Luis alberto García Torres
Expediente 941/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis alberto García Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se concedió al quejoso **********, en auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, apoderado legal de **********, personalidad que acredita con la escritura pública, número 67772, de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, con número de acto notarial, mil seiscientos cincuenta y ocho, de en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, contra actos de la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora, número uno, del Fuero Común, de Comonfort, Guanajuato y otros; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 941/2017-VI. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y IV del artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La primera irregularidad surge de lo estipulado en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo, en específico, en el capítulo atinente al acto reclamado señaló de manera literal: "I.- de la autoridad señalada como ordenadora, se reclama la Orden de Aprehensión Decretada en Contra de mi Poderdante **********, a quien se le Atribuye los Hechos Que fueron Motivo de la Imputación, Investigación Preliminar que por carecer de Veracidad y Certeza Jurídica, Viola sus Derechos Fundamentales en cuanto a que se le dé la oportunidad de tener un Representante Legal en la Indagatoria y quien además lo represente, Dejándolo en estado de Indefensión al no poder acceder al Registro ni a los Datos para su defensa legal. II.- de las autoridades mencionadas en los incisos A) B) Y C) se Reclama la Negativa Arbitraria de permitir que los Abogados que designa mi representado para tener Acceso a dicha Carpeta de Investigación y plantear su debida Defensa y plantear, en todo caso de manera adecuada, la Aclaración de cómo sucedieron los hechos que Originaron el conflicto con la Parte Acusadora u Ofendida. III.- De las Autoridades Ejecutoras señaló como acto reclamado el eventual Cumplimento y Ejecución de dicha Orden de Captura en Perjuicio del Sr. ********** Violando sus Garantías Individuales Consagradas en la Carta Magna." Además, en el capítulo relativo a las autoridades responsables, el quejoso aseveró: "A. Señalo a la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora N°. 1 uno del fuero común Lic. **********, de la ciudad de Comonfort, Guanajuato, con domicilio ampliamente conocido, a cuya petición el Juez de Control Decretó la Vinculación a Proceso del Inculpado." Como se observa de la narrativa anterior, no se puede establecer de manera clara de qué realmente se duele el quejoso, ya que su precisión la realiza de manera genérica y no específica, incluso, pareciera que reclama más de un acto. En tal virtud, resulta necesario que la parte quejosa aclare el acto que reclama en esta instancia, pues resulta determinante para poder substanciar el sumario. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise con exactitud cuál es el acto que combate en esta instancia constitucional, de acuerdo con lo establecido en el presente acuerdo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Luis Chagoyán Cabrera, José Luis Salazar Marmolejo y a Manuel Gutiérrez Gaytán, al contar con cédulas profesionales números 3252591, 782003 y 2462523 registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a Miguel Ángel Chagoyán Silva, en términos de la última parte del segundo párrafo del mismo ordenamiento, al no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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