Luis Aguilar Martínez
Expediente 531/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Aguilar Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinte de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en proveído de ocho de octubre de dos mil veinte; en ese sentido, se acuerda: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional, reclamando: La inconstitucionalidad del artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. La aplicación de la norma tildada de inconstitucional, concretizada mediante el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de tres de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ************** por el Juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el número 2., esto es, a lo que atañe al auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de tres de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 1P-0620-693 por el Juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se desprende que: 1. El quejoso se duele del auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de tres de septiembre de la presente anualidad, por el juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, de esta ciudad, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación. 2. Que dicha determinación le fue notificada por la responsable, en esa misma data; ello, pues aun cuando no lo refiere expresamente el promovente, de conformidad en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la audiencia inicial, en la que el Juez de Control debe resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso, deben concurrir necesariamente el Agente del Ministerio Público, el imputado y su defensor, de manera que es evidente que en dicha audiencia fue notificado el quejoso del acto que reclama. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, comenzó para la parte quejosa a partir del día siguiente al en que le surtió efectos la notificación de la determinación que reclama, esto es, a partir del siete de septiembre del año en curso, de conformidad con los artículos 82 fracción I, inciso a) y último párrafo, y el 84 párrafo primero, ultima parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, y le feneció el treinta de septiembre del presente año. Consecuentemente, se reitera que el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, feneció con anterioridad a la presentación de su demanda, ello tomando en consideración que el aludido plazo se computó a partir del día hábil siguiente al en que le surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, esto es, siete de septiembre de dos mil veinte, y le feneció el treinta del mismo mes y año. De ahí que si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el seis de octubre de la presente anualidad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado por el quejoso fue consentido tácitamente. No es óbice a lo anterior, lo expuesto por el quejoso en el escrito aclaratorio de demanda, en el sentido de que tuvo conocimiento del acto de aplicación de que se trata hasta el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, fecha en que se le entregaron las copias autorizadas de las constancias que integran la causa penal que se sigue en su contra, solicitadas por él mismo el ocho del citado mes y año. Lo anterior toda vez que en el caso, el cómputo para la presentación de la demanda de amparo debe hacerse a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; notificación que se practicó en audiencia de tres de septiembre del año en curso, en la que el Juez de Control emitió el auto de vinculación a proceso, pues de acuerdo con el numeral citado con antelación, a la audiencia en la que se emitió dicho acto deben concurrir necesariamente el Agente del Ministerio Público, el imputado y su defensor, de manera que es evidente que en ella se le notificó el acto de que se trata. Por otro lado en cuanto al acto reclamado acotado en el numeral 1., es decir, inconstitucionalidad de la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace extensiva la causa de improcedencia que se señaló en párrafos precedentes. Ello, en virtud de que atendiendo a la técnica que impera en el juicio constitucional, tratándose del ejercicio de la acción de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, en principio debe analizarse si el juicio es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado y hacerse extensivo a la norma legal impugnada. En otro sentido, de resultar procedente el juicio de amparo en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente; y, únicamente en el caso que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en contra del acto de aplicación. Ello, porque no es posible desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que tal acto es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la norma considerada en abstracto, pues la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 531/2020-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I y IV del artículo 114, en relación con lo estipulado en las fracciones II, IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: i. La primera irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción II del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad" Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca a quién le reviste dicho carácter, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Para comprender lo antedicho, es menester traer a contexto el contenido del artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad..." La fracción del numeral trascrito establece las reglas para determinar quiénes pueden intervenir en un juicio de amparo con el carácter de terceros interesados, de entre los cuales les reviste dicho carácter a la persona o personas que dentro de la causa penal de origen tengan la calidad de víctimas u ofendidos, o el derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que en el capítulo atinente al nombre y domicilio del tercero interesado el promovente señaló que: "Manifiesto mi desconocimiento respecto de la existencia de dicho Tercero, además de que NO EXISTE". Sin embargo, de los conceptos de violación se desprende que los actos reclamados emanan de la causa penal 1P-0620-693, de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación, ilícito en el cual existe una persona (víctima) que resiente la conducta del activo. Luego, si en el caso el quejoso no señaló como tercero interesado a la persona que tiene el carácter de víctima en el procedimiento del que emanan los actos reclamados, esa circunstancia hace que la demanda de amparo que se provee sea irregular, por cuanto no es posible establecer a quién o quiénes les reviste el carácter victimas u ofendidos dentro de la causa de origen, a fin de reconocerles el carácter de terceros interesados en el presente juicio e intégralos a la litis constitucional. Consecuentemente, es necesario que precise el nombre de la persona o personas terceras interesadas que tengan la calidad de victimas u ofendidos, o derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil dentro de la referida causa penal; de igual forma, precise su domicilio a fin de que pueda o puedan ser emplazados al presente juicio de amparo; o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad el desconocimiento de su nombre y domicilio. Y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión. ii. La segunda irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama. Al respecto, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado indique en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a) Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b) Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c) La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 287445, en el Semanario Judicial de la Federación electrónico, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como actos reclamados: A. En el apartado 1) del capítulo respectivo, reclama a las autoridades responsables el contenido del artículo del 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a los "requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso"; sin embargo, omitió expresar categóricamente: - Si el citado artículo que reclama, lo impugna a partir de su publicación o con motivo de su primer acto de aplicación. - Y de actualizarse este último supuesto, debió indicar mediante qué acto o documento se concretizó la aplicación del artículo reclamado, en su esfera jurídica, así como la fecha de notificación o de conocimiento del mismo, ya que solo hace referencia a la violación que se le hizo a inicios del mes de septiembre del presente año, sin precisar fecha exacta o anexar el documento en el cual se le aplicó el artículo que reclama. Por tanto, como previamente se estableció el quejoso es omiso en especificar si la inconstitucionalidad del artículo que pretende reclamar en esta instancia, la combate a partir de su publicación o como primer acto de aplicación, circunstancias que hace que la demanda sea imprecisa, dado que no expresó la manera en que pretende impugnar el artículo que le agravia, lo cual resulta indispensable para proveer respecto de la substanciación del presente juicio de amparo, ya que sin conocerse esto no sería posible determinar la procedencia del mismo. Asimismo, debe decirse que, en caso de que la intensión del quejoso sea impugnar la inconstitucionalidad del artículo precitado, con motivo de su primer acto de aplicación, deberá establecer el acto o documento en el cual se le aplicó dicho apartado, así como la fecha de notificación o de conocimiento del mismo; lo anterior, en razón de que resulta indispensable definir mediante qué acto se concretizó la aplicación del artículo reclamado. Lo anterior es así, dado que no se tiene la certeza de sí el artículo que pretende reclamar en esta instancia, lo combate a partir de su publicación o como primer acto de aplicación, ni el acto en el que se llevó acabo la aplicación de dicho dispositivo legal. B. En los párrafos del apartado 2) del apartado correspondiente al acto reclamado, reseña una serie de violaciones cometidas dentro del procedimiento que dio origen a la causa penal 1P-0620-693, del índice del tribunal a cargo del juez que señala como responsable, previas a dictar en su contra auto de vinculación a proceso; entre otras violaciones al procedimiento, señala: ". -La falta de oportunidad previo a la ejecución de la Orden de Aprehensión emitida en mi contra, de ofrecer y desahogar a manera de que se cumpla con los principios del proceso penal en cuanto a Adversarial y Contradicción, respecto a los Datos y en caso Medios de Prueba oportunos y eficaces para demostrar mi inocencia. -La falta de oportunidad para ofrecer y desahogar Medios de Prueba oportunas y eficaces a efecto de combatir el Auto de Vinculación a Proceso previo al acto privativo de mi libertad personal y deambulatoria. -La falta de asesoría legal oportuna y adecuada hacia mi persona, y por parte de mi Defensor..." Mas sin embargo, el peticionario del amparo no señala de manera clara y destacada cual es el acto o los actos que le atribuye al Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, circunstancia que torna obscuro e irregular su escrito de demanda, puesto que, no se tiene la certeza del acto o actos que pretende sean parte en esta instancia constitucional. Razón por la cual, la parte quejosa deberá señalar con precisión cuál o cuáles son los actos reclamados a los que hace alusión en el apartado 2) del capítulo respectivo, que atribuye al Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. iii. Finamente, la tercera irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En el caso concreto, si bien es cierto que el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que omitió expresar: La fecha concreta en que se llevó a cabo la audiencia inicial en la causa penal 1P-0620-693, de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad. Si en la citada audiencia se resolvió su situación jurídica, o bien, solicitó la ampliación del plazo para ese efecto. La fecha exacta en la que se desahogó la audiencia en la que se le vinculo a proceso. Cuáles fueron las determinaciones que se tomaron por parte del Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en la audiencia que se le vinculó a proceso. Cuál es el estado procesal que guarda la causa penal de origen. Datos que resulta determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, por lo que dichas irregularidades tornan obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer los pormenores de los antecedentes de los actos reclamados. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes realice lo siguiente: Precise el nombre de la persona o personas que tengan la calidad de victimas u ofendidos, o derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil dentro de la causa penal 1P-0620-693, de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad; de igual forma, precise su domicilio a fin de que pueda o puedan ser emplazados al presente juicio de amparo; o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad el desconocimiento de su nombre y domicilio; Precise con claridad cuál o cuáles son los actos que reclama a las autoridades responsables; en términos de lo expuesto en este proveído; y, Manifieste bajo protesta de decir verdad de manera sucinta y cronológica la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en términos de lo expuesto en el cuerpo del presente auto. Los requisitos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el directo quejoso debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, glósese el diverso escrito signado por el aquí quejoso; atento a su contenido, se acuerda: Téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, al contar con cédula profesional número 4317610, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ERRD79, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, se le tiene otorgando el correo electrónico personal *********.
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