Lucila Hernández Castillo
Expediente 1622/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1622/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/03/2022
Partes del expediente
- Lucila Hernández Castillo
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula 1 del Equipo de Investigación y Litigación II en Toluca, para Atención Temprana y Exhortos, mediante el cual solicita información con relación al sumario constitucional en que se actúa. Atento a lo anterior, mediante oficio que derive del presente acuerdo, infórmese a la oficiante que el presente sumario sí fue promovido por *****; empero, la demanda fue desechada por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, resolución que adquirió firmeza procesal el diecisiete de noviembre de ese mismo año; lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, al no ser necesarias las constancias remitidas, devuélvase las mismas a la autoridad correspondiente, solicitándole el acuse respectivo.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de veintitrés de octubre del presente año, por los motivos que en ella expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto referido, así como los subsecuentes, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En atención al antes referido, se notifica el diverso de veintitrés de los cursantes, el cual es del tenor literal siguiente: "Toluca, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual comunica el proveído de veinte de octubre del año en curso, por el que ese órgano declinó competencia del juicio de amparo ** de su índice, y adjunta las siguientes constancias: *** SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas; y con las constancias remitidas fórmese un anexo. Acúsese recibo. Ahora, la quejosa reclama la resolución de trece de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en la etapa de ejecución del juicio ordinario civil acción real reivindicatorio ***, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de treinta y uno de agosto de este año. DESECHAMIENTO En ese tenor, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, conforme al numeral 113 de la referida legislación, se indica lo siguiente. El artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así las cosas, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que establecen los citados numerales, respecto del acto reclamado consistente en resolución de trece de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en la etapa de ejecución del juicio ordinario civil acción real reivindicatorio *** del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de treinta y uno de agosto de este año, ya que dicha determinación no se refiere a la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado y menos decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución del juicio respectivo. En efecto, el acto de referencia, no se ubica en la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se trata del último acto en ejecución de sentencia, pues no ha concluido el procedimiento correspondiente. Por ello cuando se emita la determinación que tenga por debidamente cumplida la sentencia dictada en el juicio *** , de actualizarse alguna violación en dicha fase y será el momento para combatirla en amparo indirecto. Por tanto, la determinación reclamada, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional biinstancial; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento considere le hayan dejado sin defensa. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190035, Novena Época, visible a página treinta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Los lineamientos de los criterios referidos, tienen por finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. El lineamiento del criterio referido, tiene por finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Robustece lo anterior, la tesis sostenida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, con número de registro 196894, Novena Época, visible a página doscientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual comunica el proveído de veinte de octubre del año en curso, por el que ese órgano declinó competencia del juicio de amparo 784/2017 de su índice, y adjunta las siguientes constancias: Oficio 3403; Amparo directo 784/2017; Expediente ******/2016; SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas; y con las constancias remitidas fórmese un anexo. Acúsese recibo. Ahora, la quejosa reclama la resolución de trece de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en la etapa de ejecución del juicio ordinario civil acción real reivindicatorio ******/2016, del índice del Juzgado **** Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de treinta y uno de agosto de este año. DESECHAMIENTO En ese tenor, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, conforme al numeral 113 de la referida legislación, se indica lo siguiente. El artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así las cosas, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que establecen los citados numerales, respecto del acto reclamado consistente en resolución de trece de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en la etapa de ejecución del juicio ordinario civil acción real reivindicatorio *****/2016 del índice del Juzgado ****** Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de treinta y uno de agosto de este año, ya que dicha determinación no se refiere a la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado y menos decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución del juicio respectivo. En efecto, el acto de referencia, no se ubica en la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se trata del último acto en ejecución de sentencia, pues no ha concluido el procedimiento correspondiente. Por ello cuando se emita la determinación que tenga por debidamente cumplida la sentencia dictada en el juicio ******/2016, de actualizarse alguna violación en dicha fase y será el momento para combatirla en amparo indirecto. Por tanto, la determinación reclamada, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional biinstancial; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento considere le hayan dejado sin defensa. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190035, Novena Época, visible a página treinta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Los lineamientos de los criterios referidos, tienen por finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal.". El lineamiento del criterio referido, tiene por finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Robustece lo anterior, la tesis sostenida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, con número de registro 196894, Novena Época, visible a página doscientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.". Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
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