Luis Catalán Carmona
Expediente 372/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Catalán Carmona
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil veintiuno. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dos de junio de de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, en cuanto al expediente **********/2021, del índice de la Tercera Sala Civil del Distrito Morelos, con residencia en Chihuahua capital, que fueron remitidos por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, con motivo de la incompetencia planteada, remítanse los mismos al juzgado de origen, solicitando atentamente acuse de recibo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene la Secretario adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, devolviendo debidamente sin diligenciar el exhorto **********/2021 (número de orden **********/2021), relativo a la comunicación oficial 372/2021, derivada de este juicio de amparo. Se ordena enviar acuse de recibo vía interconexión, cuyo comprobante deberá ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como al expediente. Toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en este juicio de amparo, en el término de tres días que se le otorgó para tal efecto, como se advierte de la certificación de cuenta, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco del año en curso y de conformidad con los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, a), de la Ley de Amparo, las notificaciones de carácter personal deberán efectuársele por lista, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, sin perjuicio de que con posterioridad transite al juicio en línea. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Acepta competencia Vista la cuenta secretarial, se advierte que el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre, remite los autos del juicio de amparo **********/2021-II, de su índice, promovido por ********** pues mediante acuerdo de doce de mayo del año que transcurre, determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno, residente en esta ciudad, que resultó ser este Juzgado. Con fundamento en los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, así como el numeral 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de enero de dos mil quince y reformado por diversa publicación, el veintiuno de mayo siguiente, se acepta la competencia legal planteada para conocer de la demanda de amparo en comento, ya que se comparten las consideraciones expuestas por el juez declinante. Envíese acúsese de recibido vía interconexión y hágase de su conocimiento esta determinación, en el entendido de que el comprobante de envío deberá ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como al expediente. Compensación en Oficina de Correspondencia Común Ya que esta demanda de amparo fue remitida directamente a este Juzgado de Distrito, debido al conocimiento previo respecto del acto reclamado, envíese oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, para que realice la compensación correspondiente en el turno de demandas de amparo. Registro de la demanda de amparo Téngase por recibida la demanda promovida por Luis Catalán Carmona, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Civil el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad, y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo **********/2021-IV. Se desecha la demanda Ahora, a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Como cuestión previa, es menester precisar que para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el quejoso señaló como autoridades y actos reclamados, los siguientes: IV. ACTO RECLAMADO: Del C Magistrado de la Tercera Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia el Estado, autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo la sentencia definitiva dictada el dieciocho de marzo del año en curso dentro del toca 23/21, la cual confirma el auto pronunciado el día veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en el juicio Sumario Civil radicado bajo el número de expediente 42/16, pues este confirma el auto recurrido en el que se me condena de manera ilegal e indebida al pago de cantidad de $********** pesos (********** MONEDA NACIONAL) que el suscrito no adeudo. De la autoridad señalada como responsable ejecutora, reclamamos la emisión de cualquier mandato y /o la realización de cualquier acto que tienda a ejecutar la sentencia que se reclama en esta demanda de garantías. Enseguida, como se colige de las constancias con que el Magistrado responsable acompañó la demanda de amparo (pues, inicialmente se le dio tratamiento de amparo directo al haber sido así promovida); y, como además, se desprende del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, es un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; que el juicio 183/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, se promovió en contra de las mismas autoridades responsables, de quienes reclamó, lo siguiente: I. De la Magistrada de la Tercera Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua: a. La resolución dictada el diez de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del toca de apelación **********/2017, mediante el cual ordenó celebrar una audiencia de pruebas y alegatos, no prevista por el procedimiento establecido en el Código Adjetivo aplicable. b. La resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación número **********/2018, mediante la cual se modificó el acuerdo tomado en la audiencia incidental de pruebas y alegatos de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, dentro del Juicio Sumario Civil **********/2016. 2. Del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos: La ejecución de lo anterior. Luego, en dicho asunto se emitió sentencia, en la que se determinó lo siguiente: En las relacionadas condiciones, se impone conceder la protección constitucional solicitada para que la Magistrada de la Tercera Sala de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar, emita una nueva, en la que sin perjuicio de los aspectos definidos y sobre la base de lo analizado en la presente resolución: 2.1. De estimar que la determinación de la primera instancia resultó incorrecta y ante la inexistencia de reenvío del asunto al Juez de primer grado, reasuma jurisdicción para resolver el incidente de liquidación respectivo. 2.2. Enseguida, con libertad de jurisdicción, determine las cantidades que la parte demandada (**********) debe cubrir a la parte actora **********, apoderado legal de Norma **********, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de **********, a efecto de liquidar la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, al contar de las bases para ello, a saber: 1) monto de la renta mensual, 2) impuesto al valor agregado a adicionarse, 3) fecha a partir de la cual comenzaron a generarse las rentas no pagadas, 4) época en que debe finalizar ese pago, así como 5) el monto de los intereses por mora, a razón de diez por ciento mensual. 2.3. Hecho lo anterior, determine el monto de la liquidación materia del incidente. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Magistrada señalada como responsable remitió el auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual dejó insubsistente la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, que dictó en el toca de apelación **********/2018, de su índice, y en su lugar dictó la diversa resolución de doce de septiembre de esa anualidad, reasumiendo jurisdicción para resolver el incidente de liquidación respectivo, en la cual determinó las cantidades que **********, aquí quejoso, debía cubrir a **********, apoderado legal de **********, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Josefina Oronoz Ramos, a fin de liquidar la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. A la postre, como se desprende de las constancias adjuntas a la demanda de amparo, ya referidas, el Juez señalado como responsable, en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, determinó la cantidad final que el aquí quejoso, debía cubrir con motivo del aludido concepto, descontando los pagos que ya había efectuado tal persona; momento en el cual, ordenó la ejecución de embargo en perjuicio del demandado, aquí quejoso, por los bienes que resultaran bastantes para garantizar la cantidad ahí determinada. En contra de dicho acuerdo, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, cuya resolución respectiva se emitió por la Magistrada señalada como responsable, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por virtud de la cual confirmó el auto apelado. Tal resolución, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, así como su ejecución, son las que el accionante del amparo pretende combatir en este juicio. La invocación de los anteriores antecedentes, deducidos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, encuentra sustento en la tesis I.10o.C.2 K (10a.), por identidad jurídica, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2187, del contenido: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda. En efecto, como se desprende de lo anterior, la resolución que el quejoso pretende combatir a través de este juicio de amparo (así como la ejecución relativa), son atinentes a la etapa de liquidación del incidente de ejecución de sentencia. Ahora bien, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracciones IV y V, interpretado éste en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, dichos dispositivos son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) (Es propio lo destacado.) Primero, el artículo 61 de la Ley de Amparo, contempla las hipótesis de improcedencia del juicio, entre las que se encuentra, la relativa a los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Carta Magna o de tal ley. Enseguida, la fracción IV del artículo 107 transcrita, aduce que el juicio de amparo únicamente es procedente -en actos de ejecución de sentencia- en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la determinación. En consecuencia, los juicios de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo -realizados después de concluido el juicio- en supuestos ajenos a las hipótesis planteadas en el segundo párrafo de la fracción en comento, al relacionarse con el diverso numeral 61, de la Ley de Amparo, permiten concluir que el juicio constitucional, resulta improcedente. Por tanto, en virtud de que la resolución que el quejoso pretende reclamar en este juicio de amparo, de la Magistrada responsable, así como su ejecución respectiva, atribuida al Juez señalado con esa calidad, son relativos a la etapa de liquidación del incidente de ejecución de sentencia y al no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente; resulta evidente la actualización de la hipótesis de improcedencia en comento; por lo que, lo conducente es, ante lo anterior, desechar de plano la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Generación de citas para consulta de expedientes Por otra parte, infórmese a las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no se atienda la sugerencia, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: **********@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados Toda vez que se localizó en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el registro de cédulas profesionales de la página electrónica oficial de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, a todos y cada uno de las personas que menciona el quejoso en el proemio de su demanda, se les autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Exhorto para notificar a parte quejosa Luego, en virtud de que el quejoso señala domicilio para oír y recibir notificaciones en Chihuahua, capital, con sustento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a fin de que: a) se sirva notificar este auto al Luis Catalán Carmona, en el domicilio ubicado en **********, en esa ciudad. b) Lo requiera a fin de que en un término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones de carácter personal, se le practicarán por lista. Una vez hecho lo anterior, se sirva devolver la comunicación oficial con las constancias relativas. Envíese la mencionada comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes; se solicita al Juez exhortado, que la devuelva en la misma vía. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíques e en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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