Lucas Pérez Chablé
Expediente 748/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Lucas Pérez Chablé
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de veintiocho de abril pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Fabiola de la Cruz Bayona, Catalina López Rodríguez y Moraima Soberanes García, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Inconforme con dicha resolución, la Síndica de Hacienda del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimo Circuito, registrándolo como amparo en revisión 43/2017, mismo que mediante resolución de uno de junio de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, confirmó la sentencia recurrida. El cuatro de julio de dos mil diecisiete, se iniciaron los requerimientos al tribunal burocrático para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo a los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, como autoridades vinculadas, requiriéndoseles el cumplimiento del fallo protector. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se reconoció a diversos integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, como autoridades vinculadas, requiriéndoseles el cumplimiento del fallo protector. El once de julio de dos mil dieciocho, se consideró agotado el procedimiento de ejecución de la ejecutoria en cuestión y se ordenó abrir el incidente de inejecución correspondiente, ordenando su remisión al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito en turno. El siete de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a diversos integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, como autoridades vinculadas, requiriéndoseles el cumplimiento del fallo protector. El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia registrado con el expediente 1/2019. Por oficio recibido el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el tribunal responsable remitió copia certificada del convenio de pago total por cumplimentación de laudo, celebrado entre la entidad pública demandada Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco y Catalina López Rodríguez, relativo al expediente laboral 117/2008 de su índice, del que se advierte que se le hizo entrega a la aludida quejosa, del cheque 0000094 de la Institución Bancaria Banco Santander, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), previa retención del Impuesto Sobre la Renta; mismo que fue aprobado el diecisiete del aludido mes y año. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se declaró no cumplida la ejecutoria de amparo y agotado el procedimiento de ejecución de la misma, ordenándose abrir el incidente de inejecución correspondiente y su remisión al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito en turno. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia registrado con el expediente 8/2021. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a diversos integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, como autoridades vinculadas, requiriéndoseles el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio recibido el veintisiete de abril de dos mil veintidós, el tribunal responsable remitió copia certificada del proveído de veinticinco del precitado mes, dictado en el expediente laboral 117/2008 de su índice; de los convenios de pagos parciales de dieciséis de marzo y cinco de abril pasado, en favor de Fabiola de la Cruz Bayona y Moraima Soberanes García, relacionados con la controversia 140/2004 y su acumulado 414/2004. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal a las quejosas para que la autoridad responsable: Con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice todos los trámites conducentes y haga uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta y expedita ejecución del laudo, debiendo verificar que las medidas adoptadas o medios de apremio sean cumplidos. Al respecto, de la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de su interpretación y de la naturaleza de la violación examinada en ella, se obtiene que la concesión del fallo protector fue para que se lograra la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 117/2008, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en relación a la reinstalación en su centro de trabajo de las aquí quejosas, así como se realizara el pago de la suma de $1'760,465.02 (un millón setecientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 02/100 moneda nacional), según determinación de veintitrés de octubre de dos mil quince, en la que se aprobó la planilla de liquidación propuesta. De acuerdo con los informes del tribunal responsable, de la suma precitada se debía pagar Fabiola de la Cruz Bayona, la cantidad de $589,073.09; a Catalina López Rodríguez el importe de $582,318.84; y a Moraima Soberanes García el monto de $589,073.09. Sobre el particular, de autos se advierte que por oficio recibido el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, la responsable remitió copia certificada del convenio de pago total por cumplimentación de laudo, celebrado entre la entidad pública demandada Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco y Catalina López Rodríguez, relativo al expediente laboral 117/2008 de su índice, del que se advierte que recibió el cheque 0000094, de la Institución Bancaria Banco Santander, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), previa retención del Impuesto Sobre la Renta. Asimismo, se obtiene que mediante oficio recibido el siete de abril de dos mil veintidós, el órgano jurisdiccional en cita remitió copia certificada de la comparecencia voluntaria de cinco de ese mismo mes y año, en donde las actoras, aquí quejosas, Fabiola de la Cruz Bayona y Moraima Soberanes García, en conjunto con el apoderado legal del ayuntamiento demandado, solicitaron la suspensión provisional de los requerimientos de ejecución del laudo, lo cual fue aprobado por la autoridad de mérito. De igual manera, por oficio recibido el veintisiete de abril de dos mil veintidós, el tribunal responsable remitió copia certificada del proveído de veinticinco del precitado mes, dictado en el juicio natural; de los convenios de pagos parciales de dieciséis de marzo y cinco de abril pasado, en favor de Fabiola de la Cruz Bayona y Moraima Soberanes García, relacionados con la expediente laboral 140/2004 y su acumulado 414/2004. Del proveído precitado, se desprende que la autoridad de mérito declaró firme la suspensión del procedimiento en el juicio laboral 117/2008. Ahora, si bien del examen de las manifestaciones realizadas en la comparecencia de cinco de abril de dos mil veintidós, en el juicio laboral 117/2008, se advierte que las quejosas de mérito y la entidad demandada solicitaron la suspensión provisional de los requerimientos de ejecución del laudo relativo. El procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo no puede quedar suspendido ni darse por concluido, particularmente porque aún se encuentra pendiente que se lleve a cabo la reinstalación de las referidas trabajadoras, así como el pago de las cantidades que se les adeuda. Al respecto, de conformidad con el artículo 205 de la Ley de Amparo, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Por ende, no basta para ello que las partes se encuentren en pláticas para la realización de los convenios de pago y respecto de la reinstalación pendiente. CONCLUSIÓN Por tanto, se declara NO CUMPLIDA la ejecutoria de mérito, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y 2 fracción IX del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente de la notificación del presente proveído: Deje insubsistente los acuerdos de cinco y veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictados en el expediente laboral 117/2008 de su índice, en los que se aprueba y declara firme la suspensión del procedimiento de ejecución de laudo. Hecho lo anterior, en el mismo plazo otorgado, remita copia certificada de la determinación relativa, así como las constancias con las que acredite la reinstalación de las quejosas Fabiola de la Cruz Bayona, Catalina López Rodríguez y Moraima Soberanes García. Asimismo, las que acrediten el pago de la cantidad de $589,073.09 (quinientos ochenta y nueve mil setenta y tres pesos 09/100 moneda nacional), a cada una de las quejosas Fabiola de la Cruz Bayona y Moraima Soberanes García. Apercibido que, de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00. (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, al tenor de la parte conducente de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2014 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1520, intitulada "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS". Finalmente, agréguese a los autos la devolución de la pieza postal por la mensajería y paquetería ESTAFETA, sin mayor proveer, en virtud de lo determinado en el presente acuerdo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 91/2021 de su índice, original del juicio de amparo 321/2020-3, promovido por José Mateo León, Elvia Félix Martínez, María Virginia Álvarez Torres, Nilvia Robles Reyes, Marbella Álvarez Cruz y Lucía León Gómez, así como las copias certificadas del expediente 152/2019 del índice de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, en un tomo, que obra por cuerda separada. Acúsese recibo. En cuanto a la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor, en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a José Mateo León, Elvia Félix Martínez, María Virginia Álvarez Torres, Nilvia Robles Reyes, Marbella Álvarez Cruz y Lucía León Gómez, contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, y para los efectos precisados en la sentencia recurrida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad". Consecuentemente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, remitiendo copia simple de la citada resolución a la autoridad responsable para los efectos que procedan; asimismo, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. En virtud de lo voluminoso del cuaderno de antecedentes derivado del presente juicio, agréguense únicamente los originales que obran en el mismo, toda vez que las constancias que lo integran son copias de las que obran en el principal. En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días cumpla con el fallo protector otorgado a la parte quejosa; debiendo dentro del propio lapso informar a este juzgado sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo las constancias relativas por duplicado para correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, lo que se traduce en: "(.) deberá ceñirse a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 58 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, y emitir la resolución respectiva en el expediente 152/2019". Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por lo cual deberá atenderse a las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.". "Artículo 193 . Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo .." "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." De igual forma se apercibe al Titular de la autoridad responsable que en incurrir en desacato a la determinación judicial dictada en el presente expediente en el plazo de cinco días decretado con anterioridad, será denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por el delito establecido en el artículo 267, fracción I de la ley de la materia, el cual se transcribe a continuación: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; Lo anterior con independencia de que se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, hágase devolución a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, el original del expediente 152/2019 de su índice; que remitió como apoyo a su informe justificado y que se manejó por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.
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