Lucila Tomasa Rosales Millán
Expediente 1269/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2022
Partes del expediente
- Lucila Tomasa Rosales Millán
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos ***, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo **** del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. ***
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Desahogo de prevención Intégrese el escrito signado por la parte quejosa Lucila Tomasa Rosales Millán, a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Precisión del acto reclamado Previo a determinar la procedencia o no del juicio de amparo, es menester efectuar un estudio integró de la demanda de amparo, incluso de la totalidad de las constancias existentes en ella, pues constituye un todo, así como con el escrito de desahogo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", conforme a lo anterior se sigue que la quejosa reclama lo siguiente: La orden de embargo y/o secuestro de bienes y posesiones de su propiedad en el domicilio María del Refugio Alejandro Tarello, número 9, colonia del Deporte, delegación San Buenaventura, Toluca, Estado de México, emitida en el juicio juicio 1087/2019, del índice del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Desechamiento En esas condiciones, este juzgado de Distrito, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: En principio, se impone destacar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 6°, de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la lectura de dichos preceptos se advierte que la fracción XII del aludido numeral 61 de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso, por lo que el concepto de "afectación al interés jurídico" se ha determinado como condición imprescindible para la procedencia del juicio constitucional, de tal manera que en caso de no ser demostrada aquélla torna improcedente el juicio de amparo promovido. Tal concepto presupone la existencia precisamente de éste último, entendido como un derecho legítimamente tutelado que se afecta o lesiona con la emisión del acto reclamado. A fin de comprender con mayor claridad qué se entiende por interés jurídico para los efectos del amparo, es pertinente tomar en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia I. 1o.A.J/17 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 60, diciembre de 1992, página 35, que estatuye: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia.". Entonces, para solicitar la protección de la Justicia de la Unión el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre su interés jurídico con motivo de un acto de autoridad. Del criterio trascrito se advierte lo siguiente: El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad debe de incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan el medio para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Ahora, para evidenciar la configuración de la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, es necesario destacar los antecedentes procesales del juicio 1087/2019, del índice del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. El juicio de controversia familiar 1087/2019, del índice del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial del Estado de México, fue promovido por Beatriz Salazar Rosales en el cual demando a Carlos Alberto Urrutia Rosales. Mediante escrito de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, Carlos Alberto Urrutia Rosales presentó un escrito en el cual, entre otras cosas señaló como fuente laboral "FABRICA DE COMDIA LUCILA TOMASA ROSALES MILLÁN" R.F.C.: ROML571031Q66. En atención a lo anterior, el ocho de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial del Estado de México, giró el oficio 457/2022 al Representante Legal o Director de Recursos Humanos de la Empresa Fábrica de Comida Lucila Tomasa Rosales Millán, con R.F.C. ROML571031Q66, al domicilio ubicado en calle Alejandro Tarello (Alpinismo) número 9, colonia del Deporte, Delegación San Buenaventura, Toluca, Estado de México, código postal 50110, para solicitarle diversos datos en cuanto a la relación laboral que tiene con Carlos Alberto Urrutia Rosales. Posteriormente mediante escrito presentado ante el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial del Estado de México, el once de febrero de dos mil veintidós Lucila Tomasa Rosales Millán, desahogó el requerimiento referido en el párrafo que antecede. De lo antes expuesto, se tiene que la quejosa reclama actos de una autoridad judicial (Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México), emanados de un procedimiento jurisdiccional (juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar 1087/2019) en el que no es parte formal ni material; entendiéndose como "parte" a la persona a quien le asiste la facultad para intervenir en un procedimiento, en la discusión de los derechos controvertidos judicialmente, y no de la relación indirecta que cualquier persona pueda tener a virtud de algunas diligencias procesales, menos por las determinaciones dictadas en el proceso originado entre distintas personas y por causas a las que son ajenas. Entonces, si en el juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar 1087/2019, de la estadística del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, quien tiene el carácter de "parte actora" es Beatriz Salazar Rosales, y a quien le asiste el carácter de "parte demandada" es a Carlos Alberto Urrutia Rosales, resulta evidente que ningún agravio personal y directo le causa a la aquí quejosa, precisamente porque se ventilan aspectos en los que no están inmersos sus intereses. No se soslaya que la amparista asevere que existe una orden de embargo y/o secuestro de bienes y posesiones de su propiedad en el domicilio María del Refugio Alejandro Tarello, número 9, colonia del Deporte, delegación San Buenaventura, Toluca, Estado de México, pues al no ser parte en el juicio 1087/2019, ningún agravio le causa esto. En efecto, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 289/2016-PS, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: Un embargo trabado en un juicio ejecutivo mercantil seguido por obligación de tipo personal confiere al embargante un derecho de naturaleza personal o de crédito; El embargo no constituye un derecho real para el acreedor porque se trata de uno personal que sólo puede enderezarse contra la persona, pero sin llegar al extremo de alcanzar bienes con los que no se garantizó el adeudo y que ya salieron de su patrimonio; El embargo, a diferencia de los derechos reales, no confiere al embargante el poder directo e inmediato sobre la cosa, ya que ésta se coloca bajo la guarda y custodia de un depositario con limitaciones claras y específicas sobre la citada cosa; la cosa embargada no está a disposición del embargante, ni tampoco el depositario tiene un poder directo e inmediato sobre ella, sino sólo tiene las facultades y limitaciones que derivan del depósito; el embargo tampoco concede al embargante el derecho pleno de persecución, ya que éste consiste en la facultad de obtener todas o parte de las ventajas de que es susceptible una cosa, reclamándola de cualquier poseedor, por lo que si bien el embargante puede tener el derecho de reclamar, éste se limita a su carácter de depositario; El embargo es una forma de aseguramiento del cumplimiento de la obligación reclamada en una controversia; pero, además, es el resultado del mandato del juez que conoce del respectivo juicio y por su propia naturaleza es de carácter provisional, pues constituye una forma de aseguramiento de carácter procesal que deriva de la acción ejercida por el actor en el juicio, tiene su origen y regulación en la norma adjetiva correspondiente; El embargo es un derecho adjetivo, pues deriva de una cuestión procesal, por lo que no puede tener el efecto de anular un derecho sustantivo de propiedad (real); y, Un acreedor en juicio no tiene un derecho real sobre la cosa embargada, sino uno personal que originó el embargo. El criterio aludido se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 56/2017 (10a.), de contenido: "EMBARGO SOBRE INMUEBLES PRACTICADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONSIDERARSE UN DERECHO DE NATURALEZA PERSONAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/1992, la solicitud de modificación de jurisprudencia 7/2011, y la contradicción de tesis 152/2007, consideró que el derecho derivado de un embargo inmobiliario practicado en un juicio ejecutivo mercantil con motivo de un derecho de crédito, debe considerarse de naturaleza personal. Criterio que debe reiterarse con base en que el embargo, como derecho esencialmente procesal o adjetivo, es originariamente neutro en relación con las categorías que clasifican a los derechos sustantivos como derechos personales o reales; pero visto en el contexto de un juicio ejecutivo mercantil, se ubica en una posición necesariamente accesoria e instrumental respecto del derecho personal materia del juicio, por lo que resulta jurídicamente válido considerar que en tal escenario, el derecho derivado del embargo se erige como una extensión procesal del derecho de crédito respectivo, y como consecuencia de ello, queda impregnado de la naturaleza personal que inviste al derecho que es materia del juicio.". De lo anterior, se obtiene que las actuaciones derivadas del juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar 1087/2019, en particular las diligencias de requerimiento de pago y embargo no afectan la esfera jurídica de la quejosa, ya que, al margen de que no figura como parte en dicho procedimiento, la aseveración de que existe una orden de embargo y/o secuestro de bienes y posesiones de su propiedad, no tiene la característica de ser real, esto es, sólo constituiría una forma de aseguramiento de carácter procesal que deriva de la acción ejercida por la actora en el juicio, máxime que, de las constancias remitidas por el juez responsable, a la fecha no se advierte la ejecución de ningún embargo en el domicilio de la quejosa, pues como ya se dijo, únicamente se le solicitó información en su carácter de empleadora del demandado Carlos Alberto Urrutia Rosales, requerimiento que a la fecha en que se actúa ya desahogo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por * ***
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Visto el escrito signado por Lucila ****; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1269/2022-I-C. PREVENCIÓN Ahora, en términos del artículo 108, fracción IV, en relación con el numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene al promovente de amparo para dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Aclare el acto que reclama en el la Instancia Constitucional. Si bien es cierto, en el apartado respectivo de su demanda infiere que es todo lo actuado como lo son acuerdos, decretos, resoluciones, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas sobre su domicilio, ya que no es parte en el juicio ****, del índice del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; también lo es, que en los apartados de antecedentes y conceptos de violación, refiere dolerse de la ejecución de orden de cateo y/o embargo o algún otro tipo de diligencia sin ser oída y vencida en juicio por no ser parte, además también precisa que el citado juez le realizó un requerimiento respecto a si *****era su trabajador, el cual ya desahogo, situación que genera incertidumbre para el suscrito; por lo que deberá precisar cuál es el acto de que se duele. Requerimiento que se efectúa, debido a que como está planteada la demanda no se está en condiciones de determinar la procedencia para estudiar el acto que tilda de inconstitucional. APERCIBIMIENTO En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el ordinal 114 de la legislación aplicable, se apercibe al promovente que de no cumplir lo requerido en el plazo y forma indicados dentro del plazo que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS Por otra parte, en aras de una justicia pronta y expedita, requiérase al Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe que carácter tiene *****, dentro del juicio ****, o bien la intervención que ha tenido en el mismo, debiendo remitir las constancias en copia certificada que acrediten su dicho. Con el apercibimiento, que en caso de omisión a dicho requerimiento, o no manifestar la imposibilidad para tal efecto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 29, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, es decir las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a la persona que designa como autorizado; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS Luego, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa, para que proporcione un correo electrónico y un número telefónico a fin de entablar comunicación. MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud en el sentido de autorizar el empleo de medios electrónicos, cámaras, lectores ópticos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de dichos medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dos de octubre de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 16/2022. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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