Luis Enrique Arjon Mercado
Expediente 990/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Luis Enrique Arjon Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de seis de septiembre de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por Luis Enrique Arjón Mercado; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
En once de noviembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy a la Juez con un oficio registrado con folio 18709 y anexos.- DOY FE.Zacatecas, Zacatecas, a once de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho número de orden 828/2016 y de origen 394/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, derivado del juicio de amparo 990/2016-5, toda vez que de la razón de notificación redactada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, por la secretaria auxiliar en funciones de oficial notificadora adscrita al citado juzgado, al constituirse en calle González Ortega, colonia Centro de ese mismo municipio, a fin de realizar la notificación encomendada por este Juzgado y en virtud vez que no se señaló el número inmueble donde notificar al quejoso, preguntó por él a los vecinos del lugar, así como en una tortillería y a una persona que expende fruta sin lograr localizarlo. Acúsese el recibo correspondiente.Por tanto, se ordena notificarle el auto de seis de septiembre del año en curso, así como el presente proveído y las subsecuentes de carácter personal por medio de lista de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo.Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. DOY FE.EMVG
- Principal
En diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos.- DOY FE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de seis de septiembre de dos mil dieciséis, fue desechada de plano la demanda de amparo promovida por LUIS ENRIQUE ARJÓN MERCADO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, determinación que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la citada ley, se ordenó notificar dicho proveído por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, así como las posteriores de carácter personal; sin embargo, toda vez que el quejoso señala en su escrito de demanda un domicilio ubicado en calle González Ortega sin número colonia Centro en Jerez de García Salinas, Zacatecas, a fin de no de dejar en estado de indefensión, por única ocasión, con fundamento en lo previsto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de acuerdo con el numeral 2º de la Ley de Amparo, gírese atento DESPACHO al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, para que notifique el auto referido líneas precedentes, del cual le deberá hacer entrega de copia fotostática certificada y una vez hecho lo anterior, devuelva a este órgano jurisdiccional la comunicación oficial debidamente diligenciada. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. EMVG
- Principal
El seis de septiembre de dos mil dieciséis, el Secretario de Juzgado licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez, con la demanda promovida por LUIS ENRIQUE ARJÓN MERCADO y tres copias que acompaña, registrada con folio 15448. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por LUIS ENRIQUE ARJÓN MERCADO, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, por considerar que transgrede en su perjuicio las garantías consagradas en el artículo 4 constitucional; en esas condiciones, fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 990/2016-5, que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, la Juez de Distrito emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, el auto de radicación de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, en el juicio de divorcio necesario, por el cual se determinó una pensión alimenticia provisional en favor del menor de edad Cristian Omar Arjón López, equivalente treinta cuotas de salario mínimo único en el país, lo que al mes se traduce en la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional). Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De igual forma, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son: 1. Ante el Juzgado Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital se tramita el juicio de divorcio necesario, promovido por el quejoso Luis Enrique Arjón Mercado contra Mirna López Tovar. 2. En el expediente en cita el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad responsable emitió auto de radicación en el cual, entre otras cosas determinó, una pensión alimenticia provisional en favor del menor de edad Cristian Omar Arjón López, equivalente treinta cuotas de salario mínimo único en el país, lo que al mes se traduce en la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional). Este es el acto reclamado por el quejoso en esta vía. En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, por cuanto hace al precisado acto reclamado; considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, ello en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Ahora bien, al respecto debe decirse que los artículos 374, fracción III, 711 y 712 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen: "374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y;. SECCION PRIMERA Alimentos provisionales Artículo 711.- En casos de urgente necesidad podrán decretarse alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos y contra quien deba pagarlos. En este caso debe acreditarse el título en cuya virtud se piden, las posibilidades de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Cuando se pidan por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Artículo 712.- Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juez fijará la suma en que deban consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses o quincenas anticipados. Si se piden con medida provisional en un juicio de divorcio, se procederá en la forma prevista por el artículo 371 del Código Civil. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue los alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que los conceda es apelable en el efecto devolutivo. " De lo antes transcrito, se logra evidenciar que el artículo 374 del ordenamiento legal citado, en su fracción III, precisa que el recurso de apelación procede contra los autos, cuando expresamente lo disponga ese Código. A su vez, del análisis de los artículos 711 y 712 del Código en comento, se advierte que en casos de urgente necesidad se podrán decretar alimentos provisionales; por su parte, en la parte final, del numeral 712, se dispone que la resolución que conceda alimentos será apelable en efecto devolutivo. Así las cosas, lo anterior pone en evidencia que contra el proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Cuarto del Ramo Familiar con sede en el Distrito Judicial de la Capital en el expediente relativo al juicio de divorcio necesario promovido por el quejoso Luis Enrique Arjón Mercado contra Mirna López Tovar, en el que emitió auto de radicación y entre otras cosas determinó, una pensión alimenticia provisional en favor del menor de edad Cristian Omar Arjón López, equivalente a treinta cuotas de salario mínimo único en el país, lo que al mes se traduce en la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional), procede el recurso de apelación en efecto devolutivo a que se refiere el artículo 374, fracción III, en relación con el diverso 712, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Aunado a lo anterior, es claro y evidente que: 1. Si la parte quejosa, afirmó que por auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, fue radicada la demanda que por divorcio necesario promovió contra Mirna López Tovar, en la cual se determinó pensión alimenticia provisional en favor del menor de edad Cristian Omar Arjón López, equivalente treinta cuotas de salario mínimo único en el país, lo que al mes se traduce en la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional), ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. 2. Así las cosas, y tomando en consideración que el ahora quejoso, comparece a juicio en su calidad de parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios correspondientes en contra del proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, por lo que, se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación a que se refiere el artículo 374, fracción III, en relación con el diverso 712, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. Luego, como no se hizo valer este medio de impugnación por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente. Es aplicable a este proceder, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley en comento; en consecuencia, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por LUIS ENRIQUE ARJÓN MERCADO. Finalmente, toda vez que el quejoso no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, la notificación del presente auto, así como las posteriores de carácter personal, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del diverso numeral 29 del cuerpo de leyes invocado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
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