Lourdes Arenas Rodríguez

Expediente 164/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
164/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Lourdes Arenas Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese copia del escrito de agravios signado por ********* en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia autorizada el seis de noviembre de dos mil veintitrés. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas de la determinación combatida, así como del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), el citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso de que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso en cuestión, en términos del numeral 89 de la Ley de Amparo. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por oficio a las autoridades responsables y autoridad con el carácter de tercero interesada.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 164/2023 promovido por*** contra los actos del*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en Orizaba, Veracruz y otra autoridad, que consideraron violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos*** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en Orizaba, Veracruz, por así advertirse del contenido de su respectivo informe con justificación. Lo que se corrobora con la copia autentificada del proceso penal*** así como con los archivos informáticos de las audiencias celebradas, relativas a dicho procedimiento, contenidas en el disco versátil digital remitido por el juez responsable en apoyo a dicho informe. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificadas por un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones. Por lo que respecta al contenido del disco versátil digital, también tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que tiene valor probatorio pleno. Por su parte la autoridad responsable 2. Encargado de la Unidad de Medidas Cautelares con sede en Orizaba, Veracruz, manifestó que no es cierto el acto reclamado; sin embargo, se desvirtúa su negativa, ya que la ordenadora aceptó los actos reclamados*** además de que en sus atribuciones está la de ejecutar el acto reclamado consistente en supervisar la medida cautelar impuesta a los quejosos. CUARTO. Causales de improcedencia. En este asunto no se hacen valer causas de improcedencia ni de oficio se advierte la actualización de alguna, por lo cual se procede al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados; lo anterior de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. SEXTO. Análisis de los actos reclamados. Los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, son fundados y suficientes para otorgar el amparo solicitado. Con base en el artículo 189 de la Ley de Amparo, por razones lógicas y atendiendo al principio de mayor beneficio, se realiza el estudio de los conceptos de violación tendentes a impugnar la constitucionalidad de los actos reclamados. Es así, pues de las constancias de autos se advierte que no se encuentra demostrado el hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto en el artículo 222, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz; por tanto, no se realizará pronunciamiento alguno en relación con los argumentos relativos a violaciones procesales ni formales, sino que se procede a entrar al estudio de fondo del asunto. En ese entendido, es pertinente destacar que el juez de control, en la resolución reclamada estimó acreditado el ilícito de despojo, previsto en el artículo 222, fracción I, del Código Penal del Estado de Veracruz, que lo prevé y sanciona, el cual establece*** Así, para estimar acreditado el hecho que la ley señala como delito de despojo tomó en cuenta como datos de prueba, la entrevista de la víctima*** el instrumento notarial número*** de cuatro de febrero de dos mil veintidós, que contiene el contrato de compraventa respecto del lote de terreno ubicado*** los testimonios de*** la investigación policiaca. Con base en ello estableció que los días nueve, diez y once de marzo de dos mil veintidós, los imputados*** ocuparon el citado inmueble ajeno, sin consentimiento de quien tiene derecho a otorgarlo, pues, indicó, aun cuando se ofrecieron como datos de prueba un contrato de compraventa y las constancias del juicio ordinario civil*** en el que se demandó el cumplimiento del contrato base de la acción y el otorgamiento de escritura, y no se ha dictado sentencia, los imputados hicieron justicia por su propia mano, ya que el delito de despojo se actualiza aunque el derecho de la posesión sea dudoso o esté en disputa. Sin embargo, contrario a lo considerado por la responsable, no se actualiza el supuesto que la ley señala como delito de despojo, que tutela la posesión del bien inmueble, pues para ello era necesario que quede plenamente acreditada la identidad entre el bien raíz material del hecho considerado ilícito, con aquél que defienden los pasivos; y en el caso, existe controversia en cuanto a dicha identidad. En efecto, el fiscal precisó que la ubicación del inmueble es: lote de terreno ubicado*** empero, de los datos de prueba que ofreció el imputado, se observa que el fiscal, en la audiencia pública, argumentó que no existe identidad, pues se trata de un terreno ubicado en camino antiguo con camino a*** que no coincide en las medidas y colindancias, con el número de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ni con los números catastrales, respecto de aquél del cual se indicó fue despojado*** Aunado a ello, la defensa, al momento de contestar la solicitud de vinculación, señaló que de los datos de prueba que ofreció, en específico las constancias del juicio ordinario civil*** se advierte que se reclamó el cumplimiento de contrato y el otorgamiento de escritura*** que si bien no existe identidad entre el bien inmueble materia del delito de despojo, ese extremo se tiene que dilucidar en materia civil, que es precisamente la materia de la acción que se pretende demostrar*** De lo anterior deriva que el juez de control, al dictar el auto de vinculación a proceso, manifestó que la identidad del bien inmueble en disputa se demostró con el instrumento notarial número*** los testimonios de*** la investigación policiaca. Con los que dedujo que se trata del mismo inmueble ubicado*** Sin embargo, los datos de prueba aportados no son eficaces para determinar con precisión las medidas y delimitaciones del inmueble en disputa, por lo que tampoco se puede establecer si existió o no una ocupación sin consentimiento de quien podía otorgarla. Ello atiende a que con la investigación policiaca y las entrevistas de los testigos, sólo se demostró que los imputados se encontraban ejerciendo derechos sobre un predio, pero no se conoce con exactitud si aquél a que se refiere el instrumento notarial número*** es el mismo que defiende la víctima, o si se trata de otro; incluso la fiscal y la defensa se pronunciaron, en su teoría del caso, en cuanto a que la identidad del predio es una situación jurídica que se va a dilucidar por la vía civil; por tanto no existen elementos para determinar cuál es aquél que se determinó era materia de despojo. En ese entendido, al no existir dato de prueba que identifique el predio ocupado por los imputados, con aquél a que se refiere el título que exhibió la parte ofendida, consistente en el instrumento notarial número*** que contiene el contrato de compraventa del lote de terreno ubicado*** se concluye que el hecho que la ley señala como delito de despojo no quedó demostrado, es decir, no se acreditó que el sujeto activo haya ocupado un bien inmueble materia de la denuncia. Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial no es aplicable al caso, ya que parte de la base de que el bien inmueble se encuentra identificado y que ambas partes, activo y pasivo, cuentan con títulos de propiedad sobre el mismo bien raíz; y concluye que si se demuestra que en la fecha del hecho el sujeto pasivo estaba en posesión del inmueble (previamente identificado) y sin su consentimiento el activo dolosamente ejecutó sobre éste actos de ocupación, aduciendo ser el propietario del bien exhibiendo para tal efecto también un título de propiedad, no puede considerarse que se trate de un asunto que deba ser dirimido por los tribunales civiles y no penales, pues al atentar contra la posesión legítima de la ofendida, su conducta se torna delictiva, ya que ello implica hacerse justicia con propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 constitucional. Así, como se anticipó, dicho criterio no es aplicable dado que lo que se establece en este asunto es que no se encuentra identificado el bien inmueble materia del hecho considerado ilícito; y la jurisprudencia citada analizó el tema de que se actualiza el delito de despojo cuando el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, no así la identidad del bien materia del contrato de compraventa, en relación con la materia del despojo. Por tanto, al no demostrarse la actualización del delito, tampoco se acredita la participación de los imputados en la demostración de hecho que la ley señala como delito que les atribuye. En esa tesitura, al resultar fundado un concepto de violación suplido en deficiencia de la queja, en términos del precepto 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, procede conceder en forma lisa y llana el amparo y protección de la justicia federal solicitado por los quejosos, a fin de que la autoridad responsable*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en Orizaba, Veracruz, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de diez de febrero de dos mil veintitrés; y, por las razones que han quedado expuestas, dicte auto de no vinculación a proceso a*** en el proceso penal*** al no haberse acreditado el hecho que la ley señala como delito de despojo. La concesión del amparo se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora 2. Encargado de la Unidad de Medidas Cautelares con sede en Orizaba, Veracruz y acto reclamado precisado como*** La imposición de la medida cautelar consistente en la presentación periódica ante el juez de control, que consiste en la firma de manera mensual de los quejosos. Ello es así, porque la medida cautelar tiene como finalidad garantizar que los imputados comparezcan al proceso y respondan sobre el daño causado a la víctima, lo cual se genera u obedece al auto de vinculación, y si éste es inconstitucional por las razones precisadas, en consecuencia, dicha medida debe quedar insubsistente. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107 fracción II, párrafo inicial de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** de la Ley de Amparo, se RESUELVE*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a*** respecto de los actos reclamados del*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en Orizaba, Veracruz y Encargado de la Unidad de Medidas Cautelares con sede en Orizaba, Veracruz, precisados en el considerando sexto, por los motivos y para los efectos precisados en el mismo. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito, personalmente a la parte tercero interesada, por oficio a las autoridades responsables y autoridad con el carácter de tercero interesada

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Administración Postal de Córdoba, Veracruz, con un anexo; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de doce mayo del año en curso, pues al efecto anexa copia certificada del acuse de recibo del oficio 5115/2023 dirigido al tercero interesado 3. Fiscal Quinto Investigador en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz, por el que se le emplaza a juicio. Cúmplase.

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