de mayo de dos mil quince, recurso de revocación contra el auto dictado el veinticinco de mayo de dos mil quince, con el cual se dio vista a la contraparte el ocho de junio de la presente anualidad, bajo ese tenor el once de junio del que corre, se le tiene a la contraria evacuando la vista que se le dio con dicho recurso, así se resuelve al tenor siguiente. El recurrente funda y motiva el presente, bajo dos puntos de agravio y por su parte Ma. de la Luz García Quiñónez, da contestación al evacuar la vista a cada uno de los puntos señalados por el recurrente, mismos que por obvio de repetición innecesaria se dan aquí por reproducidos como si a la letra se insertaren. A fin de emitir el fallo correspondiente, en la inteligencia que el presente, versa sobre una cuestión respecto a una medida cautelar, tendiente a garantizar los alimentos a los menores César Iván y Omar de apellidos de Casas García, por parte del deudor alimentista, es necesario la transcripción de los siguientes ordenamientos: El número 4 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez". Por otra parte la Ley Reglamentaria del citado numeral Constitucional; es decir la Ley para la protección de niñas, niños y adolescentes, establece en su artículo 3 como principio rector de los derechos de niños, niñas y adolescentes, precisamente el interés superior de la infancia, numeral que expresa como objetivo de la protección de sus derechos el brindarle y asegurarles un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad. Igualmente dispone el artículo 4 de la citada legislación "De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños, y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y lka asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. La aplicación de esta ley atendrá al respecto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En ese sentido, es necesario invocar la Convención sobre los Derechos del niño, a la cual el Estado Mexicano se adhirió el veintiséis de enero de mil novecientos noventa publicada en el diario oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Carga Magna, tiene carácter de Ley Suprema. Dicho instrumento internacional en reiteradas ocasiones dentro de su articulado, establece como preponderante el interés superior del menor, determinando concretamente en el artículo 3: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se entenderá será al interés superior del niño". Bajo esos parámetros, el Código Familiar del Estado, señala en lo que interesa lo siguiente: Artículo 256.- Es acreedor alimentista todo aquel que no puede bastarse a sí mismo, y es deudor alimentista el obligado a proporcionar alimentos, en los términos establecidos en este Capítulo. Artículo 266.- Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Artículo 269.- Los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Artículo 275.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos, o cualquiera otra forma de garantía suficiente a juicio del Juez, quien podrá remitir a las partes a un procedimiento de mediación, para alcanzar un acuerdo satisfactorio. Ante lo expuesto, analizados los ordenamientos legales invocados, confrontándolos con el contenido del auto combatido, así como los agravios que señala el recurrente, y la vista evacuada por Ma. de la Luz García Quiñónez, resulta infundado el recurso de revocación, en atención a que el acuerdo dictado el veinticinco de mayo de dos mil quince, no acarrea perjuicio al recurrente, puesto que, en autos se encuentra acreditado la necesidad de recibir alimentos los menores César Iván y Omar de apellidos de Casas García de parte del reclamante, además de que tal incumplimiento se encuentra cuantificado, es decir existe condena líquida, determinada respecto a ese concepto, aunado a ello, se advierte una confesión judicial por parte de deudor alimentista, tal y como lo prevé el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al admitir éste tal adeudo, así como su deseo que del capital que se encuentra congelado en las cuentas bancarias cuyos datos obran en el principal, se tome la suma de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos), y $7,100.00 (siete mil cien pesos cero centavos moneda nacional). Analizado el auto que se combate, se reitera que su contenido no violenta derecho alguno del recurrente, al contrario, atendiendo al derecho del menor, al invocar su interés superior, con la medida decretada, se garantizan el abono en cuenta del pago de alimentos de los menores. Resultando sobre el cual no se prejuzga, porque no se emite resolución concerniente a la existencia o no de la sociedad conyugal. Además de que la medida decretada se encuentra sustentada en la apariencia del buen derecho puesto que una de las prestaciones accesorias reclamadas en la presente causa es la disolución de la sociedad conyugal y en su momento su liquidación y basta con observar la documental pública relativa a la certificación de matrimonio entre las partes (foja 12 del principal), visiblemente se aprecia que establecieron su régimen matrimonial en sociedad conyugal, de modo que de proceder la acción principal las accesorias como la disolución conyugal necesariamente sería una consecuencia procesal. Bajo ese panorama, ante la ausencia de capitulaciones matrimoniales, debe entenderse que tienen iguales derechos sobre los bienes del matrimonio y sus partes serán por mitad, o sea el cincuenta por ciento. Además la circunstancia de que no se hubiesen liquidado la sociedad conyugal y se hubiera hecho la división de los bienes del matrimonio, no impide que cada cónyuge tenga el dominio indiviso sobre los bienes del fondo común. En ese tenor, de tal manera que el señor Luis Enrique de Casas de Casas puede disponer de su parte porcentual para el cumplimiento de su obligación alimenticia con el debido respeto de la parte alícuota que corresponde a su cónyuge. Por lo expuesto, entonces, si los cónyuges unidos en matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal pueden disponer como dueños de su respectiva parte alícuota, aunque no exista liquidación de la sociedad conyugal y división de bienes, indudablemente que pueden garantizar con esa mitad sus obligaciones contraídas, es decir, no puede conceptuarse como ilegal la disposición del 50% de los bienes que haga cada uno de los consortes antes de decretarse el divorcio o disuelta la sociedad conyugal, ya que a cada uno le corresponde pro indiviso dicho porcentaje, ello, encuentra sustento con la Jurisprudencia que a la letra reza lo siguiente: SUSPENSIÓN. PARA DECIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En las condiciones precisadas, el auto del veinticinco de mayo de dos mil quince, no violenta garantías del recurrente, ni de los menores, su contenido no prejuzga, simplemente garantiza el pago de alimentos, cuya cuantía es líquida y determinable, por tanto, resulta infundado los agravios expuestos en el recurso de revocación contra dicho auto, tras haberse aquí dispuesto el porqué no es procedente, en consecuencia, se declara firme e incólume para todos sus efectos y consecuencias de ley el auto ya referido. No pasa desapercibido al suscrito lo señalado por el recurrente, en el sentido que indica que no se le puede condicionar a que exhiba nuevos cheques que cubran sólo el 50% de alimentos, y dejar el restante para la actora cubriendo su parte que le corresponda con la sociedad conyugal, sin embargo, se advierte que el actor hace una interpretación distinta a la ordenada en el auto combatido, puesto que, si bien es cierto, en autos se tiene la manifestación del recurrente, en hacer uso del cien por ciento del efectivo que se encuentra congelado en las cuentas bancarias y destinarlo al pago de alimentos, empero, en la presente, se ordenó girar oficio a la sucursal bancaria a la cual se solicitó el congelamiento de la cuenta de cheques, a fin de que libere el cincuenta por ciento del saldo que exista en ese momento, en segundo término, para que elabore un cheque a nombre de Ma. de la Luz García Quiñones, en su calidad de representante legal de los acreedores alimentistas, que hará llegar a este Juzgado para su entrega a esta última, más en ningún momento se le condiciona al recurrente a fin de que exhiba de nueva cuenta cheques que garanticen el 50% de alimentos. Por lo expuesto, y fundado en lo establecido en los artículos 156, 157, 158, 265, 367, 368, y 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y demás ordenamientos invocados, este Juzgado dirime la controversia al tenor de los siguientes puntos: Así las cosas, se resuelve: RESOLUTIVO ÚNICO. Dentro de los autos del Juicio Civil Ordinario de Divorcio Necesario 384/2011, el recurso de revocación intentado por Luis Enrique de Casas de Casas en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil quince (vid 244-245 dentro de lo actuado en lo principal), resultó infundado en el fondo, en consecuencia, se declara firme e incólume para todos sus efectos y consecuencias de ley dicho auto. Notifíquese personalmente y cúmplase". Resolución que constituye el acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso. Ahora bien, atendiendo a que en el presente caso se encuentran involucrados dos menores de edad, cabe señalar que este órgano jurisdiccional está obligado a velar por el interés superior de la niñez, que es un valor de más alto rango que otros en la vida comunitaria y familiar. Tal como sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así mismo, nuestro País es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de ese mismo año, que en forma preponderante constriñen a los Tribunales a velar por el interés superior del niño. Además, debe precisarse que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo expuesto, es dable concluir que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a menores de edad, debe resolverse atendiendo al principio básico del interés superior del niño. Debe destacarse que el objeto fundamental de la figura jurídica de los alimentos es que el deudor otorgue al acreedor lo necesario para su subsistencia en forma integral, entendiéndose por esto, tratándose de los hijos: sustento, vestido, habitación, entretenimiento, atención médica y hospitalaria, educación y gastos para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; igualmente, cabe señalar que los menores gozan de la presunción de necesitar alimentos, pues por su edad, se parte de la base de que no tienen capacidad para allegarse recursos propios. Precisado lo anterior, cabe destacar, que tratándose de acciones que tienen por objeto prestaciones sucesivas, como en la especie es el pago de pensiones alimenticias, debe de aplicarse el principio de economía procesal. Consecuentemente, considerando el interés superior del menor, contrario a lo que aduce el quejoso en sus conceptos de violación, este Tribunal Federal, concuerda con lo resuelto por el Juez de origen, ya que se estima que es obligación del juez responsable de motu proprio, en suplencia del menor, realizar las gestiones tendientes a fin de que con la liberación del cincuenta por ciento de las cuentas bancarias, propiedad del quejoso, se garantice el abono en cuenta del pago de alimentos de los menores, máxime que el litigio de donde deriva la resolución aquí reclamada, versa sobre alimentos que pertenecen a dos menores de edad. Lo anterior es así, porque en los procesos judiciales que tienen por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos son de tipo inquisitorio, pues todas las cuestiones relativas a la familia se consideran de orden público. Tan es así que la acción relativa puede ejercerse por el acreedor alimentario o por el Estado, a través del Ministerio Público, por lo que el juez de origen puede suplir la deficiencia de la queja a favor de la parte más vulnerable. De ahí, que no podría sostenerse que en los juicios de alimentos la litis se fija exclusivamente por lo aducido por las partes y que el Juez no puede tener intervención alguna, como lo pretende el quejoso. La consideración anterior se refuerza con las diversas jurisprudencias y tesis aisladas que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encaminadas a proteger el interés superior del menor, y a inducir a los jueces locales y federales a suplir la deficiencia de la queja y actuar de oficio en razón de dicho interés, las cuales son la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, Novena Época, sostenida por la Primera Sala, visible en la página 167, del Tomo XXIII, mayo de 2006 y la diversa, tesis 1a. CXLI/2007, consultable en la página 265, del Tomo XXVI, Julio de 2007, ambas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se leen: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: 'la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." Esto es, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior (del niño) es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez; aspecto que cumplió el juez responsable al confirmar el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, en la que se ordenó girar oficio a la institución bancaria correspondiente, a fin de liberar el cincuenta por ciento de las cuentas bancarias propiedad del quejoso, y así se garantice el abono en cuenta del pago de alimentos de los menores. El motivo de inconformidad identificado con el inciso a), en el que aduce el quejoso que la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón a que la interlocutoria reclamada no se encuentra fundada ni motivada, pues es incongruente con lo que obra en actuaciones, ya que la medida decretada -bloqueo de cuentas- resulta innecesaria, en virtud de que se pretende pagar los alimentos con dos cheques depositados, y la responsable no tiene elementos, ni argumentos o pruebas que efectivamente se advierta que de las cuentas congeladas se pueda cubrir los cheques depositados, o bien se tendría que depositar en las mismas para que sean cubiertos los mismos, situación que a juicio del quejoso no fue valorada. Resulta infundado, toda vez que contrario a lo que aduce, la responsable sí fundó y motivó la interlocutoria reclamada, en la cual declaró firme el auto de veinticinco de mayo del año en curso y determinó que el mismo no le ocasiona perjuicio alguno, puesto que en autos se encuentra acreditado la necesidad de recibir alimentos los menores César Iván y Omar de apellidos de Casas García de parte del recurrente, además de que tal incumplimiento se encuentra cuantificado, esto es existe condena líquida, establecida respecto a dicho concepto, aunado a que el mismo quejoso admite tal adeudo, de conformidad con el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como el deseo del impetrante del amparo que del capital que se encuentra congelado en las cuentas bancarias, sea tomada la suma de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 m. n.) y $7,100.00 (siete mil cien pesos 00/100 m. n.). Ello es así, pues en ésta se señalaron los motivos o circunstancias por los cuales se consideró confirmar el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, así como los fundamentos legales en los cuales se basó el juez responsable para dictar la resolución de referencia, tales como los numerales 256, 266, 269, 275, del Código Familiar del Estado de Zacatecas, así como en los diversos 156, 157, 158 265, 367, 368 y 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De lo antes expuesto, de manera clara se desprende que la autoridad responsable, citó los preceptos aplicables al caso concreto, habida cuenta que de un análisis conjunto de tales disposiciones legales, se logra evidenciar que en dichos artículos se habla del trámite relativo al recurso de revocación que es el medio de impugnación que se resuelve en la resolución reclamada. Así pues, la resolución de veintidós de junio de dos mil quince, pone de manifiesto que sí existió coincidencia entre las hipótesis normativas y los motivos y circunstancias que se expresaron para declarar firme el auto de veinticinco de mayo del presente año, consistente en remitir oficio a la sucursal bancaria a la cual se solicitó el congelamiento de la cuenta de cheques, para que primeramente, libere el cincuenta por ciento del saldo que exista en ese momento; en segundo término, para que elabore un cheque a nombre de la representante legal de los directamente interesados Ma. de la Luz García Quiñones, que hará llegar enseguida al Tribunal para su entrega a esta persona; y por lo que hace al resto de dicho saldo, se mantenga sujeto a la medida provisional de congelamiento de cuenta de cheques decretada y solicitada en su momento. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma." De igual forma, resulta aplicable a lo anterior, las tesis siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De igual manera, resultan infundados los conceptos de violación identificados con los incisos a) y b), en los que el quejoso refiere que la responsable en la interlocutoria reclamada se preocupó por cuidar y proteger el 50% de la sociedad conyugal de la ahora tercero interesada, cuando no existe sentencia definitiva de liquidación de la sociedad conyugal; y que indebidamente determinó liberar el 50% de los montos existentes en las cuentas bancarias congeladas, sin existir en la realidad de cuánto monto existe en las mismas, así como el ordenar que deba exhibir nuevos cheques y recoger los ya existentes, ya que la finalidad de desbloquear dichas cuentas es para cubrir de manera voluntaria los alimentos adeudados. En efecto, el juez responsable, al declarar firme el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, en el que se ordenó liberar el 50% de los montos existentes en las cuentas bancarias congeladas, destacó con acierto que ese acuerdo, no violenta las garantías del ahora quejoso, ni de los menores, simplemente garantiza el pago de alimentos de éstos, cuya cuantía es líquida y determinable. Lo anterior es así, ya que las cuentas embargadas al quejoso, pertenecen a la sociedad conyugal; y al no existir las capitulaciones matrimoniales o éstas, no se han dividido judicialmente, ambos cónyuges mantienen, en copropiedad, el dominio sobre esas cuentas bancarias, pues al no ser así, se afectaría la parte alícuota que le corresponde a la cónyuge aquí tercero interesada; y, en consecuencia, su esfera de derechos, específicamente el de propiedad; pues de acuerdo con el artículo 14 constitucional, nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. No es obstáculo a lo anterior, cuando alega el quejoso que no existe sentencia definitiva de liquidación de la sociedad conyugal, sin embargo, ello no impide que cada cónyuge tenga el dominio indiviso sobre los bienes del fondo común. De ahí que, como lo consideró el juez responsable, el ahora quejoso Luis Enrique de Casas de Casas puede disponer únicamente de su parte porcentual, para el cumplimiento de su obligación alimenticia; por lo que al no conceptuarse como ilegal la disposición del 50% de los bienes que haga cada uno de los consortes antes de decretarse el divorcio o disuelta la sociedad conyugal, ya que a cada uno le corresponde pro indiviso dicho porcentaje. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "BIENES MUEBLES EMBARGADOS PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y NO SE HAN DIVIDIDO JUDICIALMENTE, AMBOS CÓNYUGES MANTIENEN, EN COPROPIEDAD, EL DOMINIO SOBRE AQUÉLLOS, EN IGUAL PROPORCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). La legislación civil sustantiva del Estado de Chihuahua establece que si se acredita que los bienes muebles embargados pertenecen a la sociedad conyugal; y no existen capitulaciones matrimoniales o no se han dividido judicialmente, ambos cónyuges mantienen, en copropiedad, el dominio sobre aquéllos; y si no es así se afecta la parte alícuota que le corresponde a cada cónyuge y, en consecuencia, su esfera de derechos, específicamente el de propiedad pues, de acuerdo con el artículo 14 constitucional, nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". De igual manera, es aplicable al caso concreto, la tesis que dice: "BIENES EN LA SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y JUDICIALMENTE NO SE HAN DIVIDIDO, LOS ACTOS QUE EJERZA UNO DE LOS COPROPIETARIOS AFECTAN AL TODO, PUES SE TIENE SOBRE ELLOS UN DERECHO DE PROPIEDAD PROINDIVISO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De conformidad con el artículo 172 del Código Civil del Estado de Chihuahua, el dominio de los bienes en la sociedad conyugal, cuando no existen capitulaciones matrimoniales, corresponde a ambos consortes en igual proporción, ya que este régimen se caracteriza por ser una comunidad de bienes y los consortes deben ser considerados como copropietarios de los bienes que integran la sociedad conyugal, pues el dominio de los bienes corresponde a ambos, lo que determina que tengan sobre ellos un derecho de propiedad proindiviso y, por tanto, que su derecho recaiga sobre la totalidad de la cosa común y no respecto de una parte materialmente determinada, de ahí que en tanto judicialmente no se divida, los actos que ejerza uno de los copropietarios afectan al todo, pues se trata de un bien indiviso". Asimismo, en relación a lo que refiere el quejoso, en el sentido a que no existe certeza en la realidad de cuánto monto existe en las cuentas bancarias, debe decirse que no resulta necesario en este momento saber la cantidad exacta en esas cuentas, pues con independencia de la suma que exista en ambas, aquí únicamente se está ordenando tomar el 50% que le corresponda al deudor alimentista, -aquí quejoso-, y sí con ese porcentaje alcanza a cubrir el pago de los alimentos a los menores, se tendría por cubierto ese concepto, caso contrario, tendría el recurrente que cubrir el faltante de otra forma, pero sin afectar el 50% que le corresponde a su consorte. Pues en el caso, de salir beneficiado el ahora quejoso al dictarse la sentencia definitiva dentro del Juicio de Divorcio Necesario, por excluirse el saldo de las cuentas del capital de la sociedad a disolver, le sería devuelta dicha cantidad. Por otra parte, resulta infundado lo manifestado por el recurrente, en el que aduce que el juez responsable le ordena que debe exhibir nuevos cheques y recoger los ya existentes, pues de la resolución reclamada se advierte que en el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, mismo que fue recurrido, se advierte, se ordenó girar oficio a la sucursal bancaria a la cual se solicitó el congelamiento de la cuenta de cheques, a fin de que libere el cincuenta por ciento del saldo que exista en ese momento, en segundo lugar, para que elabore un cheque a nombre de Ma. de la Luz García Quiñones, en su calidad de representante legal de los acreedores alimentistas, que hará llegar al juzgado responsable para su entrega a esta última, pero no se advierte que condicionen al quejoso a fin de que exhiba de nueva cuenta cheques que garanticen el 50% de alimentos. Consecuentemente, ante lo infundado de los planteamientos de la parte quejosa, y al no advertir queja deficiente que suple en favor de los menores, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a LUIS ENRIQUE DE CASAS DE CASAS, en contra del acto y autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución y por los razonamientos apuntados en el considerando último de este fallo. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria con quien actúa, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, hasta el día de hoy tres de noviembre de dos mil quince en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.

  4. Principal

    SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA MA. DE LA LUZ GARCÍA QUIÑÓNES, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1136/2015 y, RESULTANDO 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el treinta de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas LUIS ENRIQUE CASAS DE CASAS, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Acto Reclamado: a).- La resolución interlocutoria de veintidós de junio del año dos mil quince, y notificada en fecha 26 de junio del año 2015, relativa al recurso de revocación interpuesto por el suscrito, en mi calidad de demandado, dentro del Juicio de Divorcio Necesario, marcado con el número 384/2011, promovido por la C. MA. DE LA LUZ GARCÍA QUIÑONES, que se sigue en contra del hoy quejoso, radicado ante el H. Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en contra del auto de fecha 25 de mayo del año en curso, dentro del juicio señalado". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró bajo expediente 1136/2015; cuyo Titular mediante proveído de uno de julio de dos mil quince, ordenó su admisión; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la tercero interesada y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La interlocutoria de veintidós de junio de dos mil quince, dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en el Juicio de Divorcio Necesario 384/2011. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al rendir su informe justificado reconoció el acto que se le atribuye. Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con la copia certificada del Juicio de Divorcio Necesario 384/2011, así como de diversos incidentes que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable; documentales, que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además de ellos se desprende la existencia de la anotación reclamada. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna otra causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. IV.- Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". En los conceptos violatorios, medularmente se alega lo siguiente: a) La autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón a que la interlocutoria reclamada no se encuentra fundada ni motivada, pues es incongruente con lo que obra en actuaciones, ya que la medida decretada -bloqueo de cuentas- resulta innecesaria, en virtud de que se pretende pagar los alimentos con dos cheques depositados, y la responsable no tiene elementos, ni argumentos o pruebas que efectivamente se advierta que de las cuentas congeladas se pueda cubrir los cheques depositados, o bien se tendría que depositar en las mismas para que sean cubiertos los mismos, situación que a juicio del quejoso no fue valorada. b) Que la responsable en la interlocutoria reclamada se preocupó por cuidar y proteger el 50% de la sociedad conyugal de la ahora tercero interesada, cuando no existe sentencia definitiva de liquidación de la sociedad conyugal. c) Que la responsable indebidamente determinó liberar el 50% de los montos existentes en las cuentas bancarias congeladas, sin existir en la realidad de cuánto monto existe en las mismas, así como el ordenar que deba exhibir nuevos cheques y recoger los ya existentes, ya que la finalidad desbloquear dichas cuentas es para cubrir de manera voluntaria los alimentos adeudados. Para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario hacer una reseña de algunos de los antecedentes que se desprenden del expediente 384/2011, relativo al juicio de Divorcio Necesario lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Jerez de García Salinas, Zacatecas, se radicó el Juicio Civil Ordinario número 384/2011, promovido por Ma. de la Luz García Quiñonez, ejercitando la acción de divorcio necesario y solicitando la disolución del vínculo matrimonial, la liquidación de la sociedad conyugal y pago de gastos y costas (fojas 1 a 7 las copias fotostáticas certificadas del expediente 384/2011). 2. Mediante proveído de doce de septiembre de dos mil once (fojas 20 y 21), el Juez responsable, acordó lo siguiente: a) Se tuvo a Ma. de la Luz García Quiñonez, por promoviendo en la vía ordinaria civil Juicio de divorcio necesario contra Luis Enrique de Casas de Casas. b) Se ordenó emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado, haciéndole saber que disponía del término de diez días hábiles para dar contestación a la demanda y oponer excepciones, apercibida que de no hacerlo, se le tendría por contestada en sentido negativo y el juicio se seguiría en su rebeldía. c) Asimismo, se ordenó requerir a la demandada para que en el plazo fijado señalara domicilio para oír y recibir notificaciones personales, apercibida que de no hacer tal designación, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se le harían mediante cédula fijada en los estrados del juzgado. d) Así como también se acordaron las siguientes medidas: -Se decretó la separación de los cónyuges, ordenándose la salida del demandado del domicilio conyugal y la prohibición de que acuda al mismo. -Se fijó la cantidad de una cuota diaria a efecto de que el deudor alimentista Luis Enrique de Casas de Casas proporcione alimentos provisionales para los menores César Iván y Omar, de apellidos de Casas García. -Se decretó la guardia y custodia de los citados menores a favor de Ma. de la Luz García Quiñonez. 3. El veinte de septiembre de dos mil once, a petición del autorizado de la parte actora en el juicio natural, el Juez responsable, ordenó girar oficio a las instituciones Bancarias Banamex y Bancomer, para efecto de que en las cuentas cuyos datos se proporcionaron se abstengan de realizar movimiento de cuentas propiedad del demandado Luis Enrique de Casas de Casas (fojas 26, 27 y 28). 4. El veintiocho de septiembre de dos mil once, el Juez responsable, ordenó girar oficio al Banco Nacional de México, S. A. a fin de que en las cuentas cuyos datos se proporcionaron se abstengan de realizar movimiento de cuentas propiedad del demandado Luis Enrique de Casas de Casas (fojas 31 y 32). 5. Por otra parte, mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil once, el Juez responsable, tuvo por recibido un escrito signado por el demandado Luis Enrique de Casas de Casas, y en relación a su contenido determinó lo siguiente: Se le tuvo en tiempo y forma contestada la demanda instaurada en su contra y oponiendo excepciones y defensas; asimismo, con su contenido se ordenó dar vista a la parte contraria por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, se fijó día y hora a efecto de que tuviera verificativo una audiencia conciliatoria (foja 82). 6. El cinco de diciembre de dos mil once, se decretó la apertura de la fase probatoria (foja 74). 7. A petición del demandado Luis Enrique de Casas de Casas, se dio inicio al cuaderno relativo al incidente de convivencia en contra de Ma. de la Luz García Quiñones (fojas 6 y 7 del cuadernillo de incidente de convivencia). 8. A solicitud del demandado Luis Enrique de Casas de Casas, el veintiocho de enero de dos mil trece, se tuvo por desistido del incidente de convivencia (foja 43). 9. El dieciocho de febrero de dos mil trece, Ma. de la Luz García Quiñones, promovió incidente de pago de pensiones alimenticias atrasadas, en contra de Luis Enrique de Casas de Casas, mismo que fue admitido el diecinueve de ese propio mes y año (fojas 1 a 3 del cuadernillo incidental). 10. El diecisiete de julio de dos mil trece se emitió sentencia interlocutoria, en la que fue procedente la acción incidental de liquidación de pensiones alimenticias atrasadas en contra del demandado en el juicio natural; en la resolución se aprobó la liquidación formulada por la parte actora por la cantidad de cuarenta y dos mil noventa y nueve pesos con setenta y cinco centavos, como pago de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, correspondiente a los periodos de uno de agosto de dos mil once al quince de febrero de dos mil trece, a favor de los menores César Iván y Omar, de apellidos de Casas García (fojas 11 y 12 del cuadernillo incidental). 11. El veintisiete de noviembre de dos mil trece, se admitió el incidente de pago de pensión alimenticia, en contra de Luis Enrique de Casas (fojas 5 y 6). 12. Por lo que el dieciocho de marzo de dos mil catorce, se emitió interlocutoria, en el que se aprobó la liquidación formulada por la parte actora dentro del presente incidente, por la suma de veintiséis mil doscientos treinta y nueve pesos con noventa y cinco centavos como pago de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, correspondiente a los periodos de la segunda quince de febrero y la segunda de abril de dos mil catorce (fojas 18 a 21). 13. El veintisiete de enero de dos mil quince, el demandado Luis Enrique de Casas de Casas presentó un escrito, en el que solicitó al juez natural se sirva desbloquear las cuentas de Banamex y Bancomer, a efecto de que los cheques que anexó por la cantidad de ciento dos mil cuarenta y ocho pesos con cinco centavos puedan cubrir hasta el treinta de enero del año en curso, en favor de los menores César Iván y Omar, de apellidos de Casas García, solicitando además se continúen desbloqueadas dichas cuentas para seguir cumpliendo con la pensión decretada en tiempo y forma (foja 96). 14. Con lo anterior, el juez natural por acuerdo de tres de febrero del año en curso, dio vista a la parte actora Ma. de la Luz García Quiñones, quien se opuso a lo solicitado por la parte demandada (fojas 99, 102 y 103). 15. Luego, el trece de mayo del presente año, la parte demandada, presentó escrito ante el juez responsable, al que anexó dos cheques por las sumas de noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional y siete mil cien pesos 00/100 moneda nacional, a favor de Ma. de la Luz García Quiñonez, como representante de los acreedores alimentistas (fojas 239 a 243). 16. A lo anterior el veinticinco de mayo del año que transcurre recayó el siguiente acuerdo: "Visto el escrito que antecede recibido a la parte demandada material, señor Luis de Casas de Casas, se le tiene produciendo sus manifestaciones, por una parte, respecto a la medida provisional de congelamiento de cuenta de cheques para asegurar los efectos de la sentencia respecto a la liquidación de la sociedad conyugal, y por otro lado, respecto al requerimiento que le hace este tribunal para que cubra de manera voluntaria cada una de las cantidades de dinero que se tienen como líquidas en cada incidente tramitado en su contra. En lo que hace a las manifestaciones vertidas sobre la medida decretada para asegurar la efectividad de lo sentenciado sobre la liquidación de la sociedad conyugal bajo la cual se contrajo el matrimonio, implica que el ocursante admite ante todo y de manera expresa que su matrimonio con la parte actora está regido por ese régimen patrimonial. Se trata por tanto de un derecho evidente de ambos cónyuges reconocido efectivamente desde la fijación de la litis. Pero más importante resulta, que con excepción del reclamo que hace hasta ahora el compareciente sobre el tiempo transcurrido desde que fue decretada la medida y materializada, no hubo antes oposición de lo acordado al respecto, a pesar de existir trámite específico regulado en la Ley para ese propósito. Ello implica que se asuma también la vinculación que existe entre el saldo existente en la cuenta bancaria afectada a la providencia cautelar y el derecho de ambos involucrados en la sociedad conyugal sobre una parte proporcional de los recursos. Luego, lo expuesto por el ocursante respecto al derecho fundamental de los menores para que sus progenitores aporten lo necesario para su subsistencia, es precisamente lo determinante para que Ma. de la Luz García Quiñones promoviera en su contra los incidentes de regulación de pensiones decretadas como medidas provisional y no cubiertas durante el tiempo transcurrido previo a cada demanda incidental. La realidad es que el propósito del compareciente para descongelar la cuenta de cheques reportada a su nombre tiene que ver o conlleva liberarse de la obligación sobre las pensiones atrasadas. Está claro que estamos hablando de adeudos contraídos por el señor Luis de Casas de Casas y de una obligación de la que debe responder única y exclusivamente con su patrimonio. Sin que se involucre por lo tanto erogación alguna de la progenitora, que desde luego ya se hizo, tan es así que se habla de cantidades de dinero que se consideró el aporte del padre, según el auto que autoriza la providencia y fija la cantidad a cubrir. Como una obligación exclusiva del señor Luis de Casas de Casas, la debe solventar entonces con la parte proporcional que le corresponde en el saldo de la cuenta bancaria, dada la disponibilidad que se quiere dar a esos recursos de manera anticipada a la sentencia y a su ejecución, etapa esta última en la que propiamente se define cuál o cuáles bienes exactamente le corresponden a cada interesado. Mientras tanto, se atiende a lo considerado hipotéticamente por la legislación sustantiva, es decir, que en cada uno de los bienes que se llegaren a detectar como adquiridos durante la vigencia del matrimonio, a cada uno de los contratantes le corresponde única y exclusivamente un cincuenta por ciento. Sin perjuicio que extinguida la sociedad conyugal y estando los interesados por definir lo que pertenecerá de manera exclusiva a su respectivo patrimonio, hagan el ajuste por la cantidad de dinero que de momento representa la parte proporcional a favor de la otra participante en el caudal de la sociedad, manteniéndose como tal, o bien, integrándose a los bienes que adquiera el señor de Casas de Casas a cambio de otro u otros que se entregarían a su todavía esposa. Y justo sobre ese cincuenta por ciento que representa para el señor Luis de Casas de Casas respecto al saldo existente en la cuenta de cheques reportada a su nombre, será lo que debe considerar como disponible y con tal propósito de cubrir el adeudo por pago de pensiones líquidas en los incidentes instaurados en su contra. Por lo tanto, remítase oficio a la sucursal bancaria a la cual se solicitó el congelamiento de la cuenta de cheques, pero en esta ocasión para que primeramente, libere el cincuenta por ciento del saldo que exista en ese momento; en segundo término, para que elabore un cheque a nombre de la representante legal de los directamente interesados los incidentes, Ma. de la Luz García Quiñones, que hará llegar enseguida a este Tribunal para su entrega a esta persona; y por lo que hace al resto de dicho saldo, se mantenga sujeto a la medida provisional de congelamiento de cuenta de cheques decretada y solicitada en su momento. Ante las gestiones directas para disponer del cincuenta por ciento sobre el saldo existente en la cuenta de cheques y aplicación hasta donde alcance a cubrir lo adeudado por el señor Luis de Casas de Casas con ambos incidentes de regulación de pensiones alimenticias, devuélvanse por lo tanto los documentos que se exhiben con el escrito de cuenta, previa constancia de su recibo y copia sellada y cotejada que se agregue al expediente en sustitución de sus originales." (fojas 141 y 142). 17. Inconforme con lo anterior, el ahora quejoso Luis Enrique de Casas de Casas interpuso recurso de revocación, mismo que se resolvió en los siguientes términos: "RESOLUCIÓN DE REVOCACIÓN. Jerez de García Salinas, Zacatecas, a veintidós de junio de dos mil quince. Vistos, los autos del Juicio Civil Ordinario de Divorcio Ne3cesario, promovido por Ma, de la Luz García Quiñonez, en contra de Luis Enrique de Casas de Casas, estando los autos citados para dictar la resolución correspondiente al recurso de revocación planteado por Luis enrique de Casas de Casas, contra el auto recaído el veinticinco de mayo de dos mil quince, mismo que de conformidad con los artículos 367 y 368 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se resuelve de conformidad con lo siguiente; y: CONSIDERANDOS: PRIMERO. El artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece la posibilidad de revocar los autos que hayan sido dictados por el propio juez que los dictó, o por quien lo sustituya en el conocimiento del negocio, y el siguiente precepto 368 fracción IV, del ordenamiento invocado, de las bases para el trámite del presente recurso. En la especia dicho trámite fue observado. SEGUNDO. Luis Enrique de Casas de Casas, presentó el veintiséis de mayo de dos mil quince, recurso de revocación contra el auto dictado el veinticinco de mayo de dos mil quince, con el cual se dio vista a la contraparte el ocho de junio de la presente anualidad, bajo ese tenor el once de junio del que corre, se le tiene a la contraria evacuando la vista que se le dio con dicho recurso, así se resuelve al tenor siguiente. El recurrente funda y motiva el presente, bajo dos puntos de agravio y por su parte Ma. de la Luz García Quiñónez, da contestación al evacuar la vista a cada uno de los puntos señalados por el recurrente, mismos que por obvio de repetición innecesaria se dan aquí por reproducidos como si a la letra se insertaren. A fin de emitir el fallo correspondiente, en la inteligencia que el presente, versa sobre una cuestión respecto a una medida cautelar, tendiente a garantizar los alimentos a los menores César Iván y Omar de apellidos de Casas García, por parte del deudor alimentista, es necesario la transcripción de los siguientes ordenamientos: El número 4 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez". Por otra parte la Ley Reglamentaria del citado numeral Constitucional; es decir la Ley para la protección de niñas, niños y adolescentes, establece en su artículo 3 como principio rector de los derechos de niños, niñas y adolescentes, precisamente el interés superior de la infancia, numeral que expresa como objetivo de la protección de sus derechos el brindarle y asegurarles un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad. Igualmente dispone el artículo 4 de la citada legislación "De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños, y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y lka asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. La aplicación de esta ley atendrá al respecto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En ese sentido, es necesario invocar la Convención sobre los Derechos del niño, a la cual el Estado Mexicano se adhirió el veintiséis de enero de mil novecientos noventa publicada en el diario oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Carga Magna, tiene carácter de Ley Suprema. Dicho instrumento internacional en reiteradas ocasiones dentro de su articulado, establece como preponderante el interés superior del menor, determinando concretamente en el artículo 3: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se entenderá será al interés superior del niño". Bajo esos parámetros, el Código Familiar del Estado, señala en lo que interesa lo siguiente: Artículo 256.- Es acreedor alimentista todo aquel que no puede bastarse a sí mismo, y es deudor alimentista el obligado a proporcionar alimentos, en los términos establecidos en este Capítulo. Artículo 266.- Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Artículo 269.- Los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Artículo 275.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos, o cualquiera otra forma de garantía suficiente a juicio del Juez, quien podrá remitir a las partes a un procedimiento de mediación, para alcanzar un acuerdo satisfactorio. Ante lo expuesto, analizados los ordenamientos legales invocados, confrontándolos con el contenido del auto combatido, así como los agravios que señala el recurrente, y la vista evacuada por Ma. de la Luz García Quiñónez, resulta infundado el recurso de revocación, en atención a que el acuerdo dictado el veinticinco de mayo de dos mil quince, no acarrea perjuicio al recurrente, puesto que, en autos se encuentra acreditado la necesidad de recibir alimentos los menores César Iván y Omar de apellidos de Casas García de parte del reclamante, además de que tal incumplimiento se encuentra cuantificado, es decir existe condena líquida, determinada respecto a ese concepto, aunado a ello, se advierte una confesión judicial por parte de deudor alimentista, tal y como lo prevé el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al admitir éste tal adeudo, así como su deseo que del capital que se encuentra congelado en las cuentas bancarias cuyos datos obran en el principal, se tome la suma de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos), y $7,100.00 (siete mil cien pesos cero centavos moneda nacional). Analizado el auto que se combate, se reitera que su contenido no violenta derecho alguno del recurrente, al contrario, atendiendo al derecho del menor, al invocar su interés superior, con la medida decretada, se garantizan el abono en cuenta del pago de alimentos de los menores. Resultando sobre el cual no se prejuzga, porque no se emite resolución concerniente a la existencia o no de la sociedad conyugal. Además de que la medida decretada se encuentra sustentada en la apariencia del buen derecho puesto que una de las prestaciones accesorias reclamadas en la presente causa es la disolución de la sociedad conyugal y en su momento su liquidación y basta con observar la documental pública relativa a la certificación de matrimonio entre las partes (foja 12 del principal), visiblemente se aprecia que establecieron su régimen matrimonial en sociedad conyugal, de modo que de proceder la acción principal las accesorias como la disolución conyugal necesariamente sería una consecuencia procesal. Bajo ese panorama, ante la ausencia de capitulaciones matrimoniales, debe entenderse que tienen iguales derechos sobre los bienes del matrimonio y sus partes serán por mitad, o sea el cincuenta por ciento. Además la circunstancia de que no se hubiesen liquidado la sociedad conyugal y se hubiera hecho la división de los bienes del matrimonio, no impide que cada cónyuge tenga el dominio indiviso sobre los bienes del fondo común. En ese tenor, de tal manera que el señor Luis Enrique de Casas de Casas puede disponer de su parte porcentual para el cumplimiento de su obligación alimenticia con el debido respeto de la parte alícuota que corresponde a su cónyuge. Por lo expuesto, entonces, si los cónyuges unidos en matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal pueden disponer como dueños de su respectiva parte alícuota, aunque no exista liquidación de la sociedad conyugal y división de bienes, indudablemente que pueden garantizar con esa mitad sus obligaciones contraídas, es decir, no puede conceptuarse como ilegal la disposición del 50% de los bienes que haga cada uno de los consortes antes de decretarse el divorcio o disuelta la sociedad conyugal, ya que a cada uno le corresponde pro indiviso dicho porcentaje, ello, encuentra sustento con la Jurisprudencia que a la letra reza lo siguiente: SUSPENSIÓN. PARA DECIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En las condiciones precisadas, el auto del veinticinco de mayo de dos mil quince, no violenta garantías del recurrente, ni de los menores, su contenido no prejuzga, simplemente garantiza el pago de alimentos, cuya cuantía es líquida y determinable, por tanto, resulta infundado los agravios expuestos en el recurso de revocación contra dicho auto, tras haberse aquí dispuesto el porqué no es procedente, en consecuencia, se declara firme e incólume para todos sus efectos y consecuencias de ley el auto ya referido. No pasa desapercibido al suscrito lo señalado por el recurrente, en el sentido que indica que no se le puede condicionar a que exhiba nuevos cheques que cubran sólo el 50% de alimentos, y dejar el restante para la actora cubriendo su parte que le corresponda con la sociedad conyugal, sin embargo, se advierte que el actor hace una interpretación distinta a la ordenada en el auto combatido, puesto que, si bien es cierto, en autos se tiene la manifestación del recurrente, en hacer uso del cien por ciento del efectivo que se encuentra congelado en las cuentas bancarias y destinarlo al pago de alimentos, empero, en la presente, se ordenó girar oficio a la sucursal bancaria a la cual se solicitó el congelamiento de la cuenta de cheques, a fin de que libere el cincuenta por ciento del saldo que exista en ese momento, en segundo término, para que elabore un cheque a nombre de Ma. de la Luz García Quiñones, en su calidad de representante legal de los acreedores alimentistas, que hará llegar a este Juzgado para su entrega a esta última, más en ningún momento se le condiciona al recurrente a fin de que exhiba de nueva cuenta cheques que garanticen el 50% de alimentos. Por lo expuesto, y fundado en lo establecido en los artículos 156, 157, 158, 265, 367, 368, y 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y demás ordenamientos invocados, este Juzgado dirime la controversia al tenor de los siguientes puntos: Así las cosas, se resuelve: RESOLUTIVO ÚNICO. Dentro de los autos del Juicio Civil Ordinario de Divorcio Necesario 384/2011, el recurso de revocación intentado por Luis Enrique de Casas de Casas en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil quince (vid 244-245 dentro de lo actuado en lo principal), resultó infundado en el fondo, en consecuencia, se declara firme e incólume para todos sus efectos y consecuencias de ley dicho auto. Notifíquese personalmente y cúmplase". Resolución que constituye el acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso. Ahora bien, atendiendo a que en el presente caso se encuentran involucrados dos menores de edad, cabe señalar que este órgano jurisdiccional está obligado a velar por el interés superior de la niñez, que es un valor de más alto rango que otros en la vida comunitaria y familiar. Tal como sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así mismo, nuestro País es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de ese mismo año, que en forma preponderante constriñen a los Tribunales a velar por el interés superior del niño. Además, debe precisarse que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo expuesto, es dable concluir que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a menores de edad, debe resolverse atendiendo al principio básico del interés superior del niño. Debe destacarse que el objeto fundamental de la figura jurídica de los alimentos es que el deudor otorgue al acreedor lo necesario para su subsistencia en forma integral, entendiéndose por esto, tratándose de los hijos: sustento, vestido, habitación, entretenimiento, atención médica y hospitalaria, educación y gastos para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; igualmente, cabe señalar que los menores gozan de la presunción de necesitar alimentos, pues por su edad, se parte de la base de que no tienen capacidad para allegarse recursos propios. Precisado lo anterior, cabe destacar, que tratándose de acciones que tienen por objeto prestaciones sucesivas, como en la especie es el pago de pensiones alimenticias, debe de aplicarse el principio de economía procesal. Consecuentemente, considerando el interés superior del menor, contrario a lo que aduce el quejoso en sus conceptos de violación, este Tribunal Federal, concuerda con lo resuelto por el Juez de origen, ya que se estima que es obligación del juez responsable de motu proprio, en suplencia del menor, realizar las gestiones tendientes a fin de que con la liberación del cincuenta por ciento de las cuentas bancarias, propiedad del quejoso, se garantice el abono en cuenta del pago de alimentos de los menores, máxime que el litigio de donde deriva la resolución aquí reclamada, versa sobre alimentos que pertenecen a dos menores de edad. Lo anterior es así, porque en los procesos judiciales que tienen por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos son de tipo inquisitorio, pues todas las cuestiones relativas a la familia se consideran de orden público. Tan es así que la acción relativa puede ejercerse por el acreedor alimentario o por el Estado, a través del Ministerio Público, por lo que el juez de origen puede suplir la deficiencia de la queja a favor de la parte más vulnerable. De ahí, que no podría sostenerse que en los juicios de alimentos la litis se fija exclusivamente por lo aducido por las partes y que el Juez no puede tener intervención alguna, como lo pretende el quejoso. La consideración anterior se refuerza con las diversas jurisprudencias y tesis aisladas que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encaminadas a proteger el interés superior del menor, y a inducir a los jueces locales y federales a suplir la deficiencia de la queja y actuar de oficio en razón de dicho interés, las cuales son la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, Novena Época, sostenida por la Primera Sala, visible en la página 167, del Tomo XXIII, mayo de 2006 y la diversa, tesis 1a. CXLI/2007, consultable en la página 265, del Tomo XXVI, Julio de 2007, ambas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se leen: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: 'la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." Esto es, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior (del niño) es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez; aspecto que cumplió el juez responsable al confirmar el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, en la que se ordenó girar oficio a la institución bancaria correspondiente, a fin de liberar el cincuenta por ciento de las cuentas bancarias propiedad del quejoso, y así se garantice el abono en cuenta del pago de alimentos de los menores. El motivo de inconformidad identificado con el inciso a), en el que aduce el quejoso que la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón a que la interlocutoria reclamada no se encuentra fundada ni motivada, pues es incongruente con lo que obra en actuaciones, ya que la medida decretada -bloqueo de cuentas- resulta innecesaria, en virtud de que se pretende pagar los alimentos con dos cheques depositados, y la responsable no tiene elementos, ni argumentos o pruebas que efectivamente se advierta que de las cuentas congeladas se pueda cubrir los cheques depositados, o bien se tendría que depositar en las mismas para que sean cubiertos los mismos, situación que a juicio del quejoso no fue valorada. Resulta infundado, toda vez que contrario a lo que aduce, la responsable sí fundó y motivó la interlocutoria reclamada, en la cual declaró firme el auto de veinticinco de mayo del año en curso y determinó que el mismo no le ocasiona perjuicio alguno, puesto que en autos se encuentra acreditado la necesidad de recibir alimentos los menores César Iván y Omar de apellidos de Casas García de parte del recurrente, además de que tal incumplimiento se encuentra cuantificado, esto es existe condena líquida, establecida respecto a dicho concepto, aunado a que el mismo quejoso admite tal adeudo, de conformidad con el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como el deseo del impetrante del amparo que del capital que se encuentra congelado en las cuentas bancarias, sea tomada la suma de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 m. n.) y $7,100.00 (siete mil cien pesos 00/100 m. n.). Ello es así, pues en ésta se señalaron los motivos o circunstancias por los cuales se consideró confirmar el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, así como los fundamentos legales en los cuales se basó el juez responsable para dictar la resolución de referencia, tales como los numerales 256, 266, 269, 275, del Código Familiar del Estado de Zacatecas, así como en los diversos 156, 157, 158 265, 367, 368 y 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De lo antes expuesto, de manera clara se desprende que la autoridad responsable, citó los preceptos aplicables al caso concreto, habida cuenta que de un análisis conjunto de tales disposiciones legales, se logra evidenciar que en dichos artículos se habla del trámite relativo al recurso de revocación que es el medio de impugnación que se resuelve en la resolución reclamada. Así pues, la resolución de veintidós de junio de dos mil quince, pone de manifiesto que sí existió coincidencia entre las hipótesis normativas y los motivos y circunstancias que se expresaron para declarar firme el auto de veinticinco de mayo del presente año, consistente en remitir oficio a la sucursal bancaria a la cual se solicitó el congelamiento de la cuenta de cheques, para que primeramente, libere el cincuenta por ciento del saldo que exista en ese momento; en segundo término, para que elabore un cheque a nombre de la representante legal de los directamente interesados Ma. de la Luz García Quiñones, que hará llegar enseguida al Tribunal para su entrega a esta persona; y por lo que hace al resto de dicho saldo, se mantenga sujeto a la medida provisional de congelamiento de cuenta de cheques decretada y solicitada en su momento. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma." De igual forma, resulta aplicable a lo anterior, las tesis siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De igual manera, resultan infundados los conceptos de violación identificados con los incisos a) y b), en los que el quejoso refiere que la responsable en la interlocutoria reclamada se preocupó por cuidar y proteger el 50% de la sociedad conyugal de la ahora tercero interesada, cuando no existe sentencia definitiva de liquidación de la sociedad conyugal; y que indebidamente determinó liberar el 50% de los montos existentes en las cuentas bancarias congeladas, sin existir en la realidad de cuánto monto existe en las mismas, así como el ordenar que deba exhibir nuevos cheques y recoger los ya existentes, ya que la finalidad de desbloquear dichas cuentas es para cubrir de manera voluntaria los alimentos adeudados. En efecto, el juez responsable, al declarar firme el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, en el que se ordenó liberar el 50% de los montos existentes en las cuentas bancarias congeladas, destacó con acierto que ese acuerdo, no violenta las garantías del ahora quejoso, ni de los menores, simplemente garantiza el pago de alimentos de éstos, cuya cuantía es líquida y determinable. Lo anterior es así, ya que las cuentas embargadas al quejoso, pertenecen a la sociedad conyugal; y al no existir las capitulaciones matrimoniales o éstas, no se han dividido judicialmente, ambos cónyuges mantienen, en copropiedad, el dominio sobre esas cuentas bancarias, pues al no ser así, se afectaría la parte alícuota que le corresponde a la cónyuge aquí tercero interesada; y, en consecuencia, su esfera de derechos, específicamente el de propiedad; pues de acuerdo con el artículo 14 constitucional, nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. No es obstáculo a lo anterior, cuando alega el quejoso que no existe sentencia definitiva de liquidación de la sociedad conyugal, sin embargo, ello no impide que cada cónyuge tenga el dominio indiviso sobre los bienes del fondo común. De ahí que, como lo consideró el juez responsable, el ahora quejoso Luis Enrique de Casas de Casas puede disponer únicamente de su parte porcentual, para el cumplimiento de su obligación alimenticia; por lo que al no conceptuarse como ilegal la disposición del 50% de los bienes que haga cada uno de los consortes antes de decretarse el divorcio o disuelta la sociedad conyugal, ya que a cada uno le corresponde pro indiviso dicho porcentaje. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "BIENES MUEBLES EMBARGADOS PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y NO SE HAN DIVIDIDO JUDICIALMENTE, AMBOS CÓNYUGES MANTIENEN, EN COPROPIEDAD, EL DOMINIO SOBRE AQUÉLLOS, EN IGUAL PROPORCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). La legislación civil sustantiva del Estado de Chihuahua establece que si se acredita que los bienes muebles embargados pertenecen a la sociedad conyugal; y no existen capitulaciones matrimoniales o no se han dividido judicialmente, ambos cónyuges mantienen, en copropiedad, el dominio sobre aquéllos; y si no es así se afecta la parte alícuota que le corresponde a cada cónyuge y, en consecuencia, su esfera de derechos, específicamente el de propiedad pues, de acuerdo con el artículo 14 constitucional, nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". De igual manera, es aplicable al caso concreto, la tesis que dice: "BIENES EN LA SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y JUDICIALMENTE NO SE HAN DIVIDIDO, LOS ACTOS QUE EJERZA UNO DE LOS COPROPIETARIOS AFECTAN AL TODO, PUES SE TIENE SOBRE ELLOS UN DERECHO DE PROPIEDAD PROINDIVISO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De conformidad con el artículo 172 del Código Civil del Estado de Chihuahua, el dominio de los bienes en la sociedad conyugal, cuando no existen capitulaciones matrimoniales, corresponde a ambos consortes en igual proporción, ya que este régimen se caracteriza por ser una comunidad de bienes y los consortes deben ser considerados como copropietarios de los bienes que integran la sociedad conyugal, pues el dominio de los bienes corresponde a ambos, lo que determina que tengan sobre ellos un derecho de propiedad proindiviso y, por tanto, que su derecho recaiga sobre la totalidad de la cosa común y no respecto de una parte materialmente determinada, de ahí que en tanto judicialmente no se divida, los actos que ejerza uno de los copropietarios afectan al todo, pues se trata de un bien indiviso". Asimismo, en relación a lo que refiere el quejoso, en el sentido a que no existe certeza en la realidad de cuánto monto existe en las cuentas bancarias, debe decirse que no resulta necesario en este momento saber la cantidad exacta en esas cuentas, pues con independencia de la suma que exista en ambas, aquí únicamente se está ordenando tomar el 50% que le corresponda al deudor alimentista, -aquí quejoso-, y sí con ese porcentaje alcanza a cubrir el pago de los alimentos a los menores, se tendría por cubierto ese concepto, caso contrario, tendría el recurrente que cubrir el faltante de otra forma, pero sin afectar el 50% que le corresponde a su consorte. Pues en el caso, de salir beneficiado el ahora quejoso al dictarse la sentencia definitiva dentro del Juicio de Divorcio Necesario, por excluirse el saldo de las cuentas del capital de la sociedad a disolver, le sería devuelta dicha cantidad. Por otra parte, resulta infundado lo manifestado por el recurrente, en el que aduce que el juez responsable le ordena que debe exhibir nuevos cheques y recoger los ya existentes, pues de la resolución reclamada se advierte que en el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, mismo que fue recurrido, se advierte, se ordenó girar oficio a la sucursal bancaria a la cual se solicitó el congelamiento de la cuenta de cheques, a fin de que libere el cincuenta por ciento del saldo que exista en ese momento, en segundo lugar, para que elabore un cheque a nombre de Ma. de la Luz García Quiñones, en su calidad de representante legal de los acreedores alimentistas, que hará llegar al juzgado responsable para su entrega a esta última, pero no se advierte que condicionen al quejoso a fin de que exhiba de nueva cuenta cheques que garanticen el 50% de alimentos. Consecuentemente, ante lo infundado de los planteamientos de la parte quejosa, y al no advertir queja deficiente que suple en favor de los menores, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a LUIS ENRIQUE DE CASAS DE CASAS, en contra del acto y autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución y por los razonamientos apuntados en el considerando último de este fallo. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria con quien actúa, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, hasta el día de hoy tres de noviembre de dos mil quince en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE."

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