Luis Carlos González Martínez

Expediente 860/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
860/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
21/12/2016

Partes del expediente

  • Luis Carlos González Martínez
  • Luis Carlos González Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de dieciocho de noviembre del año en curso y terminada de engrosar el treinta siguiente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego, según lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por haberse negado la medida cautelar solicitada. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, encargada del despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis a este Juzgado, ****, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, y Encargado de la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, todos con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en esta ciudad, en el toca de apelación *****, en que se resolvió el recurso de apelación promovido por el mismo quejoso, contra la resolución del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, emitida en el expediente 1365/2004 y la ejecución de esa determinación, que atribuyó al citado Juez y al Encargado de la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMARON VULNERADOS. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos 1, 2, 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a la tercero interesada y, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos provenientes de autoridades jurisdiccionales que realizan sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama: 1) La resolución judicial de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Ciudad Juárez, en el toca de apelación ****, en que se resolvió el recurso de apelación promovido por la misma quejosa, contra la resolución interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, del índice del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, emitida en el expediente ****, en la que por una parte se le permitió la convivencia con su hijo menor y por otra se le condenó a pagar la suma de *****, por concepto de pensión alimenticia no pagada. 2) La ejecución de esa resolución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe con justificación, el Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados, por tener sólo funciones administrativas, sin que de autos se advierta que el quejoso haya desvirtuado tal negativa. En consecuencia, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo respecto a los actos y autoridad mencionada, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la materia, misma que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Encuentra apoyo, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, con número de registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir sus informes con justificación, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos y el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, convinieron en la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistente en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la citada Sala, en que se resolvió el recurso de apelación promovido contra la resolución interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil dieciséis y su eventual ejecución; por lo que debe tenerse por cierta su existencia. Además esa aceptación se corrobora con las constancias de autos, de las que se deduce la existencia de la aludida resolución, dictada en el toca de apelación 255/2016, así como de la copia certificada del expediente familiar 1365/2004; de ahí que deba tenerse por cierta tal existencia. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. INEXISTENCIA DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Al no existir motivo de improcedencia que hagan valer las partes, o que este Juzgado Federal advierta de oficio que deba examinarse, procede a continuación el estudio de los motivos de inconformidad que aduce la parte quejosa. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Como aspecto previo, es oportuno narrar los antecedentes relevantes que se advierten de las constancias certificadas que remitieron las autoridades responsables, a saber: a) Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil cuatro, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Distrito Bravos, el quejoso ***** y la aquí tercero interesada ****, solicitaron la disolución del vínculo matrimonial que los unía hasta esa fecha. b) Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, en el expediente ****, donde se radicó el diez de agosto de dos mil cuatro. c) Seguido el procedimiento, el treinta de agosto de dos mil cuatro, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró la disolución del vínculo matrimonial. Mediante convenio aprobado en sentencia y, entre otras determinaciones, se pactó que el aquí quejoso, podría ver a su hijo los días jueves de cada semana y, además, se comprometió a entregar una pensión alimenticia de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), el día domingo de cada semana a la tercero interesada. d) Mediante escrito de tres de julio de dos mil quince, la parte quejosa promovió incidente de incumplimiento de convenio ante el Juez Familiar, alegando que no se le permitía ver a su hijo como lo estipularon en el convenio (folios 179 a 186). e) Por acuerdo de trece de julio de dos mil quince, el Juez natural dio vista a la parte demandada incidental para que manifestaran lo que a su interés legítimo conviniera con relación a la solicitud formulada (folio 187). f) Mediante escrito presentado ante el juez natural el tres de agosto de dos mil quince, la aquí tercero interesada dio contestación al incidente de incumplimiento formulado en su contra, y en el mismo acto solicitó a la parte quejosa el pago de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pensiones alimenticios vencidas y no pagadas (foja 189). g) Por auto de veinte de agosto de dos mil quince, el Juez Primero Familiar, le tuvo por contestado el incidente planteado, y admitió la acción que llamo "reconvencional", para el efecto de requerir el pago reclamado, por concepto de pensión alimenticia (foja 194). h) Mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil quince, se tuvo al ahora quejoso dando contestación a la "acción reconvencional" formulada en su contra, y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental (folio 206). i) Por escrito presentado ante el Juez Familiar el seis de enero de dos mil dieciséis, el aquí quejoso solicitó la citación para sentencia, por lo que por auto de ocho de enero del mismo año, el juez lo tuvo por notificado del estado que hasta ese momento guardaba el asunto y, en atención a lo solicitado, citó a las partes para dictar sentencia. j) El veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se dictó resolución interlocutoria en el incidente de ejecución de convenio, en la que el Juez de primera instancia determinó que procedió la vía incidental y ordenó que la parte aquí tercero interesada *****, debería permitir la convivencia del ahora quejoso con su hijo; y, por otro lado, determinó que resultaba procedente la "acción reconvencional" promovida por la tercero interesada, en contra de ****, por lo que condenó a éste a pagar a favor de la tercero interesada, la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias pactadas y no pagadas en el periodo comprendido entre el mes de septiembre de dos mil cuatro y el veinticinco de mayo de dos mil quince (folios 213 a 219), en términos de los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Ha procedido la vía incidental. SEGUNDO. El señor ****, acreditó su acción incidental en lo principal y la señora ****, no acreditó sus excepciones. TERCERO. La señora ****, acreditó su acción reconvencional y el señor ****, no acreditó sus excepciones; por tanto: CUARTO. La señora ****, deberá permitir la convivencia de su hijo **** con el padre, el señor *****, en los términos establecidos en esta resolución interlocutoria. QUINTO. Se apercibe a la señora ****, que de no cumplir con lo ordenado en el resolutivo que antecede, será sancionada en los términos más enérgicos que en derecho corresponda. SEXTO. Se condena al señor ****, a pagar a favor de la señora ****, en su carácter de representante legítima del menor ****, la suma de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) (sic), en concepto de pensiones alimenticias pactadas y no pagadas en el periodo comprendido entre el mes de septiembre de dos mil cuatro y el día veinticinco de mayo de dos mil quince, a razón de $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOSO 00/100 MONEDA NACIONAL), semanales. SÉPTIMO. La pensión alimenticia que otorga el señor ****, a favor de su menor hijo ****, consistente en la cantidad de $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por semana, deberá aumentar, en la misma proporción en que aumenta el salario mínimo, en esta zona geográfica. OCTAVO. Requiérase al señor ****, por el pago de la cantidad a que ha sido condenado, y en caso de no hacerlo, en el acto de la diligencia procédase al embargo de bienes de su propiedad que sean suficientes para garantizar el pago del adeudo, y una vez hecho el trance y remate de los mismos, hágase el pago que corresponda al acreedor alimentario, hasta donde alcance, por conducto de su representante legítima, la señora ****. NOVENO. No se hace condena en costas, pero cualquier procedimiento posterior para exigir el cumplimiento de lo ordenado en esta resolución, será a costa de la persona incumplida. DÉCIMO. Notifíquese personalmente las partes, esta resolución interlocutoria. k) No conforme con el sentido de esa determinación, *** interpuso recurso de apelación en su contra. El conocimiento del asunto, correspondió a la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en el toca de apelación ***, en la que se confirmó la resolución interlocutoria. l) Disconforme con esa determinación, la parte quejosa promovió el juicio de amparo que dio origen al presente asunto. OCTAVO. DETERMINACIÓN QUE ADOPTA ESTE JUZGADO. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. A fin de dar respuesta a los conceptos de violación es oportuno señalar las consideraciones torales que expuso la Sala responsable para confirmar el auto apelado, las que pueden sinterizarse de la manera siguiente: I) Que el juez natural cometió el error de llamar la pretensión de pago de pensiones alimenticias "reconvención", sin embargo, señaló que es una falta de forma que no impedía el trámite del incidente y del reclamo de adeudos por pensión alimenticia, sustentándose en el esquema de la tutela judicial efectiva que se encuentra consagrada como derecho humano en el artículo 17 constitucional. II) El tribunal expuso que no fue un obstáculo la denominación que hizo el juez natural a las pretensiones hechas valer por la aquí tercero interesada, toda vez que atendiendo al principio pro homine, se buscó la interpretación más favorable a ese derecho humano, aunado que mediante auto de veinte de agosto de dos mil quince, se admitió dicho trámite y se corrió traslado al actor incidentista para que dentro del término de tres días diera contestación al reclamo, a lo cual el quejoso de mérito dio contestación a dicha pretensión de cobro de pensión alimenticia y no se inconformó respecto de la denominación de reconvención realizada a las pretensiones de su contraparte. III) Por lo anterior, la responsable tuvo al aquí quejoso como consentido del auto de veinte de agosto de dos mil dieciséis, pues señaló que además de no impugnar dicho auto, el quejoso se adhirió a lo ahí decretado y dio contestación a las pretensiones de su contraparte, a lo que le agregó que con fecha de ocho de enero de dos mil dieciséis, se tuvo al mismo solicitando la citación para sentencia y notificado del estado que guardaba hasta ese momento el asunto, por lo que refirió que fue incongruente que el quejoso se sintiera agraviado por la denominación de "reconvención" a las pretensiones de la aquí tercero interesada. IV) Reiteró que el error de haber nombrado reconvención a las prestaciones efectuadas vía incidental por parte de ****, no pudo ser obstáculo a la impartición de justicia y al acceso a una justicia efectiva consagrada por la carta magna; además, de que no se le afectó la esfera jurídica al quejoso, ya que tuvo la debida oportunidad de defenderse ante las pretensiones de su contraparte. Para controvertir esas determinaciones, la parte quejosa alega en el presente asunto que la responsable no debió confirmar la resolución incidental debido a que considera que la vía incidental no admite reconvención, así como que se le generó incertidumbre en cuanto al ordenamiento aplicable a la solicitud de incidente de incumplimiento que realizó, causando un perjuicio de imposible reparación y dejándolo en estado de indefensión; y que el Juez natural sólo admitió la reconvención para hacer un cobro de la pensión, pero no para tramitarlo incidentalmente. Ahora, este juzgador no comulga con lo planteado por el quejoso, esto en virtud de que fue acertada jurídicamente la consideración del Magistrado responsable al analizar los agravios hechos valer por el quejoso, pues no obstante que el juez de origen haya denominado de una manera incorrecta las pretensiones de su contraparte, no le causa perjuicio alguno, debido a que si bien es cierto que la vía incidental no acepta la acción reconvencional pues el texto del Código de Procedimiento Civiles del Estado, en su capítulo de incidentes no contempla dicha acción; también es cierto que la pretensión formulado por *****, para lograr el pago de los montos vencidos por concepto de pensión alimenticia a cargo del aquí quejoso sí se llevó a cabo de conformidad con el trámite de incidentes. A fin de fundar lo antes considerado es oportuno citar el contenido de los artículos 771, 775 y 776 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que señalan lo siguiente: 771. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal. [.] 775. Promovido el incidente, y forma¬da en su caso la pieza separada, se correrá traslado de la promoción inicial al contrin¬cante, citándose en el mismo auto a las par¬tes para la audiencia de pruebas y alegatos que deberá celebrarse dentro de los ocho días siguientes, y en la cual pronunciará el juez su resolución redactándola concisa¬mente. Es aplicable a los incidentes, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 402 de este Código. 776. La resolución que pone fin a un incidente es apelable en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia en lo principal, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. [.] De los preceptos invocados se advierte que promovido el incidente y formado en su caso la pieza separada, se correrá traslado de la promoción inicial al contrincante, citándose en el mismo auto a las partes para la audiencia de pruebas y alegatos que deberá celebrarse dentro de los ocho días siguientes y en el cual pronunciará el juez su resolución. Situación que en el presente asunto sí se realizó, pues el juez de origen al admitir el incidente planteado corrió traslado a la contraparte, esto es a la parte aquí tercero interesada; asimismo, el uno de octubre de dos mil quince, el Juez Familiar llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos contemplada en el precepto de referencia. Entonces, no se considera que se la haya causado incertidumbre al quejoso en cuanto a la tramitación que se le dio a la petición de su contraparte en el juicio natural debido a que no obstante el juez de primera instancia haya denominado de forma incorrecta la pretensión de su contraria, el trámite dado a su solicitud fue de manera acertada. Aunado a lo anterior, se estima que en ningún momento se le dejó en estado de indefensión, pues como bien lo señaló la autoridad responsable en la resolución que reclama, el quejoso tuvo oportunidad de inconformarse en contra de la pretensión que hizo valer la tercero interesada, pues en su momento se le corrió traslado con el mismo, dándole tres días para que contestara tal pretensión, sin que lo hubiera hecho, máxime que en respuesta a ello, dio contestación negando los actos que se le atribuían, pero sin formular objeción alguna o recurso en contra de la forma de tramitación del asunto; incluso fue el propio quejoso quien solicitó que se dictara la sentencia correspondiente, entendiéndose por conforme con dichas determinaciones, porque no las impugnó en primer instancia. Por otro lado, en relación con el concepto de violación que hace valer respecto que la autoridad responsable lo dejó en estado de indefensión por contravenir lo dispuesto por el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al darle valor a las manifestaciones hechas por su contraparte, se estima que no asiste razón al quejoso. Lo anterior, porque como lo señala el Magistrado responsable en la resolución reclamada, bastó con la afirmación de la tercero interesada, respecto del incumplimiento del quejoso de no haber realizado el pago de la pensión alimenticia a su hijo, para que se revirtiera la carga de probar, es decir, demostrar efectivamente sí ha realizado el pago de dicho concepto. Es así, pues al considerarse de manera contraria se estaría obligando a la parte acreedora de alimentos a probar un hecho negativo; en atención a ello, se considera correcto la condena impuesta por el Juez Familiar y confirmada por la autoridad responsable, ya que el quejoso tuvo la oportunidad de probar el cumplimiento de dicha obligación, sin embargo, se abstuvo de realizarlo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 16/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, Materia Civil, página 100, con número de registro 194070, que a la letra dice: DIVORCIO. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. CARGA DE LA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Corresponde al demandado, en su carácter de deudor alimentista, acreditar el cumplimiento de la obligación alimentaria de proporcionar alimentos a sus acreedores alimentarios, ya que de lo contrario se estaría imponiendo indebidamente al acreedor alimentista la carga de probar un hecho negativo, lo cual iría en contravención al artículo 265 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que dispone: "El que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.". Además, la obligación de suministrar alimentos se funda en derecho establecido por la ley, y no en causas contractuales, consecuentemente, quien ejerce la acción únicamente debe acreditar que es titular del derecho y corresponde al deudor alimentista probar el cumplimiento. Asimismo, es infundado el concepto de violación en el que se sostiene que el Juez primario admitió tal acción sólo para el efecto de requerir en el acto de la diligencia el pago reclamado, toda vez que por auto de veinte de agosto de dos mil quince, el Juez natural efectivamente se pronunció de esa manera, pero además le requirió para que justificara que efectivamente estuviera al corriente con el pago de la pensión, y le corrió traslado con las copias del escrito presentado por su contraparte, para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera; situación que sí realizó únicamente negando el incumplimiento, sin que ofertara alguna prueba para acreditarlo. Entonces, todo lo alegado por el quejoso es infundado, debido a que la Sala analizó correctamente los agravios hechos valer, pues como bien lo dijo el Magistrado Responsable, el quejoso consintió el auto de veinte de agosto de dos mil quince, mediante el cual se nombró reconvención a las prestaciones de su contraparte, y se le corrió traslado; es decir, tuvo oportunidad de controvertir la improcedencia de la vía, tan es así que compareció a dar contestación a dicha pretensión de cobro y no se inconformó en el momento procesal oportuno, y de hacer el análisis sobre la improcedencia de la vía reconvencional por parte de la Sala responsable implicaría trastocar el principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución jurisdiccional. En las relacionadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, sin advertir queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo solicitado. La negativa del amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, pues su actuación no se reclamó por vicios propios, sino como una consecuencia del fallo impugnado. Resulta aplicable, la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 72, del siguiente tenor: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el Juicio de Amparo 860/2016-III, promovido por ***, contra los actos reclamados al Encargado de la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *****, en contra del acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****, hasta el día de hoy, treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Vista la circular 29/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la que se informa que el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se determinó declarar no laborales los días treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que en esas fechas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, no correrán los términos de Ley.Ahora, del estado que guardan los autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.Sin embargo, no es posible llevarla a cabo en esa fecha, por lo que, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis para llevarla a cabo.Notifíquese.Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos; con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*namm

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