Lucas López Torres

Expediente 906/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
906/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Lucas López Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Lucas López Torres; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 906/2021-7, promovido por Lucas López Torres, contra los actos que reclama de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada el once siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el doce de agosto de dos mil veintiuno de la presente anualidad, Lucas López Torres solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "La omisión y paralización total por parte de la responsable del acto procesal de desahogo de pruebas, alegatos y resolución respecto al expediente 336/2020 S-4 y en consecuencia la abierta dilación para acceder a la tutela judicial efectiva, violatorio del derecho humano de protección judicial". A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El trece de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 906/2021-7; se requirió a la autoridad señalada como responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I y 76, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, del contenido de la demanda se desprende lo siguiente: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La omisión y paralización total por parte de la responsable del acto procesal de desahogo de pruebas, alegatos y resolución respecto al expediente 336/2020-S-4 y en consecuencia la abierta dilación para acceder a la tutela judicial efectiva, violatorio del derecho humano de protección judicial". Asimismo, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo se desprende lo siguiente: ".- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", manifiesto a su señoría que los hechos que a continuación se exponen, son los ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, y que son los siguientes: 1.- El suscrito es parte actora en el proceso administrativo derivado de la demanda de nulidad presenta con fecha 4 de septiembre del año 2020, que se ventila en la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en contra de la Presidente municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco y otras. 2.- Con fecha 30 de septiembre del año 2020, se dictó el acuerdo y auto de inicio por el cual se admiten pruebas y el 4 de febrero del año 2021 me fue notificado, el acuerdo de 22 de enero de 2021 en el cual desahogue la vista en el término precisado por la Sala y a la vez presento escrito de ampliación de demanda de fecha 25 de febrero del presente año, ofertando pruebas atento a los hechos y actos nuevos introducidos en la contestación por parte de la demandada sin que hasta la fecha se me haya notificado el acuerdo de admisión y desahogo. Sin embargo por condiciones de salud concernientes a evitar la propagación y contagio del virus SARS-COV2 (COVID19), el Pleno del Tribunal ha emitido, lineamientos relativos a la reapertura de las actividades jurisdiccionales, para la ejecución del programa de reactivación gradual y ordenado de las actividades administrativas y jurisdiccionales de este órgano constitucional autónomo, bajo el esquema de la nueva normalidad capítulo primero disposiciones generales en donde derivaron diversos acuerdos generales acuerdos generales SS/004/2020, S-S/005/2020, S-S/006/2020, S-S/007/2020, S-S/008/2020, SS/009/2020, S-S/010/2020, S-S/011/2020, S-S/012/2020, S-S/013/2020. SS/014/2020, S-S/015/2020, S-S/016/2020, S-S/017/2020, S-S/018/2020, SS/002/2020 y S-S/003/2020, S-S/001/2021, S-S/002/2021, S-S/003/2021, SS/ 004/2021 y S-S/005/2021, Sin soslayar las medidas adoptadas y la modificación que llevo a cabo el propio pleno del tribunal en el que se modificó el artículo 25 de tales lineamientos para adicionar el inciso g) del artículo tercero transitorio: llama la atención que pese a dicha modificación para atender de manera gradual algunas actividades como en el caso la habilitación de plazos y términos para el desahogo de diligencias, audiencias y/o pruebas que así lo requieran con el empleo de video conferencias o videolIamadas como lo precisa el artículo 23 del citado lineamiento y continuar con las diligencias de los asuntos ya iniciados, hasta el momento la Cuarta Sala Unitaria, no haya emitido acuerdo por el que se pronuncie respecto al desahogo de pruebas, alegatos y resolución del presente asunto sometido a su consideración, actos procesales que a pesar de haber trascurrido en exceso el tiempo, no hay pronunciamiento al respecto en el presente juicio, atento al trámite y resolución que se le planteo en aras del recurso efectivo y eficaz; sin soslayar que en dichos acuerdos la Cuarta Sala se pronuncia respecto a la admisión de pruebas, sin que hasta el momento haya acordado y notificados el desahogo de las mismas por parte de la responsable pese a disponerlo en el transitorio tercero de dicho acuerdo citado, acto que hace por demás evidente la abierta dilación que se reclama. 3- Es el caso que por medio de mi autorizado he realizado consultas del expediente vía llamadas telefónicas para saber del estado procesal, incluso se intentó en varias ocasiones la agenda de citas que no fueron autorizadas aludiendo los términos de los acuerdos generales arriba mencionados, sin embargo de la atención en una ocasión a la llamada telefónica y al preguntar respecto a la continuidad del estado procesal inactivo del expediente, la responsable ha manifestado que no se estaban atendiendo por el momento esas etapas procesales y que se están a los acuerdos dictados por el pleno de la Sala superior del Tribunal y se atenderá posteriormente hasta que así lo determine el pleno del Tribunal de mérito. 4.- Hasta este momento ha transcurrido en exceso el plazo razonable para la continuidad de la etapa procesal de desahogo de pruebas, alegatos y emisión de la resolución, sin que la autoridad señalada como responsable, lo haya hecho, constituyendo esto el acto reclamado". Del análisis integral de lo expuesto, se desprende que la parte quejosa señaló específicamente como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el amplió la demanda y ofreció pruebas, dentro del juicio administrativo 336/2020-S-4 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama; sin embargo, tal negativa se desvirtúa con las copias certificadas de los acuerdos de veintidós de enero y treinta de agosto de agosto, ambos de dos mil veintiuno, inherentes al expediente laboral 336/2020-S-4 que adjuntó al rendir su informe justificado. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esto una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese tenor, esta juzgadora estima que en relación al acto reclamado precisado en el considerando que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del ordinal 61 del aludido ordenamiento jurídico y, con ello, el sobreseimiento del juicio en que se actúa, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con la disposición normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del mismo; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, el acto reclamado en el presente juicio es la omisión de acordar el escrito de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el amplió la demanda y ofreció pruebas, dentro del juicio administrativo 336/2020-S-4, del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Así, de las constancias remitidas por la referida autoridad, se desprende que la autoridad responsable el treinta de agosto de dos mil veintiuno, entre otras cosas acordó el escrito de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, signado por el actor Lucas López Torres, en el que ampliaba la demanda, en base a las manifestaciones hechas valer por las autoridades demandadas, al dar contestación a la demanda inicial, relacionada con nuevos actos. Por lo tanto, la responsable, en ese acuerdo ordenó correr traslado a las partes del escrito de ampliación de demanda, para que dentro del término de quince días hábiles dieran contestación, apercibidas que de no hacerlo, se les tendría por cierto los hechos que les atribuye el actor. Asimismo, la responsable, admitió las pruebas ofrecidas por la parte actora, consistente en el original de la renuncia voluntaria que obra en el expediente y que hace suya al ser ofrecida por la autoridad demandada; la testimonial a cargo Ezequiel Arias López y Moisés Cortázar Arias; la inspección ocular; y la pericial en materias de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía. Por último, la responsable, desechó las pruebas señaladas en los incisos IV, V) y VI) del capítulo de pruebas del escrito de ampliación de demanda. Finalmente, la autoridad responsable le hizo saber que prevalecía la reserva decretada en el párrafo tercero del acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, relativa al señalamiento de fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas. En esas condiciones, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -diez de agosto de dos mil veintiuno-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del referido acto reclamado han cesado porque mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable se pronunció sobre el escrito de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el amplió la demanda y ofreció pruebas, dentro del juicio administrativo 336/2020-S-4, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Por lo anterior, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No obsta a esta decisión, las manifestaciones hechas por la parte quejosa por conducto de su autorizado, mediante escrito acordado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, relacionadas con que aún subsiste el acto reclamado, pues la autoridad responsable en el acuerdo de treinta y uno de agosto de este año, se reservó pronunciarse sobre el desahogo de las pruebas. Sirve de apoyo, el precedente con registro 2020281, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 183, Tomo I, de Julio de 2019, Libro 68 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO PUEDE DEFINIR CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE EN CADA ASUNTO SE ESTIME VIOLADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE AMPARO.- Si conforme al artículo citado, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y puede examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, es inconcuso que, en concordancia con lo anterior, también puede definir cuál es el derecho humano que, en su caso, se estime violado en cada asunto". Sumado, a que lo determinado por la responsable en ese acuerdo, no puede ser materia de análisis toda vez que se suscitó posterior a la presentación de la demanda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 196072, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido dicen: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN.- Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Lucas López Torres, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el licenciado Alejandro de la Cruz Hernández, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en relación a su contenido se acuerda: se tiene al ocursante de mérito, haciendo diversas manifestaciones a manera de alegatos, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa, como lo dispone el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, se le tiene al ocursante de mérito, objetando las documentales exhibidas por la autoridad responsable con su informe con justificación, la cual se tomará en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio y anexos remitidos por la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días, transcurrirá del diecisiete al veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 del citado ordenamiento legal y en relación al oficio SEPLE./GEN./003/3069/2021 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, signado electrónicamente por el Secretario del Pleno del Concejo de la Judicatura Federal. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sustenta lo anterior, el precedente con registro 191995, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo acordó y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante el Secretario Jorge Tesla Salazar de la Cruz, quien autoriza y da fe.

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