Lucila Isabel Orive Gutierrez
Expediente 1011/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/07/2022
Partes del expediente
- Lucila Isabel Orive Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
ESTAFETA Intégrese la carta porte de la empresa de mensajería acelerada ESTAFETA, mediante la cual devuelve el oficio 17885/2022, que contiene el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, con motivo de la observación ahí señalada. En consecuencia, y a fin de evitar mayor dilación, reexpídase el oficio 17885/2022, dirigido al Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Célula C-II-5 Zona Norte en la Ciudad de México. Finalmente, se comisiona al fedatario judicial adscrito para que se cerciore que el domicilio y denominación de la autoridad antes referida sean los correctos.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 22 JUNIO DE 2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA***************EL AUTO DE 16 DE JUNIO DE 2022, EL CUAL, EN ESENCIA DICE: , Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda suscrita por *****por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1011/2022-II-A. ACTO RECLAMADO Al respecto, la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en: "La omisión de expedición del certificado de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, Covid-19, situación que restringe la posibilidad de realizar viajes al extranjero.". DESECHAMIENTO En el caso se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3044/98, determinó que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia debe tenerse presente que la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Y dijo que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que impiden la materialización de sus efectos se encuentra la prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de contenido idéntico a la que se estudia), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de derecho humano que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando el mundo fáctico que rodea al acto reclamado se ha modificado de manera que es imposible que éste surta efectos que deban repararse. Dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. En este caso, la parte quejosa se duele en esencia de la omisión de expedición del certificado de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, Covid-19, situación que restringe la posibilidad de realizar viajes al extranjero. Ello es así, porque por una parte, respecto de la omisión aludida, de la lectura de la demanda de amparo, la parte promovente del juicio constitucional hace depender el acto reclamado en el hecho de que al ingresar a la página electrónica https://cvcovid.salud.gob.mx, dicho sitio de internet arrojó un mensaje relativo a que su clave única de registro de población - CURP-, no se encuentra registrada en "mi vacuna"; empero si bien a la fecha en que se actúa, no ha obtenido el certificado de que se trata, el hecho de que en el sistema para su obtención le aparezca dicha leyenda, no conlleva por sí una negación de expedición de dicho documento, pues el sistema se encuentra vigente para en todo caso, realizar la obtención del mismo. Así, dentro de la clasificación de los actos se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención, y para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Entonces, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél, sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. Bien, de la lectura integral a la demanda de amparo y a las constancias que anexó la quejosa, se evidencia la misma hace depender la omisión consiste al mero hecho de que al ingresar a la página electrónica https://cvcovid.salud.gob.mx, dicho sitio de internet arrojó un mensaje relativo a que su clave única de registro de población -CURP-, no se encuentra registrada; se reitera, ello no implica la negativa que acusa la parte quejosa, sino que simplemente, se colige que la expedición del certificado de que se trata se encuentra supeditado a la corrección de un dato atribuible a la propia promovente, de ahí la configuración de la causal de improcedencia invocada. A mayor abundamiento, la quejosa al hacer referencia que el acto lo constituye la omisión de emitir el certificado de vacunación; empero no acredita haber realizado la petición formal ante la autoridad correspondiente, por lo que igualmente se configura la improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción IV, mismos que disponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Al respecto, conviene tener en cuenta el contenido del dispositivo en comento, que establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto legal, prevé el derecho de petición a favor de los gobernados y consiste en la facultad que éste tiene para dirigir alguna solicitud a la autoridad de manera pacífica y respetuosa, así como la correspondiente obligación de los órganos y servidores que ejercen el poder público, de contestar por escrito los pedimentos y darlos a conocer a los interesados en breve término. Como presupuesto debe concurrir la petición que se formula al servidor público en su calidad de autoridad, es decir, que se le formule una solicitud determinada, lo cual se caracteriza por tener el reconocimiento de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la autoridad ante la cual se dirige la promoción correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII en abril de 2001,página 126, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Asimismo, se observa que la petición que se presente por parte del gobernado a los funcionarios y servidores públicos, debe realizarse por escrito y en forma respetuosa y pacífica. Realizado lo anterior, la autoridad o servidor público a quien se eleve la petición, tiene la obligación jurídica ineludible de acordar lo relativo a la solicitud de que se trate, lo cual deberá llevar a cabo en breve término. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Tesis 129, página 88, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero si impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario". (Énfasis añadido). Bien, de las constancias que integran la demanda de amparo, no se evidencia que la parte quejosa hubiere formulado algún escrito de solicitud o petición a la autoridad responsable, presupuesto indispensable que debe existir a efecto de alegar la vulneración a este derecho. De ahí la inexistencia de la omisión reclamada. Es ilustrativo, en lo conducente e interpretado en la especie, por mayoría de razón, el criterio I.7o.A.699 A del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, abril de 2010, página 2724, que dispone: "DERECHO DE PETICIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PARA DEMANDAR SU PROTECCIÓN, SI EL QUEJOSO EXHIBE COMO ÚNICA PRUEBA EL ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBO DE SU ESCRITO, PERO LA FIRMA DE ÉSTE APARECE EN HOJA DIVERSA Y EN COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. ****.". DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizadas; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que ésta se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2022, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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