Lucía Ivette López Albores y Otros.
Expediente 243/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2022
Partes del expediente
- Lucía Ivette López Albores y Otros.
- Lucía Ivette López Albores
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales *** y *** (cuyos nombres se suprimen para proteger su identidad), personalidad que acredita con las copias certificadas de las actas de nacimiento folio *** y ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. 2. Dirección General, División de Distribución sureste, superintendencia zona Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. 3. Departamento de Personal y Servicios de la Zona de Distribución Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 243/2022-1-C. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO De las Autoridades marcadas bajo los números 1, 2, 3; se reclama: a) La emisión del oficio *** de fecha 14 de febrero de 2022, notificado el mismo día a las 10:10 horas, mediante ese escrito se le informó mi concubino: (.) b) La emisión del acta administrativa de fecha 15 de febrero de 2022, efectuado en mi contra toda vez que no se apegó a lo establecido en el instructivo para levantar actas administrativas de la CFE, dicho documento forma parte de la papelería jurídica de la Comisión Federal de Electricidad. (.) c) La emisión del resolutivo en atención al oficio *** contenido en el oficio *** de fecha 18 de febrero de 2022 suscrito por el C. INGENIERO ***, superintendente Zona Tuxtla. Que se traduce que dicho oficio me pone a disposición a un nuevo centro de trabajo, se resuelve lo siguiente; (.) d) De todas las Autoridades responsables reclamo, todas las consecuencias que deriven de los actos señalados con antelación, que se traducen en el incremento de mis gastos, afectación de mi entorno familiar, en particular de la estabilidad emocional de mis menores hijos, la afectación de la convivencia familiar en virtud de que mi familia se encuentra en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. e) A tos reclamados por los niños, a todas las autoridades responsable les reclamo, además de los actos mencionados por el diverso quejoso; I. La omisión de las autoridades responsables de escucharnos en el procedimiento relativo a la orden de cambio de adscripción de nuestro padre, tenemos derecho a expresarnos libremente en los asuntos que nos afecten, de conformidad al artículo 12 de la convención sobre los derechos de los niños. II. Todas las consecuencias jurídicas que se traducen en la afectación a nuestra estabilidad emocional, afectación a nuestro desarrollo de la personalidad, los cambios en mi dinámica escolar, el impedimento de convivir con nuestra familia y disfrutar de la compañía y cuidado de nuestro padre, que siempre y todo momento ha estado con nosotros, cada que nos enfermamos el siempre procura nuestro bienestar, pues con la decisión arbitraria que tomaron las autoridades responsables nos deja en completo estado de indefensión, en pocas palabras necesitamos del calor fraterno de nuestro papito". Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Asimismo, debe observarse que además de la naturaleza jurídica de la autoridad, se debe atender al acto que se le atribuye, para determinar si existe una relación de supra a subordinación con un particular, toda vez de que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos fundamentales. En este sentido, con independencia de la naturaleza jurídica de la autoridad en cuestión, debe atenderse a la índole de la actividad que desempeña. Así, autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que ésta investida de facultades de decisión y de ejecución; es decir, aquél órgano del estado, susceptible, jurídicamente, de producir una alteración, creación o extinción de una o varias situaciones jurídicas concretas y abstractas, particulares o generales, públicas o privadas, que puedan presentarse dentro del Estado, alteración que se lleva a cabo imperativamente. Por lo que entonces el carácter de autoridad para la procedencia del juicio de amparo se determina no solamente por su naturaleza jurídica, sino también por su actuación, la cual debe entenderse con imperio, coercitiva y unilateralidad. También debe decirse que el juicio de amparo procede en contra de actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos de los gobernados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO De las Autoridades marcadas bajo los números 1, 2, 3; se reclama: a) La emisión del oficio *** de fecha 14 de febrero de 2022, notificado el mismo día a las 10:10 horas, mediante ese escrito se le informó mi concubino: (.) b) La emisión del acta administrativa de fecha 15 de febrero de 2022, efectuado en mi contra toda vez que no se apegó a lo establecido en el instructivo para levantar actas administrativas de la CFE, dicho documento forma parte de la papelería jurídica de la Comisión Federal de Electricidad. (.) c) La emisión del resolutivo en atención al oficio *** contenido en el oficio *** de fecha 18 de febrero de 2022 suscrito por el C. INGENIERO ***, superintendente Zona Tuxtla. Que se traduce que dicho oficio me pone a disposición a un nuevo centro de trabajo, se resuelve lo siguiente; (.) d) De todas las Autoridades responsables reclamo, todas las consecuencias que deriven de los actos señalados con antelación, que se traducen en el incremento de mis gastos, afectación de mi entorno familiar, en particular de la estabilidad emocional de mis menores hijos, la afectación de la convivencia familiar en virtud de que mi familia se encuentra en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. e) A tos reclamados por los niños, a todas las autoridades responsable les reclamo, además de los actos mencionados por el diverso quejoso; I. La omisión de las autoridades responsables de escucharnos en el procedimiento relativo a la orden de cambio de adscripción de nuestro padre, tenemos derecho a expresarnos libremente en los asuntos que nos afecten, de conformidad al artículo 12 de la convención sobre los derechos de los niños. II. Todas las consecuencias jurídicas que se traducen en la afectación a nuestra estabilidad emocional, afectación a nuestro desarrollo de la personalidad, los cambios en mi dinámica escolar, el impedimento de convivir con nuestra familia y disfrutar de la compañía y cuidado de nuestro padre, que siempre y todo momento ha estado con nosotros, cada que nos enfermamos el siempre procura nuestro bienestar, pues con la decisión arbitraria que tomaron las autoridades responsables nos deja en completo estado de indefensión, en pocas palabras necesitamos del calor fraterno de nuestro papito". De lo anterior se advierte que, en relación a los actos combatidos, las responsables 1. Comisión Federal de Electricidad, 2. Dirección General, División de Distribución Sureste, Superintendencia Zona Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad, y 3. Departamento de Personal y Servicios de la Zona de Distribución Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad, todos con sede en esta ciudad, actúan con el carácter de patrón como consecuencia del vínculo laboral que sostienen con ***, al ser trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, quien resulta ser pareja de la promovente y padre de los menores, y de quien hacen depender los actos que por esta vía se combaten. De lo que se sigue, que en relación a los actos combatidos la Comisión Federal de Electricidad, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de éstas con sus trabajadores, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que, la inconforme deba acudir ante la autoridad laboral correspondiente a dirimir la controversia que plantea. Esto es, en contra de los citados actos reclamados no procede el juicio de amparo, pues no se tratan de actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. En efecto, la relación establecida entre la pareja de la aquí promovente, y de quien hace derivar los actos que impugna, y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues los actos reclamados, en esencia, se encuentran relacionados con un cambio de adscripción, en virtud de que su pretensión final es que esto no acontezca, sin que con ello se vean afectados sus derechos laborales, tales como, recibir su sueldo y demás prerrogativas inherentes al puesto que se le asignó en la plaza ***, en el puesto de Jefe de Oficina Zona II, en Villahermosa, Tabasco, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con ***, pareja de la inconforme y padre de los menores quejosos. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente. Cobra aplicación, la tesis I.15o.A.36 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." Ciertamente, el artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Luego, cualquier acción u omisión del Estado investido de esa calidad, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado deben ser ventilados ante la autoridad ordinaria competente y no ante los órganos de control constitucional. Cabe precisar, que aun cuando el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: "...Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre cuando la Comisión Federal de Electricidad, decide asignarle una nueva adscripción derivado del puesto que desempeña, pues dicha actuación tiene su origen en una relación de coordinación derivada del vínculo laboral que une a la pareja de la inconforme y padre de los menores quejosos con la dependencia a la que presta sus servicios. Es así que la autoridad estatal, en su carácter de patrón, no realiza actos equivalentes a los de autoridad. Ilustra lo anterior, por el espíritu que informa, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda, por resultar notoriamente improcedente. Cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Se estima pertinente citar la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." Lo anterior, sin que pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo se cita la Jurisprudencia cuyo rubro y texto establecen: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. ". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos a las personas que refiere, ya que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVÉIDO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales *** y *** (cuyos nombres se suprimen para proteger su identidad), personalidad que acredita con las copias certificadas de las actas de nacimiento folio *** y ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. 2. Dirección General, División de Distribución sureste, superintendencia zona Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. 3. Departamento de Personal y Servicios de la Zona de Distribución Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 243/2022-1-C. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO De las Autoridades marcadas bajo los números 1, 2, 3; se reclama: a) La emisión del oficio *** de fecha 14 de febrero de 2022, notificado el mismo día a las 10:10 horas, mediante ese escrito se le informó mi concubino: (.) b) La emisión del acta administrativa de fecha 15 de febrero de 2022, efectuado en mi contra toda vez que no se apegó a lo establecido en el instructivo para levantar actas administrativas de la CFE, dicho documento forma parte de la papelería jurídica de la Comisión Federal de Electricidad. (.) c) La emisión del resolutivo en atención al oficio *** contenido en el oficio *** de fecha 18 de febrero de 2022 suscrito por el C. INGENIERO ***, superintendente Zona Tuxtla. Que se traduce que dicho oficio me pone a disposición a un nuevo centro de trabajo, se resuelve lo siguiente; (.) d) De todas las Autoridades responsables reclamo, todas las consecuencias que deriven de los actos señalados con antelación, que se traducen en el incremento de mis gastos, afectación de mi entorno familiar, en particular de la estabilidad emocional de mis menores hijos, la afectación de la convivencia familiar en virtud de que mi familia se encuentra en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. e) A tos reclamados por los niños, a todas las autoridades responsable les reclamo, además de los actos mencionados por el diverso quejoso; I. La omisión de las autoridades responsables de escucharnos en el procedimiento relativo a la orden de cambio de adscripción de nuestro padre, tenemos derecho a expresarnos libremente en los asuntos que nos afecten, de conformidad al artículo 12 de la convención sobre los derechos de los niños. II. Todas las consecuencias jurídicas que se traducen en la afectación a nuestra estabilidad emocional, afectación a nuestro desarrollo de la personalidad, los cambios en mi dinámica escolar, el impedimento de convivir con nuestra familia y disfrutar de la compañía y cuidado de nuestro padre, que siempre y todo momento ha estado con nosotros, cada que nos enfermamos el siempre procura nuestro bienestar, pues con la decisión arbitraria que tomaron las autoridades responsables nos deja en completo estado de indefensión, en pocas palabras necesitamos del calor fraterno de nuestro papito". Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Asimismo, debe observarse que además de la naturaleza jurídica de la autoridad, se debe atender al acto que se le atribuye, para determinar si existe una relación de supra a subordinación con un particular, toda vez de que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos fundamentales. En este sentido, con independencia de la naturaleza jurídica de la autoridad en cuestión, debe atenderse a la índole de la actividad que desempeña. Así, autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que ésta investida de facultades de decisión y de ejecución; es decir, aquél órgano del estado, susceptible, jurídicamente, de producir una alteración, creación o extinción de una o varias situaciones jurídicas concretas y abstractas, particulares o generales, públicas o privadas, que puedan presentarse dentro del Estado, alteración que se lleva a cabo imperativamente. Por lo que entonces el carácter de autoridad para la procedencia del juicio de amparo se determina no solamente por su naturaleza jurídica, sino también por su actuación, la cual debe entenderse con imperio, coercitiva y unilateralidad. También debe decirse que el juicio de amparo procede en contra de actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos de los gobernados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO De las Autoridades marcadas bajo los números 1, 2, 3; se reclama: a) La emisión del oficio *** de fecha 14 de febrero de 2022, notificado el mismo día a las 10:10 horas, mediante ese escrito se le informó mi concubino: (.) b) La emisión del acta administrativa de fecha 15 de febrero de 2022, efectuado en mi contra toda vez que no se apegó a lo establecido en el instructivo para levantar actas administrativas de la CFE, dicho documento forma parte de la papelería jurídica de la Comisión Federal de Electricidad. (.) c) La emisión del resolutivo en atención al oficio *** contenido en el oficio *** de fecha 18 de febrero de 2022 suscrito por el C. INGENIERO ***, superintendente Zona Tuxtla. Que se traduce que dicho oficio me pone a disposición a un nuevo centro de trabajo, se resuelve lo siguiente; (.) d) De todas las Autoridades responsables reclamo, todas las consecuencias que deriven de los actos señalados con antelación, que se traducen en el incremento de mis gastos, afectación de mi entorno familiar, en particular de la estabilidad emocional de mis menores hijos, la afectación de la convivencia familiar en virtud de que mi familia se encuentra en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. e) A tos reclamados por los niños, a todas las autoridades responsable les reclamo, además de los actos mencionados por el diverso quejoso; I. La omisión de las autoridades responsables de escucharnos en el procedimiento relativo a la orden de cambio de adscripción de nuestro padre, tenemos derecho a expresarnos libremente en los asuntos que nos afecten, de conformidad al artículo 12 de la convención sobre los derechos de los niños. II. Todas las consecuencias jurídicas que se traducen en la afectación a nuestra estabilidad emocional, afectación a nuestro desarrollo de la personalidad, los cambios en mi dinámica escolar, el impedimento de convivir con nuestra familia y disfrutar de la compañía y cuidado de nuestro padre, que siempre y todo momento ha estado con nosotros, cada que nos enfermamos el siempre procura nuestro bienestar, pues con la decisión arbitraria que tomaron las autoridades responsables nos deja en completo estado de indefensión, en pocas palabras necesitamos del calor fraterno de nuestro papito". De lo anterior se advierte que, en relación a los actos combatidos, las responsables 1. Comisión Federal de Electricidad, 2. Dirección General, División de Distribución Sureste, Superintendencia Zona Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad, y 3. Departamento de Personal y Servicios de la Zona de Distribución Tuxtla de la Comisión Federal de Electricidad, todos con sede en esta ciudad, actúan con el carácter de patrón como consecuencia del vínculo laboral que sostienen con ***, al ser trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, quien resulta ser pareja de la promovente y padre de los menores, y de quien hacen depender los actos que por esta vía se combaten. De lo que se sigue, que en relación a los actos combatidos la Comisión Federal de Electricidad, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de éstas con sus trabajadores, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que, la inconforme deba acudir ante la autoridad laboral correspondiente a dirimir la controversia que plantea. Esto es, en contra de los citados actos reclamados no procede el juicio de amparo, pues no se tratan de actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. En efecto, la relación establecida entre la pareja de la aquí promovente, y de quien hace derivar los actos que impugna, y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues los actos reclamados, en esencia, se encuentran relacionados con un cambio de adscripción, en virtud de que su pretensión final es que esto no acontezca, sin que con ello se vean afectados sus derechos laborales, tales como, recibir su sueldo y demás prerrogativas inherentes al puesto que se le asignó en la plaza ***, en el puesto de Jefe de Oficina Zona II, en Villahermosa, Tabasco, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con ***, pareja de la inconforme y padre de los menores quejosos. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente. Cobra aplicación, la tesis I.15o.A.36 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." Ciertamente, el artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Luego, cualquier acción u omisión del Estado investido de esa calidad, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado deben ser ventilados ante la autoridad ordinaria competente y no ante los órganos de control constitucional. Cabe precisar, que aun cuando el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: "...Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre cuando la Comisión Federal de Electricidad, decide asignarle una nueva adscripción derivado del puesto que desempeña, pues dicha actuación tiene su origen en una relación de coordinación derivada del vínculo laboral que une a la pareja de la inconforme y padre de los menores quejosos con la dependencia a la que presta sus servicios. Es así que la autoridad estatal, en su carácter de patrón, no realiza actos equivalentes a los de autoridad. Ilustra lo anterior, por el espíritu que informa, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda, por resultar notoriamente improcedente. Cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Se estima pertinente citar la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." Lo anterior, sin que pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo se cita la Jurisprudencia cuyo rubro y texto establecen: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. ". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos a las personas que refiere, ya que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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