Luis Dario Félix Reyes
Expediente 283/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Dario Félix Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Declaratoria de causa estado Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veintiocho de julio de dos mil veintidós, sin que lo hiciera así; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la citada certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni histórico y no obran documentos originales, en términos de los artículos tercero, noveno, decimoquinto y trigésimo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, antes citado. Finalmente, toda vez que no obran documentos originales, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos para dictar la resolución de cumplimiento en el juicio de amparo indirecto 283/2022-II, promovido por ***, y, Considerando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cinco de abril de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el mismo día, ***, promovió demanda de amparo en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: La negativa vertida el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, a su solicitud, como probable víctima del delito, de que se señale fecha para audiencia donde se estudie la aparente omisión de realizar labor investigativa, por parte del agente del Ministerio Público que conoce del cuadernillo penal 35/2022. Segundo. Concesión de amparo. Mediante proveído de seis de abril de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 283/2022-II; luego, una vez cumplida la prevención formulada en el auto aludido, el doce de los mismos, se admitió a trámite. Así, integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el ocho de junio de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se concedió el amparo solicitado, para los siguientes efectos: Ante lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: I. Deje sin efectos resolución dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós en el cuadernillo penal 35/2022. II. Acuerde de conformidad la petición del aquí quejoso, de acuerdo a los razonamientos vertidos en este fallo; y señale fecha y hora para la celebración de la audiencia innominada a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de se verifique a la brevedad posible. III. Ordene que dé intervención a las partes; en el entendido, de que deberá gestionar y vigilar que las notificaciones relativas se realicen de inmediato. IV. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, determine de manera fundada y motivada, si la conducta aparentemente omisiva del órgano investigador, existe; así como si está legalmente justificada o no, de ser verídica. De estimar que sí existió omisión y que no está justificada, debe conminar a la representación social a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Finalmente, debe reiterarse que este órgano de control constitucional no prejuzga sobre la veracidad, o no, de la aparente omisión de realizar labor investigativa, por parte del agente del Ministerio Público que conoce del cuadernillo penal 35/2022; pues ello lo habrá de determinar el Juez responsable, mediante dicha audiencia, en ejercicio de sus funciones. Tercero. Proveído por el que causó ejecutoria la sentencia. Toda vez que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; mediante acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, se determinó que causó ejecutoria. Cuarto. Gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. El dieciséis de junio del año en curso, se tuvo al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, aduciendo que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual, remitió un disco relativo a la audiencia que celebró el catorce de junio en el cuadernillo penal 35/2022, de su índice, respecto del cual se reservó proveer hasta que causara ejecutoria la sentencia aludida, lo que, como ya se indicó, ocurrió hasta el veintiocho de los mismos. Así, una vez que se intentó visualizar el contenido del citado disco, se advirtió que presentaba fallas en su reproducción; por tanto, se requirió al Juez responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiera nuevamente la citada videograbación. Quinto. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Mediante oficio recibido el seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, remitiendo el disco relativo a la audiencia que celebró el catorce de junio en el cuadernillo penal 35/2022, de su índice, con el cual, adujo haber dado cumplimiento al fallo protector. Sexto. Vista a la parte quejosa. Por proveído de siete de julio del año que transcurre, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con el oficio y anexo remitidos por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento; sin que se realizara manifestación al respecto. Séptimo. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. La que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. El Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad: a) dejó sin efectos la resolución dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el cuadernillo penal 35/2022; b) acordó la petición de la víctima, aquí quejoso, y celebró la audiencia innominada a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; c) ordenó la intervención de las partes; y d) le requirió al agente del Ministerio Público, para que, en un plazo de tres meses, agote la investigación derivada de la denuncia presentada por la víctima Luis Darío Félix Reyes, bajo la carpeta de investigación registrada con el número 37-2021-0027445, apercibiéndolo con los medios de apremio correspondientes. Por tanto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues se restituyó al promovente del amparo en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de, se resuelve: Único. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 283/2022-II, ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, sin que las partes se hubieren pronunciado al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto se otorgó la protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, para el siguiente efecto: Ante lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: I. Deje sin efectos resolución dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós en el cuadernillo penal *******. II. Acuerde de conformidad la petición del aquí quejoso, de acuerdo a los razonamientos vertidos en este fallo; y señale fecha y hora para la celebración de la audiencia innominada a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de se verifique a la brevedad posible. III. Ordene que dé intervención a las partes; en el entendido, de que deberá gestionar y vigilar que las notificaciones relativas se realicen de inmediato. IV. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, determine de manera fundada y motivada, si la conducta aparentemente omisiva del órgano investigador, existe; así como si está legalmente justificada o no, de ser verídica. De estimar que sí existió omisión y que no está justificada, debe conminar a la representación social a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Finalmente, debe reiterarse que este órgano de control constitucional no prejuzga sobre la veracidad, o no, de la aparente omisión de realizar labor investigativa, por parte del agente del Ministerio Público que conoce del cuadernillo penal *******; pues ello lo habrá de determinar el Juez responsable, mediante dicha audiencia, en ejercicio de sus funciones. Ahora, el dieciséis de junio del año en curso, se tuvo al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, aduciendo que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual, remitió un disco relativo a la audiencia que celebró el catorce de junio en el cuadernillo penal *******, de su índice, respecto del cual se reservó proveer hasta que causara ejecutoria la sentencia aludida. Pues bien, una vez que se intentó visualizar el contenido del citado disco, se advirtió que presenta fallas en su reproducción; por tanto, se requiere al Juez responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remita nuevamente la citada videograbación, en una nueva unidad de disco o usb. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así: a) se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional ($9,622.00); lo previo, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y b) se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de junio de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 238/2022-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cinco de abril de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el mismo día, ******* promovió demanda de amparo en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite. Una vez cumplida la prevención formulada en proveído de seis de abril de dos mil veintidós, en auto de doce de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se desprende que el accionante del amparo reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La negativa vertida el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, a su solicitud, como probable víctima del delito, de que se señale fecha para audiencia donde se estudie la aparente omisión de realizar labor investigativa, por parte del agente del Ministerio Público que conoce del cuadernillo penal *******. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de las constancias que integran el cuadernillo penal *******, relacionado con la carpeta de investigación *******; del que se desprende, que mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por el aquí quejoso ante dicha autoridad, instó que se verificara audiencia a la que denominó "de tutela de derechos", para que se analizara la aparente omisión de realizar labor investigativa, por parte del Ministerio Público que conoce del cuadernillo penal en comento; que mediante auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós dicha autoridad negó la solicitud instada; misma que se notificó al aquí quejoso a través de correo electrónico, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el propio Juez responsable. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el aquí quejoso, a la autoridad en cita. Cuarto. Procedencia. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Previo a efectuar el análisis de la determinación combatida, se considera oportuno acotar que en este asunto, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso -como probable víctima del delito- siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Ahora bien, se estima pertinente relatar de forma medular los siguientes antecedentes del acto aquí combatido: Mediante escrito presentado por el aquí quejoso ante el Juez responsable el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, le instó que se verificara audiencia a la que denominó "de tutela de derechos", para que se analizara la aparente omisión de realizar labor investigativa, por parte del agente del Ministerio Público que conoce del cuadernillo penal en comento. En auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós dicha autoridad negó la solicitud instada; misma que se notificó al aquí quejoso a través de correo electrónico, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Tal determinación es del siguiente contenido: Por recibido el veintitrés del mes y año en curso, escrito signado por ******* quien manifiesta ser víctima dentro del número de caso *******, señalando como domicilio para ser notificado el ubicado en ******* en esta ciudad, correo electrónico ******* y teléfono *******, mediante el cual manifiesta que el licenciado ******* agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Peligro Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la fiscalía General del Estado Zona Norte con domicilio en calle Eje Vial Juan Gabriel SIN de la colonia San Antonio, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en esta ciudad Juárez, ha sido omiso en realizar una investigación de manera eficaz y con probidad ya que ha contado con un tiempo prudente para realizar actos de investigación sin haber realizado los mismos, por lo que solicita Audiencia de Tutela de Derechos donde se resuelva lo manifestado, aclarando que la carpeta de investigación es la registrada bajo el numeral ******* y no la manifestada anteriormente. Visto lo solicitado, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que las razones expuestas por el promovente, carecen de sustento al no cumplir con las hipótesis del numeral 258 de Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que en todo caso deberá acudir ante el superior del servidor público que refiere en su escrito para que realice la queja correspondiente. NOTIFÍQUESE (.) Dicha determinación, constituye el acto aquí reclamado. Sentado lo anterior, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los argumentos vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Así, el quejoso, se duele esencialmente de lo siguiente: Que el Juez responsable vulneró su derecho de acceso a la justicia, pues las omisiones de investigar por parte de la representación social no pueden combatirse por otra vía. Que debió efectuar un análisis sistemático y armónico del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que el Juez de control, al tener el papel de tutelador de derechos, es quien debe ordenar al agente del Ministerio Público que cese la conducta omisiva de su labor de investigación. Dichos argumentos, suplidos en su deficiencia, son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión instados, como se verá a continuación. A efecto de comprobar lo anterior, es importante traer a colación que el dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. Mediante dicha reforma se pretendió transitar a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Asimismo, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió el Código Nacional, el cual entraría en vigor a nivel federal y local conforme a lo previsto en el artículo segundo transitorio. Esta legislación regula el Sistema Procesal Penal Acusatorio y oral. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional, el procedimiento penal -acusatorio-, se conforma por las siguientes etapas: La de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; e, Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, tal como lo acotó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esa etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 de la Ley Fundamental. En consecuencia, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre. En suma a lo anterior, debe también señalarse que en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; esto es, que en la referida etapa -sea en su fase inicial o complementaria- la autoridad ministerial incumpla su obligación de investigar el delito, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes -que deben practicarse de oficio, o que soliciten las partes- para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. Ahora bien, con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes (.). Asimismo, se puntualiza que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho (.). Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. (.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial (.). Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones- así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. En otro orden, el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran: recibir asesoría jurídica, así como ser informado de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos; e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. En ese contexto, resulta claro que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses victimales. De este modo, el reconocimiento de la víctima u ofendido del delito como parte procesal implica que debe garantizarse su derecho a que se le dé intervención directa y activa durante todas las etapas del procedimiento penal, puesto que ello ha sido elevado a la categoría de derecho fundamental por el Poder Revisor de la Constitución y por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Ahora, la reforma judicial de dos mil ocho, incorporó un derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consistente en impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, el hecho de que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, deberá redundar en el mejoramiento de la función ministerial y la mejor protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Para evitar abusos de poder del Estado, en la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Poder Judicial es además controlador de la validez -legalidad- de los actos administrativos y legislativos. Por ello, de manera expresa y clara deben quedar establecidos las formas y los momentos en los que la víctima pueda recurrir los actos u omisiones del Ministerio Público. Este derecho va más allá que el sólo permitir que manifieste lo que a su derecho convenga y, eventualmente, únicamente escucharle. Ello implica establecer un procedimiento específico con audiencia para que se resuelva lo conducente. Es ideal que esta posibilidad de recurrir sea ante la autoridad judicial y no ante la propia institución de la que se queja; derecho que resulta indispensable sobre todo cuando las omisiones en la investigación, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o incluso un criterio de oportunidad, puede dejar en estado de indefensión a la víctima y sin la posibilidad de que se le haga justicia y se le repare el daño. Dicho lo anterior, conviene citar lo previsto por los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, así como 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: De la Constitución. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" Los citados preceptos establecen el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora, en los términos previstos en la aludida codificación y demás disposiciones legales aplicables. Por otro lado, el artículo 258 del Código Nacional, señala: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. De la lectura del artículo transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, -todas- aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ello, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil -una vez que dé intervención a las partes- determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; y, los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que, de estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable equivocó al haber determinado -ante la solicitud del aquí quejoso de que en audiencia, se analizara la aparente omisión de la representación social de continuar su labor investigativa- que tal petición no encuadraba dentro de las hipótesis del numeral 258 de Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, ante los razonamientos que se han vertido, se ha evidenciado que es el medio idóneo para que, como tutelador de los derechos de las partes dentro del proceso penal, analice las aparentes omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, lo que motiva que sí encuentre cabida en las hipótesis normativas de dicho numeral; y que, de resultar verídica la omisión investigadora, lo conmine, como rector del proceso, a que ésta prosiga debidamente. Además, no puede pretender el Juez responsable, como lo dispuso en su determinación combatida, que el aquí quejoso, quien tiene el probable carácter de victima en el cuadernillo penal de origen, acudiera ante el superior del servidor público de la representación social para que realizara la queja correspondiente; pues se insiste, es su labor constitucional y convencional, como rector del proceso, velar por la debida continuación del proceso investigativo y la práctica de las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Y aunque, efectivamente, también el superior jerárquico del agente del Ministerio Público está en posibilidad de conminar a su inferior a la realización de sus funciones de investigación, ello no menoscaba ni mucho menos suprime su deber de velar por la adecuada conducción del proceso de investigación y por el respecto de los derechos de las partes. En suma, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 27/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, con número de registro digital 2017641, del contenido: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Ante lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: Deje sin efectos resolución dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós en el cuadernillo penal *******. Acuerde de conformidad la petición del aquí quejoso, de acuerdo a los razonamientos vertidos en este fallo; y señale fecha y hora para la celebración de la audiencia innominada a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de se verifique a la brevedad posible. Ordene que dé intervención a las partes; en el entendido, de que deberá gestionar y vigilar que las notificaciones relativas se realicen de inmediato. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, determine de manera fundada y motivada, si la conducta aparentemente omisiva del órgano investigador, existe; así como si está legalmente justificada o no, de ser verídica. De estimar que sí existió omisión y que no está justificada, debe conminar a la representación social a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Finalmente, debe reiterarse que este órgano de control constitucional no prejuzga sobre la veracidad, o no, de la aparente omisión de realizar labor investigativa, por parte del agente del Ministerio Público que conoce del cuadernillo penal *******; pues ello lo habrá de determinar el Juez responsable, mediante dicha audiencia, en ejercicio de sus funciones. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******* con relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto, para los efectos decretados en el mismo, in fine. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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