Lucero Alegría León

Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
94/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Lucero Alegría León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa LUCERO ALEGRÍA LEÓN, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales R.I.A.L, G.L.P.A y L.R.P.A; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la Juez de Control de la Región Judicial Ocho, con residencia en Cárdenas, Tabasco, un disco DVD de audio y video, derivado de la causa penal 313/2020, de su índice, el que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa debidamente asistida de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 94/2021-4, promovido por Lucero Alegría León en representación de los menores de iniciales R.I.A.L., G.L.P.A. y L.R.P.A. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes.??????????? PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofertadas por la quejosa consistentes en los originales de las actas de nacimiento de sus menores hijos de iniciales R.I.A.L., G.L.P.A. y L.R.P.A., que anexó a su escrito aclaratorio de demanda. Así mismo, se da cuenta con las documentales que acompañó la autoridad responsable juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, consistente en el acta mínima de la audiencia de revisión de medida cautelar de siete de enero de dos mil veintiuno, efectuada en la causa penal 313/2020 de su índice foja 92, así como un disco versátil digital DVD de audio y video que contiene la audiencia mencionada. Al respecto la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los alegatos formulados por Rolando Bolaina Uscanga, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Agencia Regional del Ministerio Público Especializado en Feminicidio en Cárdenas, Tabasco fojas 84 a 88 de autos, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. Sobre el particular, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos formulados por el citado fiscal, y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 94/2021-4, promovido por Lucero Alegría León por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales R.I.A.L., G.L.P.A. y L.R.P.A, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de enero de dos mil veintiuno (fojas 2 a 42), a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el veintinueve de enero siguiente en la Oficina de????????????? Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dos de febrero pasado, Lucero Alegría León por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales R.I.A.L., G.L.P.A. y L.R.P.A, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1. la RESOLUCIÓN EMITIDA EN AUDIENCIA DE FECHA 7 DE ENERO DE 2021, en la que el C. Juez de Control del municipio de Cárdenas, Tabasco me negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva por la de resguardo domiciliario que se le solicitó y justificó, dentro de la causa penal 313/2020 de donde emana el acto que hoy reclamo de inconstitucional. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN. En auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa en los siguientes términos: PRIMERO: Deberá acreditar la personalidad con que se ostenta, esto es, su carácter de representante de sus menores hijos de iniciales R.I.P.A, L.G.P.A y L.R.P.A, ya que omitió exhibir documento original o certificado para tal efecto. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 63, Octava Época, Tomo IX, Febrero de 1992, del Semanario Judicial de la DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". Asimismo, la jurisprudencia 782, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 868, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de Amparo Indirecto, Novena Época, Materia Común, del Apéndice 1917 - Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. SEGUNDO: Exhiba las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, ya que es un requisito previsto por el artículo 110 de la Ley de Amparo.????????????? TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previo cumplimiento de requerimiento de ratificación, el tres de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 94/2021-4; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Por auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Rosario Alegría León, Isaac Alegría León, y Rolando Bolainas Uscanga, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Agencia Regional del Ministerio Público Especializado en Feminicidio en Cárdenas, Tabasco reverso foja 68 y foja 69. Por lo que, mediante diligencias de uno de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el emplazamiento de los dos primeros fojas 144 a 147; y respecto del fiscal, éste se emplazó el ocho de marzo de dos mil veintiuno, como se desprende de la guía de estafeta en donde le fue entregado el oficio respectivo foja 79. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son??????????? éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte SCJN Decima Primera Sección Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. La resolución de siete de enero de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 313/2020, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, en la que se negó la modificación de la medida cautelar. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Juez Primero de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco foja 91, pues así se advierte del contenido íntegro de su informe justificado; inclusive, a efecto de evidenciar su constitucionalidad, adjuntó copia certificada del acta mínima de la audiencia de revisión de medida cautelar de siete de enero de dos mil veintiuno, efectuada en la causa penal 313/2020 de su índice, así como un disco versátil digital DVD que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, y en el cual se observa la audiencia correspondiente, a los que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad.??????????? Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia4 del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". 3 Décima Época. Registro: 2004362. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1. Materia(s): Común. Página: 703. 4 Publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Común, visible en la página 206, CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 625 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. En ese tenor, la impetrante de amparo aduce que el acto reclamado viola los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo??????????? 1) Al respecto sustancialmente refiere que el Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, no realizó el control de convencionalidad ni aplicó el principio pro persona respecto a la interpretación que hizo del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la modificación de la medida cautelar ya que desde que fue detenida dieciséis de octubre de dos mil veinte, dejó a sus tres menores hijos en custodia de su cuñado, toda vez que su esposo también fue detenido; pero que, su cuñado le manifestó que estaba imposibilitado para continuar cuidando a sus hijos, y que a la fecha no cuenta con familiares que puedan hacerse cargo de ellos; por lo que el juez de control no tomó en consideración los elementos particulares y específicos de la jurisprudencia 2017710. * Que no existen en la carpeta de investigación datos de prueba que demuestren que ella representa un peligro de sustracción o riesgo social. 2) Asimismo, refiere que el juez de Control responsable no aplicó el interés superior del menor, acorde a la jurisprudencia 2020401, por lo que, era obligación del juzgador evaluar el impacto de su resolución, por lo que no consideró que no cuenta con familiares que puedan atender a sus menores hijos. 3) Que la resolución de siete de enero de dos mil veintiuno, carece de motivación por la inadecuada valoración de los datos y medios de prueba, al concluir que no se acreditó que la persona que cuidaba a los niños no pudiera seguir haciéndolo, que con las actas de nacimiento y la CURP no se desprendía el riesgo de los menores, que no se demostró que los menores se encontraran en peligro, y no tomó en cuenta el informe del C-4 al señalar que no se incorporó de manera adecuada. 4) La falta de motivación por la inadecuada interpretación del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y estimar el juez responsable que la quejosa no estaba legitimada para solicitar la revisión de la medida cautelar y que el órgano jurisdiccional no estaba facultado para resolver acerca de la misma. Así, resultan infundados, sin que se advierta motivo alguno por el cual suplirlos en la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Para ello, resulta conveniente analizar el contenido de los artículos 14, segundo párrafo, 18, primer párrafo, 19, segundo párrafo, y 20, aparatado B, fracción I, constitucionales, que en la parte conducente preceptúan: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y?????????????? conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. B. De los derechos de toda persona imputada: IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. La trascripción que antecede, permite afirmar que si bien es cierto, el aludido artículo 14, prohíbe la privación de la libertad de una persona sin previo juicio, también es verdad que el diverso numeral 18, ambos de la ley suprema, autoriza la prisión preventiva de quienes se encuentren procesados por delitos que merezcan pena privativa de libertad, los cuales se establecen en el numeral 19 constitucional.???????????? Por ende, se debe considerar que se está en presencia de preceptos constitucionales con idéntica jerarquía normativa, asimismo, que los derechos humanos y las garantías que la constitución otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que la misma establece. Cobra aplicación a lo anterior, la siguiente jurisprudencia, derivada de la contradicción de tesis 293/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2006224, de texto y rubro, siguientes: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." Es preciso señalar que la prisión preventiva es una excepción justificable a las garantías de libertad y debido proceso legal (o de audiencia), así como también al principio de presunción de inocencia, en virtud de que esta figura jurídica, busca preservar el adecuado desarrollo del proceso, evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad, la posible evasión a la acción de la justicia y, como consecuencia, garantizar la ejecución de la pena. Se estima aplicable al respecto, la tesis aislada P. XVIII/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho, tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia constitucional; de epígrafe y contenido siguiente:????????? PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE. Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la privación de la libertad de una persona sin previo juicio, también lo es que el artículo 18 de la misma Ley Suprema autoriza la prisión preventiva de quienes se encuentren procesados por delitos que merezcan pena privativa de libertad; por tanto, dado que ambos preceptos son de igual jerarquía y que conforme al artículo 1o. de la propia Carta Magna las garantías que ella otorga no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma establece, la regla de que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio, se encuentra restringida en el caso de los procesados por delitos sancionados con pena privativa de libertad. Así, la prisión preventiva constituye una excepción justificable a las garantías de libertad y de audiencia previa, así como al principio de presunción de inocencia, previsto en el mismo artículo 14 constitucional, porque tiende a preservar el adecuado desarrollo del proceso y a garantizar la ejecución de la pena, así como también a evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad." En relación con el artículo 20 Constitucional antes transcrito, los artículos 153, 155, fracción XIII, 156, 157, 158, 159, 164, primero y segundo párrafos, y 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad d la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o Artículo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado????????????? Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida. Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares. La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de una persona, el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. Artículo 166. Excepciones En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social." (Lo resaltado es propio).?????????????? De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se tiene que el Juez de Control está facultado para resolver lo conducente respecto de las solicitudes de medidas cautelares, lo que deberá realizar en audiencia y con presencia de las partes; asimismo, está facultado a imponer las medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, en consonancia con el texto constitucional, ya sea una o combinar varias de ellas, e incluso imponer una diversa a la que sea solicitada, siempre que resulte adecuado al caso y no sea más grave que la que fue solicitada. Que las medidas cautelares que se pueden llegar a dictar en contra del imputado, serán impuestas por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad; que se evaluará el riesgo de sustracción del imputado, la que no podrá ser usada para la investigación del delito ni proporcionada al Ministerio Público. Por otra parte, el marco normativo aplicable a la solicitud de revisión o modificación de la medida cautelar se encuentra previsto, en lo que aquí interesa, en los artículos 161, 162, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el???????????? proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud." De los preceptos transcritos, se desprende con claridad la posibilidad de la revisión de la medida cautelar decretada, incluso bajo las reglas del sistema tradicional, bajo los parámetros del sistema de justicia penal acusatorio; empero, de los mismos, se desprende que tal revisión y posible modificación no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a un procedimiento. Atendiendo a lo antes expuesto, es que pueda determinarse que se considera infundado el primer concepto de violación que hace valer la quejosa Lucero Alegría León, en el que afirma que la Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, no realizó el control de convencionalidad ni aplicó el principio pro persona respecto a la interpretación que hizo del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la modificación de la medida cautelar ya que desde que fue detenida dieciséis de octubre de dos mil veinte, dejó a sus tres menores hijos en custodia de su cuñado, toda vez que su esposo también fue detenido; pero que, su cuñado le manifestó que estaba imposibilitado para continuar cuidando a sus hijos, y que a la fecha no cuenta con familiares que puedan hacerse cargo de ellos; por lo que la juez de control no tomó en consideración los elementos particulares y específicos de la jurisprudencia 2017710. Y, que no existen en la carpeta de investigación datos de prueba que demuestren que ella representa un peligro de sustracción o riesgo social. Ahora, atendiendo a que la quejosa se duele que la Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, no realizó el control de convencionalidad ni aplicó el principio pro persona respecto a la interpretación que hizo del artículo 166???????????? del Código Nacional de Procedimientos Penales, es necesario explicar lo siguiente: Primeramente, es conveniente referir que inicialmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que nuestro sistema jurídico solo admitía el control concentrado de constitucionalidad de leyes, y no el difuso, tal y como se corrobora en la jurisprudencia P./J. 74/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, Materia Constitucional, páginas 5, de rubro y texto siguientes: CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. Sin embargo, con motivo de la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto el criterio que antecede, como se advierte de la tesis aislada P.I/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, Materia Constitucional, página 549, que señala: "CONTROL DIFUSO. Con motivo de la entrada en vigor de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional modificados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, debe estimarse que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de rubros: CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Y CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. Bajo tal paradigma, los jueces y todas las autoridades pueden inaplicar las normas consideradas inconstitucionales o inconvencionales. No obstante, con posterioridad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que los tribunales o juzgadores solo pueden ejercer el control de regularidad constitucional ex officio en el ámbito de su competencia. Resolución de la que derivó las tesis P. IX/2015 10a. y P. X/2015 10a. del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,???????????? Décima Época, registros 2009816 y 2009817, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, páginas 355 y 356, que exponen: CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Por imperativo del artículo 1o., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. En estas circunstancias, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla." CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN. No corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito examinar, de oficio, la inconstitucionalidad de los preceptos que rigen en los procedimientos o juicios de los que deriva el acto reclamado, ya que tal asignación corresponde, en su caso, a las autoridades judiciales encargadas de su aplicación autoridades administrativas, jueces, salas de instancia, etcétera, pues sostener lo contrario, es decir, que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden, mediante un control difuso de regularidad constitucional declarar, en amparo directo, la inconstitucionalidad de disposiciones contenidas en leyes que rigen el procedimiento o juicio de origen generaría inseguridad jurídica para las partes, quienes parten de la base de que en el juicio han operado instituciones como la de preclusión, por virtud de la cual han ejercido los derechos procesales que les corresponden en torno a las decisiones emitidas por el juzgador, sin que deba soslayarse que el cumplimiento al imperativo prescrito en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a toda autoridad, en el ámbito de su competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no implica que puedan dejar de observarse los mecanismos???????????? jurisdiccionales previstos en el orden interno de los Estados para impugnar los actos de autoridad que pudieran considerarse violatorios de derechos humanos. Ahora, esta manera de ordenar el sistema no significa que se impongan límites a los tribunales de la Federación que por disposición constitucional tienen a su cargo el conocimiento de los mecanismos para la protección de la Norma Fundamental, para cumplir con el imperativo que ésta ordena ni que se desconozcan las obligaciones adquiridas en diversos tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano en el sentido de proteger en todo momento los derechos humanos de los justiciables, pues los órganos federales encargados de ejercer el control de regularidad constitucional concentrado cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con ese mandato, en cuya labor deben observar las reglas que tradicionalmente han normado las instituciones que tienen a su cargo, de manera que, en ejercicio de este control concentrado, pueden emprender el análisis sobre la constitucionalidad de una norma a partir de lo siguiente: (i) en respuesta a la pretensión formulada por el quejoso; (ii) por virtud de la causa de pedir advertida en el planteamiento de los conceptos de violación o en agravios; o bien, (iii) con motivo de la utilización de la institución de la suplencia de la queja deficiente, en términos de la Ley de Amparo que, en ciertas materias, permite ese análisis aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios. En las circunstancias apuntadas, no es que los órganos de control concentrado estén exentos de ejercer un control difuso, sino que sólo pueden hacerlo en los términos que la propia Constitución les faculta. Además, el Pleno del Más Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 1046/2012, concluyó que existen dos vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano concentrado y difuso, lo que explicó de manera gráfica como sigue:???????????? Hasta aquí, se obtiene que el control concentrado de constitucionalidad o convencionalidad de leyes, solo puede hacerse por los jueces y tribunales del Poder Judicial de la Federación; mientras que, el control difuso o ex officio de constitucionalidad o convencionalidad de leyes puede hacerse por todas las autoridades jurisdiccionales, para inaplicar una norma que rige el juicio de origen, sin declararla inconstitucional o inconvencional; pudiendo en este último caso también realizarlo un Tribunal del Poder Judicial de la Federación en un juicio de amparo, únicamente por lo que respecta a las normas que aplica. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la interpretación de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, estableció, entre otros, el criterio mayoritario relativo a que los Jueces del país están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, cuando sean contrarias a las contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bajo este esquema, surgió la figura denominada control de convencionalidad ex officio, misma que fue conceptualizada por el Alto Tribunal, al resolver el expediente varios 912/2010, en los términos siguientes: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. Este criterio abrió una nueva forma de control constitucional, al permitir que los juzgadores inapliquen aquellas normas que consideren contrarias a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales: el???????????? denominado control difuso. Esto, si bien, los Jueces ordinarios no pueden hacer una declaración general sobre invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Carta Magna), sí pueden dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados internacionales en esta materia. Así, el control de constitucionalidad que antes se concentraba en los órganos del Poder Judicial de la Federación, ahora con sus marcadas diferencias- se hace extensivo y obliga a todas las autoridades jurisdiccionales del país, a fin de que verifiquen si las leyes inferiores a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos respetan, protegen y garantizan las prerrogativas de las personas. Al respecto, se emitió la tesis P. LXIX/2011 9a. de rubro siguiente: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El control de la constitucionalidad y convencionalidad de normas generales por vía de acción está depositado en exclusiva en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos; ya sea porque así lo declaren con efectos permanentes en amparo indirecto, o bien, tratándose de la vía directa, ordenando solamente su inaplicación al caso concreto; todo ello mediante el análisis exhaustivo de los argumentos que proponga la quejosa en su demanda, o en los casos en que así proceda, en suplencia de la queja. El control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, tal como lo determinó el Tribunal Pleno, se ejerce de manera oficiosa, sí y solo sí, encuentran mérito para ello, escudándose en el imperio del cual están investidos para juzgar conforme a la Constitución. El control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, su competencia específica, se constriñe a dilucidar un conflicto en materia de legalidad, con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí, donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede realizar de oficio un contraste entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional es decir, llevar a cabo un control difuso en ejercicio de una competencia genérica; por lo que el control de constitucionalidad y convencionalidad difuso nace de la obligación derivada del criterio interpretativo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó??????????? sobre el contenido y alcances del artículo 1° de la Constitución Federal. Esto es así, porque los mandatos contenidos en el artículo 1° Constitucional, deben entenderse en armonía con el diverso 133 del mismo cuerpo normativo, para determinar el marco dentro del cual debe realizarse tal cometido, el que resulta esencialmente distinto al control concentrado que tradicionalmente opera en nuestro sistema jurídico, y explica que en las vías indirectas de control, la pretensión o litis no puede consistir en aspectos de constitucionalidad, pues ello sería tanto como equiparar los procedimientos ordinarios que buscan impartir justicia entre los contendientes, a los diversos que fueron creados por el Poder Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución con el propósito fundamental de resguardar el principio de supremacía constitucional. La diferencia toral entre ambos medios de control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el juicio de amparo es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda; en el control difuso, en cambio, tal tema no integra la litis que, según se explicó en párrafos anteriores, se limita a la materia de legalidad, pero por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el Juez ordinario puede desaplicar la norma que a su criterio no resulte acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una herramienta más en su importante labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, es decir, por razón de su oficio jurisdiccional y sin que medie petición alguna de parte. Sin embargo, es factible que las partes del juicio formulen argumentos en los que solicite al juzgador que ejerza control difuso respecto de una norma determinada. En ese caso, pueden suceder dos posibilidades: una, que el órgano jurisdiccional opine de manera coincidente con dicha parte y considere que ha lugar a inaplicar la norma y, otra, que no coincida con lo solicitado. En este último supuesto, si el tribunal considera que la norma no es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, bastará con que mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias; sin que sea necesario que desarrolle toda una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, pues la norma no le generó convicción que pusiera en entredicho la presunción de???????????? constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas de nuestro sistema. Esto es, no puede imponerse al tribunal la obligación de contestar de fondo los argumentos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que le hagan valer en la demanda, ya que tal proceder implicaría que la vía se equipare al control concentrado desvirtuándose, con ello, la distinción entre los dos modelos de control que como antes se explicó- están perfectamente diferenciados en nuestro sistema. No debe perderse de vista en este análisis que, a diferencia del juicio de amparo, que es un medio de control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, en el juicio ordinario, las partes no gozan de la titularidad de la acción para demandar la inconstitucionalidad de normas; en el ejercicio del control difuso, es al propio juzgador, en la vía ordinaria, a quien le compete en exclusiva emitir, en su caso, un juicio de inaplicación de una determinada disposición legal, cuando advierta que para poder decidir con respeto a la Constitución Federal, tiene que dejar de observar aquélla. Consecuentemente, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que, de acuerdo con el artículo 1°, en relación con el 133 Constitucionales, existe en nuestro sistema el control difuso, a través del cual cualquier órgano jurisdiccional puede inaplicar una ley para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales celebrados por México; no debe perderse de vista que en nuestro país prevalece un control concentrado, pues la propia Constitución Federal establece procedimientos de control constitucional directo, como son: el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, en los que, vía impugnación de normas, pueden plantearse temas de violación a derechos humanos, acerca de los cuales, el Poder Judicial Federal debe realizar un pronunciamiento expreso. Esto quiere decir que cuando se trata de procedimientos de control centralizado, el tema de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad de leyes forma parte de la litis, por petición expresa del promovente, y el Juez Federal está obligado a pronunciarse de forma directa sobre el mismo, pero cuando se refiere al ejercicio del control difuso, si bien se autoriza a las autoridades jurisdiccionales a realizar un análisis de constitucionalidad o de convencionalidad de normas, tal estudio es ajeno a la litis ordinaria, por lo que, en el caso de considerar que la ley no es contraria a la Constitución ni a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no puede exigirse al juzgador que desarrolle toda una justificación en ese sentido, pues esto equivale a convertir el control difuso en control concentrado de constitucionalidad; y sólo en los casos en que, motu proprio, considere la necesidad de inaplicar una norma de jerarquía inferior, podrá hacerlo.????????????? La posibilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción, al permitir hacer el contraste previo a su aplicación; por ello, el ejercicio del control difuso en el caso de que el órgano jurisdiccional considere que no existe mérito para inaplicar la ley no implica que los juzgadores desarrollen en su sentencia el estudio de la constitucionalidad de las normas que revisen, pues para cumplir con el principio de exhaustividad basta con que el concepto sea declarado inatendible o inoperante. En el presente juicio de amparo se impugna la resolución dictada el siete de enero de dos mil veintiuno por el Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, y se argumenta en su contra como concepto de violación que en esa misma fecha, el juzgador responsable confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, al considerar que no variaron de manera objetiva las circunstancias que dieron origen a la imposición de la medida cautelar en contra de Lucero Alegría León. El argumento toral de la quejosa es que el juzgador no realizó el control de convencionalidad ni aplicó el principio pro persona respecto a la interpretación que hizo el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues refiere en dicho concepto de violación que se le negó la posibilidad de modificar la media cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en el mes de octubre de dos mil veinte, no obstante que se cumplían los requisitos para ello, pues realizó una interpretación limitada y restrictiva de los supuestos de excepción de la aplicación de la prisión preventiva contenidos en el artículo 166 del Código multicitado. Y, que al emitir su resolución el juez responsable señaló que dicho numeral establecía la hipótesis de exclusión, y que la imputada no se ajustaba a ninguno de ellos; que la tesis de jurisprudencia 2017710, señalaba que debía de atender las circunstancias particulares, pero que esta solo se trataba de una tesis aislada; que la defensa no había probado las circunstancias particulares de la imputada; y, que no se solicitó la aplicación del control de convencionalidad del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien se había invocado por parte de la defensa el interés superior del menor, esto había sido de forma vaga, pues no se había desarrollado de una manera que pudiera autorizarle a que realizara una aplicación de dicho artículo. Así, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, esta juzgadora advierte que no se han vulnerado sus derechos fundamentales; pues los mismos han sido respetados y garantizados por la autoridad responsable de conformidad con el artículo 1º Constitucional, en virtud de que se encuentra acreditado que dicha responsable no estuvo en????????????? posibilidad de aplicar el control difuso de convencionalidad como lo refiere la quejosa en su concepto de violación, dado que no indicó cual era el artículo en concreto que actualizaba su planteamiento, ni el derecho humano infringido, la norma a contrastar y el agravio correspondiente. Al respecto cabe decir que no basta que la defensa invocara al interés superior del menor; lo anterior, porque si bien en términos de lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades del ámbito de sus competencias están obligadas a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, ello siempre y cuando advierta que una norma contravierte derechos humanos, lo que en el caso no aconteció, pues el juez consideró que la defensa si bien había invocado el interés superior del menor, no era suficiente para aplicar el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De forma que, si la determinación adoptada por el juez de Control no consideró potencialmente violatoria de derechos humanos y la defensora de la quejosa no expresó con claridad el derecho humano violado, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Ello se justifica en función de que las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme al sentido amplio, o en sentido estricto. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 4/2016 10a., de la Décima Época, registro 2010954, emitida por la Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, materia común, 1a./J. 4/2016 (10a.), página 430, que dice: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la????????????? presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto." Sirve también de apoyo la tesis aislada CCXC/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, que es del tenor siguiente: CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO. En atención a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición alguna de las partes; sin embargo, es factible que en un juicio contencioso el actor solicite que el juzgador ejerza control difuso respecto de alguna norma. En este caso, al existir un argumento de nulidad expreso, se dan dos posibilidades: 1) que el órgano jurisdiccional coincida con lo expuesto por el actor y considere que debe desaplicar la norma; y, 2) que no convenga con lo solicitado. En este último supuesto, si el órgano del conocimiento considera que la norma no es contraria a la 6 Época: Décima Época; Registro: 2010144; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: 1a.CCXC/2015 (10a.); Página: 1648 Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, bastará con que mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesaria una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, pues la norma no le generó convicción que pusiera en entredicho la presunción de constitucionalidad de la que gozan las disposiciones jurídicas de nuestro sistema; ello, porque no puede imponerse al juzgador natural la obligación de contestar de fondo los argumentos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que le hagan valer en la demanda, ya que ese proceder implicaría que la vía se equipare al control concentrado, desvirtuándose con ello la distinción entre los dos modelos de control que están perfectamente diferenciados en nuestro sistema. Por tanto, es inexacto considerar que en su demanda de amparo el quejoso deba combatir el análisis de constitucionalidad efectuado por la autoridad responsable, pues el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de las normas generales por vía de acción se deposita exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, tratándose de procedimientos de control concentrado, el tema de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad de leyes -planteado expresamente por el solicitante de amparo- forma parte de la litis y, por ende, el Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a pronunciarse de forma directa sobre éste. De ahí que los juzgadores de amparo deben abordar el estudio de constitucionalidad de leyes al dictar sentencia en amparo directo cuando estos aspectos sean planteados en los conceptos de violación, sin que los pronunciamientos que hubiese realizado la autoridad responsable en el juicio de nulidad, por medio del ejercicio del control difuso, limiten o??????? condicionen el ejercicio de las facultades del control concentrado. De modo que, la declaratoria de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de los preceptos que rigen en los procedimientos o juicios corresponde a las autoridades judiciales encargadas de su aplicación, a través del control difuso, el cual también puede ser ex officio, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica. Resultan ilustrativas, por analogía, las consideraciones que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1046/2012: pues sostener lo contrario, es decir, que los Tribunales Colegiados sí pueden, mediante un control de regularidad constitucional difuso, declarar, en amparo directo, la inconstitucionalidad de disposiciones contenidas en leyes que rigen el procedimiento o juicio de origen llevaría a generar una inseguridad jurídica para las partes, quienes parten de la base de que en el juicio han operado instituciones como la de preclusión, por virtud de la cual las partes han ejercido los derechos procesales que les corresponden en torno a las decisiones emitidas por el juzgador, pues no debe soslayarse que el cumplimiento al imperativo prescrito en el artículo 1° constitucional que obliga a toda autoridad, en el ámbito de su competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no implica que puedan dejar de observarse los mecanismos jurisdiccionales previstos en el orden interno de los Estados para impugnar los actos de autoridad que pudieran considerarse violatorios de derechos humanos, sobre lo cual la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el caso, como ya se dijo, la quejosa adujo en su demanda que el acto reclamado resulta inconstitucional habida cuenta que la resolución que no modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de siete de enero de dos mil veintiuno, es violatoria de sus derechos fundamentales previstos en el artículo 20, apartado B, de la Constitución, y que conculcó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 5 apartados 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los numerales 1.1, 2.1, 4.1, 6.1, 11 a 14, de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas o penas crueles, inhumanos o degradantes; y los diversos artículos 1, 2,?????????????? 3, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por ser un asunto de carácter penal y encontrarse involucrados tres menores de edad, por lo que la autoridad (según la quejosa) estaba obligada en caso de existir algún tipo de deficiencia en suplirla e inaplicar en beneficio de sus tres menores hijos, el artículo 166 del Código Nacional, ello atendiendo al interés superior del niño, que se encuentra reconocido en la Convención de los Derechos del Niño7. Lo que resulta totalmente infundado, pues como ya se especificó, la defensa en la audiencia de revisión de medidas cautelares, en ningún momento solicitó la aplicación del control de convencionalidad, ni tampoco hizo referencia cual era la norma de derecho interno que debía contrastarse con la internacional para así establecer que debía prevalecer la protección internacional; lo anterior, porque si bien en términos de lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a interpretar las normas relativas a derechos humanos de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, ello, siempre y cuando advierta que una norma contraviene derechos humanos, lo que en el caso no aconteció. 7 Foja 14 de autos. El segundo concepto de violación, también resulta infundado, pues refiere la quejosa que el juez de Control responsable no aplicó el interés superior del menor, acorde a la jurisprudencia 2020401, por lo que, era obligación del juzgador evaluar el impacto de su resolución, por lo que no consideró que no cuenta con familiares que puedan atender a sus menores hijos, porque su hermana Gabriela también se encuentra recluida, y que sus hermanos Diana y Gabriel también aparecen en la carpeta de investigación; y que la persona que está al cuidado de sus hijos se encuentra imposibilitada para hacerlo; y, que su madre Rosario y su hermano Isaac son las personas que la acusan. El concepto de violación, conduce a realizar las siguientes consideraciones. El artículo 4° de la Constitución Federal, en relación a la obligación del Estado, de proteger el derecho de menores de edad, dice: ".En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez????????? En los artículos 3, 9, 12, 19 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se prevé: Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. artículo 19 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. Artículo 27 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad????????????? financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados." Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Articulo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. De conformidad con lo establecido en el artículo 4º Constitucional, y la citada Convención, el interés superior del menor debe entenderse el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativas, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. De la adopción de la mencionada convención se deriva la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4 Constitucional, como lo es el interés superior de los niños, que se estableció como principio central. En los artículos 4, 7, 41 de esa Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece lo siguiente: "Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos.??????????????? De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos. El Gobierno Federal promoverá la adopción de un Programa Nacional Para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes. Artículo 41. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de: A. Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. B. Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad. En tales condiciones, en toda contienda judicial, en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, se debe resolver atendiendo al principio básico "interés superior del niño". Sin embargo, la obligación de los Jueces de atender el citado principio protector de los menores de edad, no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver positivamente cada una de las peticiones o acciones que se ejerzan en representación de los niños y adolescentes, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia y de fondo previstos, por lo que el principio de "interés superior del menor, por sí mismo, resulta insuficiente para declarar procedente lo improcedente. Así entonces, resulta inaplicable la Jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2020401, que dice: DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño, lo que significa que, en cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a??????????????? la nacionalidad, entre otras deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate."8 Por cuanto hace al interés superior del menor, éste resulta un principio orientador para darle sentido a la norma en cuestión, en la que se toma en consideración los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de estos previstos en la constitución y tratados internacionales, su no discriminación, participación y derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo9. ¿Y en específico en qué repercuten la cuestión procesal El interés superior del menor, también tiene la acepción de derecho y se traduce en una norma de procedimiento que obliga a los juzgadores a tomar en cuenta las características específicas de la infancia, que son muy distintas a las de los adultos, y que repercuten en la forma en que un niño o un 8 Dicha tesis fue objeto de denuncia relativa a la contradicción de tesis 227/2020 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de treinta de octubre de dos mil veinte. 9 Principios fundamentales dela Convención sobre los Derechos del Niño, visibles en https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-losderechos de-lainfancia/? gclid=Cj0KCQjw2or8BRCNARIsAC_ppybww6i73jTrHrlgPdChAI5tY9A0_9wg_K5LFUrp ASMFWn3PVdf_PLMaAuwEEALw_wcB. adolescente participa en un proceso judicial, de manera determinante, en cómo participa, en la forma en la que rinde su testimonio, en cómo lo procesa, en cómo saca conclusiones, etc. Por tanto, las decisiones judiciales en las que se emitan conforme al interés superior del menor, deben evaluarse caso por caso, conforme a la situación específica del niño, niña o adolescente, para ello debe tomarse en cuenta el contexto en que se desarrolla. Sin embargo, debe aclararse que el Juez de Control responsable al momento de resolver sobre la revisión de la prisión preventiva oficiosa, no se encontraba en aptitud de analizar el interés superior de los menores, tomando en consideración que dejó establecido que de acuerdo al artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a la tesis aislada 2017710 de rubro: RESGUARDO DOMICILIARIO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y ACUSATORIO ORAL, era necesario que el imputado o en este caso la imputada acreditara una condición personal y particular que hiciera imperioso que su procesamiento se llevara a cabo en su domicilio, además de que su imposición no implicara un peligro de que ésta pueda sustraerse de la acción de la justicia o un riesgo social, pues dejaba en claro que el criterio de la tesis se trataba de un criterio aislado, por lo que se trataba de un criterio orientador pero no de cumplimiento obligatorio. Además, correctamente consideró que la defensa no acreditó las circunstancias particulares que??????????? hicieran necesaria la medida cautelar en el domicilio, pues la solicitud la hizo sustentada en el hecho de que se tienen tres menores de edad que están en reguardo de un familiar en Ciudad del Carmen, Campeche, que estos cuentan con edades de cinco a once años, y que la persona que los tiene a su cargo le ha manifestado a la quejosa de que ya no le es factible hacerse cargo de éstos por circunstancias diversas. Que esas circunstancias únicamente fueron sostenidas por la propia imputada, por lo que, él como juzgador no tenía la certeza que dicha inculpada tuviera una madre de nombre Rosario Alegría León, que además tiene otros dos hermanos, y tampoco tiene la certeza de que exista la necesidad de otorgarle el cumplimiento en el domicilio de la medida cautelar de prisión preventiva sea de beneficio para los menores. En primer lugar, porque la medida cautelar sigue siendo prisión preventiva, la imputada no va a tener manera de salir a trabajar, de llevar a los menores al colegio, de salir y llevarlos a algún médico, a una revisión, pues nada de eso sería posible, pues, al contrario como bien lo dijo el juez responsable, sería un riesgo el hecho de que Lucero Alegría León va a estar en un domicilio bajo supervisión policial, con agentes policiales que estarán resguardando el domicilio y los menores. Pues la defensa no explicó de qué manera se va a garantizar el acceso a sus derechos de educación, a la salud, al libre esparcimiento, por lo que acertadamente consideró que en esa audiencia no se estableció que la prisión preventiva en el domicilio sea la mejor manera de proteger o tutelar los derechos de los menores. Por otra parte, destacó que sería discriminatorio conceder esta medida o modificación de medida a la imputada Lucero y no al padre de los menores quien también se encuentra privado de la libertad bajo prisión preventiva, quien se encuentra en igualdad de circunstancias. No obstante todo lo anterior, esta juzgadora considera correcta la determinación del juez de Control responsable, dado que sí tomó en consideración las condiciones particulares de la imputada, así como los elementos que refiere en su concepto de violación (elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales), puesto que la quejosa no debe perder de vista que se encuentra privada de su libertad por el delito de feminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa, pues no es un dato positivo que influya en el crecimiento personal, social y cultural de los menores, pues la conducta antisocial por la que se encuentra privada de la libertad en nada beneficia a los menores, por el contrario, generaría un estado de incertidumbre para los menores el ver policías cuidando su casa y una afectación psicológica irreversible, pues de atender al interés superior del menor, la imputada Lucero Alegría León sería la persona menos indicada para el cuidado y educación de dichos menores, pues jamás se lograría el desarrollo integral de personalidad que refiere en su concepto de violación.????????????? Por lo anterior, es que como se indicó deviene infundado el argumento de la quejosa, pues esta no acreditó que los menores se encuentren en peligro como lo refiere en su declaración, y tampoco se estableció que existiera algún impedimento para que Rosario Alegría León o alguno de los familiares pudiera hacerse cargo de los menores, ello, porque no desahogó ningún dato o elemento probatorio con el que se demostrara tal circunstancia. Pues el hecho de que haya manifestado que quien se encontraba al cuidado de sus hijos era su cuñado (esposo de su hermana), quien a su vez tenía cinco hijos y que ya no podía seguirlos cuidando debido a que se lo había manifestado por vía telefónica, no era suficiente, pues no existió ningún testimonio o manifestación por parte de la persona que se encontraba al cuidado de los menores. Así como, tampoco acreditó por qué situación o bajo qué circunstancias los menores de edad se encontraban en riesgo e inestabilidad. Finalmente, el hecho de que haya manifestado que su hermana Gabriela se encontraba recluida, y que sus hermanos Diana y Gabriel se encontraban huyendo de la justicia por tener una posible orden de aprehensión girada en contra de éstos, tampoco es motivo suficiente ni creíble para que otros familiares puedan cuidar a sus menores hijos. Pues el hecho de que su hermano Isaac y su madre Rosario sean las personas que la acusan, no es impedimento para que estos en determinado momento puedan abocarse al cuidado de los tres menores. En su tercer concepto de violación, se duele de la falta de motivación por inadecuada valoración de los datos y medios de prueba, el cual a consideración de esta juzgadora deviene totalmente infundado por los motivos que a continuación se exponen. La quejosa refiere que el Juez de Control no valoró adecuadamente el material probatorio como lo es su declaración en dicha audiencia, las actas de nacimiento de las dos menores Geraldine y Renata, y la Curp del menor Rodrigo; y, que no se tomó en cuenta la documental pública emitida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones consistente en el informe del C-4 al señalar que no se incorporó de manera adecuada. Sin embargo, esta juzgadora comparte el criterio establecido por el juez responsable al emitir su resolución, pues éste estableció que con las actas de nacimiento de las dos menores y la Curp del menor varón existiera ese riesgo a que se hizo mención la defensa, pues estas resultaban argumentaciones sostenidas con la declaración aislada de Lucero Alegría León; y, en cuanto al informe de C-4, correctamente dijo que no lo podía tener en cuenta porque había sido incorporado legalmente, dado que no había sido objeto de reconocimiento de nadie, y por tanto su lectura contravenía las reglas específicas de incorporación de los medios de prueba la documental. ??????????????? Por último, en el cuarto concepto de violación es totalmente infundado, pues la quejosa reclama la falta de motivación por la inadecuada interpretación del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Según la quejosa, la audiencia de revisión de medida cautelar carece de motivación porque el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplaba la imposición de la medida cautelar, así como por qué delitos procede la prisión preventiva de oficio, y el fiscal cuente con la facultad de solicitar de que esta no se imponga, lo cual ya había ocurrido en la audiencia de octubre de dos mil veinte. Así mismo, que se encontraba ante un supuesto distinto, puesto que el artículo 161 del referido código establece la posibilidad del imputado de solicitar la revisión de la medida cautelar, y que la resolución para otorgarla corresponde al órgano jurisdiccional, por lo que la modificación que solicitó ante el juez responsable fue la de cambiar la prisión preventiva de la fracción XIV, por el resguardo domiciliario de la fracción XIII, ambos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a las circunstancias particulares del caso y en pro del interés superior del menor. Para una mejor comprensión, se trae a colación lo expresado por el juez de Control en la audiencia de revisión o modificación de medida cautelar de siete de enero de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 313/2020, que dice: debo señalar que en este caso el artículo 167 establece que el juzgador no impondrá la prisión preventiva aunque sea oficiosa siempre y cuando haya un requerimiento de la fiscalía, de que no se aplique, porque no resulte proporcional o no exista realmente un riesgo que justifique su aplicabilidad, pero esa es una facultad de la fiscalía solicitar al juez que se exceptúe a determinada personas de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, o sea no me pertenece a mi juzgar si ella es merecedora o no de esa excepción, a quién le corresponde, al fiscal y como el fiscal no se ha pronunciado sobre ese punto, sobre ese tema, pues yo no puedo ir más allá de mis facultades, corresponderá a la fiscalía del estado determinar si puede ella ser beneficiaria o no, de esa, de esa hipótesis de excepción del 167, entonces, dicho lo anterior, legalmente yo no advierto que tenga facultades para legislar y agregar una hipótesis más al cumplimiento de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en domicilio, tampoco se demostró durante el debate con las actas de nacimiento y la curp, la existencia de ese riesgo a que se hizo mención por parte de la defensa, son solamente pues argumentaciones sostenidas, solamente con la declaración aislada de Lucero Alegría León y nada más Pues bien, esta juzgadora no puede advertir una falta de motivación, si no por el contrario, el juez de la causa dio respuesta a las manifestaciones realizadas por la defensa en donde le dejó en claro que el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que sólo podrá solicitar al juez de Control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el????????????? juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Ello, con la finalidad de dejar en claro a las partes que la quejosa no se encontraba en ninguno de los supuestos del artículo 166 del Código multicitado, esto es, que la imputada fuera una persona mayor de sesenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia; pues la defensa pretendía que de acuerdo a dicho numeral se llevará a cabo la medida cautelar en domicilio bajo el criterio de una tesis aislada con registro 2017710, y se modificara la medida que le había sido implementada a la quejosa Lucero Alegría León en la audiencia de vinculación a proceso; así entonces, el juez de la causa dejó en claro que no podía modificar la literalidad del artículo 166, puesto que esa era una facultad del ministerio público acorde al numeral 167, y atendiendo a que la tesis que se invocaba se trataba de un criterio aislado, el cual establecía que era necesario que la imputada acreditara una condición personal y particular que hiciera imperioso su procesamiento se llevara a cabo en su domicilio, pues dicha quejosa tampoco acreditó en la audiencia de revisión de medida cautelar esa condición a que hace referencia la tesis aislada de rubro "RESGUARDO DOMICILIARIO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y ACUSATORIO ORAL. En ese orden de ideas, resulta claro que, con lo expuesto por la parte quejosa no se demuestra que el acto reclamado se hubiere efectuado con violación de los parámetros de control aplicables (legalidad, constitucionalidad y convencionalidad), en tanto el proceder de la autoridad responsable se ajustó a la normatividad correspondiente, con respeto los derechos fundamentales de las partes, previstos en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20 constitucionales y sus equiparables artículos 8, apartado 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; de ahí lo decidido en torno a quien promueve este juicio para la tutela de los derechos de rango máximo, en los términos analizados; además de que la emisión de un acto desfavorable a los intereses de la parte impetrante, no es un dato que objetivamente conduzca a estimar que sea irregular en su agravio. Así, el principal acto reclamado es apegado a derecho y a las constancias que integran el expediente natural, pues dadas las razones que anteceden, se advierte su apego a la normatividad aplicable, en tanto que ni aun al ponderar los alcances de los derechos fundamentales cuya violación se aduce, conforme al principio interpretativo pro homine o pro persona, consubstancial de la labor hermenéutica que corresponde a los derechos tutelados en la Norma Suprema, puede llegarse a una conclusión diversa a la ya alcanzada, sin haberse soslayado que esta juzgadora federal tiene el imperativo de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ese modo, se reitera, la emisión de un acto desfavorable a los intereses de la parte quejosa no???????????? constituye un dato que por sí solo, objetivamente considerado, conduzca a sostener su exclusión del orden jurídico (legal, constitucional y convencionalmente estimado) al que se integra, en tanto norma individualizada para el caso concreto. Así, es inconcuso que ni aun en el actual contexto de protección de los derechos fundamentales podría acogerse la pretensión de que se conceda la protección de la justicia federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 772, del Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006485, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se deba resolver favorablemente a los intereses de quien promueve la acción de amparo. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales y de los recursos legalmente previstos en la Ley de Amparo, deben tenerse presentes todas las particularidades que se implican en la emisión de las determinaciones respectivas; esto es, deben acatarse todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde.?????????????? Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Fundamental, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad les corresponde, y a través de esa función deban tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada deben ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos de rango máximo, pero siempre conforme a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. "DERECHOS HUMANOS. LA PREVISIÓN DE QUE SU TUTELA SÓLO PUEDE DESPLEGARSE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO NO ES UNA RESTRICCIÓN A SU EJERCICIO, SINO UNA HERRAMIENTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA SU PROTECCIÓN. Si en el juicio de amparo se alega la violación de un derecho humano, ello no puede ser motivo para que, so pretexto de que se logre la mayor protección de la persona y se cumplan las obligaciones constitucionalmente previstas para el Estado Mexicano, se soslayen normas que en el derecho interno establecen los procedimientos y competencias de los órganos jurisdiccionales, ni las del derecho sustantivo que resulte aplicable, pues si bien conforme al artículo 1° constitucional todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, todo ello está delimitado por el ámbito de sus propias formas y competencias, establecidas para la eficacia de los derechos sustantivos; sin que ello conduzca a considerar que la delimitación constitucional para el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de derechos humanos, implique una restricción para su ejercicio, sin embargo sí se está en presencia de una norma que posibilita y a su vez condiciona el funcionamiento del sistema diseñado para la tutela de los derechos humanos, y con ello el cabal cumplimiento de tales imperativos, circunscribiendo al proceder al ámbito competencial de las autoridades del Estado, ello para evitar la nseguridad jurídica que implicaría dotar de eficacia, sin ninguna sujeción, a los derechos humanos que integran el parámetro de regularidad constitucional en el Estado Mexicano; pues de lo contrario se generaría el caos en el sistema, al permitirse que la autoridad, con ese pretexto, actuara fuera de todo control; lo que los órganos de amparo no deben propiciar ni permitir". Por otra parte, se advierte que la quejosa para justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, invoca las tesis de rubros: RESGUARDO DOMICILIARIO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA QUE PROCEDA ESTA MEDIDA CAUTELAR, ES NECESARIO QUE EL IMPUTADO ACREDITE UNA CONDICIÓN PERSONAL Y PARTICULAR QUE HAGA IMPERIOSO QUE SU PROCESAMIENTO SE LLEVE A CABO EN SU DOMICILIO Y, ADEMÁS, QUE SU IMPOSICIÓN NO IMPLIQUE EL PELIGRO DE QUE PUEDA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA O UN RIESGO SOCIAL. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.?????????? PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGEN.CIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS. "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN 11, INCISO A DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE CONSIDERANDO EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Sin embargo, en la especie resultan inaplicables toda vez que como se delimitó en párrafos anteriores, la revisión de la medida cautelar -prisión preventiva oficiosa-, se encuentra ajustada a derecho pues con los datos de prueba ofertados por la quejosa no se acreditó la necesidad de la medida, dado que no se encuentra en los supuestos del numeral 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales como se ha explicado en el cuerpo de esta sentencia, asimismo, no puede invocar el interés superior del menor en un caso en donde se le instruye un delito grave, aunado a que los menores pueden quedar al cuidado de los familiares como ya se ha dicho. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Página 847, Registro 2016525, Décima Época, de rubro y texto siguientes: TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún????????? precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable. Por último, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado Rolando Bolaina Uscanga, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Agencia Regional del Ministerio Público Especializado en Feminicidio en Cárdenas, Tabasco, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. Por esas razones, se concluye que la determinación que declara improcedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada es razonable, excepcional, proporcional y necesaria, y que no vulnera el principio de presunción de inocencia en su regla de trato procesal, pues que se ajustó a los fines legítimos previstos en la Carta Magna y en la ley secundaria aplicable, al no haber variado de manera objetiva las condiciones para su imposición. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, y toda vez que el acto reclamado no transgrede los derechos humanos de la aquí quejosa, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos.?????????????? Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, así como sexto transitorio de la Ley de Amparo, se. R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Lucero Alegría León, por sí, y en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales R.I.A.L., G.L.P.A. y L.R.P.A, por los motivos expuestos en el considerando QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa debidamente asistida de Raúl Gamboa Barradas, secretario que autoriza y da fe. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista la certificación de cuenta se advierte que en proveído de diecisiete de junio pasado, mediante oficio 16845/2021 se requirió al Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, el acta de audiencia así como el disco en formato DVD, que contenga el audio y video en donde se impuso la medida cautelar a la quejosa Lucero Alegría León, en la causa penal 313/2020, sin que obre constancia que haya recibido dicha misiva y tampoco informe relacionado con el mismo. Al respecto, se instruye al actuario que corresponde las notificaciones del presente expediente, verifique la entrega del referido oficio, a la oficialía de partes y requiera a ésta la respectiva guía, la escanee e ingrese al expediente electrónico. Para dar oportunidad a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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