Lucero Méndez Franco

Expediente 489/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 28 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
489/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Lucero Méndez Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación que antecede, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Incidental

    MESA6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; de la certificación de cuenta se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta fecha se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo; por tanto, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, ARCHÍVESE el presente cuaderno incidental.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 489/2022-6, promovido por ***********, contra actos del Juez Tercero Civil del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el cuatro de abril de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el seis siguiente y turnada a este órgano jurisdiccional el siete de abril posterior, Lucero Méndez Franco, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y por el acto que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ TERCERO CIVIL DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE CÁRDENAS, TABASCO. ACTO RECLAMADO: La Sentencia Interlocutoria dictada al resolver el Recurso de Reconsideración misma que se dictó con fecha dos de marzo del año 2022, dentro del auto del expediente No. 851/2021 del Juzgado Tercero Civil, relativo al juicio especial de cancelación de pensión alimenticia y notificada con fecha dieciséis de marzo de 2022." SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó su registro bajo el expediente 489/2022-6, y se previno para que la parte promovente manifestara si la presente demanda de amparo la promovía por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales R.R.M. y V.R.M., o únicamente por propio derecho. Cumplido el requerimiento de mérito, ya que la quejosa indicó que promovía la presente demanda de amparo únicamente por propio derecho, por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El seis de junio de dos mil veintidós, se emplazó al tercero interesado a Rubén Ronquillo Porta, mediante exhorto enviado al Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La sentencia interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juez responsable dentro del expediente civil 851/2021, que declara improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de seis de enero del año en curso. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con las constancias que acompañó consistentes en copias certificadas del expediente 851/2021 (un tomo) de su índice; las cuales obran por cuerda separada y bajo el resguardo de este órgano jurisdiccional para su consulta. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: 1. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en Cárdenas, Rubén Ronquillo Porta, demandó en la vía ordinaria civil, Juicio de Cancelación de Pensión Alimenticia, en contra de Lucero Méndez Franco (fojas 1 a 7 del tomo de pruebas). 2. De dicha demanda tocó conocer al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con sede en Cárdenas, quien por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, la admitió y registró con el número 851/2021 de su índice; asimismo, en dicho proveído se ordenó emplazar a la parte demandada en el domicilio señalado en autos, a efecto de que en el término de nueve días diera contestación a la demanda incoada en su contra (fojas 46 a 48 del tomo de pruebas). 3. En diligencias de quince de septiembre de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio a los demandados Lucero Méndez Franco, Raúl Ronquillo Méndez y Valeria Ronquillo Méndez (fojas 55 a 61 del tomo de pruebas). 4. Posteriormente, en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, el Juez responsable, tuvo por recibido el escrito de los citados demandados Lucero Méndez Franco, Raúl Ronquillo Méndez y Valeria Ronquillo Méndez, a través del cual dieron contestación a la demanda, opusieron excepciones y objeción de documentos, además ofrecieron diversos medios probatorios en dicho expediente (fojas 70 a 72 del tomo de pruebas). 5. Después, la parte demandada solicitó al juzgado responsable la suspensión del juicio de origen (Juicio Especial de Cancelación de Pensión) con motivo de la existencia del Juicio de Divorcio Incausado 102/2021 de su índice, promovido por el propio actor, ya que adujo que diversas prestaciones reclamadas en este último controvertido, van encaminadas a la cancelación de la pensión alimentaria que se decretó en su favor, solicitud que fue desechada por la responsable mediante acuerdo de seis de enero del año en curso (foja 102 del tomo de pruebas). 6. Seguidamente, Roberto Hernández Rodríguez, autorizado de los demandados, inconforme con el dictado del referido auto de seis de enero del presente año, lo impugnó mediante el recurso de reconsideración, ordenándose dar vista a la parte actora incidentada, a fin de que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera (foja 120 del tomo de pruebas). 7. Finalmente, el dos de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable dictó sentencia interlocutoria en la que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la quejosa en contra del citado auto de seis de enero de dos mil veintidós, en los términos siguientes: RESUELVE: Primero. Como este juzgado es competente para resolver del juicio en lo principal, también lo es para resolver lo accesorio. Segundo. Por los argumentos vertidos en el considerando III de esta interlocutoria, se declara improcedente el recurso de reconsideración, promovido por el licenciado Roberto Hernández Rodríguez, en contra del punto tercero del auto del seis de enero del año en curso, el cual se declara firma, para los efectos legales a que haya lugar. Tercero. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de esta oficina." La anterior sentencia interlocutoria constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado se procede al análisis de los conceptos de violación. Al no advertirse causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público lo aleguen o no las partes, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tienen por transcritos en este apartado, los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no existe precepto legal que obligue al Juzgador a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese tenor, se procede a sintetizar los motivos de disidencia que hace valer la peticionaria del amparo, en los que esencialmente señala los siguientes agravios: El juez responsable viola sus derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, así como los consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que al momento de emitir la resolución reclamada tomó aspectos que no adujo cuando desechó la solicitud de suspensión del procedimiento del juicio 851/2021 de su índice. La responsable indicó que tomaba en consideración para negar la suspensión del procedimiento del juicio de origen, lo señalado por el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles, el cual establece que el juez resolverá sobre los alimentos de los cónyuges y los hijos, sin que haya determinado la reducción o cancelación, por lo que, si la ley no establece dicha situación, no puede apoyarse en dicho numeral para justificar la no cancelación del procedimiento del referido expediente civil. En el auto de seis de enero del año en curso, en donde se desechó la solicitud de suspensión del procedimiento del referido juicio natural, el juez responsable no estableció que realizó una revisión del expediente 102/2021 relativo al Juicio de Divorcio Necesario, específicamente al diverso juicio de amparo 1452/2021, el cual fue sobreseído por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, y que se encuentra actualmente ante el Tribunal de Alzada con motivo del recurso de revisión que interpuso, situación que si fue invocada en la resolución reclamada, por lo que, ello no debió ser tomado en consideración por el juzgador de origen al resolver la interlocutoria de la que se duele la impetrante. Es infundado uno e inoperantes los otros conceptos de violación, mismos que se analizan en conjunto, por su estrecha vinculación, sin que se advierta motivo alguno que obligue a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. Asimismo, se precisa que la parte quejosa en su escrito de demanda se concretó a señalar como garantías constitucionales violadas los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al considerar violados en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución Federal, al haberle declarado improcedente el recurso de reconsideración que promovió dentro del expediente de origen. Ahora bien, a fin de corroborar lo infundado del concepto de violación que se analiza marcado con el número 1), resulta pertinente tener en cuenta que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tal disposición constitucional se infiere la garantía de legalidad que obliga a las autoridades -entre otras cosas- a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, lo que implica: 1. Citar los preceptos normativos en que apoyan su actuar; y 2. Indicar las consideraciones que las llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como finalidad que los gobernados puedan atacar esos fundamentos y motivos si no son correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Bajo esta perspectiva, para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional, en él se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; y, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, las autoridades, sea cual fuere su naturaleza, pero principalmente las jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundadas y motivadas; es decir, deben precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado, ya que sin la formalidad descrita resultan ilegales. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por su parte, el numeral 324 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, establece: "ARTICULO 324.- Congruencia. Las sentencias deberán ser congruentes con las acciones y excepciones deducidas oportunamente en el proceso y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los puntos litigiosos, se hará la debida separación de cada uno de ellos." En el precepto legal transcrito está contenido el principio de congruencia que debe regir a toda sentencia o resolución que emita el Juez o Tribunal en su caso; principio que radica, esencialmente, en que el fallo sea congruente no sólo consigo mismo sino también con la demanda y contestación y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; lo cual implica, por una parte, que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia dentro de un procedimiento civil se haga atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación o, en su caso, en el recurso y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.1o.A. J/9, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 764, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." En el caso, el juzgado responsable en la sentencia interlocutoria reclamada (dos de marzo de dos mil veintidós) que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la aquí quejosa, en contra del proveído de seis de enero del año en curso, determinó declararlo improcedente; ello, bajo los argumentos siguientes: En particular, el juzgado responsable previo a resolver los motivos de inconformidad estableció el contenido del artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de Tabasco, el cual señala: ".ARTÍCULO 508.- Facultades del Juzgado: En los juicios de divorcio necesario, la sentencia resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, división de los bienes comunes, alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las partes no lo hayan pedido. Para ello desde la iniciación del procedimiento el juzgador deberá recabar de oficio los medios de prueba que sean pertinentes para decidir sobre tales cuestiones." Sostuvo que no procede la suspensión del procedimiento del citado juicio de origen 851/2021, relativo al Juicio Especial de Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por el tercero interesado Rubén Ronquillo Porta, toda vez que si bien es cierto que en el diverso Juicio de Divorcio Necesario 102/2021 de su índice, también promovido por el citado tercero interesado (actor), dicho promovente solicitó como prestación la cancelación de la pensión que hoy se demanda en este mismo juicio, cierto también lo es que el numeral 508 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, señala que debe resolverse la cuestión de los alimentos del cónyuge y los hijos, lo que no fue resuelto en el referido juicio de divorcio, pues en el acuerdo de uno de septiembre del año próximo pasado, dictado en el expediente 102/2021 los alimentos ya se encontraban garantizados en el expediente 225/2009, luego entonces la cancelación solicitada dentro del referido expediente de origen es improcedente, dado que esto debe hacerse valer en la vía especial por tratarse de un juicio de alimentos, y el divorcio se ventila en la vía ordinaria, tal y como lo prevé el cuerpo de leyes de la materia, vías que resultan incompatibles, además que la cancelación de los alimentos solicitada como prestación en el juicio de divorcio es también interpuesta en contra de los hijos de las partes, los cuales no tuvieron intervención en el mencionado juicio de divorcio, dado que no fueron llamados. Asimismo, determinó que tampoco es posible la suspensión del procedimiento en virtud que de la revisión a los autos del expediente 102/2021 relativo al juicio de Divorcio Necesario, específicamente al juicio de amparo 1452/2021-VIlI, que refirió la recurrente se advierte que con fecha once de febrero del dos mil veintidós el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante resolución sobreseyó el citado juicio de amparo promovido por la quejosa Lucero Méndez Franco, por tanto al fundamentar la suspensión del presente procedimiento en virtud del amparo interpuesto, y toda vez que fue sobreseído, por lo que, el presente juicio de origen está en condiciones de seguir su curso sin suspender el procedimiento y en su momento procesal oportuno será resuelto de manera definitiva, sin que se actualice la fracción Il del artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Bajo ese contexto, del análisis comparativo de las consideraciones que rigen el sentido del acto reclamado, se observa que en la resolución sujeta a estudio se respetó el principio de congruencia que contempla el artículo 324 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco en vigor, pues se resolvió con base en lo solicitado en autos. De igual forma, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que el juzgado responsable citó los preceptos que estimó aplicables; además, de que expuso los razonamientos adecuados para llegar a la determinación de declarar improcedente el recurso de reconsideración promovido por la ahora parte quejosa, la cual además, es clara y está fundada, por lo que se insiste son infundadas las manifestaciones referentes a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Por otra parte, se advierte que los conceptos de violación identificados en los arábigos 2) y 3), son inoperantes, porque en ellos la parte quejosa no formuló los razonamientos lógico jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable que le llevaron a declarar improcedente el citado recurso de reconsideración impugnado, por lo que, deben subsistir las consideraciones de la sentencia reclamada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.4o.A. J/48, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, XXV, Enero de 2007, página 2121, bajo el rubro y literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.". Ciertamente, la quejosa en dichos agravios no formula argumentos concretos en contra del actuar del juez responsable, ya que en el caso únicamente manifiesta que no debió apoyarse en el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual faculta al juez civil que en los juicios de divorcio necesario, en sentencia resolverá de oficio, entre otros, lo relativo a los alimentos del cónyuge y los hijos; asimismo, adujo que no debió ser tomado en consideración por el juzgador de origen al resolver la interlocutoria reclamada, la revisión que hizo del expediente 102/2021 relativo al Juicio de Divorcio Necesario, específicamente al diverso juicio de amparo 1452/2021, el cual fue sobreseído por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, y que se encuentra actualmente ante el Tribunal de Alzada con motivo del recurso de revisión interpuesto por la aquí quejosa. Sin embargo, la peticionaria del amparo no refuta lo manifestado por la responsable, ya que no expresa los motivos por los que estimó que contrario a lo que resolvió el juez de origen, si se actualiza la fracción II, del artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, el cual señala lo siguiente: ".ARTÍCULO 147.- Suspensión del procedimiento. El procedimiento se suspenderá: (.) II.- Cuando el mismo u otro juzgador deban resolver una controversia civil o familiar cuya definición sea previa o conexa a la decisión del proceso. Este podrá suspenderse total o parcialmente, según afecte la controversia todo o parte del fondo del negocio." (.) En efecto, de la transcripción de dicho numeral se aprecia cuando procede el supuesto de la suspensión del procedimiento de un juicio en materia civil o familiar, de lo que la impetrante no formuló argumentos tendientes a justificar su actualización en el presente asunto. Por tanto, se insiste que los motivos de inconformidad anteriormente relatados devienen inoperantes, en atención a que como se indicó en párrafos que anteceden, dichos argumentos formulados por la parte quejosa, no son razonamientos lógico jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable que le llevaron a declarar improcedente el recurso de reconsideración planteado por la parte quejosa. Apoya las consideraciones que anteceden, la Jurisprudencia publicada en la página 621, Tomo XII- Julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Del mismo modo, sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 Página 731, Décima Época, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En ese contexto, las consideraciones del juzgado responsable en las que sustentó su decisión de declarar improcedente el recurso de reconsideración planteado por la quejosa, deben continuar rigiendo el sentido de ese fallo. Así las cosas, en la resolución impugnada no se transgredieron en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales y garantías previstas por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Consecuentemente, al resultar infundado uno e inoperantes los otros conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Tercero Civil del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, el dos de marzo de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el abogado patrono de la aquí quejosa, dentro del expediente 851/2021, relativo al juicio especial de cancelación de pensión alimenticia promovido por Rubén Ronquillo Porta (tercero interesado) y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de la materia; procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el reclamado y la autoridad responsable precisada en el resultando primero; por las consideraciones establecidas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 489/2022-6, promovido por ***********, contra actos del Juez Tercero Civil del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el cuatro de abril de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el seis siguiente y turnada a este órgano jurisdiccional el siete de abril posterior, Lucero Méndez Franco, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y por el acto que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ TERCERO CIVIL DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE CÁRDENAS, TABASCO. ACTO RECLAMADO: La Sentencia Interlocutoria dictada al resolver el Recurso de Reconsideración misma que se dictó con fecha dos de marzo del año 2022, dentro del auto del expediente No. 851/2021 del Juzgado Tercero Civil, relativo al juicio especial de cancelación de pensión alimenticia y notificada con fecha dieciséis de marzo de 2022." SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó su registro bajo el expediente 489/2022-6, y se previno para que la parte promovente manifestara si la presente demanda de amparo la promovía por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales R.R.M. y V.R.M., o únicamente por propio derecho. Cumplido el requerimiento de mérito, ya que la quejosa indicó que promovía la presente demanda de amparo únicamente por propio derecho, por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El seis de junio de dos mil veintidós, se emplazó al tercero interesado a Rubén Ronquillo Porta, mediante exhorto enviado al Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La sentencia interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juez responsable dentro del expediente civil 851/2021, que declara improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de seis de enero del año en curso. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con las constancias que acompañó consistentes en copias certificadas del expediente 851/2021 (un tomo) de su índice; las cuales obran por cuerda separada y bajo el resguardo de este órgano jurisdiccional para su consulta. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: 1. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en Cárdenas, Rubén Ronquillo Porta, demandó en la vía ordinaria civil, Juicio de Cancelación de Pensión Alimenticia, en contra de Lucero Méndez Franco (fojas 1 a 7 del tomo de pruebas). 2. De dicha demanda tocó conocer al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con sede en Cárdenas, quien por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, la admitió y registró con el número 851/2021 de su índice; asimismo, en dicho proveído se ordenó emplazar a la parte demandada en el domicilio señalado en autos, a efecto de que en el término de nueve días diera contestación a la demanda incoada en su contra (fojas 46 a 48 del tomo de pruebas). 3. En diligencias de quince de septiembre de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio a los demandados Lucero Méndez Franco, Raúl Ronquillo Méndez y Valeria Ronquillo Méndez (fojas 55 a 61 del tomo de pruebas). 4. Posteriormente, en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, el Juez responsable, tuvo por recibido el escrito de los citados demandados Lucero Méndez Franco, Raúl Ronquillo Méndez y Valeria Ronquillo Méndez, a través del cual dieron contestación a la demanda, opusieron excepciones y objeción de documentos, además ofrecieron diversos medios probatorios en dicho expediente (fojas 70 a 72 del tomo de pruebas). 5. Después, la parte demandada solicitó al juzgado responsable la suspensión del juicio de origen (Juicio Especial de Cancelación de Pensión) con motivo de la existencia del Juicio de Divorcio Incausado 102/2021 de su índice, promovido por el propio actor, ya que adujo que diversas prestaciones reclamadas en este último controvertido, van encaminadas a la cancelación de la pensión alimentaria que se decretó en su favor, solicitud que fue desechada por la responsable mediante acuerdo de seis de enero del año en curso (foja 102 del tomo de pruebas). 6. Seguidamente, Roberto Hernández Rodríguez, autorizado de los demandados, inconforme con el dictado del referido auto de seis de enero del presente año, lo impugnó mediante el recurso de reconsideración, ordenándose dar vista a la parte actora incidentada, a fin de que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera (foja 120 del tomo de pruebas). 7. Finalmente, el dos de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable dictó sentencia interlocutoria en la que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la quejosa en contra del citado auto de seis de enero de dos mil veintidós, en los términos siguientes: RESUELVE: Primero. Como este juzgado es competente para resolver del juicio en lo principal, también lo es para resolver lo accesorio. Segundo. Por los argumentos vertidos en el considerando III de esta interlocutoria, se declara improcedente el recurso de reconsideración, promovido por el licenciado Roberto Hernández Rodríguez, en contra del punto tercero del auto del seis de enero del año en curso, el cual se declara firma, para los efectos legales a que haya lugar. Tercero. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de esta oficina." La anterior sentencia interlocutoria constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado se procede al análisis de los conceptos de violación. Al no advertirse causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público lo aleguen o no las partes, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tienen por transcritos en este apartado, los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no existe precepto legal que obligue al Juzgador a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese tenor, se procede a sintetizar los motivos de disidencia que hace valer la peticionaria del amparo, en los que esencialmente señala los siguientes agravios: El juez responsable viola sus derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, así como los consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que al momento de emitir la resolución reclamada tomó aspectos que no adujo cuando desechó la solicitud de suspensión del procedimiento del juicio 851/2021 de su índice. La responsable indicó que tomaba en consideración para negar la suspensión del procedimiento del juicio de origen, lo señalado por el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles, el cual establece que el juez resolverá sobre los alimentos de los cónyuges y los hijos, sin que haya determinado la reducción o cancelación, por lo que, si la ley no establece dicha situación, no puede apoyarse en dicho numeral para justificar la no cancelación del procedimiento del referido expediente civil. En el auto de seis de enero del año en curso, en donde se desechó la solicitud de suspensión del procedimiento del referido juicio natural, el juez responsable no estableció que realizó una revisión del expediente 102/2021 relativo al Juicio de Divorcio Necesario, específicamente al diverso juicio de amparo 1452/2021, el cual fue sobreseído por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, y que se encuentra actualmente ante el Tribunal de Alzada con motivo del recurso de revisión que interpuso, situación que si fue invocada en la resolución reclamada, por lo que, ello no debió ser tomado en consideración por el juzgador de origen al resolver la interlocutoria de la que se duele la impetrante. Es infundado uno e inoperantes los otros conceptos de violación, mismos que se analizan en conjunto, por su estrecha vinculación, sin que se advierta motivo alguno que obligue a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. Asimismo, se precisa que la parte quejosa en su escrito de demanda se concretó a señalar como garantías constitucionales violadas los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al considerar violados en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución Federal, al haberle declarado improcedente el recurso de reconsideración que promovió dentro del expediente de origen. Ahora bien, a fin de corroborar lo infundado del concepto de violación que se analiza marcado con el número 1), resulta pertinente tener en cuenta que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tal disposición constitucional se infiere la garantía de legalidad que obliga a las autoridades -entre otras cosas- a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, lo que implica: 1. Citar los preceptos normativos en que apoyan su actuar; y 2. Indicar las consideraciones que las llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como finalidad que los gobernados puedan atacar esos fundamentos y motivos si no son correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Bajo esta perspectiva, para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional, en él se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; y, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, las autoridades, sea cual fuere su naturaleza, pero principalmente las jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundadas y motivadas; es decir, deben precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado, ya que sin la formalidad descrita resultan ilegales. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por su parte, el numeral 324 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, establece: "ARTICULO 324.- Congruencia. Las sentencias deberán ser congruentes con las acciones y excepciones deducidas oportunamente en el proceso y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los puntos litigiosos, se hará la debida separación de cada uno de ellos." En el precepto legal transcrito está contenido el principio de congruencia que debe regir a toda sentencia o resolución que emita el Juez o Tribunal en su caso; principio que radica, esencialmente, en que el fallo sea congruente no sólo consigo mismo sino también con la demanda y contestación y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; lo cual implica, por una parte, que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia dentro de un procedimiento civil se haga atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación o, en su caso, en el recurso y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.1o.A. J/9, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 764, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." En el caso, el juzgado responsable en la sentencia interlocutoria reclamada (dos de marzo de dos mil veintidós) que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la aquí quejosa, en contra del proveído de seis de enero del año en curso, determinó declararlo improcedente; ello, bajo los argumentos siguientes: En particular, el juzgado responsable previo a resolver los motivos de inconformidad estableció el contenido del artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de Tabasco, el cual señala: ".ARTÍCULO 508.- Facultades del Juzgado: En los juicios de divorcio necesario, la sentencia resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, división de los bienes comunes, alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las partes no lo hayan pedido. Para ello desde la iniciación del procedimiento el juzgador deberá recabar de oficio los medios de prueba que sean pertinentes para decidir sobre tales cuestiones." Sostuvo que no procede la suspensión del procedimiento del citado juicio de origen 851/2021, relativo al Juicio Especial de Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por el tercero interesado Rubén Ronquillo Porta, toda vez que si bien es cierto que en el diverso Juicio de Divorcio Necesario 102/2021 de su índice, también promovido por el citado tercero interesado (actor), dicho promovente solicitó como prestación la cancelación de la pensión que hoy se demanda en este mismo juicio, cierto también lo es que el numeral 508 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, señala que debe resolverse la cuestión de los alimentos del cónyuge y los hijos, lo que no fue resuelto en el referido juicio de divorcio, pues en el acuerdo de uno de septiembre del año próximo pasado, dictado en el expediente 102/2021 los alimentos ya se encontraban garantizados en el expediente 225/2009, luego entonces la cancelación solicitada dentro del referido expediente de origen es improcedente, dado que esto debe hacerse valer en la vía especial por tratarse de un juicio de alimentos, y el divorcio se ventila en la vía ordinaria, tal y como lo prevé el cuerpo de leyes de la materia, vías que resultan incompatibles, además que la cancelación de los alimentos solicitada como prestación en el juicio de divorcio es también interpuesta en contra de los hijos de las partes, los cuales no tuvieron intervención en el mencionado juicio de divorcio, dado que no fueron llamados. Asimismo, determinó que tampoco es posible la suspensión del procedimiento en virtud que de la revisión a los autos del expediente 102/2021 relativo al juicio de Divorcio Necesario, específicamente al juicio de amparo 1452/2021-VIlI, que refirió la recurrente se advierte que con fecha once de febrero del dos mil veintidós el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante resolución sobreseyó el citado juicio de amparo promovido por la quejosa Lucero Méndez Franco, por tanto al fundamentar la suspensión del presente procedimiento en virtud del amparo interpuesto, y toda vez que fue sobreseído, por lo que, el presente juicio de origen está en condiciones de seguir su curso sin suspender el procedimiento y en su momento procesal oportuno será resuelto de manera definitiva, sin que se actualice la fracción Il del artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Bajo ese contexto, del análisis comparativo de las consideraciones que rigen el sentido del acto reclamado, se observa que en la resolución sujeta a estudio se respetó el principio de congruencia que contempla el artículo 324 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco en vigor, pues se resolvió con base en lo solicitado en autos. De igual forma, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que el juzgado responsable citó los preceptos que estimó aplicables; además, de que expuso los razonamientos adecuados para llegar a la determinación de declarar improcedente el recurso de reconsideración promovido por la ahora parte quejosa, la cual además, es clara y está fundada, por lo que se insiste son infundadas las manifestaciones referentes a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Por otra parte, se advierte que los conceptos de violación identificados en los arábigos 2) y 3), son inoperantes, porque en ellos la parte quejosa no formuló los razonamientos lógico jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable que le llevaron a declarar improcedente el citado recurso de reconsideración impugnado, por lo que, deben subsistir las consideraciones de la sentencia reclamada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.4o.A. J/48, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, XXV, Enero de 2007, página 2121, bajo el rubro y literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.". Ciertamente, la quejosa en dichos agravios no formula argumentos concretos en contra del actuar del juez responsable, ya que en el caso únicamente manifiesta que no debió apoyarse en el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual faculta al juez civil que en los juicios de divorcio necesario, en sentencia resolverá de oficio, entre otros, lo relativo a los alimentos del cónyuge y los hijos; asimismo, adujo que no debió ser tomado en consideración por el juzgador de origen al resolver la interlocutoria reclamada, la revisión que hizo del expediente 102/2021 relativo al Juicio de Divorcio Necesario, específicamente al diverso juicio de amparo 1452/2021, el cual fue sobreseído por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, y que se encuentra actualmente ante el Tribunal de Alzada con motivo del recurso de revisión interpuesto por la aquí quejosa. Sin embargo, la peticionaria del amparo no refuta lo manifestado por la responsable, ya que no expresa los motivos por los que estimó que contrario a lo que resolvió el juez de origen, si se actualiza la fracción II, del artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, el cual señala lo siguiente: ".ARTÍCULO 147.- Suspensión del procedimiento. El procedimiento se suspenderá: (.) II.- Cuando el mismo u otro juzgador deban resolver una controversia civil o familiar cuya definición sea previa o conexa a la decisión del proceso. Este podrá suspenderse total o parcialmente, según afecte la controversia todo o parte del fondo del negocio." (.) En efecto, de la transcripción de dicho numeral se aprecia cuando procede el supuesto de la suspensión del procedimiento de un juicio en materia civil o familiar, de lo que la impetrante no formuló argumentos tendientes a justificar su actualización en el presente asunto. Por tanto, se insiste que los motivos de inconformidad anteriormente relatados devienen inoperantes, en atención a que como se indicó en párrafos que anteceden, dichos argumentos formulados por la parte quejosa, no son razonamientos lógico jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable que le llevaron a declarar improcedente el recurso de reconsideración planteado por la parte quejosa. Apoya las consideraciones que anteceden, la Jurisprudencia publicada en la página 621, Tomo XII- Julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Del mismo modo, sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 Página 731, Décima Época, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En ese contexto, las consideraciones del juzgado responsable en las que sustentó su decisión de declarar improcedente el recurso de reconsideración planteado por la quejosa, deben continuar rigiendo el sentido de ese fallo. Así las cosas, en la resolución impugnada no se transgredieron en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales y garantías previstas por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Consecuentemente, al resultar infundado uno e inoperantes los otros conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Tercero Civil del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, el dos de marzo de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el abogado patrono de la aquí quejosa, dentro del expediente 851/2021, relativo al juicio especial de cancelación de pensión alimenticia promovido por Rubén Ronquillo Porta (tercero interesado) y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de la materia; procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el reclamado y la autoridad responsable precisada en el resultando primero; por las consideraciones establecidas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

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