Lucas Aguilar Rodríguez

Expediente 243/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
243/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Lucas Aguilar Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Luego, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original presentado por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese, a la parte quejosa por lista de acuerdos por así estar ordenado en autos.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Luego, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original presentado por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese, a la parte quejosa por lista de acuerdos por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Previo desahogo de prevención, por auto de veintidós de abril de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede*** PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos*** debido a que se reclama un acto que no requiere ejecución material, por lo cual la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama*** Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado consistente en la omisión reclamada de las autoridades responsables, en su denominación correcta, 1 Juez y el 2. Secretario de Acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, pues al rendir su respectivo informe con justificación negaron su existencia, y si bien admitieron que ante el Juzgado al que se encuentran adscritos se encuentra radicado el juicio ordinario civil*** no ha lugar a presumir cierta tal abstención, en la medida que del análisis de las copias autenticadas deducidas de lo actuado en el expediente de origen, que remitió el juez responsable en apoyo a su informe, se obtiene su inexistencia. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En efecto, en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que enseguida se exponen: Dicho precepto establece*** Esta porción normativa contiene dos supuestos de sobreseimiento, a saber*** el que esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado*** cuando no se probare su existencia. Esto es, la prueba de la inexistencia conduce al sobreseimiento, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia, lo que ocurre generalmente cuando la autoridad señalada como responsable niega la existencia de los actos siempre que sean de naturaleza positiva y esa negativa no es desvirtuada. Se explica. Los actos reclamados atendiendo a su naturaleza se clasifican en positivos y negativos, siendo los primeros los que implican un hacer, en tanto que los segundos reflejan una omisión o abstención. Ahora, por regla general, la negativa del acto reclamado libera a la autoridad responsable de la necesidad de probarla (negativa simple), ya que no es factible demostrar lo que se ha negado; en esa medida, la carga de la prueba recae en su contraparte, el quejoso. La excepción a dicha regla ocurre cuando la negativa del acto que se reclama importa una afirmación (negativa calificada), en este caso quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. Este último supuesto se encuentra previsto en la fracción I, del artículo 82, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dispone que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Esto es, si el acto por su naturaleza es negativo y la autoridad a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que no se le puede obligar a probar la omisión o abstención de su contraria sino que, como tal negativa encierra la afirmación de que la responsable no incurrió en la inactividad que se le atribuye, debe acreditarlo. En el caso, como se precisó en el considerando anterior, el quejoso reclama la omisión de acordar en el juicio ordinario civil*** el escrito de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que manifestó que no representa legalmente a la persona moral demandada en el juicio de origen. Tal acto es de naturaleza negativa, pues es claro que implica inactividad de la responsable en lo referente a emitir un acuerdo que dé respuesta a la solicitud formulada por el inconforme. Luego, acorde a lo expuesto, al ser el acto que se reclama de naturaleza negativa, corresponde a las autoridades responsables 1. Juez y 2. Secretario de Acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, por haber reconocido que ante ellas se integra el juicio ordinario civil*** demostrar la inexistencia de la omisión que se les atribuye. Sin embargo, como se adelantó, a partir del análisis de las copias autenticadas deducidas del juicio de origen, se prueba que la omisión de acordar en el juicio ordinario civil*** el escrito firmado por el quejoso el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que manifestó que no representa legalmente a la persona moral demandada en el juicio de origen, es inexistente, en virtud de que en dicho expediente obra el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, que recayó al escrito de mérito, en el sentido de debía estar al estado que guardaban los autos, conforme a lo dispuesto en el los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; determinación que fue notificada al hoy quejoso*** por lista de acuerdos publicada en esa misma data, en los estrados del juzgado responsable. Esto es, con independencia de que el acuerdo recaído a la solicitud del quejoso no le haya resultado favorable, es evidente que la omisión de que se duele resulta inexistente, en la medida que en aquél se dio respuesta al citado ocurso, además fue emitido y notificado con anterioridad al cinco de abril del año en curso, fecha en que se presentó la demanda de amparo que motivó la formación de este juicio. De ahí que deba considerarse inexistente la omisión reclamada. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, al ser inexistente la omisión que se combate. Finalmente, es pertinente indicar que dado el sentido del presente fallo y por economía procesal, se estimó innecesario llamar a juicio a quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, en razón que a nada práctico conduciría al haberse actualizado la causal de sobreseimiento antes indicada, y de hacerlo únicamente se retrasaría el dictado de la sentencia y el resultado sería el mismo, esto es, sobreseer en el juicio. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se*** ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 243/2022, promovido por*** contra el acto reclamado de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por el por el Juez Segundo de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de julio de dos mil veintidós, remite copia certificada de todo lo actuado en el expediente. teniéndose por satisfecho el mismo. En consecuencia, dese vista a las partes con el oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, tomando en consideración el volumen del anexo que remite la autoridad responsable, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, fórmese en cuaderno de prueba en un tomo, debidamente identificado, ello a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, los cuales deberán tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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