Luis Carlos Vigil Chapa

Expediente 129/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
129/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Luis Carlos Vigil Chapa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, las documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas, consistente en las copias certificadas del expediente número 728/2016. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-129/2022, promovido por Luis Carlos Vigil Chapa, por conducto de sus apoderados. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el ocho de febrero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el siguiente día, Luis Carlos Vigil Chapa, por conducto de sus apoderados, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 123, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO En auto de catorce de marzo del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma como expediente IIII-129/2022; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, grado y materia, para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda en materia laboral promovida contra un acto de omisión de una autoridad con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de realizar las actuaciones correspondientes a efecto de lograr el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 728/2016 de su índice. Precisión que se realiza en razón de que si bien la parte quejosa señaló la omisión de la responsable de ajustar su actuar en los términos legales dilatando el procedimiento, en el caso, al no realizar las actuaciones correspondientes para dictar laudo. Sin embargo, de las constancias que integran el expediente laboral de origen, se advierte que se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, en ese contexto, la inconformidad de la quejosa lo es en el sentido de que la responsable ha dilatado el proceso al no emitir acuerdo para lograr el desahogo de todas las pruebas ofrecidas por las partes. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, la autoridad Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, aceptó parcialmente la existencia del acto que el quejoso le atribuyó. Además precisó que no había emitido laudo correspondiente dentro del juicio laboral 728/2016, en virtud que aún no había desahogado en su totalidad las pruebas ofrecidas por las partes. Por lo que los autos del juicio de origen se encontraban en la sala correspondiente para efecto de dar continuidad con el desahogo de los medios probatorios pendientes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Lo anterior se corrobora con el contenido de las documentales que exhibió la autoridad responsable, relativas a las copias certificadas del expediente laboral 728/2016; de las que se advierte que el proceso se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, y que desde el ocho de febrero de dos mil dieciocho, el Tribunal Laboral había omiso en proveer lo correspondiente para lograr el desahogo de uno de los medios probatorio ofrecidos por la parte actora. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Examinada la certeza de los actos reclamados, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio constitucional de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se descarta el análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada por la parte quejosa; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del asunto, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no solo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto del acto reclamado que se hace consistir, en la omisión de proveer lo correspondiente para lograr el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 728/2016, han cesado sus efectos atendiendo a las siguientes consideraciones. De las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que en audiencia de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, admitió diversos medios probatorios, entre los que se encuentra la de informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social -señalada con el número cinco-, para que: Proporcionara el día, mes y año en que se dio de alta ante dicho Instituto el actor Luis Carlos Vigil Chapa, por lo que veía a la fuente de empleo denominada Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán. Precisara con qué salario de cotización fue registrado ante dicho Instituto. Señalara el día mes y año en que fue dado de baja el actor por la fuente de empleo referida y bajo qué condición se dio de baja. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad requerida señalando que no estaba en condiciones de proporcionar la información que le fue solicitada, debido a que necesitaba que se le proporcionara fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP y número de seguridad social del actor; atento a lo anterior, el Tribunal responsable requirió a la parte actora para que proporcionara los citados datos. Sin embargo, aunque la autoridad laboral desahogó los restantes medios probatorios, también se advierte que a partir de la fecha citada en el párrafo anterior y hasta la presentación de la demanda de amparo, fue omisa en dictar proveído para lograr el desahogo de la citada probanza o, en su caso, para declararla desierta. En ese sentido, es cierto que al momento de la presentación de la demanda existía la omisión atribuida a la autoridad responsable, en cuanto a que no había desahogado todos los medios probatorios, porque desde el ocho de febrero de dos mil dieciocho, fue omisa en proveer sobre la prueba de informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la autoridad laboral emitió acuerdo en el que, a fin de lograr el desahogo de la prueba de informes citada, requirió nuevamente a la parte actora para que proporcionara información adicional como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP y número de seguridad social. Esto es, al emitir pronunciamiento tendente a lograr el desahogo del único medio probatorio pendiente por desahogar, se corrobora que los efectos de la omisión reclamada han desaparecido totalmente, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal..". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia referida se debe sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal, por lo que corresponde a la omisión reclamada. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Carlos Vigil Chapa, por conducto de sus apoderados, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. AUTORIDAD CUMPLE CON REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, se tiene remitiendo en copia certificada la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral número 728/2016. TOMO DE PRUEBAS Atento a lo anterior, fórmese por separado un tomo de pruebas con las copias certificadas del expediente que contienen las constancias del juicio laboral número 728/2016, que adjunta la responsable a su informe. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Jegp

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad rinde informe justificado que le fue solicitado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.Jegp

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