Lucia Olarte Cortés y Otros.
Expediente 677/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/06/2019
Partes del expediente
- Lucia Olarte Cortés y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. ***
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. *** ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 677/2019-2-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ? El emplazamiento a juicio o caso ***, del índice del Tribunal del Condado de Los Ángeles California, en Estados Unidos de Norte América. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, así como con los preceptos 1 y 103 constitucionales, aplicados en sentido contrario, los cuales, en lo conducente establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". Del primer dispositivo constitucional transcrito, se desprende que en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tanto que, el segundo, consagra la procedencia del juicio de amparo en México, al señalar que éste procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridades federales y de las entidades federativas, que lesionen tales derechos. Entonces, la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos a través del juicio de amparo, obliga a todas sus autoridades, en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a asegurar el completo respeto de esas prerrogativas esenciales; por tanto, la titularidad de esos derechos corresponde a todo aquel sujeto que pueda considerarse en un momento específico gobernado por autoridades del país, ya sea que los agraviados sean nacionales o extranjeros, ciudadanos o no ciudadanos. De manera que, cualquier gobernado es titular de los derechos que le otorga el Pacto Federal, mientras que el sujeto pasivo, es cualquier gobernante o autoridad Nacional (federal, estatal o municipal) que está obligado a respetar el derecho del individuo, dado que la finalidad primordial de tales derechos es frenar la actuación autoritaria de los entes públicos del Estado Mexicano, en beneficio de esos derechos humanos fundamentales. Asimismo, el artículo 103 de la Carta Magna, establece que la competencia para conocer del juicio de amparo radica en los Tribunales de la Federación, como únicas autoridades para proteger en México los derechos humanos consagrados en dicha norma fundamental, sin que ningún otro órgano de gobierno pueda conocer de ese juicio. De esta manera, el juicio de amparo, únicamente será procedente contra actos de autoridades mexicanas, sean éstas federales, estatales o municipales, sin importar que se trate de autoridad legislativa, judicial o ejecutiva, salvo las excepciones establecidas en la Constitución Federal y en la Ley de Amparo. Así que, para que determinada autoridad posea la calidad de responsable en el juicio de amparo, necesariamente debe tener competencia legal y ejercer su jurisdicción en el Estado Mexicano, de conformidad con la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, pues debe insistirse en que el juicio amparo está diseñado para proteger a las personas respecto de los actos de autoridad que ejerzan su jurisdicción con arreglo a las leyes y reglamentos que emanen de la Constitución Federal; ya que de hacerlo de otra manera, permitiría que autoridades que no formen parte del Estado Mexicano (extranjeras), vulneren la soberanía nacional, al permitirles ejecutar actos legales en territorio mexicano. En efecto, es sabido que el Estado mexicano tiene un sistema jurídico propio y asimismo forma parte de la comunidad internacional. Ante esta dualidad, derivada de la coexistencia de los sistemas jurídicos locales y de normas de carácter internacional, se genera la distinción entre el derecho nacional o interno y el derecho internacional o supranacional, atento a la fuente de la cual emanan y su ámbito espacial de aplicación. De esta manera, el órgano jurisdiccional debe atender en lo sustantivo, a la existencia de normas de carácter internacional que por virtud del mecanismo constitucional han quedado incorporadas al orden jurídico interno y a las normas locales que existan para establecer en un caso dado, cuál es la norma aplicable para regir el acto jurídico materia de la controversia, de modo que, no puede decidirse en forma general y absoluta, que el derecho sustantivo extranjero no pueda aplicarse por el órgano jurisdiccional nacional, puesto que en México existen normas de carácter federal, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 133 y el artículo 12 del Código Civil Federal, que dan supuestos concretos de solución, que deben ser atendidos para resolver en forma fundada y motivada una cuestión de esta naturaleza y por ende, si en el caso, cabe o no la aplicación del derecho sustantivo extranjero. Así se tiene que del contenido del artículo 133 constitucional , se desprende que entre las fuentes internacionales del derecho, se encuentran los tratados o convenciones que constituyen acuerdos entre sujetos del orden jurídico internacional (Estados y organismos internacionales) que se han celebrado y toman en cuenta asuntos de derecho internacional por lo que con la interpretación gramatical de la primera parte de dicho numeral, para considerar que un tratado sea, junto con las leyes emanadas de la Constitución y que sean aprobadas por el Congreso de la Unión "la Ley Suprema de toda la Unión", es menester que se satisfagan dos requisitos formales y uno de fondo, los primeros consisten en que el tratado sea celebrado por el presidente de la República y que sea aprobado por el Senado, mientras que el requisito de fondo, consiste en la conformidad de la convención internacional con el texto de la propia Ley Fundamental. En el particular, la parte quejosa se duele del emplazamiento a juicio o caso ***, del índice del Tribunal del Condado de Los Ángeles California, en Estados Unidos de Norte América. Dicho acto, en atención a lo anteriormente expuesto, hace improcedente el presente juicio, ya que no permite que pueda analizarse bajo los parámetros del juicio de amparo, pues deriva de una legislación adjetiva nacional de diverso país, como Estados Unidos de Norte América, lo que impide abordar la constitucionalidad de sus actos, puesto que el estudio que debe realizarse de cualquier asunto, será a la luz de la Constitución y los Tratados Internacionales que formalmente constituyan parte del orden positivo mexicano y no de si fue constitucional o convencional la aplicación de la normatividad procesal de diversa nación, como acontece en la especie. Orienta lo anterior, por las razones que indica, el criterio XV.2o.8 K, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de epígrafe "EMPLAZAMIENTO. NO ES RECLAMABLE EN AMPARO CUANDO SE REALIZA POR UNA AUTORIDAD EXTRANJERA, APLICANDO LA LEY DE SU PAÍS, EN ACATO A UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL". De igual forma, por el espíritu que informa, la tesis II.1o.P.2 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro "AUTORIDADES EXTRANJERAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO TENGAN SU RESIDENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA". Además, no debe soslayarse que el acto que la quejosa combate en esta vía constitucional, deriva de un juicio radicado en los Estados Unidos de Norte América, en donde la autoridad ordenadora, en su defecto, sería el Tribunal del Condado de Los Ángeles California, pues las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, únicamente tienen el carácter de ejecutoras auxiliares, ya que se advierte de lo expuesto por la quejosa, que se encuentran dando cumplimiento a la petición que por exhorto o carta rogatoria solicitó dicho tribunal. De ahí que, esta juzgadora no cuenta con las facultades para solicitar, y en su caso, requerir a las autoridades de otro país, para que rindan su informe con justificación, aunado a que en el hipotético caso de una concesión del amparo, de igual forma, no se estaría en posibilidades de exigir el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, ya que no habría posibilidad alguna de someter a la autoridad extranjera a las leyes Mexicanas a fin de obligarles a acatar el fallo constitucional; ello es comprensible, dado que ningún país puede ejercer potestad sobre otro, pues se itera, con ello se atentaría en contra de la soberanía de cada Estado. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que el juicio de amparo resulta improcedente, porque no sería posible examinar la legalidad de la actuación de la autoridad extranjera, ya que no podría sostenerse que los actos emanados de ésta conforme a la ley de su país, resulte violatoria de una norma constitucional mexicana, ya que el juicio de amparo es un medio de control constitucional creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la misma Constitución Federal, sean de la Federación, los Estados de la República, el Distrito Federal o los Municipios y demás autoridades que tengan su fuente en la Constitución o en la ley. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 1, fracción l, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en concordancia con los preceptos 1 y 103 de la Carta Magna, aplicados en sentido contrario; con fundamento además en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. ***
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