Lucía Quiroz Rosales y Otros.

Expediente 901/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
901/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Lucía Quiroz Rosales y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documentos. Toda vez que en autos consta un documento exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21, del acuerdo general en comento, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrán ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, apoderado legal de ***, personalidad que se le tiene por reconocida en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, al tenor de la carta poder de seis de diciembre de dos mil dieciocho, que exhibe, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 901/2022-3-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. -BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE SE RECLAMA LA OMISION DE PROPORCIONAR NUEVA FECHA PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, CORRESPONDIENTE EN EL EXPEDIENTE LABORAL *** DEL ÍNDICE DE ESA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 03 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica forma o adjetiva. De ahí que de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la abierta dilación procesal en que ha incurrido la Junta responsable en no señalar nueva fecha y hora para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral ***, dentro de los plazos y términos legales que marca la ley. En relación a lo anterior, quien ahora resuelve considera que el acto reclamado, no causa sobre los derechos sustantivos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, aun cuando se aleguen violaciones a los derechos de petición e impartición de justicia pronta, completa e imparcial, pues, únicamente representan violaciones procesales de carácter adjetivo, ya que no constituyen una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de prosecución del trámite de la demanda laboral de origen; resultando improcedente el juicio de amparo en su contra. En efecto, el acto reclamado en estudio únicamente produce efectos intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos de la parte quejosa, en virtud de que la dilación procesal reclamada no necesariamente llegará a trascender al resultado del laudo. No pasa desapercibido para la suscrita el hecho de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, como se dijo anteriormente, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte; por lo que resulta inconcuso que en el presente asunto no se actualiza caso de excepción alguno para acudir al juicio de amparo indirecto. En ese orden de ideas, es evidente que el acto que en esta vía se impugna, no tiene una ejecución de imposible reparación. Lo anterior es así, pues del contenido del líbelo que se provee, se advierte que la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable señaló las trece horas con treinta minutos del once de mayo del presente año, para la celebración de la audiencia de ley y que sin embargo, la misma no pudo ser desahogada en virtud de que se encontraban suspendidas las labores de la Junta responsable del uno de mayo al treinta de junio de dos mil veintidós, sin que señalara nueva fecha para llevar a cabo la misma; de lo que se advierte que desde la fecha en que la Junta responsable omitió señalar una diversa para la celebración de dicha audiencia, a la que en este acto se emite el presente auto, no ha transcurrido el término de cuarenta y cinco días, para la procedencia del amparo. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 33/2019, al resolver la contradicción de tesis que dio lugar a la misma, sostuvo que en tratándose de asuntos en los que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, con el fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, pues para llegar a tal conclusión, analizó que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De tal suerte, que, se reitera, para quien esto determina, en la especie no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, dado que si la referida audiencia señalada para el once de mayo actual no se llevó a cabo, en atención a que la Junta responsable suspendió términos procesales durante el periodo comprendido del uno de mayo al treinta de junio del presente año, de conformidad con el Acuerdo 002/2022 del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de veintinueve de abril de la presente anualidad, signado por la Secretaria General de Acuerdos y conflictos Colectivos, y Secretaria del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, mismo, que fue emitido en cumplimiento al Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Decreto por el que se crea la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, publicado en el periódico oficial número 222 3a, sección, de veintisiete de abril de dos mil veintidós, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo - siete de julio de dos mil veintidós-, a la fecha en que la responsable reanudo labores a la presentación de la demanda han transcurrido siete días naturales. Pues al margen de los días transcurridos, de acuerdo al criterio sostenido por el máximo tribunal, para que se pueda considerar que existe una abierta dilación al procedimiento de parte de la autoridad, es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo que legalmente tenía para pronunciarse; en este caso, veinticuatro horas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa, al narrar los antecedentes del acto reclamado precisara lo siguiente: "POR LO QUE ME VEO EN LA IMPERIOSA NECESIDAD DE SOLICTAR EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN EL 686 Y 848 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A EFECTO DE NO DILATAR EL PROCEDIMIENTO, ME SEA SEÑALADA NUEVA FECHA Y HORA, PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA, DE CONCILIACION DEMANDA Y EXCEPCIONES, EN LOS TERMINOS QUE HAGO VALER A CONTINUACION." (Énfasis añadido). Sin embargo, del contenido total del escrito inicial de demanda, se desprende que lo que impugna en esta vía es la abierta dilación procesal en que ha incurrido la responsable en señalar nueva fecha y hora para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Aunado a lo anterior, aún y cuando viniera a esta instancia constitucional reclamando la dilación de la Junta en señalar nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, correría la misma suerte, ya que, como se estableció en los párrafos que anteceden, la autoridad responsable suspendió sus términos del uno de mayo al treinta de junio de dos mil veintidós, por lo que, a la fecha en que se presentó la demanda que se provee, no existe una abierta dilación dentro del procedimiento para fijar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia respectiva, ya sea de conciliación, demanda y excepciones, o la de ofrecimiento y admisión de pruebas. De ahí que resulte ocioso prevenir a la parte quejosa a efecto de que aclare si lo que reclama es la dilación de la Junta responsable en señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral ***, o la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, se desecha de plano la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En atención a lo solicitado y conforme a lo dispuesto por los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena que las notificaciones en el presente juicio de amparo, se realicen a la parte quejosa vía electrónica, debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia. De igual forma, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General citado, se autoriza a la parte quejosa, con el nombre de usuario "***", para la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los fedatarios de la adscripción para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en los términos solicitados a las personas que refiere, sin que haya necesidad de realizar la consulta de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde la quejosa es la trabajadora y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del correo electrónico que proporciona la parte quejosa, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" Ahora, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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