Luis alberto García Torres

Expediente 404/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
404/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2017

Partes del expediente

  • Luis alberto García Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscribe **********, con el carácter que tiene reconocido en autos; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos a que alude, previo desglose y certificación que en su lugar se deje en autos; se autoriza para que los recoja a las personas que menciona.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de abril de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito firmado por **********, mediante el cual aclara que su nombre completo y correcto es como ha quedado precisado y no como se redactó en el escrito de demanda; en ese sentido, se le tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que obra su cédula 2462523, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, a favor de **********, contra actos de la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora número 1, del Fuero Común con sede en Comonfort, Guanajuato y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 404/2017-VII. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Como se desprende de la citada transcripción, el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona a quien perjudique el acto reclamado, esto es, quien haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela mediante las garantías individuales, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, o bien, tratándose de una causa criminal a través de su defensor o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Ahora bien, en el caso el promovente manifiesta que el directamente agraviado ********** es su hijo y que acude a esta instancia constitucional reclamando entre otros, la orden de aprehensión emitida en su contra, por el Juez de Control con sede en Comonfort, Guanajuato, así como su ejecución por elementos de la Policía Ministerial en ese lugar; y la negativa de tener acceso a la carpeta de investigación que dio origen a la orden de captura citada. Así, se tiene la certeza de que por la naturaleza del juicio que nos ocupa, existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover el juicio de amparo a nombre del quejoso, a saber: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 9 de la ley de la materia; b) por el defensor, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 14 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo según el artículo 15 de la ley reglamentaria. En el caso, se estima que el gestionante carece de legitimación para promover la demanda a nombre de la persona que aduce ser su hijo y que manifiesta, cambió de residencia porque: I) no acredita que tenga la calidad de representante, en términos del artículo 9 de la Ley de la Materia; II) no tiene el carácter de defensor dentro de un procedimiento judicial y, III) no están acreditados los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Respecto del supuesto mencionado en último término conviene transcribir el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y hacer algunas consideraciones al respecto. "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". En el precepto de referencia se prevé una excepción al principio de instancia de parte agraviada previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, que implica que sólo la persona que se ve afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad puede instar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, por sí o por conducto de su representante legal. Esto es, el numeral transcrito regula la posibilidad de que cualquier persona pueda promover un juicio de amparo indirecto a favor de otra, sin necesidad de ser su legítimo representante, siempre y cuando concurran dos requisitos: 1) que los actos reclamados sean de aquéllos expresamente indicados en el precepto en comento; y, 2) que el agraviado se encuentre imposibilitado para solicitar directamente la protección constitucional. A este respecto, se reitera, para que una persona pueda promover a favor de otra, necesariamente deben actualizarse ambas situaciones; es decir, no basta que se reclame alguno de los actos enumerados en ese dispositivo legal, sino que también se debe señalar, o cuando menos inferir de los hechos narrados en la demanda, que el agraviado está imposibilitado para promover por sí o por conducto de un representante legal; de igual forma, si el quejoso no puede promover por sí mismo, sólo puede actuarse en su nombre sin ser representante legal, en caso de que el acto reclamado encuadre en alguno de los mencionados en el citado numeral. Ahora bien, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, el gestionante narra bajo protesta de decir verdad, que debido a los acontecimientos ocurridos el treinta de diciembre de dos mil dieciséis en el racho "Los Morales", perteneciente al municipio de Comonfort, Guanajuato, en los cuales se vio involucrado su hijo *********, y ante los rumores de vecinos del lugar de que sus agresores (quienes tienen el carácter de denunciantes u ofendidos ante el órgano acusador), lo buscan para matarlo, aquél decidió regresar al lugar de su trabajo y de residencia por temor a que pueda perder la vida a manos de esas personas, así como que le sea ejecutada la orden de detención decretada por el Juez de Control. De lo anteriormente narrado, se advierte que en el caso no se colman los requisitos establecidos en el artículo 15 de la ley de la materia, ya que tales manifestaciones evidencian que el acto reclamado versa sobre una orden privativa de la libertad emanada en un procedimiento judicial; pero no se observa de la narración de hechos que el directo agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, pues aun cuando el suscriptor de la demanda afirma que su hijo sólo va a visitarlo en los periodos vacacionales por temor a que se le prive de la vida o de la libertad, del contexto íntegro del escrito relativo no se advierte que señale como precepto violado el artículo 22 Constitucional, ni tampoco menciona que promueva la demanda en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que no existen bases para considerar que se está en la hipótesis de este último precepto. En efecto, si en el capítulo de antecedentes se asentó que el directamente agraviado cambió de lugar de residencia por temor a ser privado de la vida o de la libertad con motivo de los hechos ocurridos el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en los cuales se vio involucrado, se estima que no se encuentra imposibilitado para promover la presente instancia constitucional, tal como lo dice el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, como en la especie el promovente de la demanda de amparo no acredita ser el representante legal del directo agraviado, no tiene la calidad de defensor dentro de un procedimiento judicial, ni se colman los requisitos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, es inconcuso que carece de legitimación procesal activa para acudir a la presente instancia constitucional. Sin que sea óbice a la conclusión alcanzada el hecho de que en la demanda de mérito, se haga alusión a que el quejoso está imposibilitado para promover el amparo toda vez que como se ha dejado establecido, las circunstancias y hechos narrados en la demanda de amparo no demuestran esa circunstancia, al contrario, como se ha sostenido en este proveído, se hace patente que el directo quejoso no está imposibilitado para promover la demanda de amparo por sí mismo. Consecuentemente, al quedar demostrado que **********, carece de legitimación para promover la demanda que se estudia a nombre de **********, es inconcuso que con ello se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6°, ambos de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí o por su representante o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Chagoyan Cabrera y José Luis Salazar Marmolejo, en virtud de que obran sus cédulas 3252591 y 782003, registradas respectivamente en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a Miguel Ángel Chagoyan Silva y Manuel Gutiérrez Gaitán, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no encontrarse en ese supuesto. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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