Luis Cirilo Morales Santoyo
Expediente 894/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Cirilo Morales Santoyo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de febrero de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE REMITEN CONSTANCIAS. Por otra parte, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, consistentes en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 117/2016, de su índice, así como copia en formato digital (disco óptico), de las audiencias públicas celebradas dentro de la ludida causa penal, se ordena devolver las constancias anteriormente señaladas a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 894/2017, promovido por Luis Cirilo Morales Santoyo, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Luis Cirilo Morales Santoyo, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio, principalmente los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 16, 19, 20 apartado B y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa suspensión de plano, mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete se previno al impetrante de garantías, a efecto de que aclarara su escrito de demanda en torno a diversos puntos. Mediante proveído de cinco de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo al quejoso desahogando la prevención que le fue realizada, desechándose la demanda de garantías respecto del acto consistente en la fabricación y acusación del delito que se le imputa dentro de la causa penal 117/2016 y admitiéndose por lo que hace a la tortura y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado por el quejoso a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consiste en la tortura y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ejecución. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Agente Primero del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate el Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Director de Inteligencia en Materia de Secuestro de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y Agente de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, todos con sede en esta ciudad, negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar las negativas por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado y no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Por ilustrativa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2001, que literalmente dice: Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia de los actos que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Cirilo Morales Santoyo, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando TERCERO, por los motivos en él expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil dieciocho. SE DA CUENTA CON EL ESTADO DE LOS AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la diligencia que antecede, mediante la cual el actuario de adscripción emplazó a juicio a la licenciada Juana Heredia Brito, asesora Jurídica del tercero interesado Víctor Manuel Pérez, entregándole copia autorizada de la demanda de garantías, y haciéndole saber la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene a Juana Heredia Brito, asesora Jurídica del tercero interesado Víctor Manuel Pérez Molina, apersonándose dentro de los presentes autos. SE TIENE SEÑALANDO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, como lo refiere la aludida asesora jurídica, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indicó en la diligencia de emplazamiento, y señalando como autorizados para ese efecto a José Alberto Tello Figueroa, Tesera Garibay Castañeda y Marco Antonio Tortajada Zamora, indistintamente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Jso.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil dieciocho. SE PROPORCIONA INFORMACIÓN SOLICITADA. Agréguese a loa autos el escrito signado por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le formuló mediante diverso 494, de doce de enero del año en curso, informa que la licenciada Elizabeth Vidales Valencia, ya no funge como asesora jurídica de la víctima Víctor Manuel Pérez Molina, dentro de la causa penal 117/2016, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, pues mediante escrito de fecha quince del mes y año en curso, ésta presentó su renuncia con carácter de irrevocable. Ante dicha circunstancia, el Titular de la Unidad Regional de Uruapan, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, designó como nuevos asesores jurídicos de la víctima en cita, a los licenciados Miguel Silva Bejar y Juana Hededia Brito, con domicilio en calle General Mariano Arista Número 300, colonia Chapultepec Oriente, en esta ciudad, para que de manera indistinta o conjunta, la asesoren dentro de la causa penal antes citada. SE ORDENA EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO POR CONDUCTO DE SUS ASESORES JURÍDICOS. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos para que se constituya en el domicilio señalado y proceda a emplazar a juicio al tercero interesado Víctor Manuel Pérez Molina, por conducto de sus asesores jurídicos; diligencia en la que se les deberá correr traslado con copia de la demanda, a fin de que si lo estiman conveniente, comparezcan a deducir los derechos que les correspondan a su representado; asimismo, les haga saber la hora y fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional. Además, se les deberá requerir para que en el acto de la misma, o bien, dentro del término de tres días siguientes a dicha notificación o en el primer escrito que presenten, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, señalen domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones en relación con este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les correrán por lista, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al tercero interesado por conducto de sus asesores jurídicos. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.Jso
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