Luis Daniel Baray Palacios
Expediente 213/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Daniel Baray Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de tres de mayo de dos mi veintidós, en que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, así como, negado, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a tres de mayo de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 213/2022-V, promovido por **********, por su propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado en misma fecha a este órgano jurisdiccional, **********, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, a quienes les reclamó: (.) ACTO RECLAMADO: La falta de notificación personal, así como la orden del ilegal desalojo, que se sigue ante una de las autoridades responsables, en el cual suscrito soy tercero extraño a dicho procedimiento, y en el que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, afectando mi esfera jurídica dentro de un inmueble el cual tengo la pocesión (sic) material desde la fecha diecisiete de junio de 2013, situación que me dejó en completo estado de indefensión. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 213/2022-V, se admitió a trámite; en el mismo acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el inmueble que el quejoso reclama se encuentra dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La transgresión al derecho de posesión que aduce tener el disconforme respecto del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional, esto es, el ubicado en calle **********, en esta ciudad. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Los Jueces y Secretaria Encargada del Despacho de los Juzgados Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno todos de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos; negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron. Por su parte, la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, indicó que son ciertos los actos que se le endilga; sin embargo, atendiendo a lo narrado por el quejoso en su demanda, así como las documentales que anexó, se desprende la inexistencia del acto de que se duele. Lo anterior es así, pues el quejoso Luis Daniel Baray Palacios, señaló que el diecisiete de junio de dos mil trece, adquirió la propiedad del bien inmueble ubicado en la calle **********, en esta ciudad. Asimismo, exhibió copia certificada de la póliza de garantía de diecisiete de junio de dos mil trece, otorgada por **********, respecto del inmueble mencionado con antelación; así como copia certificada de un plano catastral expedido por la Tesorería Municipal de esta ciudad, en el que si bien aparece el domicilio calle **********, lo cierto es que indica que corresponde al lote 14 (catorce), con dos claves catastrales ********** y **********. No obstante, de las documentales aportadas por la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad, destacan los registros siguientes: Inscripción **********, folio **********, libro **********, de la sección primera, en la que se hace constar que el veinte de noviembre de dos mil doce, **********, sociedad anónima de capital variable, vendió a Invexcor, sociedad anónima, promotora de inversión de capital variable, la finca urbana ubicada en la calle **********, lote ********** (**********), manzana **********, en esta ciudad. Inscripción **********, Libro **********, sección D.G., de uno de marzo de dos mil veintidós, que da noticia de la rescisión del contrato de compraventa celebrado entre las personas morales y el inmueble señalados en el párrafo precedente. Inscripción **********, Libro **********, de la sección Primera, de uno de marzo de dos mil veintidós, que da cuenta de la dación en pago relativo al inmueble en comento, apareciendo como enajenante **********, sociedad anónima de capital variable, **********, sociedad anónima de capital variable y **********, sociedad nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo; y como adquirente **********, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********. Inscripción **********, Libro **********, sección Primera, de dos de marzo de dos mil veintidós, en la que **********, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, vendió a **********, la propiedad en cita. De los antecedentes narrados se desprende la inexistencia de los actos de que se duele el justiciable, pues la finca urbana ubicada en la calle **********, manzana **********, en esta ciudad, ha sido materia de diversas enajenaciones entre particulares; sin que se advierta que las autoridades jurisdiccionales señaladas como responsables hayan realizado actuación alguna en contra del quejoso. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando tercero. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en los Libros de Gobierno. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que el informe justificado de la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 590, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En tal sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. kod
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta de marzo de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 213/2022-V, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el quince de marzo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, **********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados de los Jueces Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, todos de lo Civil por Audiencias, Encargado del Registro Público de la Propiedad y Actuaria adscrita a los Juzgados Civiles y Familiares del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, todos con residencia en esta ciudad, de quienes, en el ámbito de su competencia, reclamó la omisión de llamarlo al juicio civil en el que se ordenó el desalojo del bien inmueble del que según dice, tiene la posesión material desde el diecisiete de junio de dos mil trece, ubicado en calle **********, en esta ciudad, así como la protocolización de dicha desposesión y su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante proveído de dieciséis de marzo en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se celebró el veintitrés de los corrientes y al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia de los actos que se le reclaman, consistentes en la protocolización del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, a nombre de **********. CUARTO.- Negativa de la suspensión. A efecto de resolver sobre la suspensión solicitada, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo señaló como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: [.] 1.- Es el caso, que el suscrito desde la fecha 17 de junio del 2013, el suscrito compré y tomé posesión legal y física del inmueble ubicado en calle **********, de esta localidad a título de dueño, y la he mantenido hasta la fecha, tal y como lo acredito con copia debidamente certificada del acta de entrega y garantía de vivienda que se anexa a la presente. 2.- Es el caso que el día de cuatro de marzo del presente año, los terceros interesados se constituyeron a mi domicilio para manifestarme que tenía dos meses para salirme de dicho inmueble ya que estaba por salir la resolución del juez oral civil de esta localidad, sin darme datos del expediente, y que dicha resolución de desalojo sería para el que se encontrara en dicho inmueble, que me saliera por las buenas, a lo que me negué ya que en primer término nunca fui llamado a juicio legalmente. 3.- Por lo que me constituí al Registro Público de la Propiedad de esta localidad, ya que siempre estoy al pendiente de tal situación y para mi sorpresa ya se encontraba a nombre de PAULINA REYES SILVA, fecha de inscripción 4 de marzo de 2022, tal y como se podrá observar en los informes que rindan las autoridades responsables, además que ya se presentó la demanda civil correspondiente en contra de los terceros interesados, por lo que se considera que ya operó en mi favor la prescripción positiva adquisitiva, ya que tengo más de ocho años de posesión, pacífica, continua, pública y de buena fe, tal y como se acreditará en el momento procesal oportuno, por lo que se tiene el temor fundado de que se me desaloje ilegalmente, sin a ver sido oído ni vencido en juicio, motivo por el cual promuevo el presente juicio de garantías a fin de que se me conceda el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos de la autoridad reseñada como responsable y se me reivindique en el goce de mis garantías constitucionales violadas y derechos humanos violados en mi perjuicio, reservándome el derecho de ampliar la demanda de garantías hasta en tanto no rindan sus informes correspondientes. [...] En esa tesitura, debe decirse que para el otorgamiento de la suspensión de los efectos de la protocolización de la desposesión reclamada, el artículo 128 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I y II, establece como requisitos que el quejoso la solicite (lo que implica ostentar un interés indiciario para ello) y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (supuestos de contravención a estos dos aspectos que se prevén de manera enunciativa, más no limitativa, en el diverso numeral 129 de la propia Ley). Además, conforme al artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, promovida la suspensión del acto reclamado, a fin de resolver sobre dicha medida cautelar, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En el caso en concreto, se niega la suspensión definitiva, toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Ello en virtud de que la parte quejosa para acreditar su interés, únicamente exhibió copia certificada de póliza de garantía de vivienda, relativa al bien inmueble materia de la Litis, fechada el diecisiete de junio de dos mil trece y copia certificada del plano catastral con clave ********** (del que no se advierte el nombre del propietario), relativo a un bien inmueble ubicado en calle **********, que no es coincidente con el que describe en sus actos reclamados y capítulo de antecedentes, a saber, lote 6 (seis), manzana 9 (nueve), etapa 1 (uno); lo cual no es suficiente para que este juzgado pudiera advertir que le causa agravio la protocolización que reclama, ya que no basta que bajo protesta de decir verdad manifestara que el bien descrito en su demanda de amparo es de su propiedad y lo tenga en su posesión. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial número III.2º. A.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la que puede ser consultada en la página 46, del tomo 52, del mes de abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo texto es el siguiente: SUSPENSION. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa. Al no contar con pruebas idóneas para ello, no es posible saber si el inmueble mencionado en el escrito inicial de demanda es de su propiedad, ni que lo tenga en posesión, por virtud de un contrato real o personal; ya que no basta que manifestó ser propietario del mismo, pues eso no significa que por tal circunstancia sea procedente la medida suspensional que solicita, ya que no le exime de la obligación de acompañar algún elemento de convicción que acreditara tal circunstancia. Sin soslayar que exhibió copia certificada de póliza de garantía y plano catastral antes descritos; toda vez que, de dichas documentales no se advierte dato alguno que dé noticia de lo referido por el promovente, es decir, que sea propietario del inmueble en comento. Cobra aplicación, por analogía de razón la tesis VI 2o C265K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1800, registro 273267, tomo XXV, febrero 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. EL QUEJOSO DEBE JUSTIFICARLO CON PRUEBAS IDÓNEAS CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO RECLAME LA AFECTACIÓN DE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN DE UN BIEN CON MOTIVO DE SU EMBARGO PUES PARA ELLO NO BASTA QUE SEA PARTE EN EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo se reclaman, además de cuestiones vinculadas con un procedimiento jurisdiccional en el que el quejoso es parte, la afectación de la propiedad y posesión de un bien con motivo de su embargo, para efectos de que en el trámite del incidente de suspensión pueda otorgarse la medida cautelar solicitada, en relación con este último acto y sus consecuencias, el promovente debe justificar su interés jurídico con pruebas idóneas para tal efecto, pues el que deriva de su intervención como parte en el procedimiento del que emanan los actos reclamados, sólo lo legitima en relación con cuestiones que derivan de su posición procesal, pero en ella no queda comprendida la titularidad del dominio o posesión de los bienes que resultan afectados con motivo del secuestro judicial. En esa tesitura, para obtener la suspensión definitiva que solicita, la parte quejosa debió acreditar la propiedad o posesión del inmueble que refiere en su demanda de amparo, y, se insiste, las documentales que ofertó, no llevan a concluir en ese sentido. Además, cabe precisar que la sociedad está interesada en que los juicios continúen sus cauces hasta su culminación, lo que implica que las sentencias se cumplan, por lo que, de concederse la suspensión que solicita, se contravendrían disposiciones del orden público. Aunado a lo expuesto, debe decirse, que la inscripción del inmueble a nombre de un tercero se ha realizado, es decir, es un acto consumado; además de que las autoridades jurisdiccionales señaladas como responsables por el quejoso, a quienes endilga la desposesión del inmueble, negaron la existencia del acto que se les reclama, y si bien la Titular del Registro Público de la Propiedad precisa que es cierto su protocolización, debe establecerse que no es a ésta a quien le corresponde ordenar la desocupación del mismo. Es aplicable la tesis VI.1o.108 C, con registro digital 208877, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 565, que a la letra dice: SUSPENSION DEFINITIVA. LA EXISTENCIA DE LA ORDEN DE LANZAMIENTO Y SU EJECUCION RECLAMADOS, NO ACREDITA EL INTERES JURIDICO PARA OBTENERLA. La existencia de la orden de lanzamiento y su ejecución derivados tanto del informe previo rendido por la autoridad ordenadora, como de la omisión de rendirlo por una ejecutora, sin que exista constancia en el incidente de suspensión de que el quejoso sea parte demandada en el juicio del que provienen los actos reclamados, no presume el interés jurídico del amparista para obtener la medida cautelar, es decir que sea poseedor del inmueble, para obtener su suspensión. En consecuencia, al no actualizarse la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso hubiese probado que el acto reclamado le agravia, con algún documento que pruebe su interés, se niega la suspensión definitiva que peticiona. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE ÚNICO. Se niega a **********, la suspensión definitiva respecto de los actos y autoridad que precisados quedaron en el considerando tercero, por los razonamientos esgrimidos en el diverso considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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