Luis Armenta Cabrera
Expediente 396/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Armenta Cabrera
- Luis Armenta Cabrera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de mayo de dos mil diecinueve. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la revisión civil 332/2018 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia Federal no ampara ni protege a Residencial Bosque Monarca, sociedad anónima de capital variable, contra el acto y autoridad precisados en el resultando segundo de esta ejecutoria." ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 2432, al que también se anexó el original del juicio de amparo en que se actúa y un tomo de pruebas, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, consistente en consistente en el toca de apelación 43/2018. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. SE TIENE POR INTESPUESTO RECURSO DE REVISIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Carlos Alberto Guerrero Montalvo, apoderado de Residencial Bosque Monarca, S.A de C.V., dentro del juicio de amparo 412/2018 y tercero interesado al acumulado 396/2018, a través del cual promueve recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer contra la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de amparo, el escrito original de agravios y copia para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta Ciudad, para la substanciación del citado recurso. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda relativa al juicio de amparo 396/2018. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, recibido por este Juzgado el siete de mayo del presente año, ERICK FERNANDO BRAVO RUEDA, en cuanto apoderado jurídico de LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, respecto del acto y por la autoridad que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cuanto autoridad ordenadora; y como ejecutora el C. Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; ambos con domicilio en. IV. ACTO RECLAMADOS: a) De la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reclamo la sentencia dictada el 11 once de abril de 2018 dos mil dieciocho, dentro de los autos del toca número I-43/2018, formado con motivo de los recursos de apelación interpuesto por el apoderado jurídico de la parte actora en el principal, y el suscrito mandatario jurídico de la demandada, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 10 diez de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, dentro del incidente que sobre liquidación de sentencia interpuse, deducido del juicio sumario civil número 458/2012, que sobre suspensión de la conclusión de obra perjudicial a la servidumbre voluntaria y otras prestaciones promovió residencial Bosque Monarca, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado jurídico, frente a Luis Armenta Cabrera y Aída Álvarez Legorreta; en cuya resolución indebidamente se declararon infundados en una parte e inoperantes en otra, los puntos de desacuerdo expresados por el suscrito, confirmando por ello en sus términos la sentencia interlocutoria apelada. Dentro del toca número I-43/2018 y juicio sumario civil número 458/2012, tengo reconocido el carácter de apoderado jurídico de LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA. b) Del C. Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, reclamo la ejecución de la sentencia reclamada de la C. Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado". SEGUNDO.- Presentación de la demanda relativa al juicio de amparo 412/2018. A través de escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, ante la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, CARLOS ALBERTO GUERRERO MONTALVO, en cuanto apoderado jurídico de RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, S.A. DE C.V., presentó demanda de amparo directo civil, en la cual señaló como autoridad responsable a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y como acto reclamado la sentencia dictada por ésta el once de abril de dos mi l dieciocho, dentro del toca I-43/2018, de la cual tocó por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien en resolución del pleno de nueve de mayo del presente año, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda y ordenó remitir la misma al Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad en turno. TERCERO.- RECEPCIÓN DE DEMANDA DE AMPARO POR ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO.- El diez de mayo de dos mil dieciocho, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, recibió la demanda de amparo señalada, y sus anexos. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO.- ADMISIÓN DE DEMANDADAS DE AMPARO ORIGINADORAS DE LOS JUICIOS II-396/2018 y VIII-412/2018.- En proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, originadora del juicio II-396/2018; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar al tercero interesado RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, S.A. DE C.V., lo cual aconteció según se advierte de la diligencia que obra a fojas 40 y 41 de este expediente; mientras que el veintidós de mayo del año en cita, se admitió la demanda originadora del juicio VIII-412/2018, proveído en el cual también se ordenó dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y virtud a que los tercero interesados LUIS ARMENTA CABRERA y AIDA ÁLVAREZ LEGORRETA, ya habían sido emplazados a juicio por la magistrada responsable (fojas 101 a 106 de este expediente), sólo ordenó notificarles la radicación de ese juicio de amparo, lo cual aconteció como se advierte de la diligencia que obra a fojas 130 y 131 de este expediente. QUINTO.- SE DECRETA ACUMULACION.- En auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se decretó de plano la acumulación del juicio VIII- 412/2018 al II-396/2018; lo cual se ordenó hacer del conocimiento de las partes, y seguido el juicio ya acumulado por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciadas íntegramente las demandas, se advierte que los quejosos, reclaman lo siguiente: La sentencia dictada el once de abril de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación I-43/2018, por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, así como por el mandatario jurídico de LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, contra la sentencia interlocutoria del diez de noviembre del dos mil diecisiete, emitido por el Juez Quinto en Materia Civil de este Distrito Judicial, al resolver el incidente de liquidación de sentencia interpuesto por el mandatario de éstos últimos, demandados dentro del juicio sumario civil número 458/2012, que sobre suspensión de conclusión de obra nueva perjudicial a la servidumbre voluntaria y otras prestaciones promovió RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado relativa al toca de apelación I-43/2018. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO.- INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso no se hicieron valer y de oficio no se advierte actualizada causal de improcedencia alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.- En principio es necesario relatar sucintamente los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales ya fueron, valoradas en el considerando tercero de esta resolución, los cuales son los siguientes: 1.- En escrito presentado el once de junio del dos mil doce, CARLOS ALBERTO GUERRERO MONTALVO, en cuanto apoderado jurídico de la persona moral RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, S.A DE C.V., promovió en la vía sumaria civil interdicto para reclamar la suspensión de la conclusión de obra nueva, perjudicial a la servidumbre voluntaria y reglamento de construcción, demolición y modificación de las partes de construcción materia de litigio, en contra de LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, en cuanto propietarios de lote 13, manzana 52 del fraccionamiento Residencial Bosque Monarca, en la tenencia de Jesús del Monte, de esta ciudad. 2.- Dicha demanda fue admitida por el Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, en auto de veintinueve de agosto de dos mil doce, registrando el expediente con el número 458/2012, se ordenó realizar el emplazamiento respectivo; y una vez substanciado el procedimiento sumario de origen, el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio. SEGUNDO.- Se declara improcedente la acción que sobre interdicto de suspensión de la conclusión de obra nueva y perjudicial a la servidumbre voluntaria, ejercitó en la vía sumarísima civil la persona moral denominada "RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA", S.A. DE C.V., a través de su apoderado jurídico Licenciado Carlos Alberto Guerrero Montalvo, en contra de los señores LUIS ARMENTA CABRERA y AIDA ÁLVAREZ LEGORRETA; en consecuencia, TERCERO.- Se absuelve a los demandados de las prestaciones reclamadas en este juicio. CUARTO.- Los gastos y costas de esta instancia, son a cargo de la actora, previa su regulación y aprobación judicial. QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y cúmplase". 3.- En contra de la anterior sentencia, ambas partes interpusieron recurso de apelación, del cual tocó conocer y resolver al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien dentro del toca 312/2014, el veintisiete de enero del año en curso, resolvió modificar la resolución recurrida, para regirse en lo sucesivo por los resolutivos insertos en la parte final de la misma; en contra de dicha determinación los ahora quejosos LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA promovieron juicio de amparo directo 205/2015, ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, tocándole conocer y resolver al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, quien el dos de julio del dos mil quince, concedió el amparo solicitado, medularmente para el efecto de que se dejara sin efectos la resolución reclamada y dictara una nueva, donde reiterara lo que no fue materia de esa ejecutoria y analizara en su totalidad los agravios de la recurrente, hoy quejoso en lo relativo a la validez o no de la servidumbre constituida respecto del bien propiedad de la parte quejosa en favor de la empresa actora, así como del Reglamento de Construcción del Fraccionamiento Residencial Bosque Monarca, Sociedad Anónima de Capítal Variable, y con plenitud de jurisdicción fundada y motivadamente resolviera lo que en derecho procediera. 4.- Así en cumplimiento a dicha ejecutoria del juicio de amparo directo número 205/2015, resolvió conforme a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha 2 de julio de dos mil quince 2015, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, dentro del juicio de amparo directo civil número 205/2015, promovido por Luis Armenta Cabrera y Aída Álvarez Legorreta, por conducto de sus apoderados jurídicos, contra un acto de esta Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por auto de cuatro 4 de agosto de la presente anualidad, se dejó insubsistente y sin ningún efecto la sentencia que constituyó el acto reclamado dictada el veintisiete de enero del año en curso, dentro del toca en que se actúa. TERCERO. Habiendo acatado estrictamente los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo identificada en el punto resolutivo que antecede, se declara que los conceptos de agravio expresados por el licenciado Carlos Alberto García Montalvo, en su calidad de apoderado jurídico de la persona moral denominada "Residencial Bosque Monarca S.A. de C.V.", resultaron infundados por una parte, inoperantes en otra e ineficaces en una más. CUARTO. Los motivos de inconformidad expresados por los abogados Erick Fernando Bravo Rueda y Alfredo Cabrera Ortiz, en cuanto apoderados jurídicos de Luis Armenta Cabrera y Aída Álvarez Legorreta, resultaron infundados por una parte, deficientes en otra, inoperantes por una más y fundadas en otro tanto; en consecuencia: QUINTO. Se modifica la sentencia de primer grado impugnada, para regirse en lo sucesivo por los resolutivos expuestos en la parte final del sexto considerando de esta ejecutoria: SEXTO. Se impone a la actora disidente el pago de los gastos y costas de esta instancia.". 5.- Cabe señalar que en el considerando sexto de la resolución señalada en el punto anterior, en la última parte del mismo se determinó en esencia, que la fianza otorgada previamente para suspender la obra se debía pagar a la parte demandada como indemnización por los daños y perjuicios que se le causó al resultar improcedente la accion y que por tanto, a fin de reparar la violación cometida, la sanción debía imponerse a la moral actora, porque no obtuvo resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda. 6.- A través de escrito presentado el cuatro de mayo del dos mil diecisiete, el apoderado de Luis Armenta Cabrera y Aída Alvárez Legorreta, demandados en el juicio de origen y vencedores en el mismo, presentaron incidente de liquidación de sentencia de gastos y costas. 7.- El diez de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez Quinto Civil de Primera Instancia de esta ciudad de Morelia, dictó sentencia interlocutoria en la cual se declaró parcialmente procedente la planilla de liquidación y por tanto determinó: ". Se impone a la incidentada el pago de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N., por los daños y perjuicios ocasionados a la reo. Por otra parte, es improcedente lo reclamado en este incidente por concepto de gastos y honorarios profesionales generados con motivo de la tramitación de los juicios de amparo que refiere la incidentista. Quedando a salvo los honorarios profesionales devengados con motivo de la tramitación de este juicio - Primera y Segunda Instancia-; para que los hagan valer en la forma y términos legales correspondientes." 8.- A través de escritos presentados el veintiuno y veinticuatro de noviembre, ambos del año en curso, ambas partes en el juicio de origen, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria descrita en el punto anterior. 9.- En sentencia del once de abril de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dictó sentencia confirmando en sus términos la interlocutoria apelada. Es esta última determinación la que en la especie constituye el acto reclamado. SEXTO.- ESTUDIO DEL FONDO RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DE LOS QUEJOSOS LUIS ARMENTA CABRERA Y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA. Los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra. En efecto la responsable en la sentencia reclamada, en principio analizó los agravios expuestos por los recurrentes hoy quejosos LUIS ARMENTA CABRERA Y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, respecto de los cuales determinó que era infundada aquella parte donde se afirmó la ilegalidad en la cantidad fijada por concepto de daños y perjuicios, porque la decisión del juzgador de aprobar tal concepto sólo por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos era correcta y legal por derivar del cumplimiento efectuado a la ejecutoria de once de agosto de dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dentro del toca de apelación número I-312/2014, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio sumario civil número 458/2012, a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de fecha dos de julio de dos mil quince, dentro del amparo directo civil 205/2015, deducido por los demandados en el principal, a través de su apoderado jurídico, contra actos del Magistrado citado, en la cual, la hoy responsable, transcribió la parte conducente del considerando sexto, donde se determinó en esencia que procedía condenar a la moral actora, al pago de los daños y perjuicios causados a su contraria, porque no obtuvo resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda. Así también, la responsable determinó que en el fallo recurrido el juez de primer grado luego de establecer las cantidades pedidas por concepto de daños y perjuicios consideró que únicamente era posible aprobar por concepto de daños y perjuicios la suma de ciento cincuenta mil pesos, virtud a que en ejecutoria de once de agosto de dos mil quince la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, fijó que la fianza otorgada para suspender la obra se pagaría a la parte demandada como indemnización de daños y perjuicios que se le causaran de resultar improcedente la acción; determinación que se encontraba firme e intocada y que aunque en autos no existía constancia de que se haya otorgado dicha fianza, atendiendo a lo fallado en la ejecutoria de mérito corroboraba que los daños y perjuicios decretados a favor del reo ascendían a los aludidos ciento cincuenta mil pesos, y que en consecuencia resultaba innecesario analizar y valorar los dictámenes desahogados en el sumario. Teniendo como premisa lo anterior, la Magistrada responsable resolvió que contrario a lo afirmado por los apelantes la negativa del juez de autorizar la suma de un millón cuatrocientos diez mil, doscientos veinticuatro pesos con noventa centavos, por concepto de daños y perjuicios ocasionados, fue en acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de segunda instancia porque en ella insistió que se determinó: "la fianza otorgada para suspender la obra se pagará a la parte demandada, como indemnización por los daños y perjuicios que se le causen de resultan improcedente la acción", era obvio que el juzgador, como lo hizo estaba constreñido a establecer por ese concepto única y exclusivamente la misma cantidad a la indicada como fianza en el curso del procedimiento, lo cual reiteró la responsable, no implicaba en modo alguno una interpretación subjetiva errónea o carente de fundamentación. De igual forma, consideró la responsable que si la actora en el principal no otorgó la fianza establecida en el juicio de origen en el auto de cinco de diciembre de dos mil doce, para garantizar los daños y perjuicios, esa omisión ahora no incidía para demeritar los efectos jurídicos de la sentencia pronunciada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuenta habida que ese numerario no quedó supeditado a la existencia o no de la fianza, sino que fue establecido como la suma de dinero que debería pagarse a la parte demandada para resarcir los daños causados con motivo del juicio; en torno a lo cual incluso señaló el tribunal de amparo tuvo por cumplida la sentencia dictada en el amparo directo civil número 205/2015, con la sentencia dictada en apelación el once de agosto de dos mil quince, que por ello, no era ahora cuestionable su firmeza. Asimismo determinó la responsable, que tampoco prevalecía razón para que el juzgador de primer grado autorizara hasta por la suma de un millón quinientos mil pesos, porque contrario a lo discutido, aún cuando la fianza se fijó por seis meses de renta a razón de veinticinco mil pesos cada mensualidad, como tiempo probable de duración de juicio, no significaba que el juzgador hubiese limitado el monto de los perjuicios sólo a ese tiempo sin considerar que la controversía se prolongó hasta cinco años más, o sesenta meses, toda vez que la resolución de segunda instancia ejecutoriada, en forma clara restringió esa condena sólo al numerario estipulado como fianza, esto es a ciento cincuenta mil pesos, sin que existiera posibilidad de incremento dependiendo del tiempo de duración del litigio y que por tanto lo decidido no constituía una restricción aberrante y que si ahora los apelantes, aquí quejosos alegaban desacuerdo con esa forma de resolver y en su momento procesal no lo hicieron valer, evidentemente lo así resuelto, había quedado intocado, considerando a su vez la responsable que los peritajes presentados en el juicio, en efecto resultaban pruebas ineficaces para esa finalidad, como acertadamente lo había concluido el juez de origen. También resolvió la responsable que si la resolución de primer grado, no había sido favorable a los apelantes, no era porque hubiera incurrido el juzgador en omisión de todos los puntos litigiosos, ni que no haya cumplido con la ejecutoria citada, porque del fallo apelado, afirma la responsable, se observaba que había cumplido con el contenido de los artículos 574 y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque atendió a cada uno de los puntos de la incidencia y a las pruebas aportadas, en forma separada, a la luz de la sentencia pronunciada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y que si bien los avalúos no habían generado el resultado pretendido por los inconformes, ello no afectaba los requisitos de fundamentación y motivación rectores de todo fallo judicial, en virtud de que se aludió al fundamento legal del por qué de su invalidez. Asimismo alude la responsable que la mención breve realizada por el juzgador de primer grado, con respecto al libelo incidental y cantidades reclamadas, es decir, para fijar la Litis, en nada había incidido para tildarla de ilegal, porque de su imposición se apreciaba se examinó todo lo pedido, es decir, daños y perjuicios, honorarios de su abogado y honorarios de peritos según el planteamiento incidental y que aunado a que el recurrente no debatió omisión en alguna de las causas de pedir, no era factible sostener que esas supuestas omisiones habían liberado a la parte actora de los pagos exigidos y causados a los demandados, por las artimañas dilatorias que ocasionó el litigio. De igual forma resolvió que si a la fecha el procedimiento jurisdiccional les había ocasionado desgaste físico y emocional, sacrificios, esfuerzos, pérdidas económicas durante cinco años, esas circunstancias por sí devenían ineficaces para revocar la invalidez del fallo apelado, porque el proceder del juez de primer grado partió de las bases de la ejecutoria para establecer la cantidad de daños y perjuicios causados en el juicio. Por otra parte la molestia vertida en el sentido de que el Aquo soslayó el estudio de la conducta maliciosa o temeraria con la cual se condujo el abogado de la parte actora durante el juicio principal, generada por instar procedimientos dilatorios y perjudiciales a su contraparte, lo cual bastaba para condenársele al pago de honorarios profesionales, la responsable declaró inatendible dicha inconformidad, porque involucraban cuestiones novedosas no expuestas ante el juez primario, y de estudiarlas, adujo, atentaría contra el principio de congruencia que debe prevalecer en toda ejecutoria e infringiría lo dispuesto por el artículo 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, conforme al cual la sentencia sólo se ocupara de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio. En otra parte, también resolvió que el proceder del juez, contrario a lo afirmado por los apelantes, ahora quejosos, no representaba un acto de "mágica interpretación", sino que sólo consistió en ceñir su actuar conforme a los parámetros en ella establecidos; y que respecto a lo considerado de los honorarios profesionales efectivamente encontraba apoyo en la tesis invocada, pues aunque se trataba de un criterio aislado, carente de la obligatoriedad que la ley le refiere a la jurisprudencia conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, ello no impedía que el juez sustentara su fallo en tal criterio, por no haber precepto alguno que prohibiera la aplicación de tesis aisladas y que al ser esa tesis adecuada a los argumentos vertidos por el juzgado de primera instancia, no lesionaba derechos de los apelantes; además de que la condena al pago de honorarios no dependía exclusivamente del derecho a recibirlos por haberse desempeñado como abogado de la parte que resultó favorecida, sino que era menester se comprobaran otros requisitos, como el valor del juicio y examinar tanto el derecho del profesionista, como el numerario a que ascendió su asesoría. En otra parte de su resolución, la responsable consideró que los puntos de desacuerdo expresados por los recurrentes, ahora quejosos, respecto a la improcedencia declarada por el juez de primer grado en relación con las partidas de honorarios profesionales y de peritos, en forma alguna combatían los razonamientos vertidos en el fallo apelado, al haber vertidos en sus agravios cuestiones meramente subjetivas y por tanto insuficientes para combatir el porqué el sentenciador no debió estimar el litigio como de cuantía indeterminada no obstante la omisión de la parte actora y como consecuencia, inválidos los peritajes rendidos para fijar los daños y perjuicios, el por qué aunque la Ley de Amparo no contemplara el pago de costas judiciales, debían aprobarse honorarios profesionales con relación a los diversos procedimientos de amparo, por qué no debió precisarse el valor de los daños causados conforme a la fianza decretada en el procedimiento y por ende, la ineficacia de los dictámenes emitidos y por qué no tenían que dejarse a salvo los derechos del incidentista una vez determinado el quantum del juicio; decisiones que afirmó la responsable, no fueron controvertidas con argumentos válidos, de que ahí que en esa parte los agravios formulados los declaró inoperantes. En los conceptos de violación los quejosos LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, aducen en esencia que la autoridad responsable en el considerando segundo de la resolución reclamada, violan en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 27 de nuestra carta magna, por inexacta aplicación de los numerales 599, 600, 601, 602 y 606 del Código Procesal Civil del Estado, que afirma aplicó la responsable en la parte final de la resolución reclamada, los cuales consideran los inconformes rigen los juicios sumarios, siendo ajenos al asunto relativo al acto reclamado. Alegan que se les está privando del derecho humano que tienen a que se les haga el pago de los daños y perjuicios reclamados dentro de un incidente de liquidación de sentencia de gastos y costas, al no estar dictada conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, por no estar fundada y motivada y ser incompleta e imparcial; considera que se infringieron en perjuicio de dichos quejosos los artículos 573, 574, 575, 576, en relación con los diversos 135, 143, 653 y demás relativos del código adjetivo civil del Estado, porque la responsable se negó a analizar todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el capítulo respectivo, concatenándolas con las pruebas respectivas, que principalmente no analizó ninguno de los dictámenes periciales, ni siquiera el del perito tercero en discordia; afirman que la Magistrada responsable de nueva cuenta le da una importancia primordial a los argumentos en los que se apoyó el juzgador de primera instancia, al volverlos a transcribir en el fallo de segunda instancia, concluyendo sin estudiar sus agravios, que por tanto solicitan los quejosos dichos agravios se tengan por reproducidos, para que sean tomados como conceptos de violación en la presente demanda. Aducen los peticionarios del amparo que la responsable declaró infundada aquella parte de los agravios a través de los cuales se alegó la ilegalidad en la cantidad fijada por concepto de daños y perjuicios, determinada únicamente por $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N., pues consideran los amparistas que contrario a lo afirmado por la responsable, no era cierto que dicha suma se haya fijado en cumplimiento a la ejecutoria del once de agosto de dos mil quince, dictada dentro del toca de apelación I-312/2015, a fin de cumplimentar la misma dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito el dos de julio del año en cita, dentro del amparo directo civil número 205/2015; que no era suficiente la simple afirmación vertida por la responsable en el sentido de que el titular de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado determinó que ". la fianza otorgada para suspender tal obra se pagará a la parte demandada como indemnización por los daños y perjuicios que se le causen de resultar improcedente la acción.", porque en ninguna parte de su texto se determinó literalmente que únicamente era posible aprobar por concepto de daños y perjuicios la cantidad de $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. También refieren los quejosos que sí era necesario analizar y valorar los dictámenes que en razón de la prueba pericial ofertaron en el sumario, a fin de determinar el monto de los daños y perjuicios; y que por tanto, sí asistía razón a los dolientes en afirmar que la negativa del juez de autorizar la suma de $1, 410,224.90 UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 90/100 M.N., por concepto de daños y perjuicios ocasionados, se generó por una interpretación ficticia de la ejecutoria de la segunda instancia fabricada por el A quo y que continúa sosteniendo la ahora Magistrada responsable. Los citados motivos de inconformidad resultan como ya se dijo al inicio de este considerando infundados, en virtud de que contrario a lo alegado por los quejosos los citados numerales 599, 600, 601, 602 y 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no fueron invocados por la responsable en la sentencia reclamada, por lo que no se pudo haber ocasionado violación alguna con dicho aspecto a los peticionarios del amparo. De igual forma, del contenido integral de la resolución reclamada, cuyas consideraciones esenciales ya fueron referidas en párrafos precedentes, no se advierte que se haya infringido en perjuicio de éstos la garantía de legalidad, pues sí fueron analizados todos y cada uno de los agravios expuestos, declarándolos infundados en una parte, en esencia porque la suma de $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N, fijada por concepto de daños y perjuicios, aprobada por el juzgador de primer grado, se consideró correcta y legal, por derivar tal como lo sostuvo la Sala responsable de la ejecutoria del once de agosto de dos mil quince, dentro del toca de apelación I-312/2014, al haberse determinado en la misma ". en los interdictos de suspensión y demolición de obra, como el de la especie, la fianza otorgada para suspender tal obra se pagará a la parte demandada, como indemnización por los daños y perjuicios que se le causen de resultar improcedente la acción; por tanto a fin de reparar la violación cometida, esta Sala determina con plenitud de jurisdicción, que tal sanción debe imponérsele a la moral actora, porque no obtuvo resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda". Asimismo, la responsable, después de realizar la transcripción antes reproducida, contenida en la ejecutoria del juicio natural, acertadamente contestó lo alegado ante ella por los apelantes, hoy quejosos, pues resolvió que de esa transcripción se advertía que la determinación de la suma aludida por concepto de daños, no se había generado de una interpretación ficticia de la aludida ejecutoria de segunda instancia, también en respuesta a sus agravios la responsable resolvió que aun cuando la parte actora no otorgó la fianza establecida en el procedimiento natural para garantizar los daños y perjuicios, tal omisión ahora no incidía para demeritar los efectos jurídicos de la sentencia pronunciada en el toca citado en último término, virtud a que ese numerario no quedó supeditado a la existencia o no de la fianza, sino fue establecido como la suma de dinero que debería pagarse a la parte demandada para resarcir los daños causados con motivo del juicio, lo que por sí era suficiente para concluir su legalidad y su debido cumplimiento conforme a la realidad jurídica del proceso. De igual forma, contrario a lo alegado por los quejosos, si el monto de los daños y perjuicios conforme a la ejecutoria del juicio sumario se determinó debía ser la fianza establecida en el procedimiento natural para garantizar los daños y perjuicios, y que en procedimiento natural se determinó era por los $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N, también es acertada la consideración vertida por la responsable en contestación a los agravios expuestos por los recurrentes, hoy quejosos, en cuanto a que el juzgador de primer grado no estaba obligado a analizar y valorar los dictámenes que en razón de la prueba pericial ofertaron en el sumario, a fin de determinar el monto de los daños y perjuicios; cuando dicho monto ya se encontraba fijado previamente. Ahora bien, es preciso señalar que no se controvierte lo sostenido por el juez, y confirmado por la Magistrada responsable, en el sentido de que la referida ejecutoria del once de agosto del dos mil quince, se encuentra firme e intocada, por lo cual la ejecución de la misma debía hacerse en los términos ahí establecidos; que como de autos se advertía que con data veinte de noviembre de dos mil doce, se llevó a cabo el desahogo de la prueba de inspección asistida por un perito designado por el juzgado de origen a fin de verificar la identidad física del inmueble o área en conflicto, determinándose que sí era factible decretar la suspensión pero que ese juzgado de primer grado determinó que previo a ello era necesario establecer a través de perito el monto de los posibles daños y perjuicios que se ocasionarían al demandado, designó a RAMÓN IGNACIO ORTIZ VELAZCO, como peritó, quien el cinco de diciembre de dos mil doce, presentó su dictamen, a través del cual determinó que el monto de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte demandada en caso de decretarse la suspensión de la obra, ascendía a $25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N., por concepto de renta mensual, por lo cual del Tribunal determinó que la fianza a través de la cual pudiere garantizarse el valor de los daños y perjuicios ascendía a $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N, equivalentes a seis meses por concepto de renta fijada por el referido perito y que el tribunal estimó como tiempo probable de duración para resolver el citado contradictorio. Pero además dicha consideración es correcta, porque el monto de los $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N, deriva de que previamente se sostuvo que se fijó como fianza $25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N, mensuales por el lapso de seis meses que da como resultado precisamente $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, de modo que aunque tal cantidad no se indicó expresamente en la sentencia definitiva, sí fue acertado por parte de la responsable confirmar la determinación de atender a dicha suma, pues la misma corresponde a la fianza fijada al respecto y por tanto, como acertadamente lo confirmó dicha Sala, no era conducente atender a los dictámenes periciales para determinar un monto diverso y mayor como lo pretenden los aquí quejosos. Por otra parte, alegan los amparistas que la Magistrada responsable en tratándose de la condena a los honorarios profesionales derivada de la malicia y temeridad con la cual procedió el apoderado jurídico de la parte demandante, aplicó con exageración el principio de estricto derecho en materia civil respecto de sus argumentos contenidos en los agravios, lo cual afirma demuestra la falta de aplicación del principio de igualdad de las partes, porque no era cierto que se estuviera en presencia de señalamientos nuevos a la Litis incidental debatida. El anterior concepto de violación resulta inoperante, pues no combate la consideración toral vertida por la responsable para determinar que para aprobar los honorarios profesionales, era menester se comprobaran entre otros requisitos, el valor del juicio, para partiendo de ese supuesto, examinar tanto el derecho del profesionista que intervino en el proceso judicial, como el numerario a que ascendió su asesoría profesional, de donde se seguía, afirma la responsable, que el pago de honorarios no dependía del derecho exclusivamente a recibirlos por haberse desempeñado como abogado de la parte que resultó favorecida con tal condena. Además de que la parte aquí quejosa tampoco combate la declaratoria de inoperancia que hizo la responsable respecto de los agravios a través de los cuales se inconformó con aquélla parte de la sentencia interlocutoria apelada en al cual se determinó la improcedencia de la partida de honorarios profesionales y de peritos, pues en tal aspecto, como ya se puso de manifiesto los hoy quejosos, sólo se concretan a aducir que en tratándose de la condena a los honorarios profesionales derivada de la malicia y temeridad con la cual procedió el apoderado jurídico de la parte demandante, la responsable aplicó con exageración el principio de estricto derecho en materia civil, porque no era cierto que se estuviera en presencia de señalamientos nuevos a la Litis incidental, pues con independencia de que hubieren sido o no argumentos nuevos lo cierto es que la consideración esencial en base a la cual se confirmó aquélla parte de la resolución apelada en la cual se declararon improcedentes las partidas de honorarios y de peritos, es porque las consideraciones esenciales emitidas por el juzgador de primer grado para desestimarlas, no fueron combatidas por los apelantes, hoy amparistas; declaratoria de inoperancia que como ya se vio ahora no se combate en este juicio de amparo. En consecuencia ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo procedente, es NEGAR el amparo solicitado por LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA. La anterior negativa se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, por no reclamársele por vicios propios. Sirve de sustento la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 210140 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/12 Página: 41 AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 1709/88. Julio Díaz Olguín. 11 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Julieta Anguas Carrasco. Amparo directo 157/89. Catarino Hernández Ramos. 6 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 109/89. María Candelaria Castillo Gomora. 13 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 629/92. José Domínguez Rosales. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 893/92. Román Ortega Albino y otro. 25 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González." SÉPTIMO.- ESTUDIO CONCEPTOS DE VIOLACIÓN VERTIDOS POR EL APODERADO DE LA QUEJOSA RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA S.A. DE C.V.- Los conceptos de violación, son inoperantes, como se pondrá de manifiesto a continuación. En efecto, la magistrada responsable en relación con los agravios formulados por la parte quejosa RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, S.A. DE C.V., resolvió en lo que nos interesa lo siguiente: ".las disconformidades de cuenta devienen inoperantes, como se adelantó, pues la materia del recurso que nos atañe consiste en analizar la legalidad o ilegalidad de la sentencia interlocutoria de 10 diez de noviembre del año pasado, a través de la cual se determinó la liquidación de los daños y perjuicios decretados a favor de la parte demandada en el principal; mientras que la impugnación que en este toca se atiende, se limita a tildar de ilegal resolución diversa a la que es motivo de inconformidad, es decir, lo esgrimido ataca el fundamento legal en el cual se apoyó el tribunal para autorizar el pago de daños y perjuicios, es decir, la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala Civil de este Tribunal, en la parte donde se precisó: "[.] tal sanción debe imponerse a la moral actora, porque no obtuvo sentencia favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda [.]", supuestamente porque el A quo soslayó previamente analizar tal razonamiento, dado que la condena obedecía a una situación distinta a la establecida por la Sala Civil, ello en aras de garantizar acceso real, completo y efectivo de la justicia a las partes; lo cual jurídicamente no resulta posible examinar, pues la resolución generadora del presente recurso es una distinta, es decir, la sentencia interlocutoria del 10 diez de noviembre de la anualidad pasada -que estableció el quantum por concepto de daños y perjuicios-, y contra ello no se vierte en la mencionada porción de agravios razonamiento encaminado a combatir su legalidad o ilegalidad. Entonces, lo anterior permite arribar a la ineludible convicción de que las molestias antes señaladas al encontrarse en realidad dirigidas a recurrir una resolución diversa a la que constituye la materia de este medio de impugnación y que, por ende, debe examinarse en esta ejecutoria, resultan, por esa circunstancia inoperantes, y por ello las aseveraciones plasmadas en el juzgado de primera instancia en el interlocutoria combatida, deben permanecer intocadas. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1ª./J.23/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXV, Marzo de 2007, página número 237, del siguiente tenor: "RECLAMACIÓN. LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN UNA RESOLUCIÓN DIVERSA AL ACUERDO RECURRIDO DEBEN DECLARARSE INOPERANTES.- (SE TRANSCRIBE)". Enseguida, la inconforme adujo, resultaba errónea la conclusión del juzgador, en aquella parte donde aprobó por concepto de daños y perjuicios la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n), en cumplimiento a lo decidido en la ejecutoria de 11 once de agosto de 2015 dos mil quince; pues aun cuando no se encontraban satisfechos los requisitos previstos en la ley de la materia, aprobó tal partida, esto es, se autorizó sin que se hubiese suspendido la obra ni se hubiere otorgado garantía, como se constataba en autos y por ende, no habían causado daños y perjuicios. Mencionó el juzgador estableció, aunque no se entregó fianza para suspender la obra, si se causaron daños y perjuicios; sin embargo, tal decisión le agraviaba, por resultar una falacia, al no cumplir estrictamente con lo previsto en los artículos 653 y 654 del Código de Procedimientos Civiles del Estado (los transcribe), primero porque no se exhibió la fianza para ejecutar la obra y segundo porque, suponiendo sin conceder que se hubiere suspendido, no se le notificó al dueño del inmueble, por tanto, si no se colmaron los requisitos de ley, no existía obra suspendida y menos daños y perjuicios causados a la contraria. De igual manera, le agraviaba lo condenado a pagar porque de conformidad con lo previsto en la tesis jurisprudencial -que cito- intitulada: "DAÑOS Y PERJUICIOS. ES INFUNDADO EL INCIDENTE PROMOVIDO Y, POR ENDE, LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO SE INVOLUCRA UN CTO QUE NO FUE CONSECUENCIA DE LA SUSPENSÓN OTORGADA", tal medida de suspensión se otorgaría si se aportaba fianza, en contrario sensu, si no fue entregada, tampoco existía suspensión y por lo mismo, no prevalecía la obligación de resarcir los supuestos perjuicios, de ahí lo condenado a pagar derivaba ilegal. Finalmente, dijo, el a quo omitió el estudio del tema relativo a la suspensión de la obra, dado que no mencionó si se decretó la suspensión de la construcción o no, sólo se limitó de manera arbitraria a condenar a pagar determinada cantidad por concepto de daños y perjuicios a su cargo. Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro: "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO". Las alegaciones de cuenta derivan infundadas. Carece de sustento jurídico la porción de agravios donde la recurrente sostiene ilegalidad en la cantidad establecida por concepto de daños y perjuicios, porque al no haberse suspendido la obra, ni entregado la fianza, no podían existir daños y perjuicios en detrimento de su contraria. Resulta de esa manera, toda vez que la legalidad de tal condena parte exclusivamente de lo discernido sobre tal derecho en la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala Civil de este Supremo Tribunal, que decidió el litigio principal, en la cual el a quo se apoyó para emitir la sentencia interlocutoria apelada y liquidar los perjuicios ocasionados, como se observa precisamente de lo argumentado en torno a la partida que nos ocupa, en el considerando primero -ver página 5 a 11-; por consiguiente, aun cuando la fianza fijada por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), no fue depositada por la parte actora dentro del principal, tal omisión no representa obstáculo alguno para invalidar el valor de los daños, primero porque, ese numerario fue el que se determinó como cantidad líquida para resarcir los perjuicios provocados a los demandados, con entera independencia de si se otorgó o no, pues la ejecutoria no condicionó su pago al cumplimiento del proveído que estableció esa cantidad, sino exclusivamente concluyó, la fianza otorgada para suspender la obra se pagará a la demandada como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al resultar improcedente la acción. En segundo término, porque el monto establecido por dicho concepto tampoco se supeditó a la suspensión o no de la obra, de ahí, ese aspecto no incide en la legalidad o no de tal quantum; amén de que, la suspensión de la construcción sí fue ordenada por el juez del conocimiento, según se infiere del acta levantada con motivo de la inspección judicial practicada por el personal del tribunal en el inmueble materia del juicio -foja 23 a la 28 del cuaderno-; empero, si no se otorgó la fianza para que tal interrupción surtiera los efectos legales conducentes, se reitera, esa circunstancia no afecta la decisión combatida, en virtud de no representar requisito sine qua non para la condena y el quantum decretado a favor de la parte demandada, aquí incidentista. Máxime la sentencia pronunciada por la Primera Sala Civil de este Tribunal, se emitió con estricto apego a derecho, pues al haberse dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en fecha 28 veintiocho de septiembre de 2015 dos mil quince, después de estudiar lo resuelto por aquella Sala Civil, argumento: "[.] De esta manera es incuestionable, que la Sala cumplió con la ejecutoria dictada en el juicio, sin que este tribunal advierta exceso o defecto en dicho cumplimiento, pues la autoridad responsable se apegó a los lineamientos trazados en esta; por lo que con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 196, párrafo segundo y tercero, de la Ley de Amparo. La sentencia se declara cumplida; y se ordena el archivo del presente expediente. [.]". A más de que tal fallo causó ejecutoria por ministerio de ley, en atención a lo estatuido por la fracción II, del artículo 586 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, como presumiblemente se advierte, del auto fechado el 30 treinta de marzo de 2016 dos mil dieciséis, donde se requirió a la actora para que dentro del término de tres días, cumpliera voluntariamente con la ejecutoria dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil de este Supremo Tribunal, bajo apercibimiento, de no hacerlo en ese plazo, se procedería en rebeldía de su ejecución. De tal suerte, no es factible afirmar que no se causaron tales daños y perjuicios, en función a que no se logró la suspensión de la obra por no haberse entregado el quantum establecido como fianza; pues reafirmando esas circunstancias no constituyeron causa toral de la sanción impuesta en la resolución que decidió esta controversia y que quedó incólume en sus términos, conforme a la ley de la materia. En consecuencia, ninguna razón prevalecía para que el juzgador atendiera lo dispuesto en los numerales 653 y 654 del código adjetivo civil del Estado, merced a que, en el incidente de cuenta, no se examina la procedencia o improcedencia de la suspensión de obra nueva ni las condiciones bajo las cuales surte efectos. De ahí, deriva inaplicable la tesis jurisprudencial del rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS ES INFUNDADO EL INCIDENTE PROMOVIDO Y POR ENDE, LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CUANDO SE INVOLUCRA UN ACTO QUE NO FUE CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA", en la cual la disidente soporta sus molestias, toda vez que la misma contempla, declarar infundado el incidente de daños y perjuicios, cuando se involucra un acto que no fue consecuencia de la suspensión otorgada, sin embargo, en la especie, la parte incidentista no hizo referencia a algún acto en particular diverso del que constituyó materia de la Litis principal y que generó el tribunal de primer grado autorizara la suspensión de la construcción, entonces, no es dable jurídicamente proceder a la luz de tal criterio jurisprudencial, como erróneamente se pretende. Tampoco tiene razón cuando alega, el juez de origen soslayó analizar si fue decretada o no la suspensión, pues en ese sentido sí mencionó, la interrupción de la obra se autorizó en la diligencia de inspección judicial ya citada, de suerte tal, no concluyó de manera arbitraria la cantidad establecida por daños y perjuicios, sino a la luz de las formalidades previstas en la ejecutoria de mérito. En las relatadas condiciones al no existir agravio que reparar en beneficio de alguno de los apelantes, lo procedente es confirmar el sentido de la sentencia interlocutoria impugnada.". Ahora bien, en los conceptos de violación alega la parte quejosa en esencia que, la responsable con la sentencia reclamada infringió en su perjuicio el contenido de las garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque llevó a cabo una incorrecta subsunción jurídica y arribó a consideraciones contrarias a la ley aplicable, al establecer premisas inexactas; que del contenido de las consideraciones expuestas por la responsable, se advierte que ésta mal interpreta y crea una obligación a cargo de su representada que no existe y que no se colmaron los requisitos legales para que diera lugar; que no era cierto que los agravios expresados en el escrito de apelación fueran encaminados a atacar diversa sentencia a la que se combatía de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, que sí se hizo un estudio conjunto del por qué no se debió condenar a la parte que representa al pago de daños y perjuicios. Sin embargo con las anteriores manifestaciones, no combaten la inoperancia declarada por la responsable, pues no pone de manifiesto cuáles fueron esos argumentos que afirma vertió contra la sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete, que estableció el quantum por concepto de daños y perjuicios. En otra parte de los conceptos de violación, aduce la peticionaria del amparo que si bien era cierto, el juez natural determinó una cantidad cierta por concepto de daños y perjuicios a cargo de su representada, no se colmaron las hipótesis que previamente estableció el juzgador para en caso de que una obra se suspendiera, se llegaran a pagar daños y perjuicios ocasionados; que por tanto, conforme a los numerales 653 y 654 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se requerían diversos supuestos para suspender una obra y que una vez suspendida se causaran daños y perjuicios; alegan, que en el juicio de origen, no se suspendió la obra, ni mucho menos se otorgó fianza y que más aún no se le notificó al dueño de la suspensión, que por tales motivos, aducen los amparistas, no se causaron daños y perjuicios; que el artículo 653 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, era claro en señalar que cuando se ordenara la suspensión de la obra nueva, se ejecutaría mediante fianza, es decir, consideró la quejosa que si bien el juzgador determinó que es viable suspender una obra, pero queda supeditado a que la parte que lo solicite otorgue fianza para que surta efectos, entonces sí era un requisito sine qua non para la suspensión y que se decretaran daños y perjuicios. También alega que contrario a lo señalado por la responsable, sí era aplicable la tesis del rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS ES INFUNDADO EL INCIDENTE PROMOVIDO Y POR ENDE, LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CUANDO SE INVOLUCRA UN ACTO QUE NO FUE CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA", porque aduce la quejosa es de diverso tema al presentado por su contraria, por lo que procedía el desechamiento de ese incidente. De un análisis comparativo entre lo manifestado por la apelante, aquí quejosa, en los conceptos de violación y lo expuesto por la responsable en la sentencia reclamada, se advierte que no combate las consideraciones esenciales vertidas por la responsable para determinar que la legalidad de la condena de daños y perjuicios por el monto de $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N., partía exclusivamente de lo discernido sobre tal derecho en la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aun cuando dicho monto no haya sido despositado por la actora y que tal omisión no representaba obstáculo para invalidar el valor de los daños, primero porque ese numerario fue el que se determinó durante el procedimiento sumario como cantidad líquida para resarcir los daños y perjuicios provocados a los demandados, ello con independencia de si se había otorgado o no, porque la ejecutoria de once de agosto de dos mil quince, no condicionó su pago al cumplimiento del proveído que estableció esa cantidad; y que en segundo término, el monto establecido por dicho concepto tampoco se supeditó a la suspensión o no de la obra y que ese aspecto no incidía en la legalidad o no de tal suma, porque la suspensión sí fue ordenada por el juez natural según se infería de la inspección judicial practicada en el inmueble materia del juicio (foja 23 a 28), y que si no se otorgó la fianza, esa situación no afectaba la decisión combatida; que ninguna razón prevalecía para que el juzgador atendiera a lo previsto por los artículos 653 y 654 del código adjetivo civil del Estado, porque en el incidente de liquidación de origen, no se examina la procedencia o improcedencia de la suspensión de la obra; que no era aplicable la jurisprudencia del rubro ""DAÑOS Y PERJUICIOS ES INFUNDADO EL INCIDENTE PROMOVIDO Y POR ENDE, LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CUANDO SE INVOLUCRA UN ACTO QUE NO FUE CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA", porque en la especie la incidentista no hizo referencia a algún acto en particular diverso del que constituyó materia de la Litis principal, que generó que el tribunal de primer grado autorizara la suspensión de la construcción y que entonces no era dable proceder a la luz de tal criterio. Se dice que no combate dichas consideraciones torales, porque en los conceptos de violación sólo insiste y reitera lo alegado en los agravios en cuanto a que conforme a los numerales 653 y 654 del ordenamiento legal antes citado, era requisito para suspender una obra y una vez suspendida se causaran daños, el que se exhibiera la fianza y se suspendiera la obra, con lo cual evidentemente no combate las consideraciones ya señaladas con anterioridad, en cuanto a que el monto fijado por concepto de daños y perjuicios, no se supeditó ni a la exhibición de la fianza, ni a la suspensión de la obra; así como que la citada jurisprudencia no era aplicable porque la incidentista no había hecho referencia a algún acto en particular diverso del que constituyó materia de la Litis principal; de ahí la inoperancia de los conceptos de violación. Es de invocarse la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 166213 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Común Tesis: XVI.1o.A.T.10 K Página: 1409 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL QUEJOSO REITERA LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN UN RECURSO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO ÉSTA, AL CONOCER DE ÉL, SIN APORTAR OTRAS RAZONES QUE LAS QUE CONSTAN EN LA DETERMINACIÓN RECURRIDA, LOS DESESTIMA. No son inoperantes los conceptos de violación en el amparo indirecto en los que el quejoso reitera los agravios expuestos ante la autoridad responsable en un recurso cuando ésta, al conocer de él, sin aportar otras razones que las que constan en la determinación recurrida, los desestima, porque, en tal hipótesis, la causa de pedir demuestra que con ello el gobernado se propone dejar evidenciada la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que en realidad éste carece de motivos propios y, por lo mismo, el solicitante de garantías no se halla obligado a refutar consideraciones inexistentes. Luego, el solo replanteamiento de su tesis inicial cumple con la doble función, primeramente de señalar de manera tácita, que existe un vicio de incorrecta motivación en la actuación de la responsable y, en segundo término, ya de manera expresa sustentar las razones por las que estima que el sentido correcto en que debía resolverse el asunto es el que originalmente propuso. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 168/2009. Marina Mosqueda Arredondo. 21 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Miguel Ángel González Escalante. Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de diciembre de 2009, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 419/2009 en que participó el presente criterio." Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 213941 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 72, Diciembre de 1993 Materia(s): Civil Tesis: III.2o.C. J/13 Página: 75 CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 922/92. J. Inés Velázquez Navarro. 12 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Ricardo Lepe Lechuga. Amparo directo 138/93. Juan Manuel Torres Castro. 24 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Juan Luis González Macías. Amparo directo 185/93. Antonio Gándara Mota. 29 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Ricardo Lepe Lechuga. Amparo directo 405/93. Bertha Alicia Mendoza Pizano y otros. 24 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Juan Luis González Macías. Amparo directo 480/93. Roberto de Jesús Martínez Ramírez. 12 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Salvador Cotero Pérez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, Segunda Parte, tesis 499, página 351.". En consecuencia, ante la inoperancia de los conceptos de violación lo procedente es negar el amparo solicitado a la quejosa RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA S.A. DE C.V. OCTAVO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, contra los actos y por las autoridades precisadas en el considerando sexto de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA S.A. DE C.V., contra los actos y por las autoridades precisadas en el considerando séptimo de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. TERCERO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTÍZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.
- Principal
Por lista notifico a CARLOS ALBERTO GUERRERO MONTALVO, APODERADO JURIDICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, S.A. DE C.V.". PARTE: TERCERO INTERESADO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO II-396/2018 Y QUEJOSO DENTRO DEL DIVERSOS ACUMULADO JUICIO DE AMPARO NÚMERO VIII-412/2018... LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda relativa al juicio de amparo 396/2018. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, recibido por este Juzgado el siete de mayo del presente año, ERICK FERNANDO BRAVO RUEDA, en cuanto apoderado jurídico de LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, respecto del acto y por la autoridad que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cuanto autoridad ordenadora; y como ejecutora el C. Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; ambos con domicilio en. IV. ACTO RECLAMADOS: a) De la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reclamo la sentencia dictada el 11 once de abril de 2018 dos mil dieciocho, dentro de los autos del toca número I-43/2018, formado con motivo de los recursos de apelación interpuesto por el apoderado jurídico de la parte actora en el principal, y el suscrito mandatario jurídico de la demandada, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 10 diez de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, dentro del incidente que sobre liquidación de sentencia interpuse, deducido del juicio sumario civil número 458/2012, que sobre suspensión de la conclusión de obra perjudicial a la servidumbre voluntaria y otras prestaciones promovió residencial Bosque Monarca, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado jurídico, frente a Luis Armenta Cabrera y Aída Álvarez Legorreta; en cuya resolución indebidamente se declararon infundados en una parte e inoperantes en otra, los puntos de desacuerdo expresados por el suscrito, confirmando por ello en sus términos la sentencia interlocutoria apelada. Dentro del toca número I-43/2018 y juicio sumario civil número 458/2012, tengo reconocido el carácter de apoderado jurídico de LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA. b) Del C. Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, reclamo la ejecución de la sentencia reclamada de la C. Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado". SEGUNDO.- Presentación de la demanda relativa al juicio de amparo 412/2018. A través de escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, ante la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, CARLOS ALBERTO GUERRERO MONTALVO, en cuanto apoderado jurídico de RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, S.A. DE C.V., presentó demanda de amparo directo civil, en la cual señaló como autoridad responsable a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y como acto reclamado la sentencia dictada por ésta el once de abril de dos mi l dieciocho, dentro del toca I-43/2018, de la cual tocó por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien en resolución del pleno de nueve de mayo del presente año, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda y ordenó remitir la misma al Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad en turno. TERCERO.- RECEPCIÓN DE DEMANDA DE AMPARO POR ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO.- El diez de mayo de dos mil dieciocho, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, recibió la demanda de amparo señalada, y sus anexos. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO.- ADMISIÓN DE DEMANDADAS DE AMPARO ORIGINADORAS DE LOS JUICIOS II-396/2018 y VIII-412/2018.- En proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, originadora del juicio II-396/2018; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar al tercero interesado RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, S.A. DE C.V., lo cual aconteció según se advierte de la diligencia que obra a fojas 40 y 41 de este expediente; mientras que el veintidós de mayo del año en cita, se admitió la demanda originadora del juicio VIII-412/2018, proveído en el cual también se ordenó dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y virtud a que los tercero interesados LUIS ARMENTA CABRERA y AIDA ÁLVAREZ LEGORRETA, ya habían sido emplazados a juicio por la magistrada responsable (fojas 101 a 106 de este expediente), sólo ordenó notificarles la radicación de ese juicio de amparo, lo cual aconteció como se advierte de la diligencia que obra a fojas 130 y 131 de este expediente. QUINTO.- SE DECRETA ACUMULACION.- En auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se decretó de plano la acumulación del juicio VIII- 412/2018 al II-396/2018; lo cual se ordenó hacer del conocimiento de las partes, y seguido el juicio ya acumulado por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciadas íntegramente las demandas, se advierte que los quejosos, reclaman lo siguiente: La sentencia dictada el once de abril de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación I-43/2018, por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, así como por el mandatario jurídico de LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, contra la sentencia interlocutoria del diez de noviembre del dos mil diecisiete, emitido por el Juez Quinto en Materia Civil de este Distrito Judicial, al resolver el incidente de liquidación de sentencia interpuesto por el mandatario de éstos últimos, demandados dentro del juicio sumario civil número 458/2012, que sobre suspensión de conclusión de obra nueva perjudicial a la servidumbre voluntaria y otras prestaciones promovió RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado relativa al toca de apelación I-43/2018. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO.- INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso no se hicieron valer y de oficio no se advierte actualizada causal de improcedencia alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.- En principio es necesario relatar sucintamente los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales ya fueron, valoradas en el considerando tercero de esta resolución, los cuales son los siguientes: 1.- En escrito presentado el once de junio del dos mil doce, CARLOS ALBERTO GUERRERO MONTALVO, en cuanto apoderado jurídico de la persona moral RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, S.A DE C.V., promovió en la vía sumaria civil interdicto para reclamar la suspensión de la conclusión de obra nueva, perjudicial a la servidumbre voluntaria y reglamento de construcción, demolición y modificación de las partes de construcción materia de litigio, en contra de LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, en cuanto propietarios de lote 13, manzana 52 del fraccionamiento Residencial Bosque Monarca, en la tenencia de Jesús del Monte, de esta ciudad. 2.- Dicha demanda fue admitida por el Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, en auto de veintinueve de agosto de dos mil doce, registrando el expediente con el número 458/2012, se ordenó realizar el emplazamiento respectivo; y una vez substanciado el procedimiento sumario de origen, el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio. SEGUNDO.- Se declara improcedente la acción que sobre interdicto de suspensión de la conclusión de obra nueva y perjudicial a la servidumbre voluntaria, ejercitó en la vía sumarísima civil la persona moral denominada "RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA", S.A. DE C.V., a través de su apoderado jurídico Licenciado Carlos Alberto Guerrero Montalvo, en contra de los señores LUIS ARMENTA CABRERA y AIDA ÁLVAREZ LEGORRETA; en consecuencia, TERCERO.- Se absuelve a los demandados de las prestaciones reclamadas en este juicio. CUARTO.- Los gastos y costas de esta instancia, son a cargo de la actora, previa su regulación y aprobación judicial. QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y cúmplase". 3.- En contra de la anterior sentencia, ambas partes interpusieron recurso de apelación, del cual tocó conocer y resolver al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien dentro del toca 312/2014, el veintisiete de enero del año en curso, resolvió modificar la resolución recurrida, para regirse en lo sucesivo por los resolutivos insertos en la parte final de la misma; en contra de dicha determinación los ahora quejosos LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA promovieron juicio de amparo directo 205/2015, ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, tocándole conocer y resolver al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, quien el dos de julio del dos mil quince, concedió el amparo solicitado, medularmente para el efecto de que se dejara sin efectos la resolución reclamada y dictara una nueva, donde reiterara lo que no fue materia de esa ejecutoria y analizara en su totalidad los agravios de la recurrente, hoy quejoso en lo relativo a la validez o no de la servidumbre constituida respecto del bien propiedad de la parte quejosa en favor de la empresa actora, así como del Reglamento de Construcción del Fraccionamiento Residencial Bosque Monarca, Sociedad Anónima de Capítal Variable, y con plenitud de jurisdicción fundada y motivadamente resolviera lo que en derecho procediera. 4.- Así en cumplimiento a dicha ejecutoria del juicio de amparo directo número 205/2015, resolvió conforme a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha 2 de julio de dos mil quince 2015, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, dentro del juicio de amparo directo civil número 205/2015, promovido por Luis Armenta Cabrera y Aída Álvarez Legorreta, por conducto de sus apoderados jurídicos, contra un acto de esta Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por auto de cuatro 4 de agosto de la presente anualidad, se dejó insubsistente y sin ningún efecto la sentencia que constituyó el acto reclamado dictada el veintisiete de enero del año en curso, dentro del toca en que se actúa. TERCERO. Habiendo acatado estrictamente los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo identificada en el punto resolutivo que antecede, se declara que los conceptos de agravio expresados por el licenciado Carlos Alberto García Montalvo, en su calidad de apoderado jurídico de la persona moral denominada "Residencial Bosque Monarca S.A. de C.V.", resultaron infundados por una parte, inoperantes en otra e ineficaces en una más. CUARTO. Los motivos de inconformidad expresados por los abogados Erick Fernando Bravo Rueda y Alfredo Cabrera Ortiz, en cuanto apoderados jurídicos de Luis Armenta Cabrera y Aída Álvarez Legorreta, resultaron infundados por una parte, deficientes en otra, inoperantes por una más y fundadas en otro tanto; en consecuencia: QUINTO. Se modifica la sentencia de primer grado impugnada, para regirse en lo sucesivo por los resolutivos expuestos en la parte final del sexto considerando de esta ejecutoria: SEXTO. Se impone a la actora disidente el pago de los gastos y costas de esta instancia.". 5.- Cabe señalar que en el considerando sexto de la resolución señalada en el punto anterior, en la última parte del mismo se determinó en esencia, que la fianza otorgada previamente para suspender la obra se debía pagar a la parte demandada como indemnización por los daños y perjuicios que se le causó al resultar improcedente la accion y que por tanto, a fin de reparar la violación cometida, la sanción debía imponerse a la moral actora, porque no obtuvo resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda. 6.- A través de escrito presentado el cuatro de mayo del dos mil diecisiete, el apoderado de Luis Armenta Cabrera y Aída Alvárez Legorreta, demandados en el juicio de origen y vencedores en el mismo, presentaron incidente de liquidación de sentencia de gastos y costas. 7.- El diez de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez Quinto Civil de Primera Instancia de esta ciudad de Morelia, dictó sentencia interlocutoria en la cual se declaró parcialmente procedente la planilla de liquidación y por tanto determinó: ". Se impone a la incidentada el pago de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N., por los daños y perjuicios ocasionados a la reo. Por otra parte, es improcedente lo reclamado en este incidente por concepto de gastos y honorarios profesionales generados con motivo de la tramitación de los juicios de amparo que refiere la incidentista. Quedando a salvo los honorarios profesionales devengados con motivo de la tramitación de este juicio - Primera y Segunda Instancia-; para que los hagan valer en la forma y términos legales correspondientes." 8.- A través de escritos presentados el veintiuno y veinticuatro de noviembre, ambos del año en curso, ambas partes en el juicio de origen, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria descrita en el punto anterior. 9.- En sentencia del once de abril de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dictó sentencia confirmando en sus términos la interlocutoria apelada. Es esta última determinación la que en la especie constituye el acto reclamado. SEXTO.- ESTUDIO DEL FONDO RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DE LOS QUEJOSOS LUIS ARMENTA CABRERA Y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA. Los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra. En efecto la responsable en la sentencia reclamada, en principio analizó los agravios expuestos por los recurrentes hoy quejosos LUIS ARMENTA CABRERA Y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, respecto de los cuales determinó que era infundada aquella parte donde se afirmó la ilegalidad en la cantidad fijada por concepto de daños y perjuicios, porque la decisión del juzgador de aprobar tal concepto sólo por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos era correcta y legal por derivar del cumplimiento efectuado a la ejecutoria de once de agosto de dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dentro del toca de apelación número I-312/2014, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio sumario civil número 458/2012, a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de fecha dos de julio de dos mil quince, dentro del amparo directo civil 205/2015, deducido por los demandados en el principal, a través de su apoderado jurídico, contra actos del Magistrado citado, en la cual, la hoy responsable, transcribió la parte conducente del considerando sexto, donde se determinó en esencia que procedía condenar a la moral actora, al pago de los daños y perjuicios causados a su contraria, porque no obtuvo resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda. Así también, la responsable determinó que en el fallo recurrido el juez de primer grado luego de establecer las cantidades pedidas por concepto de daños y perjuicios consideró que únicamente era posible aprobar por concepto de daños y perjuicios la suma de ciento cincuenta mil pesos, virtud a que en ejecutoria de once de agosto de dos mil quince la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, fijó que la fianza otorgada para suspender la obra se pagaría a la parte demandada como indemnización de daños y perjuicios que se le causaran de resultar improcedente la acción; determinación que se encontraba firme e intocada y que aunque en autos no existía constancia de que se haya otorgado dicha fianza, atendiendo a lo fallado en la ejecutoria de mérito corroboraba que los daños y perjuicios decretados a favor del reo ascendían a los aludidos ciento cincuenta mil pesos, y que en consecuencia resultaba innecesario analizar y valorar los dictámenes desahogados en el sumario. Teniendo como premisa lo anterior, la Magistrada responsable resolvió que contrario a lo afirmado por los apelantes la negativa del juez de autorizar la suma de un millón cuatrocientos diez mil, doscientos veinticuatro pesos con noventa centavos, por concepto de daños y perjuicios ocasionados, fue en acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de segunda instancia porque en ella insistió que se determinó: "la fianza otorgada para suspender la obra se pagará a la parte demandada, como indemnización por los daños y perjuicios que se le causen de resultan improcedente la acción", era obvio que el juzgador, como lo hizo estaba constreñido a establecer por ese concepto única y exclusivamente la misma cantidad a la indicada como fianza en el curso del procedimiento, lo cual reiteró la responsable, no implicaba en modo alguno una interpretación subjetiva errónea o carente de fundamentación. De igual forma, consideró la responsable que si la actora en el principal no otorgó la fianza establecida en el juicio de origen en el auto de cinco de diciembre de dos mil doce, para garantizar los daños y perjuicios, esa omisión ahora no incidía para demeritar los efectos jurídicos de la sentencia pronunciada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuenta habida que ese numerario no quedó supeditado a la existencia o no de la fianza, sino que fue establecido como la suma de dinero que debería pagarse a la parte demandada para resarcir los daños causados con motivo del juicio; en torno a lo cual incluso señaló el tribunal de amparo tuvo por cumplida la sentencia dictada en el amparo directo civil número 205/2015, con la sentencia dictada en apelación el once de agosto de dos mil quince, que por ello, no era ahora cuestionable su firmeza. Asimismo determinó la responsable, que tampoco prevalecía razón para que el juzgador de primer grado autorizara hasta por la suma de un millón quinientos mil pesos, porque contrario a lo discutido, aún cuando la fianza se fijó por seis meses de renta a razón de veinticinco mil pesos cada mensualidad, como tiempo probable de duración de juicio, no significaba que el juzgador hubiese limitado el monto de los perjuicios sólo a ese tiempo sin considerar que la controversía se prolongó hasta cinco años más, o sesenta meses, toda vez que la resolución de segunda instancia ejecutoriada, en forma clara restringió esa condena sólo al numerario estipulado como fianza, esto es a ciento cincuenta mil pesos, sin que existiera posibilidad de incremento dependiendo del tiempo de duración del litigio y que por tanto lo decidido no constituía una restricción aberrante y que si ahora los apelantes, aquí quejosos alegaban desacuerdo con esa forma de resolver y en su momento procesal no lo hicieron valer, evidentemente lo así resuelto, había quedado intocado, considerando a su vez la responsable que los peritajes presentados en el juicio, en efecto resultaban pruebas ineficaces para esa finalidad, como acertadamente lo había concluido el juez de origen. También resolvió la responsable que si la resolución de primer grado, no había sido favorable a los apelantes, no era porque hubiera incurrido el juzgador en omisión de todos los puntos litigiosos, ni que no haya cumplido con la ejecutoria citada, porque del fallo apelado, afirma la responsable, se observaba que había cumplido con el contenido de los artículos 574 y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque atendió a cada uno de los puntos de la incidencia y a las pruebas aportadas, en forma separada, a la luz de la sentencia pronunciada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y que si bien los avalúos no habían generado el resultado pretendido por los inconformes, ello no afectaba los requisitos de fundamentación y motivación rectores de todo fallo judicial, en virtud de que se aludió al fundamento legal del por qué de su invalidez. Asimismo alude la responsable que la mención breve realizada por el juzgador de primer grado, con respecto al libelo incidental y cantidades reclamadas, es decir, para fijar la Litis, en nada había incidido para tildarla de ilegal, porque de su imposición se apreciaba se examinó todo lo pedido, es decir, daños y perjuicios, honorarios de su abogado y honorarios de peritos según el planteamiento incidental y que aunado a que el recurrente no debatió omisión en alguna de las causas de pedir, no era factible sostener que esas supuestas omisiones habían liberado a la parte actora de los pagos exigidos y causados a los demandados, por las artimañas dilatorias que ocasionó el litigio. De igual forma resolvió que si a la fecha el procedimiento jurisdiccional les había ocasionado desgaste físico y emocional, sacrificios, esfuerzos, pérdidas económicas durante cinco años, esas circunstancias por sí devenían ineficaces para revocar la invalidez del fallo apelado, porque el proceder del juez de primer grado partió de las bases de la ejecutoria para establecer la cantidad de daños y perjuicios causados en el juicio. Por otra parte la molestia vertida en el sentido de que el Aquo soslayó el estudio de la conducta maliciosa o temeraria con la cual se condujo el abogado de la parte actora durante el juicio principal, generada por instar procedimientos dilatorios y perjudiciales a su contraparte, lo cual bastaba para condenársele al pago de honorarios profesionales, la responsable declaró inatendible dicha inconformidad, porque involucraban cuestiones novedosas no expuestas ante el juez primario, y de estudiarlas, adujo, atentaría contra el principio de congruencia que debe prevalecer en toda ejecutoria e infringiría lo dispuesto por el artículo 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, conforme al cual la sentencia sólo se ocupara de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio. En otra parte, también resolvió que el proceder del juez, contrario a lo afirmado por los apelantes, ahora quejosos, no representaba un acto de "mágica interpretación", sino que sólo consistió en ceñir su actuar conforme a los parámetros en ella establecidos; y que respecto a lo considerado de los honorarios profesionales efectivamente encontraba apoyo en la tesis invocada, pues aunque se trataba de un criterio aislado, carente de la obligatoriedad que la ley le refiere a la jurisprudencia conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, ello no impedía que el juez sustentara su fallo en tal criterio, por no haber precepto alguno que prohibiera la aplicación de tesis aisladas y que al ser esa tesis adecuada a los argumentos vertidos por el juzgado de primera instancia, no lesionaba derechos de los apelantes; además de que la condena al pago de honorarios no dependía exclusivamente del derecho a recibirlos por haberse desempeñado como abogado de la parte que resultó favorecida, sino que era menester se comprobaran otros requisitos, como el valor del juicio y examinar tanto el derecho del profesionista, como el numerario a que ascendió su asesoría. En otra parte de su resolución, la responsable consideró que los puntos de desacuerdo expresados por los recurrentes, ahora quejosos, respecto a la improcedencia declarada por el juez de primer grado en relación con las partidas de honorarios profesionales y de peritos, en forma alguna combatían los razonamientos vertidos en el fallo apelado, al haber vertidos en sus agravios cuestiones meramente subjetivas y por tanto insuficientes para combatir el porqué el sentenciador no debió estimar el litigio como de cuantía indeterminada no obstante la omisión de la parte actora y como consecuencia, inválidos los peritajes rendidos para fijar los daños y perjuicios, el por qué aunque la Ley de Amparo no contemplara el pago de costas judiciales, debían aprobarse honorarios profesionales con relación a los diversos procedimientos de amparo, por qué no debió precisarse el valor de los daños causados conforme a la fianza decretada en el procedimiento y por ende, la ineficacia de los dictámenes emitidos y por qué no tenían que dejarse a salvo los derechos del incidentista una vez determinado el quantum del juicio; decisiones que afirmó la responsable, no fueron controvertidas con argumentos válidos, de que ahí que en esa parte los agravios formulados los declaró inoperantes. En los conceptos de violación los quejosos LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, aducen en esencia que la autoridad responsable en el considerando segundo de la resolución reclamada, violan en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 27 de nuestra carta magna, por inexacta aplicación de los numerales 599, 600, 601, 602 y 606 del Código Procesal Civil del Estado, que afirma aplicó la responsable en la parte final de la resolución reclamada, los cuales consideran los inconformes rigen los juicios sumarios, siendo ajenos al asunto relativo al acto reclamado. Alegan que se les está privando del derecho humano que tienen a que se les haga el pago de los daños y perjuicios reclamados dentro de un incidente de liquidación de sentencia de gastos y costas, al no estar dictada conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, por no estar fundada y motivada y ser incompleta e imparcial; considera que se infringieron en perjuicio de dichos quejosos los artículos 573, 574, 575, 576, en relación con los diversos 135, 143, 653 y demás relativos del código adjetivo civil del Estado, porque la responsable se negó a analizar todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el capítulo respectivo, concatenándolas con las pruebas respectivas, que principalmente no analizó ninguno de los dictámenes periciales, ni siquiera el del perito tercero en discordia; afirman que la Magistrada responsable de nueva cuenta le da una importancia primordial a los argumentos en los que se apoyó el juzgador de primera instancia, al volverlos a transcribir en el fallo de segunda instancia, concluyendo sin estudiar sus agravios, que por tanto solicitan los quejosos dichos agravios se tengan por reproducidos, para que sean tomados como conceptos de violación en la presente demanda. Aducen los peticionarios del amparo que la responsable declaró infundada aquella parte de los agravios a través de los cuales se alegó la ilegalidad en la cantidad fijada por concepto de daños y perjuicios, determinada únicamente por $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N., pues consideran los amparistas que contrario a lo afirmado por la responsable, no era cierto que dicha suma se haya fijado en cumplimiento a la ejecutoria del once de agosto de dos mil quince, dictada dentro del toca de apelación I-312/2015, a fin de cumplimentar la misma dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito el dos de julio del año en cita, dentro del amparo directo civil número 205/2015; que no era suficiente la simple afirmación vertida por la responsable en el sentido de que el titular de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado determinó que ". la fianza otorgada para suspender tal obra se pagará a la parte demandada como indemnización por los daños y perjuicios que se le causen de resultar improcedente la acción.", porque en ninguna parte de su texto se determinó literalmente que únicamente era posible aprobar por concepto de daños y perjuicios la cantidad de $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. También refieren los quejosos que sí era necesario analizar y valorar los dictámenes que en razón de la prueba pericial ofertaron en el sumario, a fin de determinar el monto de los daños y perjuicios; y que por tanto, sí asistía razón a los dolientes en afirmar que la negativa del juez de autorizar la suma de $1, 410,224.90 UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 90/100 M.N., por concepto de daños y perjuicios ocasionados, se generó por una interpretación ficticia de la ejecutoria de la segunda instancia fabricada por el A quo y que continúa sosteniendo la ahora Magistrada responsable. Los citados motivos de inconformidad resultan como ya se dijo al inicio de este considerando infundados, en virtud de que contrario a lo alegado por los quejosos los citados numerales 599, 600, 601, 602 y 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no fueron invocados por la responsable en la sentencia reclamada, por lo que no se pudo haber ocasionado violación alguna con dicho aspecto a los peticionarios del amparo. De igual forma, del contenido integral de la resolución reclamada, cuyas consideraciones esenciales ya fueron referidas en párrafos precedentes, no se advierte que se haya infringido en perjuicio de éstos la garantía de legalidad, pues sí fueron analizados todos y cada uno de los agravios expuestos, declarándolos infundados en una parte, en esencia porque la suma de $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N, fijada por concepto de daños y perjuicios, aprobada por el juzgador de primer grado, se consideró correcta y legal, por derivar tal como lo sostuvo la Sala responsable de la ejecutoria del once de agosto de dos mil quince, dentro del toca de apelación I-312/2014, al haberse determinado en la misma ". en los interdictos de suspensión y demolición de obra, como el de la especie, la fianza otorgada para suspender tal obra se pagará a la parte demandada, como indemnización por los daños y perjuicios que se le causen de resultar improcedente la acción; por tanto a fin de reparar la violación cometida, esta Sala determina con plenitud de jurisdicción, que tal sanción debe imponérsele a la moral actora, porque no obtuvo resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda". Asimismo, la responsable, después de realizar la transcripción antes reproducida, contenida en la ejecutoria del juicio natural, acertadamente contestó lo alegado ante ella por los apelantes, hoy quejosos, pues resolvió que de esa transcripción se advertía que la determinación de la suma aludida por concepto de daños, no se había generado de una interpretación ficticia de la aludida ejecutoria de segunda instancia, también en respuesta a sus agravios la responsable resolvió que aun cuando la parte actora no otorgó la fianza establecida en el procedimiento natural para garantizar los daños y perjuicios, tal omisión ahora no incidía para demeritar los efectos jurídicos de la sentencia pronunciada en el toca citado en último término, virtud a que ese numerario no quedó supeditado a la existencia o no de la fianza, sino fue establecido como la suma de dinero que debería pagarse a la parte demandada para resarcir los daños causados con motivo del juicio, lo que por sí era suficiente para concluir su legalidad y su debido cumplimiento conforme a la realidad jurídica del proceso. De igual forma, contrario a lo alegado por los quejosos, si el monto de los daños y perjuicios conforme a la ejecutoria del juicio sumario se determinó debía ser la fianza establecida en el procedimiento natural para garantizar los daños y perjuicios, y que en procedimiento natural se determinó era por los $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N, también es acertada la consideración vertida por la responsable en contestación a los agravios expuestos por los recurrentes, hoy quejosos, en cuanto a que el juzgador de primer grado no estaba obligado a analizar y valorar los dictámenes que en razón de la prueba pericial ofertaron en el sumario, a fin de determinar el monto de los daños y perjuicios; cuando dicho monto ya se encontraba fijado previamente. Ahora bien, es preciso señalar que no se controvierte lo sostenido por el juez, y confirmado por la Magistrada responsable, en el sentido de que la referida ejecutoria del once de agosto del dos mil quince, se encuentra firme e intocada, por lo cual la ejecución de la misma debía hacerse en los términos ahí establecidos; que como de autos se advertía que con data veinte de noviembre de dos mil doce, se llevó a cabo el desahogo de la prueba de inspección asistida por un perito designado por el juzgado de origen a fin de verificar la identidad física del inmueble o área en conflicto, determinándose que sí era factible decretar la suspensión pero que ese juzgado de primer grado determinó que previo a ello era necesario establecer a través de perito el monto de los posibles daños y perjuicios que se ocasionarían al demandado, designó a RAMÓN IGNACIO ORTIZ VELAZCO, como peritó, quien el cinco de diciembre de dos mil doce, presentó su dictamen, a través del cual determinó que el monto de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte demandada en caso de decretarse la suspensión de la obra, ascendía a $25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N., por concepto de renta mensual, por lo cual del Tribunal determinó que la fianza a través de la cual pudiere garantizarse el valor de los daños y perjuicios ascendía a $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N, equivalentes a seis meses por concepto de renta fijada por el referido perito y que el tribunal estimó como tiempo probable de duración para resolver el citado contradictorio. Pero además dicha consideración es correcta, porque el monto de los $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N, deriva de que previamente se sostuvo que se fijó como fianza $25,000.00 VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N, mensuales por el lapso de seis meses que da como resultado precisamente $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, de modo que aunque tal cantidad no se indicó expresamente en la sentencia definitiva, sí fue acertado por parte de la responsable confirmar la determinación de atender a dicha suma, pues la misma corresponde a la fianza fijada al respecto y por tanto, como acertadamente lo confirmó dicha Sala, no era conducente atender a los dictámenes periciales para determinar un monto diverso y mayor como lo pretenden los aquí quejosos. Por otra parte, alegan los amparistas que la Magistrada responsable en tratándose de la condena a los honorarios profesionales derivada de la malicia y temeridad con la cual procedió el apoderado jurídico de la parte demandante, aplicó con exageración el principio de estricto derecho en materia civil respecto de sus argumentos contenidos en los agravios, lo cual afirma demuestra la falta de aplicación del principio de igualdad de las partes, porque no era cierto que se estuviera en presencia de señalamientos nuevos a la Litis incidental debatida. El anterior concepto de violación resulta inoperante, pues no combate la consideración toral vertida por la responsable para determinar que para aprobar los honorarios profesionales, era menester se comprobaran entre otros requisitos, el valor del juicio, para partiendo de ese supuesto, examinar tanto el derecho del profesionista que intervino en el proceso judicial, como el numerario a que ascendió su asesoría profesional, de donde se seguía, afirma la responsable, que el pago de honorarios no dependía del derecho exclusivamente a recibirlos por haberse desempeñado como abogado de la parte que resultó favorecida con tal condena. Además de que la parte aquí quejosa tampoco combate la declaratoria de inoperancia que hizo la responsable respecto de los agravios a través de los cuales se inconformó con aquélla parte de la sentencia interlocutoria apelada en al cual se determinó la improcedencia de la partida de honorarios profesionales y de peritos, pues en tal aspecto, como ya se puso de manifiesto los hoy quejosos, sólo se concretan a aducir que en tratándose de la condena a los honorarios profesionales derivada de la malicia y temeridad con la cual procedió el apoderado jurídico de la parte demandante, la responsable aplicó con exageración el principio de estricto derecho en materia civil, porque no era cierto que se estuviera en presencia de señalamientos nuevos a la Litis incidental, pues con independencia de que hubieren sido o no argumentos nuevos lo cierto es que la consideración esencial en base a la cual se confirmó aquélla parte de la resolución apelada en la cual se declararon improcedentes las partidas de honorarios y de peritos, es porque las consideraciones esenciales emitidas por el juzgador de primer grado para desestimarlas, no fueron combatidas por los apelantes, hoy amparistas; declaratoria de inoperancia que como ya se vio ahora no se combate en este juicio de amparo. En consecuencia ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo procedente, es NEGAR el amparo solicitado por LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA. La anterior negativa se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, por no reclamársele por vicios propios. Sirve de sustento la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 210140 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/12 Página: 41 AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 1709/88. Julio Díaz Olguín. 11 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Julieta Anguas Carrasco. Amparo directo 157/89. Catarino Hernández Ramos. 6 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 109/89. María Candelaria Castillo Gomora. 13 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 629/92. José Domínguez Rosales. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 893/92. Román Ortega Albino y otro. 25 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González." SÉPTIMO.- ESTUDIO CONCEPTOS DE VIOLACIÓN VERTIDOS POR EL APODERADO DE LA QUEJOSA RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA S.A. DE C.V.- Los conceptos de violación, son inoperantes, como se pondrá de manifiesto a continuación. En efecto, la magistrada responsable en relación con los agravios formulados por la parte quejosa RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA, S.A. DE C.V., resolvió en lo que nos interesa lo siguiente: ".las disconformidades de cuenta devienen inoperantes, como se adelantó, pues la materia del recurso que nos atañe consiste en analizar la legalidad o ilegalidad de la sentencia interlocutoria de 10 diez de noviembre del año pasado, a través de la cual se determinó la liquidación de los daños y perjuicios decretados a favor de la parte demandada en el principal; mientras que la impugnación que en este toca se atiende, se limita a tildar de ilegal resolución diversa a la que es motivo de inconformidad, es decir, lo esgrimido ataca el fundamento legal en el cual se apoyó el tribunal para autorizar el pago de daños y perjuicios, es decir, la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala Civil de este Tribunal, en la parte donde se precisó: "[.] tal sanción debe imponerse a la moral actora, porque no obtuvo sentencia favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda [.]", supuestamente porque el A quo soslayó previamente analizar tal razonamiento, dado que la condena obedecía a una situación distinta a la establecida por la Sala Civil, ello en aras de garantizar acceso real, completo y efectivo de la justicia a las partes; lo cual jurídicamente no resulta posible examinar, pues la resolución generadora del presente recurso es una distinta, es decir, la sentencia interlocutoria del 10 diez de noviembre de la anualidad pasada -que estableció el quantum por concepto de daños y perjuicios-, y contra ello no se vierte en la mencionada porción de agravios razonamiento encaminado a combatir su legalidad o ilegalidad. Entonces, lo anterior permite arribar a la ineludible convicción de que las molestias antes señaladas al encontrarse en realidad dirigidas a recurrir una resolución diversa a la que constituye la materia de este medio de impugnación y que, por ende, debe examinarse en esta ejecutoria, resultan, por esa circunstancia inoperantes, y por ello las aseveraciones plasmadas en el juzgado de primera instancia en el interlocutoria combatida, deben permanecer intocadas. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1ª./J.23/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXV, Marzo de 2007, página número 237, del siguiente tenor: "RECLAMACIÓN. LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN UNA RESOLUCIÓN DIVERSA AL ACUERDO RECURRIDO DEBEN DECLARARSE INOPERANTES.- (SE TRANSCRIBE)". Enseguida, la inconforme adujo, resultaba errónea la conclusión del juzgador, en aquella parte donde aprobó por concepto de daños y perjuicios la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n), en cumplimiento a lo decidido en la ejecutoria de 11 once de agosto de 2015 dos mil quince; pues aun cuando no se encontraban satisfechos los requisitos previstos en la ley de la materia, aprobó tal partida, esto es, se autorizó sin que se hubiese suspendido la obra ni se hubiere otorgado garantía, como se constataba en autos y por ende, no habían causado daños y perjuicios. Mencionó el juzgador estableció, aunque no se entregó fianza para suspender la obra, si se causaron daños y perjuicios; sin embargo, tal decisión le agraviaba, por resultar una falacia, al no cumplir estrictamente con lo previsto en los artículos 653 y 654 del Código de Procedimientos Civiles del Estado (los transcribe), primero porque no se exhibió la fianza para ejecutar la obra y segundo porque, suponiendo sin conceder que se hubiere suspendido, no se le notificó al dueño del inmueble, por tanto, si no se colmaron los requisitos de ley, no existía obra suspendida y menos daños y perjuicios causados a la contraria. De igual manera, le agraviaba lo condenado a pagar porque de conformidad con lo previsto en la tesis jurisprudencial -que cito- intitulada: "DAÑOS Y PERJUICIOS. ES INFUNDADO EL INCIDENTE PROMOVIDO Y, POR ENDE, LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO SE INVOLUCRA UN CTO QUE NO FUE CONSECUENCIA DE LA SUSPENSÓN OTORGADA", tal medida de suspensión se otorgaría si se aportaba fianza, en contrario sensu, si no fue entregada, tampoco existía suspensión y por lo mismo, no prevalecía la obligación de resarcir los supuestos perjuicios, de ahí lo condenado a pagar derivaba ilegal. Finalmente, dijo, el a quo omitió el estudio del tema relativo a la suspensión de la obra, dado que no mencionó si se decretó la suspensión de la construcción o no, sólo se limitó de manera arbitraria a condenar a pagar determinada cantidad por concepto de daños y perjuicios a su cargo. Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro: "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO". Las alegaciones de cuenta derivan infundadas. Carece de sustento jurídico la porción de agravios donde la recurrente sostiene ilegalidad en la cantidad establecida por concepto de daños y perjuicios, porque al no haberse suspendido la obra, ni entregado la fianza, no podían existir daños y perjuicios en detrimento de su contraria. Resulta de esa manera, toda vez que la legalidad de tal condena parte exclusivamente de lo discernido sobre tal derecho en la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala Civil de este Supremo Tribunal, que decidió el litigio principal, en la cual el a quo se apoyó para emitir la sentencia interlocutoria apelada y liquidar los perjuicios ocasionados, como se observa precisamente de lo argumentado en torno a la partida que nos ocupa, en el considerando primero -ver página 5 a 11-; por consiguiente, aun cuando la fianza fijada por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), no fue depositada por la parte actora dentro del principal, tal omisión no representa obstáculo alguno para invalidar el valor de los daños, primero porque, ese numerario fue el que se determinó como cantidad líquida para resarcir los perjuicios provocados a los demandados, con entera independencia de si se otorgó o no, pues la ejecutoria no condicionó su pago al cumplimiento del proveído que estableció esa cantidad, sino exclusivamente concluyó, la fianza otorgada para suspender la obra se pagará a la demandada como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al resultar improcedente la acción. En segundo término, porque el monto establecido por dicho concepto tampoco se supeditó a la suspensión o no de la obra, de ahí, ese aspecto no incide en la legalidad o no de tal quantum; amén de que, la suspensión de la construcción sí fue ordenada por el juez del conocimiento, según se infiere del acta levantada con motivo de la inspección judicial practicada por el personal del tribunal en el inmueble materia del juicio -foja 23 a la 28 del cuaderno-; empero, si no se otorgó la fianza para que tal interrupción surtiera los efectos legales conducentes, se reitera, esa circunstancia no afecta la decisión combatida, en virtud de no representar requisito sine qua non para la condena y el quantum decretado a favor de la parte demandada, aquí incidentista. Máxime la sentencia pronunciada por la Primera Sala Civil de este Tribunal, se emitió con estricto apego a derecho, pues al haberse dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en fecha 28 veintiocho de septiembre de 2015 dos mil quince, después de estudiar lo resuelto por aquella Sala Civil, argumento: "[.] De esta manera es incuestionable, que la Sala cumplió con la ejecutoria dictada en el juicio, sin que este tribunal advierta exceso o defecto en dicho cumplimiento, pues la autoridad responsable se apegó a los lineamientos trazados en esta; por lo que con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 196, párrafo segundo y tercero, de la Ley de Amparo. La sentencia se declara cumplida; y se ordena el archivo del presente expediente. [.]". A más de que tal fallo causó ejecutoria por ministerio de ley, en atención a lo estatuido por la fracción II, del artículo 586 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, como presumiblemente se advierte, del auto fechado el 30 treinta de marzo de 2016 dos mil dieciséis, donde se requirió a la actora para que dentro del término de tres días, cumpliera voluntariamente con la ejecutoria dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil de este Supremo Tribunal, bajo apercibimiento, de no hacerlo en ese plazo, se procedería en rebeldía de su ejecución. De tal suerte, no es factible afirmar que no se causaron tales daños y perjuicios, en función a que no se logró la suspensión de la obra por no haberse entregado el quantum establecido como fianza; pues reafirmando esas circunstancias no constituyeron causa toral de la sanción impuesta en la resolución que decidió esta controversia y que quedó incólume en sus términos, conforme a la ley de la materia. En consecuencia, ninguna razón prevalecía para que el juzgador atendiera lo dispuesto en los numerales 653 y 654 del código adjetivo civil del Estado, merced a que, en el incidente de cuenta, no se examina la procedencia o improcedencia de la suspensión de obra nueva ni las condiciones bajo las cuales surte efectos. De ahí, deriva inaplicable la tesis jurisprudencial del rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS ES INFUNDADO EL INCIDENTE PROMOVIDO Y POR ENDE, LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CUANDO SE INVOLUCRA UN ACTO QUE NO FUE CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA", en la cual la disidente soporta sus molestias, toda vez que la misma contempla, declarar infundado el incidente de daños y perjuicios, cuando se involucra un acto que no fue consecuencia de la suspensión otorgada, sin embargo, en la especie, la parte incidentista no hizo referencia a algún acto en particular diverso del que constituyó materia de la Litis principal y que generó el tribunal de primer grado autorizara la suspensión de la construcción, entonces, no es dable jurídicamente proceder a la luz de tal criterio jurisprudencial, como erróneamente se pretende. Tampoco tiene razón cuando alega, el juez de origen soslayó analizar si fue decretada o no la suspensión, pues en ese sentido sí mencionó, la interrupción de la obra se autorizó en la diligencia de inspección judicial ya citada, de suerte tal, no concluyó de manera arbitraria la cantidad establecida por daños y perjuicios, sino a la luz de las formalidades previstas en la ejecutoria de mérito. En las relatadas condiciones al no existir agravio que reparar en beneficio de alguno de los apelantes, lo procedente es confirmar el sentido de la sentencia interlocutoria impugnada.". Ahora bien, en los conceptos de violación alega la parte quejosa en esencia que, la responsable con la sentencia reclamada infringió en su perjuicio el contenido de las garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque llevó a cabo una incorrecta subsunción jurídica y arribó a consideraciones contrarias a la ley aplicable, al establecer premisas inexactas; que del contenido de las consideraciones expuestas por la responsable, se advierte que ésta mal interpreta y crea una obligación a cargo de su representada que no existe y que no se colmaron los requisitos legales para que diera lugar; que no era cierto que los agravios expresados en el escrito de apelación fueran encaminados a atacar diversa sentencia a la que se combatía de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, que sí se hizo un estudio conjunto del por qué no se debió condenar a la parte que representa al pago de daños y perjuicios. Sin embargo con las anteriores manifestaciones, no combaten la inoperancia declarada por la responsable, pues no pone de manifiesto cuáles fueron esos argumentos que afirma vertió contra la sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete, que estableció el quantum por concepto de daños y perjuicios. En otra parte de los conceptos de violación, aduce la peticionaria del amparo que si bien era cierto, el juez natural determinó una cantidad cierta por concepto de daños y perjuicios a cargo de su representada, no se colmaron las hipótesis que previamente estableció el juzgador para en caso de que una obra se suspendiera, se llegaran a pagar daños y perjuicios ocasionados; que por tanto, conforme a los numerales 653 y 654 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se requerían diversos supuestos para suspender una obra y que una vez suspendida se causaran daños y perjuicios; alegan, que en el juicio de origen, no se suspendió la obra, ni mucho menos se otorgó fianza y que más aún no se le notificó al dueño de la suspensión, que por tales motivos, aducen los amparistas, no se causaron daños y perjuicios; que el artículo 653 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, era claro en señalar que cuando se ordenara la suspensión de la obra nueva, se ejecutaría mediante fianza, es decir, consideró la quejosa que si bien el juzgador determinó que es viable suspender una obra, pero queda supeditado a que la parte que lo solicite otorgue fianza para que surta efectos, entonces sí era un requisito sine qua non para la suspensión y que se decretaran daños y perjuicios. También alega que contrario a lo señalado por la responsable, sí era aplicable la tesis del rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS ES INFUNDADO EL INCIDENTE PROMOVIDO Y POR ENDE, LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CUANDO SE INVOLUCRA UN ACTO QUE NO FUE CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA", porque aduce la quejosa es de diverso tema al presentado por su contraria, por lo que procedía el desechamiento de ese incidente. De un análisis comparativo entre lo manifestado por la apelante, aquí quejosa, en los conceptos de violación y lo expuesto por la responsable en la sentencia reclamada, se advierte que no combate las consideraciones esenciales vertidas por la responsable para determinar que la legalidad de la condena de daños y perjuicios por el monto de $150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N., partía exclusivamente de lo discernido sobre tal derecho en la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aun cuando dicho monto no haya sido despositado por la actora y que tal omisión no representaba obstáculo para invalidar el valor de los daños, primero porque ese numerario fue el que se determinó durante el procedimiento sumario como cantidad líquida para resarcir los daños y perjuicios provocados a los demandados, ello con independencia de si se había otorgado o no, porque la ejecutoria de once de agosto de dos mil quince, no condicionó su pago al cumplimiento del proveído que estableció esa cantidad; y que en segundo término, el monto establecido por dicho concepto tampoco se supeditó a la suspensión o no de la obra y que ese aspecto no incidía en la legalidad o no de tal suma, porque la suspensión sí fue ordenada por el juez natural según se infería de la inspección judicial practicada en el inmueble materia del juicio (foja 23 a 28), y que si no se otorgó la fianza, esa situación no afectaba la decisión combatida; que ninguna razón prevalecía para que el juzgador atendiera a lo previsto por los artículos 653 y 654 del código adjetivo civil del Estado, porque en el incidente de liquidación de origen, no se examina la procedencia o improcedencia de la suspensión de la obra; que no era aplicable la jurisprudencia del rubro ""DAÑOS Y PERJUICIOS ES INFUNDADO EL INCIDENTE PROMOVIDO Y POR ENDE, LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CUANDO SE INVOLUCRA UN ACTO QUE NO FUE CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA", porque en la especie la incidentista no hizo referencia a algún acto en particular diverso del que constituyó materia de la Litis principal, que generó que el tribunal de primer grado autorizara la suspensión de la construcción y que entonces no era dable proceder a la luz de tal criterio. Se dice que no combate dichas consideraciones torales, porque en los conceptos de violación sólo insiste y reitera lo alegado en los agravios en cuanto a que conforme a los numerales 653 y 654 del ordenamiento legal antes citado, era requisito para suspender una obra y una vez suspendida se causaran daños, el que se exhibiera la fianza y se suspendiera la obra, con lo cual evidentemente no combate las consideraciones ya señaladas con anterioridad, en cuanto a que el monto fijado por concepto de daños y perjuicios, no se supeditó ni a la exhibición de la fianza, ni a la suspensión de la obra; así como que la citada jurisprudencia no era aplicable porque la incidentista no había hecho referencia a algún acto en particular diverso del que constituyó materia de la Litis principal; de ahí la inoperancia de los conceptos de violación. Es de invocarse la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 166213 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Común Tesis: XVI.1o.A.T.10 K Página: 1409 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL QUEJOSO REITERA LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN UN RECURSO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO ÉSTA, AL CONOCER DE ÉL, SIN APORTAR OTRAS RAZONES QUE LAS QUE CONSTAN EN LA DETERMINACIÓN RECURRIDA, LOS DESESTIMA. No son inoperantes los conceptos de violación en el amparo indirecto en los que el quejoso reitera los agravios expuestos ante la autoridad responsable en un recurso cuando ésta, al conocer de él, sin aportar otras razones que las que constan en la determinación recurrida, los desestima, porque, en tal hipótesis, la causa de pedir demuestra que con ello el gobernado se propone dejar evidenciada la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que en realidad éste carece de motivos propios y, por lo mismo, el solicitante de garantías no se halla obligado a refutar consideraciones inexistentes. Luego, el solo replanteamiento de su tesis inicial cumple con la doble función, primeramente de señalar de manera tácita, que existe un vicio de incorrecta motivación en la actuación de la responsable y, en segundo término, ya de manera expresa sustentar las razones por las que estima que el sentido correcto en que debía resolverse el asunto es el que originalmente propuso. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 168/2009. Marina Mosqueda Arredondo. 21 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Miguel Ángel González Escalante. Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de diciembre de 2009, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 419/2009 en que participó el presente criterio." Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 213941 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 72, Diciembre de 1993 Materia(s): Civil Tesis: III.2o.C. J/13 Página: 75 CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 922/92. J. Inés Velázquez Navarro. 12 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Ricardo Lepe Lechuga. Amparo directo 138/93. Juan Manuel Torres Castro. 24 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Juan Luis González Macías. Amparo directo 185/93. Antonio Gándara Mota. 29 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Ricardo Lepe Lechuga. Amparo directo 405/93. Bertha Alicia Mendoza Pizano y otros. 24 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Juan Luis González Macías. Amparo directo 480/93. Roberto de Jesús Martínez Ramírez. 12 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Salvador Cotero Pérez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, Segunda Parte, tesis 499, página 351.". En consecuencia, ante la inoperancia de los conceptos de violación lo procedente es negar el amparo solicitado a la quejosa RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA S.A. DE C.V. OCTAVO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A LUIS ARMENTA CABRERA y AÍDA ÁLVAREZ LEGORRETA, contra los actos y por las autoridades precisadas en el considerando sexto de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A RESIDENCIAL BOSQUE MONARCA S.A. DE C.V., contra los actos y por las autoridades precisadas en el considerando séptimo de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. TERCERO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTÍZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.
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