Lourdes Esmeralda Beltrán Marcelino
Expediente 1067/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 31 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lourdes Esmeralda Beltrán Marcelino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio número 2702/2023 mediante el cual se le notificó el auto de veinte de febrero del año en curso, asimismo, se le remitió un tomo de prueba. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio número 2702/2023 mediante el cual se le notificó el auto de veinte de febrero del año en curso, asimismo, se le remitió un tomo de prueba. Cúmplase.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por*** para los efectos siguientes*** Luego, mediante oficio 09688, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, la Jueza Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con residencia en Nogales, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma data en el expediente*** de su índice; por lo que el veinte de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que únicamente la parte quejosa desahogó la vista ordenada en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por la Juez responsable se advierte que mediante resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil*** de su índice, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y la diversa de tres de noviembre de dos mil veintidós, con la que pretendió dar cumplimiento; y, en su lugar, emitió una nueva en la que reiteró lo que no fue materia de concesión, relativo a que en un diverso juicio existía una pensión alimenticia provisional decretada a favor de la actora, lo que hacía que las necesidades que tomó en cuenta para decretar la medida alimentaria en el auto de radicación fueran distintas, ya que en la demanda que originó el expediente no hizo referencia de la existencia de ese porcentaje decretado con anterioridad. Asimismo, fundó y motivó la resolución en la que redujo la medida cautelar alimentaria, al ponderar las necesidades alimentarias de la acreedora, en contraposición con las posibilidades del deudor, al señalar que no obraba en autos datos que permitieran establecer el medio social en que se desenvolvían las partes, costumbres y circunstancias propias de la familia; que en cuanto a la necesidad de la acreedora tomaba en cuenta que en un juicio previo tenía decretado a su favor como alimentos el veinte por ciento de los ingresos del deudor, que requería cubrir sus gastos de comida, vestido, habitación, lo que incluía todos los servicios indispensables, así como asistencia médica; respecto a las posibilidades del demandado refirió que éste también debía cubrir sus propios gastos de comida, habitación y salud, que trabajaba en la empresa*** con un ingreso quincenal de dos mil doscientos veintitrés pesos con setenta y cuatro centavos, y que debía pagar las dos pensiones que la impetrante tenía decretadas a su favor en diferentes juicios, de lo cual concluyó procedente regraduar la medida alimentaria del treinta al quince por ciento de los ingresos del deudor, dado que en otro juicio se había fijado un veinte por ciento, lo que hacía un total del treinta y cinco por ciento. No pasa inadvertido lo manifestado por la quejosa, mediante escrito presentado el veinticinco de enero del año en curso, el que, en esencia, manifiesta que la ejecutoria no se encuentra cumplida, porque no atendió al principio de proporcionalidad, dado que soslayó sus necesidades, entorno social, costumbres y demás particularidades; así como las posibilidades del reclamante, ni justificó el porcentaje decretado; sin embargo, como se advierte de lo expuesto en los párrafos anteriores, la responsable sí expuso consideraciones a ese respecto, con lo cual acató el fallo amparador. En cuanto a que el porcentaje decretado al reducir los alimentos es insuficiente para cubrir sus necesidades e implica la cancelación de la medida alimentaria, son argumentos que se dirigen a combatir cuestiones de fondo, que no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza, ya que en ese aspecto se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se considera que el cuaderno principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b), de dicho Acuerdo, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia que puso fin a este asunto. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. En atención a la certificación secretarial de esta data, se advierte que obran en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias serán destruidas. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la quejosa y al tercero interesado.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por*** para los efectos siguientes*** Luego, mediante oficio 09688, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, la Jueza Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con residencia en Nogales, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma data en el expediente*** de su índice; por lo que el veinte de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que únicamente la parte quejosa desahogó la vista ordenada en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por la Juez responsable se advierte que mediante resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil*** de su índice, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y la diversa de tres de noviembre de dos mil veintidós, con la que pretendió dar cumplimiento; y, en su lugar, emitió una nueva en la que reiteró lo que no fue materia de concesión, relativo a que en un diverso juicio existía una pensión alimenticia provisional decretada a favor de la actora, lo que hacía que las necesidades que tomó en cuenta para decretar la medida alimentaria en el auto de radicación fueran distintas, ya que en la demanda que originó el expediente no hizo referencia de la existencia de ese porcentaje decretado con anterioridad. Asimismo, fundó y motivó la resolución en la que redujo la medida cautelar alimentaria, al ponderar las necesidades alimentarias de la acreedora, en contraposición con las posibilidades del deudor, al señalar que no obraba en autos datos que permitieran establecer el medio social en que se desenvolvían las partes, costumbres y circunstancias propias de la familia; que en cuanto a la necesidad de la acreedora tomaba en cuenta que en un juicio previo tenía decretado a su favor como alimentos el veinte por ciento de los ingresos del deudor, que requería cubrir sus gastos de comida, vestido, habitación, lo que incluía todos los servicios indispensables, así como asistencia médica; respecto a las posibilidades del demandado refirió que éste también debía cubrir sus propios gastos de comida, habitación y salud, que trabajaba en la empresa*** con un ingreso quincenal de dos mil doscientos veintitrés pesos con setenta y cuatro centavos, y que debía pagar las dos pensiones que la impetrante tenía decretadas a su favor en diferentes juicios, de lo cual concluyó procedente regraduar la medida alimentaria del treinta al quince por ciento de los ingresos del deudor, dado que en otro juicio se había fijado un veinte por ciento, lo que hacía un total del treinta y cinco por ciento. No pasa inadvertido lo manifestado por la quejosa, mediante escrito presentado el veinticinco de enero del año en curso, el que, en esencia, manifiesta que la ejecutoria no se encuentra cumplida, porque no atendió al principio de proporcionalidad, dado que soslayó sus necesidades, entorno social, costumbres y demás particularidades; así como las posibilidades del reclamante, ni justificó el porcentaje decretado; sin embargo, como se advierte de lo expuesto en los párrafos anteriores, la responsable sí expuso consideraciones a ese respecto, con lo cual acató el fallo amparador. En cuanto a que el porcentaje decretado al reducir los alimentos es insuficiente para cubrir sus necesidades e implica la cancelación de la medida alimentaria, son argumentos que se dirigen a combatir cuestiones de fondo, que no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza, ya que en ese aspecto se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se considera que el cuaderno principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b), de dicho Acuerdo, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia que puso fin a este asunto. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. En atención a la certificación secretarial de esta data, se advierte que obran en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias serán destruidas. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la quejosa y al tercero interesado.
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