Luis Adolfo Chimal Martínez
Expediente 672/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 33 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Adolfo Chimal Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
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Vista la certificación de cuenta se advierte que el proveído dictado el dieciséis de febrero del año en curso, en el que este tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la Tercera Región de Cortazar, Guanajuato y otras autoridades, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. Sin que pase por inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables, de la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la determinación de que se trata. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
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Visto el estado procesal que guardan los autos, en particular el oficio que remite el encargado de la Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, Cortazar, así como del disco compacto en formato DVD, mismo que contiene las videograbaciones y archivos informáticos como sustento, se obtiene que: En el el Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, Cortazar, se encuentra radicada la causa 1P1021-114 instruida en contra del aquí quejoso ****************, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión de narcótico sin fines de comercio. A las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones; de tales constancias se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso esencialmente reclama: Toda orden de aprehensión, detención, mandato judicial, orden de comparecencia o cualquier orden de privación de la libertad emitida por las responsables y que pudiera ser cumplimentada por las ejecutoras. Ahora bien, el once de febrero de dos mil veintidós, el Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, Cortazar, dentro de la causa penal **************(de donde deriva el acto reclamado), emitió auto de vinculación a proceso en contra del quejoso ******************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión de narcótico sin fines de comercio. Como se observa de lo anterior, no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas deben considerarse consumadas de un modo irreparable. Se afirma lo anterior, porque existe autonomía entre la orden de aprehensión dictada y la nueva resolución, pues ésta última se rige por lo que establece el artículo 19 constitucional, mientras que la primera no lo hace. Es decir, la resolución de vinculación a proceso puede subsistir con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
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Téngase por recibido el oficio que vía electrónica remite el encargado de la Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, Cortazar, mediante el cual informa que dentro de la causa penal 1P1021-114, del índice del órgano jurisdiccional que representa y de donde proviene el acto aquí reclamado, el once de los actuales se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por lo que una vez que cuente con las constancias respectivas las remitirá a este juzgado. Vista la certificación de cuenta, así como el contenido del oficio remitido por la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, Cortazar, se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; en tales condiciones, se difiere la misma y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE MARZO PRÓXIMO, para su desahogo.
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Téngase por recibido, con su anexo, el escrito del autorizado del quejoso, mediante el cual informa, que ******************, compareció ante la responsable Juez de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, base Cortazar, a fin de continuar con el procedimiento ************** de donde deriva el acto reclamado. Se tiene al ocursante, ofreciendo como pruebas de su intención las documentales que anexa, así como el informe que rindió la responsable Juez de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, base Cortazar, las cuales de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional.
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