Luis Antonio Saucedo Betancourt

Expediente 824/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
824/2023
Año
2023
Actuaciones
32
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Antonio Saucedo Betancourt
  • Juez de Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Mich

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.********************VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por LUIS AN********************; por tanto, se acuerda lo siguiente.********************Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes.********************SE ORDENA DEVOLVER DISCO ÓPTICO A AUTORIDAD RESPONSABLE.********************Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, el disco óptico que contiene videograbaciones de las audiencias de cinco de diciembre del dos mil veintidós, y veintidós de marzo del dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ******************** de su índice. ********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la primera parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo.********************VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE********************En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, dentro de los treinta días naturales siguientes, destrúyase el juicio.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************DESTINO DE INCIDENTE.********************Por su parte, con fundamento en el artículo 17, fracción Ill, inciso b), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es CONSERVABLE, ya que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada.********************Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General.********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  2. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo I-824/2023 promovido por ********************contra actos del Juez de Control de la Sala Quince del Centro de Justicia Penal Oral, con residencia en Charo, Michoacán, y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de terceros interesados Augusto Emmanuel de la O Pérez, Nancy Carolina Campos Guzmán, Emmanuel Raúl González Hurtado y Eisael Montaño Carbajal, de quienes obran constancias de emplazamientos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Por otra parte, en este acto se hace CONSTAR Y CERTIFICA: Que el " JUEZ DE TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA, MICHOACÁN ", fue omiso en rendir su respectivo informe justificado aun y cuando obra acuse de recibo del oficio 12177 por el que se le requirió su informe, mismo que fue entregado en data siete de julio de dos mil veintitrés, (foja 27) transcurriendo el término de quince días otorgado para tal efecto del diez al veintiocho de julio, de dos mil veintitrés, excluyendo de dicho término los días inhábiles correspondientes, sin que la autoridad haya cumplido con lo requerido. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia adjuntó documentales a su informe justificado; así como disco óptico que contiene videograbaciones de las audiencias de cinco de diciembre del dos mil veintidós, y veintidós de marzo del dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 358/2022 de su índice; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 547/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. nueve de noviembre de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo I-824/2023, promovido por ********************contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, ********************promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán y otra autoridad. El promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Federal. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de seis de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda registrada con el número I-824/2023; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por turno, materia y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad jurisdiccional en materia penal residente en donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: La omisión de proveer lo relativo al perdón o desistimiento de la acción penal durante la audiencia respectiva, virtud a lo cual, señala el quejoso, continúa privado de su libertad; y, como consecuencia, el que se haya señalado día y hora para la celebración de la audiencia de debate en la causa penal 358/2022, instruida en contra del quejoso por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de robo de vehículo de motor terrestre, en agravio de ******************** TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como su complemento, consistentes en un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación relativa, así como de la versión escrita de las resolución reclamada; con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se puede consultar en la foja 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Por su parte, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su respectivo informe justificado, por lo que en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es presumir cierto el acto que se le atribuye. Máxime si se tiene en consideración dicho acto se reclama como consecuencia de la omisión atribuida al juez de control. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, sentado lo anterior y establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Con relación a dicha causa de improcedencia existe el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 199808 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Del precepto legal en cita, así como del criterio antes transcrito, se advierte que para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requieren los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio (civil, familiar, penal). b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa en virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que con motivo de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese sentido, la característica de los juicios o de los procedimientos seguidos en forma de juicio, están integrados por diversas fases entrelazadas entre sí que guardan una concatenación lógica y que conllevan un objetivo final, que termina con la declaratoria respectiva. Atento a esta circunstancia, tanto el juicio como ciertos procedimientos que tienen esa forma, al conformarse por varias etapas, una vez que concluida cada una de ellas se hace imposible retrotraer las cosas al estado de la etapa anterior, es decir, cualquier violación ocurrida y que no fue debidamente impugnada o subsanada, no puede ser materia de un nuevo análisis, ya que queda irreparablemente consumada al pasar de una etapa a otra. Por ello, para la actualización de la causa en cita, es necesario que se trate de un mismo procedimiento lineal donde exista una concatenación entre sus etapas y que consumen de forma irreparable las posibles violaciones que se den en la anterior; de ahí que en procesos que se tramiten en forma independiente y autónoma, no puede existir tal vinculación. En el caso, cabe mencionar que el quejoso reclama en esta instancia constitucional la omisión del juez de control de proveer lo relativo al perdón o desistimiento de la acción penal durante la etapa intermedia, virtud a lo cual señala el quejoso, continúa privado de su libertad. Ahora, de las constancias remitidas por el juez de control responsable, las cuales fueron previamente valoradas, se advierte que en audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés se decretó la apertura del juicio oral y el veinticuatro siguiente se emitió la versión escrita; asimismo, que por oficio 2383/2023, se remitió la causa penal 358/2022, al Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, por lo que se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de debate de juicio oral, circunstancia que incluso fue manifestada por el quejoso en su demanda de garantías. Por tanto, en el momento en que el Juez de Enjuiciamiento recibió los autos dio inicio formal y materialmente la etapa de juicio oral; formal, porque así lo dispone expresamente la propia norma jurídica; material, porque es hasta ese momento -y no antes- cuando el Tribunal de Enjuiciamiento llega a tener conocimiento del asunto al comenzar a fungir como autoridad rectora del procedimiento penal. Ahora, si el acto reclamado lo constituye la omisión de proveer lo relativo al perdón o desistimiento de la acción penal durante la etapa intermedia, dicha violación ya no puede analizarse en esta instancia constitucional, pues si bien ello aconteció durante la etapa intermedia, cierto es que el proceso penal ya transitó a la etapa de juicio oral, al momento en que en que el juez de enjuiciamiento recibió los autos del proceso penal 358/2022. Máxime si se tiene en consideración que ya se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de debate de juicio oral, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, la omisión reclamada ya no puede ser estudiada sin variar la nueva situación jurídica -etapa de juicio-, en la que, como se dijo, se inició formal y materialmente al recibir el juez de enjuiciamiento los autos del proceso penal respectivo. Ello atento a que el proceso está constituido por diversas secciones o periodos, dedicados cada uno de ellos al desenvolvimiento de determinadas actividades, concluido cada periodo no es posible retroceder al anterior, es decir, es un conjunto de actos sistemáticamente regulados, que se cumplen en forma gradual, progresiva y concatenada, sucediéndose en diversos grados o etapas, en función de un orden preclusivo y ligados de manera tal que cada uno es, en principio, consecuencia del anterior y presupuesto del que le sigue. De ahí que resulte improcedente el estudio de la omisión reclamada pues el proceso penal se encuentra en una etapa diversa. Sobre ese tópico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios ha sostenido que dicho principio orienta al proceso penal en la lógica de cierre de etapas y oportunidad para alegar, esto es, se parte de la base de que cada una de las etapas procesales en las que se divide (investigación, intermedia y juicio), cumplan la función para la cual fueron diseñadas y, una vez agotada la primera, se avance a la siguiente, sin que exista la posibilidad de regresar a la anterior o reabrirla. Tales consideraciones están vertidas en la jurisprudencia 74/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: Registro digital: 2018868 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 74/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 175 Tipo: Jurisprudencia VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. En ese tenor, el juez de enjuiciamiento ya no puede retrotraer el proceso de la etapa del juicio oral a la etapa intermedia cuando esta última ya fue clausurada -al recibir los autos- pues de hacerlo así se violaría el principio constitucional de continuidad previsto en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho principio ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo, por lo que resulta evidente la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. Tales argumentos están contenidos en la tesis aislada 1a. LI/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE HACER VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA CORRESPONDIENTE.". De todo lo anterior se obtiene que se cumplen con los elementos para que opere el cambio de situación jurídica pues al efecto: a) La omisión reclamada emana del proceso penal 358/2022, del índice de la responsable. b) Antes de la presentación de la demanda de amparo se cambió la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa en virtud de que el proceso penal transitó de la etapa intermedia a la de juicio oral. c) Con motivo de esa nueva determinación -inicio de la etapa de juicio oral- se generó una nueva situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar lo dictado en la etapa de juicio oral. En tal sentido, entre la omisión reclamada y el inicio de la etapa de juicio oral existe autonomía de manera que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese tenor, se provoca un cambio en la situación jurídica que tenía el quejoso, pues la omisión reclamada no puede ser analizada sin afectar esta nueva situación, lo que hace improcedente el juicio de amparo. No pasa inadvertido para quien resuelve que el quejoso señala que virtud a la omisión reclamada continúa privado de su libertad; sin embargo, contrario a lo destacado por el quejoso, tal privación atiende a la medida de prisión dictada al decretarse la vinculación a proceso, no así con motivo directamente de los actos reclamados. Por tanto, se estima que con la decisión adoptaba no se deja en estado de indefensión al quejoso, ya que puede ser introducida como una violación procesal dentro de la etapa del juicio oral susceptible de ser analizada en amparo directo. Incluso, de ser el caso, si ya se cubrió el monto de la reparación del daño, es un aspecto que podría ser tomado en cuenta, en su caso, al momento de resolverse sobre la individualización de las sanciones, y de la reparación del daño. Ello, de acuerdo a los criterios sustentados en las tesis aisladas de la 1a. XXIV/2022 (11a.) y 1ª.XXV/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL QUE PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 173, APARTADO B, DE LA LEY DE AMPARO." y "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL. LA POSIBILIDAD DE ANALIZARLAS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE PONEN DE MANIFIESTO COMO CONSECUENCIA DEL DEBATE ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, NO CONSTITUYE UNA INTROMISIÓN EN EL ACTUAR DE LOS JUZGADORES QUE INTERVINIERON EN FASES ANTERIORES". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido al juez de control responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto reclamado al juez de enjuiciamiento, por no reclamarlo por vicios propios, sino como consecuencia de la omisión reclamada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************contra los actos y autoridades que precisadas quedaron, en términos del último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento de auto de treinta uno de octubre del año en curso, y remite copia certificada del auto de vinculación a proceso, proveído donde se dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como el de data veintidós de marzo del año en curso, y el acuse de recibido del oficio 2383/2023 por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que a fin de integrar debidamente el presente expediente y analizar el acto reclamado, es necesario que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con sede en esta ciudad, dentro del término de veinticuatro horas remita copia certificada del auto de vinculación a proceso, proveído donde se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como el de data veintidós de marzo del año en curso, y el acuse de recibido del oficio 2383/2023 por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

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