Lorenzo Rosales Hernández
Expediente 114/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 114/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lorenzo Rosales Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren en autos los acuses de recibo de las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. Se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos para dictar sentencia...SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados del 1. Agente Municipal y 2. Juez Auxiliar, de la Localidad de Atempa, y 3. Síndica Única, todos del Municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, consistentes en el destierro de su domicilio y comunidad, ubicados en la localidad de Atempa, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. Los quejosos ofrecieron como pruebas: 1. Copia simple de una receta médica de seis de junio de dos mil veintidós y de resultados de análisis, expedidos a nombre de Lorenzo Rosales Hernández. 2. Cinco fotografías. Sin embargo, las constancias enunciadas bajo el número uno carecen de valor probatorio pleno, pues sólo cuentan con valor indiciario, al tratarse de copias simples; pero aun de otorgárseles el valor probatorio primeramente referido, no son eficaces para demostrar la existencia de los actos reclamados, ya que únicamente tienden a acreditar que el impetrante, Lorenzo Rosales Hernández, acudió a realizarse estudios médicos y le fue expedida una receta médica. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, de abril de dos mil, página 127 que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles". En relación con las impresiones fotográficas que exhiben, carecen de validez probatoria alguna, dado que no reúnen los requisitos previstos en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, pues no contienen la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancia en que fueron tomadas. Sirve de apoyo, la tesis número XIV.2o.21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 284, del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto, siguientes: "FOTOGRAFÍAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo." Tampoco es cierto el acto reclamado de la 3. Síndica Única del Municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, consistente en la omisión de intervenir en auxilio de los quejosos, ante el destierro de su domicilio y comunidad; así lo manifestó al rendir su informe justificado, y señaló que no tenía conocimiento de los hechos narrados por los impetrantes, dado que ni las autoridades comunitarias ni los peticionarios de amparo se los hicieron saber. Si bien cuando se trata de actos de dicha naturaleza, corresponde a la autoridad acreditar que no incurrió en la omisión respectiva, esa carga la tiene cuando se encuentra en aptitud de actuar de conformidad con las pretensiones de la quejosa; y en el asunto que nos ocupa no se actualiza ese supuesto. Se afirma lo anterior, pues no existe constancia que acredite que, previo a la presentación de la demanda de amparo (catorce de febrero de dos mil veintitrés), los quejosos hayan hecho saber a la autoridad responsable el destierro del que dicen fueron sujetos o hayan solicitado su intervención al respecto, dado que únicamente obra copia certificada del escrito de dieciséis de febrero del año en curso, presentado ante la Sindicatura del Municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda origen de este juicio. Así, la carga probatoria del citado acto reclamado correspondía a la parte quejosa, esto es, demostrar que solicitaron la intervención de la 3. Síndica Única del Municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, previo a la presentación de la demanda de amparo; y al no hacerlo así, el acto resulta inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que los quejosos formularon diversas manifestaciones en vía de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe la obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". ... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por los quejosos, ********** atento a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la vista concedida con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Agente municipal de la localidad de Atempa municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, 2. Juez Municipal de la localidad de Atempa, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz y 3. Síndica Única del Ayuntamiento de Soledad Atzompa, Veracruz, y por formuladas sus manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense los informes justificados de cuenta; dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Lorena Yazmín Ramos Vargas956/2021
- Lorenzo Agustín Goicoechea Moreno426/2021
- Lorenzo Colorado Ramírez287/2023
- Lorenzo Lopez Acosta663/2020
- Lorenzo López Tomas621/2023
- Lorenzo Óscar Ramos Martínez1094/2018
- Lorenzo Ruiz Martínez372/2023
- Lorenzo Sixtos Martinez311/2021
- Lourdes Arenas Rodríguez164/2023
- Lourdes Esmeralda Beltrán Marcelino1067/2021
- Lourdes Esmeralda Beltrán Marcelino59/2023
- Lubin Pimentel Barranco535/2019