Luis Carlos Ramírez Escárcega
Expediente 136/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Carlos Ramírez Escárcega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (foja 66), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 136/2019-IV, promovido por *********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante comparecencia en las instalaciones de este juzgado -por razón de turno-, el veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo a *************** promoviendo demanda de amparo en favor de ****************, contra actos del Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, Titular del Centro de Recuperación Cívica Total y agentes de Vialidad de la Dirección General de Tránsito Municipal de Juárez, a quienes les reclamó las órdenes de arresto y privación ilegal de la libertad ejecutadas sobre la persona del quejoso. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, se registró la demanda de amparo por comparecencia bajo el expediente 136-2019-IV y en proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve -foja 12- se admitió a trámite, se solicitaron informes justificados a las responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se verificó de conformidad con el acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03-2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclama la inconstitucionalidad de actos ejecutados dentro del territorio en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclama de los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y Director del Centro de Recuperación Cívica Total, en sus denominaciones correctas, los actos de incomunicación, así como la orden de arresto dictada en contra del quejoso y su respectiva ejecución. Tercero. Inexistencia actos reclamados. Los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y el Director del Centro de Recuperación Cívica Total, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente el acto que les atribuyó el accionante del amparo, consistente en la incomunicación personal de la que se dijo fue objeto el directamente agraviado, sin que éste haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de ese acto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: *** IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y *** Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Cuarto. Existencia de actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y el Director del Centro de Recuperación Cívica Total, negaron la existencia de la orden de arresto que les fue atribuida y su respectiva ejecución; sin embargo, la primera autoridad en comento, aceptó haber emitido una resolución el veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, en la que sancionó al quejoso a cumplir veinticuatro horas de arresto en el Centro de Recuperación Cívica Total. En consecuencia, la orden de arresto, así como la ejecución de la misma, deben tenerse por ciertas. Por otro lado, al rendir su informe con justificación, los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, negaron haber ejecutado algún ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, en contra del quejoso; no obstante, reconocieron que el motivo de su detención, fue derivado de que aquél incurrió en una infracción al reglamento de tránsito, al encontrarse conduciendo en estado de ebriedad; por ende, también debe tenerse por cierta la existencia de los actos que se les atribuyeron. Lo anterior corrobora con la copia certificada de la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, en la que el citado Juez le impuso al ahora quejoso un arresto administrativo de veinticuatro horas, al haber sido sorprendido por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad, la cual anexaron a sus informes con justificación y a la que se reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado y su ejecución. Sexto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El estudio de fondo del presente asunto, conduce a este Juzgado de Distrito a determinar lo siguiente: En la demanda de amparo presentada por comparecencia, no se formularon conceptos de violación, pues el promovente se concretó a referir, de manera general y abstracta, que las autoridades responsables detuvieron injusta e ilegalmente al aquí quejoso. Lo alegado en esos términos es inoperante. Para evidenciar este aserto, conviene establecer que los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que, cuando son impugnados, necesariamente aquélla debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa es ambiguo y superficial, en tanto que no se señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, lo alegado se torna inoperante, pues no logra construir y proponer la causa de pedir. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 1833, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, novena época, Tomo II, materia común, página 2080, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. En la especie, el promovente refirió, de manera general, que las autoridades responsables detuvieron injusta e ilegalmente al aquí quejoso. Con esas llanas expresiones, la parte quejosa eludió referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos, y al porqué de su reclamación, en virtud de que no expuso las razones por las que consideró que la orden de arresto decretada en su contra es inconstitucional, mucho menos formuló conceptos de violación en contra del acto impugnado, cuando se le dio vista para que, si era su deseo, los expresara en contra del arresto que se le decretó por el Juez Cívico. En esos términos, el quejoso no justificó la razón de su dicho ni controvirtió las consideraciones en que se sustentaron los actos reclamados, dado que sus manifestaciones se refieren a aspectos generales y abstractos, que sólo constituyen locuciones vagas e imprecisas, con los que no controvierte de forma concreta la imposición del arresto administrativo que se le decretó al haber sido sorprendido por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad; en cambio, su alegato contiene visos de generalidad que no pueden ser analizados por este órgano jurisdiccional; de ahí que lo alegado sea inoperante. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 8, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación -actualización 2002-, novena época, tomo VI, materia común, página 12, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde -salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja- exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. En las relacionadas condiciones, dado que resulta inoperante el único motivo de disentimiento expresado y este Juzgado no advierte que exista materia sobre la cual deba ser suplida la deficiencia de la queja a favor del solicitante del amparo, es innecesario realizar mayor pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución reclamada, en términos de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo; en el caso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Apoya esta consideración, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 2a.-J. 67-2017 -10a.-, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 44, de Julio de 2017, Tomo I, materia común, página 263, del siguiente contenido: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE -LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013-. La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. La anterior negativa de amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados pues no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de lo directamente ordenado por el Juez Cívico responsable. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Carlos Ramírez Escárcega, con relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Luis Carlos Ramírez Escárcega, con relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones esgrimidas en el considerando sexto de la misma. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******************, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *****************, hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de doce de marzo del año en curso (foja 46), se corrió traslado al quejoso con el informe justificado rendido por el Juez Cívico, dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, con residencia en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de quince días, si era su deseo, ampliara su demanda de amparo inicial, respecto de la resolución que dictó dicha autoridad en su contra el veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve (foja 33). No obstante lo anterior, el plazo concedido feneció y el quejoso no amplió su demanda, por lo tanto, de conformidad con el artículo 111, fracción II, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de doce de marzo del año en curso y por ende, el presente asunto continuará tramitándose en los términos propuestos en la demanda inicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que el el día de hoy se encuentra previsto para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, de autos también se advierte que el término de quince días concedido al quejoso en proveído de doce de los actuales, a efecto de que si es su deseo, amplíe su demanda de amparo, aún se encuentra transcurriendo. Por lo que, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas del tres de mayo de dos mil diecinueve, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.
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