Lucia Estela Martínez Gordillo
Expediente 214/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/03/2017
Partes del expediente
- Lucia Estela Martínez Gordillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 58/2017, número de orden 68/2017 del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar a la parte quejosa ... el auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda interpuesta por la ya mencionada. Por otra parte, vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 50/2017 del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar a la parte quejosa el proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete. Por otra parte, visto el estado de autos y atento a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo tres días concedido a la parte quejosa, por acuerdo de diez de febrero de dos mil diecisiete, a efecto de señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiere hecho; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto subsane su omisión. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte, que en proveído de veinte de febrero de dos mil diecisiete, se desechó por notoriamente improcedente la demanda promovida por ***, y de manera personal se ordenó notificar a la referida quejosa. Ahora bien, en el escrito inicial de demanda se advierte que el domicilio de la aquí quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal; por lo que, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, con residencia en Comitán, Chiapas, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en: Prolongación de la 9ª avenida poniente sur s/n, lote 1, manzana 1, fraccionamiento del Chumis, Barrio Candelaria, ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a efecto de notificar personalmente a ***, el proveído de veinte de febrero de dos mil diecisiete y el presente proveído. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada, el funcionario que corresponda podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del multicitado Código Federal. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa */**, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada por este juzgado el día diez de febrero del año en curso, aclarando el acto reclamado. En consecuencia, vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas. 2. Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas. 3. Actuaria adscrita al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el auto de doce de enero de dos mil diecisiete, por medio del cual se ordena a la actuaria judicial adscrita al juez responsable, a efecto de que dé cumplimiento al proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se le ordena requerir personalmente a la aquí quejosa de cabal cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil dieciséis (incidente de ejecución de sentencia), es decir, para que se ejecute la sentencia emitida en el juicio de origen. Lo anterior, pues a juicio de este juzgador se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)" De conformidad con el citado numeral, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Ahora, para que un acto de autoridad se repute consentido, el Alto Tribunal ha precisado que deben satisfacerse tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado; y, c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Ilustra lo anterior, el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto : "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha sustentado que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos derivados de actos consentidos, es decir, los que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Empero, para considerar que un acto deriva de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente, y en consecuencia, si existiera pronunciamiento sobre la ilegalidad de un acto que deriva de otro y que no se impugnó por vicios propios, afectaría el acto antecedente del cual aquél es consecuencia. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra señala : "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en el auto de doce de enero de dos mil diecisiete, por medio del cual se ordena a la actuaria judicial adscrita al juez responsable, a efecto de que dé cumplimiento al proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se le ordena requerir personalmente a la aquí quejosa de cabal cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil dieciséis (incidente de ejecución de sentencia), es decir, para que se ejecute la sentencia emitida en el juicio de origen En efecto, en la resolución interlocutoria de veinte de junio de dos mil dieciséis, se declaró procedente el incidente de ejecución de sentencia y se condenó a la aquí quejosa para que dentro del término de veinte días contados a partir de que dicha resolución quedara firme, acreditara ante ese juzgado, que se encuentra en arrendamiento el local comercial ahí mencionado, apercibiéndola que en caso de no dar cumplimiento a la condena ahí impuesta, esa autoridad nombraría al señor José Francisco Bonifaz Gómez, para que ejecute la sentencia y sea quien se encargue de dar en arrendamiento dicho local. Asimismo, por auto de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró firme la sentencia interlocutoria antes precisada y se ordenó turnar los autos al actuario judicial adscrito, a fin de que requiriera personalmente a la ahora quejosa, diera cabal cumplimiento a dicha resolución. Así, por auto de doce de enero de dos mil diecisiete, se ordenó de nueva cuenta turnar los autos a la actuaria judicial adscrita al juez responsable, a efecto de que dé cumplimiento al proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se le ordena requerir personalmente a la aquí quejosa de cabal cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil dieciséis. De lo que se sigue que, entre el acto reclamado y las emitidas con anterioridad, existe una relación de causalidad, habida cuenta que en la primera (sentencia interlocutoria) se condenó a la ahora quejosa para que dentro del término de veinte días contados a partir de que dicha resolución quedara firme, acreditara ante ese juzgado, que se encuentra en arrendamiento el local comercial ahí mencionado, apercibiéndola que en caso de no dar cumplimiento a la condena ahí impuesta, esa autoridad nombraría al señor José Francisco Bonifaz Gómez, para que ejecute la sentencia y sea quien se encargue de dar en arrendamiento dicho local; mientras que en el que ahora constituye el acto reclamado (acuerdo de doce de enero de dos mil diecisiete), la responsable ordena de nueva cuenta turnar los autos a la actuaria judicial adscrita al juez responsable, a efecto de que dé cumplimiento al proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se le ordena requerir personalmente a la aquí quejosa de cabal cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil dieciséis Por consiguiente, se encuentra colmado el primer presupuesto para considerar que el acto combatido en la presente instancia constitucional deriva de uno previo que fue consentido por la parte quejosa, consistente en que el segundo sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente. Ello, si se toma en consideración que el acuerdo reclamado tan sólo constituye la forma en que la responsable se encuentra requiriendo el cumplimiento a una sentencia condenatoria que le impuso una obligación, y como tal, guarda un vínculo innegable con dicha resolución de la autoridad jurisdiccional. En otro orden de ideas, de la lectura integra de la demanda denota que el acuerdo impugnado no es atacado por el quejoso por vicios propios, si no como consecuencia de la resolución interlocutoria multicitada, tan es así que discute el propio requerimiento ordenado por el juez del conocimiento en el resolutivo segundo de dicha resolución. De tal forma, emprender el estudio de la constitucionalidad del auto de doce de enero de dos mil diecisiete, y en su caso, estimarlo inconstitucional, implicaría efectuar un pronunciamiento que afectaría ineludiblemente al acto antecedente (sentencia interlocutoria), soslayando que el quejoso no la combatió a través del juicio de amparo. Lo anterior, si se parte de que el acuerdo reclamado, se erige como un mero requerimiento respecto de aquel que ya había sido ordenado con antelación, esto es, el resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria emitida en el juicio de origen el veinte de junio de dos mil dieciséis, por lo que, examinar la constitucionalidad del proceder de la responsable en el diverso auto de doce de enero de dos mil diecisiete, supone someter a estudio propiamente la parte relativa de dicha interlocutoria, lo que se estima inconcebible, atendiendo a que la litis en el juicio de amparo se define con los actos que expresamente se señalan como reclamados, no así por los que le antecedieron en tiempo y que por algún motivo no fueron combatidos por la parte quejosa. Por ende, se surte el restante presupuesto para considerar que una actuación deriva de otra consentida. En consecuencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
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