Luis Enrique de Casas de Casas

Expediente 768/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
768/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
13/06/2018

Partes del expediente

  • Luis Enrique de Casas de Casas
  • Juez Segundo de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    El trece de junio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico: Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva al quejoso; sin embargo, no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Que existen cuatro tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con un oficio con registro 12472 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a trece de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano jurisdiccional en once de junio de dos mil dieciocho en el amparo en revisión civil 94/2018-4; los autos del juicio de amparo 768/2017. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la sentencia de veintiocho de febrero del año en curso, dictada por este juzgado, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En atención a que la sentencia de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, en razón de que este Juzgado considera que el presente asunto no tiene relevancia documental. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración al haberse concedido la suspensión definitiva al quejoso de los actos reclamados; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución relativa. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, y en el momento oportuno se lleve a cabo su destrucción. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Devuélvanse a la autoridad responsable juez Segundo Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, las constancias que adjuntó a su informe de ley, consistentes en el juicio de divorcio necesario 384/2011 y tres cuadernillos derivados de éste. Notifíquese. ...

  2. Principal

    El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 8175. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Luis Enrique de Casas de Casas contra la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa; el cual dio origen al amparo en revisión civil 94/2018-4. Notifíquese. Lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  3. Principal

    El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con folio 5541 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por el quejoso Luis Enrique de Casas de Casas, por el que interpone recurso de revisión; por tanto, como lo solicita con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e) 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 58 a 66), en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por último, una vez que obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, relativos a la sentencia dictada dentro del presente asunto y a la interposición de este recurso, envíese el presente juicio de amparo para la substanciación del recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 768/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Luis Enrique de Casas de Casas, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y por el acto que se especifica a continuación: Autoridad responsable: Juez Segundo Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Acto reclamado: ".reclamo la Resolución Interlocutoria de fecha de 8 de agosto del año 2015 (sic) y Notificada en fecha 15 de agosto del año 2017, relativa al INCIDENTE DE LIQUIDACION DE PENSIONES VENCIDAS Y NO PAGADAS, en mi calidad de demandado, dentro del Juicio de Divorcio Necesario, marcado con el número 384/2011, promovido por la C. MA. DE LA LUZ GARCÍA QUIÑONES.." El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó su registro con el consecutivo 768/2017 y se previno a la parte quejosa para que realizará una narración de los hechos o abstenciones que le consten, precisara la etapa procesal en la que se encontraba el juicio de divorcio y señalara con exactitud la fecha de la interlocutoria reclamada; y cuándo fue notificada de la misma; una vez desahogada dicha prevención, por auto de dieciocho de septiembre del año citado, se admitió la demanda, se solicitó su informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Federal y se emplazó a la tercera interesada. Seguido el juicio por sus trámites legales, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del Acta que antecede, misma que forma parte integral de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por reclamarse actos de autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este Tribunal Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución Interlocutoria de ocho de agosto del dos mil diecisiete (se aclara que ésta es la fecha correcta y no ocho de agosto de dos mil quince que se señala en la demanda), dictada en el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas derivado del juicio de divorcio necesario 384/2011. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, ya que así lo reconoció expresamente en su informe justificado (foja 51). Lo anterior se corrobora con las constancias deducidas del expediente 384/2011, relativo al juicio de divorcio; así como del incidente de liquidación de pensiones alimenticias derivado del mismo; y dos cuadernos de pruebas ofrecidas por las partes, que en copias fotostáticas certificas en apoyo a su informe justificado remitió la juez responsable; documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, como lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente asunto las partes no hicieron valer causales de improcedencia, tampoco este resolutor advierte de manera oficiosa que se actualice alguna. QUINTO. En la resolución que en esta instancia se reclama, en lo que aquí interesa se sostuvo lo siguiente: [.] "En otra vertiente, resta corroborar si la parte demandada incidental cumplió con el pago de los alimentos que debe otorgar a sus menores hijos de forma quincenal, con posteridad a las fechas comprendidas en las interlocutorias reseñadas, es decir, a partir del quince de noviembre de dos mil trece hasta el mes de septiembre de dos mil dieciséis que peticiona la incidentista. Como se dijo con antelación, el demandado afirma no adeudar ningún monto por concepto de pago de alimentos, inclusive refiere en el punto cuarto de los hechos de su escrito de evacuación de vista, lo que sigue: "CUARTO.- Como señalé le entregue a fuera del juzgado la cantidad de CENTO (sic) DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N., 14 del mes corriente como al medo (sic) día estando presente mi hijo el mayor LUIS DE CASAS GARCÍA quien puede constatar lo señalado y que presentaré a que rinda su testimonio, lo anterior lo hice con el objeto de terminar con el presente juicio y cumplir ante el juzgado la pensión fijada de manera quincenal." Transcripción donde el demandado asegura que entregó la cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), ante la presencia de su hijo Luis de Casas de Casas; empero, cabe resaltar dos cuestiones relevantes: Luis Enrique de Casas Casas, no precisa a qué persona entregó esa cantidad de dinero; Tampoco específica afuera de cual Juzgado hizo entrega de tal cantidad, y si lo hizo en efectivo o en cualquier otra forma de pago. Además, cita que la entregó el catorce del mes corriente como a medio día, de lo que se intuye fue en el mes de octubre de dos mil dieciséis, por ser este mes cuando presentó su escrito de evacuación de vista. Ante este escenario, tenemos que la redacción de ese punto de hecho resulta ambiguo ya que no denota claridad y certeza a su contenido, como elementos contundentes que sirvan de sustento a este Juzgador para conocer la verdad y realidad de los sucesos acontecidos y sobre los cuales, vayan encaminados los elementos de convicción. Así que, aun cuando el demandado incidental haya ofrecido pruebas para demostrar sus aseveraciones, las mismas no le favorecen porque tratan de hechos distintos a los que expuso en su evacuación de vista, entre ellos: Que fue entregada la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y no la cantidad de ciento diez mil. Que dicho monto lo entregó el catorce de diciembre del año dos mil dieciséis, y no el catorce del mes corriente (octubre-2016). Que la actora incidental no le entregó recibo alguno. Que fue hecha la entrega en las afueras del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Hechos los dos primeros que son diversos a los depuestos en su escrito de evacuación de vista de este incidente, y los restantes son nuevos, al no haberlos expresados de forma fehaciente en la narración de los hechos de su escrito, con la única coincidencia que estuvo presente su hijo Luis Enrique de Casas García, pero sin que eso sea bastante para subsanar las omisiones del demandado incidental. Por ende, si la finalidad de las pruebas es provocar convicción en el Juzgador sobre la veracidad de los hechos alegados en el proceso, cuando tales sucesos no se describen y detallan, en este caso por el demandado incidental, dicho fin se torna inane, puesto que las pruebas tienden a demostrar y corroborar las afirmaciones propuestas por las partes en el juicio, y no a incluir nuevos hechos, subsanar o ampliar los ya existentes, como sucede en el presente. De esta manera, el artículo 257 de la Legislación Procesal Civil del Estado, establece que las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos, lo que significa que serán materia y objeto de prueba, únicamente aquellos hechos sobre los que exista disconformidad entre las partes y estén claramente expresados. Entonces, si como fue asentado, las pruebas confesional, declaración de parte y testimonial que propuso como prueba el demandado incidental, Luis Enrique de Casas de Casas, tienden a demostrar hechos que no exteriorizó en su escrito de evacuación de vista, pese a que tengan relación con los hechos controvertidos e intenten desvirtuar las pretensiones de la parte actora incidental, quien Juzga se encuentra imposibilitado para valorarlas, de conformidad con lo prescrito por la fracción I, del artículo 259, del Cuerpo Procesal Civil del Estado, que reza: "Artículo 259. Son improcedentes y el juez podrá rechazar de plano las pruebas que se rindan: Para demostrar hechos que no son materia de la controversia o no han sido alegados por las partes; Lo anterior, en consonancia además con el numeral 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual prevé que toda solución debe ser congruente con la demanda y la contestación, sea definitiva o incidental, y con las demás prestaciones deducidas oportunamente en el pleito, de lo que se colige, que las pruebas aportadas al juicio sólo deben de tomarse en consideración cuando tiene relación directa con los aspectos que se alegan en la litis, a efecto de no atentar con los principios elementales de congruencia y claridad de toda resolución judicial. Por las razones apuntadas, la defensa que hizo valer el demandado incidental, relacionado a haber cubierto el total de las prestaciones adeudadas a sus menores hijos por concepto de alimentos desde el quince de noviembre de dos mil quince hasta la presente data, es improcedente, en razón de que no justificó con pruebas idóneas, cumplir con la obligatoriedad adquirida por la relación paterno-filial que lo une con sus dos hijos menores de edad." [.] En tanto que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, a guisa de conceptos de violación, expone lo siguiente: [.] "Aunado a lo anterior en la resolución que hoy se combate la autoridad señalada como responsable se duele de que el hoy quejoso debí de depositar las pensiones anticipadas, ante la autoridad señalada como responsable, sin embargo también se pueden entregar de común acuerdo entre las partes y externarlos ante la autoridad, pero tal parece que la autoridad señalada como responsable actúa como juez y parte y saca sus propias conclusiones sin fundamento y menos aún motiva como lo hace de manera indebida en el presente caso concreto, y lo cierto es que se le entregó la cantidad de CIEN MIL PESOS 00/100 M.N., lo cual no fue impugnado ni objetado por la actora, quedando firme con la declaración de la testimonial que realiza el C. LUIS ENRÍQUE DE CASAS GARCÍA, el cual al ser interrogado por la parte contraria y en la razón fundada de su dicho quedó debidamente acreditado la entrega de dicho monto como pensión adeudadas alimenticias en favor de los menores hijos procreados en el matrimonio, ni le da valor a la prueba confesional con cargo al hoy quejoso, lo cual la autoridad señalada como responsable actúa como juez y parte al señalar argumentos que la actora no hizo valer y no existiendo congruencia con los escritos existentes en la Litis lo cual rebasa sus funciones al señalar las cantidades que se recibieron si fue CIENTO DIEZ MIL O CIEN MIL PESOS, lo cual no deja a duda que fueron CIEN MIL PESOS 00/100 M.N. y el día 14 de diciembre del año 2016, a medio día ante las afueras del Juzgado, que le fueron entregados a la C. MA. DE LA LUZ GARCÍA QUIÑONEZ, lo cual la resolución que se combate es a todas luces violatoria de garantías por pretender que el hoy quejoso vuelva a pagar una cantidad que no adeudo, cuando la tercero perjudicado no acreditoó con pruebas fehacientes lo contrario es decir que no haya recibido el dinero, lo cual queda claro que la autoridad señalada como responsable no valoriza las pruebas de precisar las reglas que la ley fija para el presente caso concreto, así como la valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo una frente a otra, a efecto de que, por enlace interior de las medidas y presunciones, forme una convicción que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia, cosa que no ocurre en la sentencia interlocutora; que hoy se combate." [.] "A): - El artículo 14 Constitucional en su párrafo segundo establece nadie podrá ser privado de la vida de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. B): - El artículo 16 de igual forma violan o intentan violar mis garantías de legalidad en el citado artículo, previamente establecido en la Constitución, pues sin sujetarse estrictamente los dictados de este precepto establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de un mandamiento escrito de la Autoridad competente donde funde y motive la causa legal del procedimiento. No se encuentran reunidos los requisitos contemplados en el (sic) preceptos legales invocados, pues la Autoridad señalada como Responsable es totalmente incongruente la resolución que combate, la autoridad señalada como responsable no puede variar las actuaciones emitidas o existentes a su mero contentillo, y deje de litigar el asunto, actuando como juez y parte, lo cual la deja en completo estado de indefensión, siendo totalmente infundada dicha resolución interlocutoria, puesto que no se encuentra ajustada a derecho, ni motivada, violentando el procedimiento del presente juicio cuando lejos de que se cumpla cabalmente el propósito con la valoración de las pruebas en todo caso de nada sirve el emplazamiento menos aún con las medias (SIC) de prueba que se ofrecieron para lograr acreditar el pago, que suponiendo sin conceder que fueran CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. Y lo que se le entregó FUE LA CANTIDAD DE CIEN MIL PESOS 00/100 M.N., lejos de perjudicar a la tercero perjudicada le beneficiaría por ser una suma menor la entregada y constatada por el testigo ofrecido conforme a su dicho lo cual no valor (sis) las pruebas y desechar de igual forma la confesional me deja en completo estado de indefensión, y más aún que la actora no impugnó lo que la autoridad señala como responsable señala en su resolución sin que con las pruebas medie o contradigan lo contrario, sin embargo no lo hay, lo cual se denota su parcialidad con la actora incidental y solo en perjuicio del hoy quejoso, no ajustándose a las leyes y procedimientos para el caso concreto, dejándome en completo estado de indefensión al no haber dado la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio, por tener criterio propio, cuando debe de aplicar la ley.". Los conceptos violatorios que hace valer el impetrante son inoperantes, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, al confrontar las consideraciones que sostuvo el Juez responsable en la resolución reclamada, específicamente en la parte antes transcrita, con las alegaciones que vierte el promovente del amparo en su libelo constitucional, las cuales se reprodujeron a propósito en párrafos que preceden, se pone de relieve que no se controvierten los argumentos torales en que se sustenta la interlocutoria en comento. Es así, pues en sus motivos de disenso el quejoso esencialmente se concreta a señalar: Que el juez responsable señala que el inconforme debió depositar las pensiones anticipadas ante su instancia; no obstante, también se pueden entregar de común acuerdo entre las partes e informarlo a esa autoridad, quien actúa como juez y parte, pues obtiene sus propias conclusiones sin fundamento ni motivación, ya que lo cierto es que se le entregó la cantidad de cien mil pesos, lo cual no fue impugnado ni objetado por la actora y quedó firme con el testimonio de Luis Enrique de Casas García, pues con su dicho se acreditó la entrega de dicho monto como pensiones alimenticias adeudadas en favor de sus menores hijos. Que la autoridad responsable no le da valor a la prueba confesional con cargo al hoy quejoso, por lo que reitera que actúa como juez y parte al señalar argumentos que la actora no hizo valer, ni existe congruencia con los escritos existentes en la litis, lo que rebasa sus funciones al señalar las cantidades que se recibieron, esto es, si fueron ciento diez mil o cien mil pesos, pero que no hay duda que entregó cien mil pesos el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, a medio día afuera del Juzgado, que le fueron entregados a la Ma. de la Luz García Quiñonez; por lo que la resolución que combate es violatoria de garantías por pretender que el quejoso vuelva a pagar una cantidad que no adeuda, cuando la antes nombrada no acreditó con pruebas fehacientes lo contrario, es decir que no haya recibido el dinero, siendo claro que dicha autoridad no valora las pruebas conforme a las reglas del caso concreto. Enseguida, el quejoso se ocupa de parafrasear los artículos 14, párrafo segundo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, aduciendo que no se encuentran reunidos los requisitos que éstos contemplan, pues la resolución que se combate es incongruente, no está fundada ni motivada, ya que no se encuentra ajustada a derecho; que de nada sirve el emplazamiento, menos aún los medios de prueba que se ofrecieron para acredita el pago; que suponiendo que fueron ciento diez mil pesos y lo que se le entregó fue la cantidad de cien mil pesos; ello, lejos de perjudicar a la tercero interesada le beneficiaria por ser una suma menor la entregada y constatada por el testigo ofrecido; pero que la responsable no valoró las pruebas y al desechar la confesional lo deja en completo estado de indefensión; más aún cuando la actora no impugnó lo que señala dicha autoridad; sin que con las pruebas se contradiga lo contrario, lo que denota su parcialidad con la actora incidental en perjuicio del quejoso, pues no se ajusta a las leyes y procedimientos para el caso concreto, lo que dice lo deja en completo estado de indefensión al no haberle dado la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, por tener criterio propio, cuando debe de aplicar la ley. Como se ve, con las anteriores manifestaciones el promovente del amparo no combate aquellos argumentos vertidos por la Juez responsable, en los que enfatizó: Que el quejoso no precisa a qué persona entregó la cantidad de dinero que refirió; como tampoco específica afuera de cuál juzgado hizo tal entrega; y si fue en efectivo o en cualquier otra forma de pago; que además, refirió que lo anterior ocurrió el catorce "del mes corriente", como a medio día, deduciendo el juzgador que fue en octubre de dos mil dieciséis, por ser éste mes cuando presentó su escrito de evacuación de vista. Al respecto, acotó el juez responsable que lo expuesto por el quejoso en los términos antes indicados resultaba ambiguo, ya que no denota claridad y certeza en su contenido, como elementos contundentes que pudieran servir de sustento al resolutor para conocer la verdad de los sucesos acontecidos, sobre los cuales vayan encaminados los elementos de convicción; señalando que, por tanto, aun cuando el demandado incidental haya ofrecido pruebas para demostrar sus aseveraciones, las mismas no le favorecen porque se refieren a hechos distintos a los que expuso al evacuar la vista que se le otorgó -con la planilla de liquidación de pensiones alimenticias planteada por la actora-, como son: Que fue entregada la cantidad cien mil pesos y no ciento diez mil pesos. Que dicho monto lo entregó el catorce de diciembre del año dos mil dieciséis y no el catorce de octubre de ese año. Que la actora incidental no le entregó recibo alguno. Que la entrega se hizo afuera del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Al respecto, precisó el juez responsable que los dos primeros hechos difieren de los que depuso el inconforme en su escrito de evacuación de vista del incidente; y que los restantes resultan novedosos, al no haberlos expresado de forma fehaciente en la narración de los hechos de su escrito, con la única coincidencia de que estuvo presente su hijo Luis Enrique de Casas García, pero que ello no era bastante para subsanar las omisiones del demandado incidental (aquí quejoso). Agregó el resolutor de origen que si la finalidad de las pruebas es provocar convicción en el juzgador sobre la veracidad de los hechos alegados en el proceso, cuando tales sucesos no se describen y detallan, en este caso por el demandado incidental, dicho fin se torna "inane", dado que las pruebas tienden a demostrar y corroborar las afirmaciones propuestas por las partes en el juicio, y no a incluir nuevos hechos, subsanar o ampliar los ya existentes, como sucede en el presente. En torno a este tema, la citada responsable señaló que el artículo 257 del Código Procesal Civil del Estado establece que las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos, lo que significa que serán materia y objeto de prueba, únicamente aquellos hechos sobre los que exista disconformidad entre las partes y estén claramente expresados; y que en el particular, las pruebas confesional, declaración de parte y testimonial que propuso el demandado incidental ahora quejoso Luis Enrique de Casas de Casas, tienden a demostrar hechos que no exteriorizó en su escrito de evacuación de vista, pese a que tengan relación con los hechos controvertidos e intenten desvirtuar las pretensiones de la actora incidental; por tanto, sostuvo el Juez de origen encontrarse imposibilitado para valorar dichas pruebas, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 259, de la legislación citada, que establece que son improcedentes y el juez podrá rechazar de plano las pruebas que se rindan para demostrar hechos que no son materia de la controversia o no han sido alegados por las partes; lo anterior, en consonancia con el numeral 337 del cuerpo normativo en consulta, el cual prevé que toda solución debe ser congruente con la demanda y la contestación, sea definitiva o incidental, y con las demás prestaciones deducidas oportunamente en el pleito, de lo que se colige -precisó el juzgador-, que las pruebas aportadas al juicio sólo deben de tomarse en consideración cuando tienen relación directa con los aspectos que se alegan en la litis, a efecto de no atentar con los principios elementales de congruencia y claridad de toda resolución judicial. Concluyó el A quo señalado que por las razones apuntadas, resultó improcedente la defensa que hizo valer el demandado incidental, en cuanto adujo haber cubierto el total de las prestaciones adeudadas a sus menores hijos por concepto de alimentos, desde el quince de noviembre de dos mil quince hasta la fecha en que se emitió la interlocutoria que en esta instancia se reclama, en razón de que no justificó con pruebas idóneas haber cumplido con esa obligación. Conforme a lo hasta aquí expuesto, es evidente que las destacadas consideraciones fundamentales que condujeron al Juez responsable a declarar infundado el incidente promovido por el quejoso, quedaron intocadas con las manifestaciones a que se contraen los conceptos violatorios transcritos a propósito en parágrafos que anteceden; y en ese contexto, como aquella determinación constituye un todo integral que se apoya en el conjunto de los apuntados argumentos esenciales; de ello se sigue que, para demostrar su ilegalidad, resultaba necesario que el promovente del amparo los atacara frontalmente con razonamientos lógico-jurídicos eficaces, dado que vinculados y concatenados entre sí constituyen la base de la resolución que en esta instancia constitucional se impugna. En efecto, para que este Juez de Distrito estuviera en aptitud legal de analizar los motivos de inconformidad que hace valer el quejoso, resultaba indispensable que combatiera la totalidad de las consideraciones torales antes destacadas que sustentan la determinación reclamada; explicando, verbigracia, el por qué contrario a lo que sostuvo el juez responsable, lo que expuso en su escrito en el que evacuó la vista que se le dio con el incidente de la actora no resultaba ambiguo; y cómo es que las pruebas confesional, declaración de parte y testimonial que propuso, sí resultaban jurídicamente eficaces para demostrar las aseveraciones que vertió en dicho ocurso; como tampoco combatió eficazmente las inconsistencias que destacó el resolutor natural en cuanto a la cantidad que dijo haber entregado, esto es, cien mil pesos y no ciento diez mil pesos; que dicho monto lo entregó el catorce de diciembre del año dos mil dieciséis y no el catorce de octubre de ese año; que la actora incidental no le entregó recibo alguno; y que la entrega se hizo afuera del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; argumentos que no fueron pugnados frontalmente por el promovente del amparo. En ese tenor, al dejar de controvertir el disidente aspectos fundamentales que sirven de sustento a la determinación reclamada, como en la especie son los que se precisan en párrafos que preceden; ello conduce a concluir que las alegaciones que expone resultan jurídicamente insuficientes para demostrar que la resolución que se tilda de ilegal es contraria a derecho y, consecuentemente, para concederle la protección constitucional que impetra, porque aun cuando se abordara el estudio de los planteamientos que formula el impetrante en su demanda de amparo, de cualquier manera subsistiría dicha resolución, al no combatirse las razones torales que la sustentan antes precisadas; máxime que en el caso concreto no se actualiza ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que este Tribunal Federal estuviera en aptitud de suplir la deficiencia de los conceptos de violación, pues siendo un caso no permitido por la ley, en el supuesto de que se realizara su estudio en las condiciones que plantea el inconforme, se atentaría contra la técnica del juicio constitucional. En este orden de ideas, debe concluirse que en el caso concreto subyacen las razones medulares que sostuvo el Juez responsable para declarar procedente el incidente de liquidación de pensiones alimenticias que motivó la interlocutoria reclamada; por ello es que se tornan inoperantes los conceptos violatorios formulados en la demanda de amparo; y en consecuencia, las consideraciones que al respecto respaldan la determinación combatida deben permanecer incólumes para continuar rigiéndola. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número 723, consultable en la página 486, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES SI NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando no se advierta la existencia de queja deficiente que suplir y el acto reclamado se sustente en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otras, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo de tal forma, la resolución subsistiría con apoyo en aquellas que no fueron impugnadas y por tanto, los conceptos de violación deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados.". Asimismo, las consideraciones expuestas encuentran apoyo en la Jurisprudencia II.3o. J/22, publicada en la página 48 del Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida.". Corolario de lo anterior, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por el quejoso Luis Enrique de Casas de Casas, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Enrique de Casas de Casas, contra el acto reclamado a la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Jerez de García Salinas, Zacatecas, por las razones vertidas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de José de Jesús Martínez Torres, Secretario con quien actúa, hoy veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE. L´JJMT/FabiMtz*.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano