Lucila Hernandez Castillo

Expediente 1350/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1350/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/09/2017

Partes del expediente

  • Lucila Hernandez Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de cuenta promovida por Lucila Hernández Castillo; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1350/2017-V-A. De una lectura íntegra al escrito que se atiende, se aprecia que la peticionaria de amparo señala como acto reclamado, el siguiente: "Del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca en el Estado de México se reclama el auto de dieciocho de agosto del año dos mi diecisiete, por medio del cual solicita se dé cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha siete de julio de dos mil diecisiete, en el cual se requiere a la demandada de cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia definitiva, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará uso de la fuerza pública en el expediente 284/2016" De la misma revisión se advierte que el acto reclamado fue dictado en etapa de ejecución del expediente 284/2016 del índice del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO. Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Esto es, por regla las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por tanto, el acto reclamado, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento consideren le hayan dejado sin defensa. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, será hasta que la responsable posteriormente a la diligenciación de las providencias necesarias para la ejecución de la sentencia firme, determine que se ha dado cabal cumplimiento a esa resolución; se declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo; o se ordene en forma definitiva el archivo del expediente del cual deriva el acto reclamado, cuando el peticionario de garantías esté en aptitud de atacar las violaciones que estime son transgresoras de sus derechos fundamentales en el procedimiento de ejecución. Lo que no acontece en el caso, pues el acto reclamado es la determinación de siete de julio de dos mil diecisiete en el que se ordenó el cumplimiento al resolutivo segundo de la determinación definitiva, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará uso de la fuerza pública; determinación que, fue emitida a fin de ejecutar la resolución en el expediente de origen; esto es, con la finalidad de proseguir con el trámite de ejecución. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale diverso en la ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec). En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Jazmín Nallely Martínez Ramírez, que da fe.

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