LORENZO HIGUERA CASTRO y Otros.
Expediente 709/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Lorenzo Higuera Castro
- LORENZO HIGUERA CASTRO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, ********************y********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificados los quejosos del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DICTADO EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, ********************y********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificados los quejosos del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
. Vista la demanda de cuenta, promovida por Lorenzo Higuera Castro, Juan Francisco Parra Zazueta y Mario de Jesús Núñez López, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 709/2021-4B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA.ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO EINDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, lo siguiente: El auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente número 465/2021, por el que determinó no tener por admitido el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el cual el Juez de origen determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado por los aquí quejosos por no tener reconocida legitimación en dicho juicio. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. (.)." El artículo en cuestión, determina que el trámite del juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. La razón del legislador para restringir el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, es para evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que, surgido en un procedimiento, pudiera válidamente oponerse sin que primeramente se intente su enmienda ante la potestad común, pues ello generaría una cadena interminable de juicios constitucionales y concomitantemente un retraso en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional. El motivo de improcedencia que se analiza no es absoluto, pues en ese mismo dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los casos de excepción, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado sea procedente, pero en el caso que nos ocupa no se encuentra dentro de esa excepción, como se demuestra enseguida. Debe notarse que la causal en estudio dispone el acatamiento al citado principio, sin distinguir la naturaleza del ente de autoridad responsable y del acto de autoridad reprochado, por lo que esta prohibición opera tratándose de tribunales judiciales (los del Poder del Judicial de la Federación actuando como autoridad de instancia, así como los del fuero local sea civiles, familiares, penales, etcétera), administrativos (tribunales federales, de justicia administrativa y fiscal, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales o locales o burocráticos). De tal suerte, los promoventes previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, derivada de un acto emanado de un ente con facultades jurisdiccionales, deben agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que a virtud de éstas no se hayan revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), o anulado (dejar insubsistente el acto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. En el anotado contexto, cabe precisar, que el dispositivo legal 61, fracción XVIII, también prevé excepciones al principio de definitividad, en cuyo caso el promovente podrá promover el recurso ordinario o el juicio de amparo; sin embargo, la Ley de Amparo es categórica en señalar que fuera de los casos de excepción, el juicio resulta improcedente si no se han agotado los recursos ordinarios o medios de defensa, a pesar de que no se hayan hecho valer oportunamente por el quejoso. Es decir, el gobernado que se duele de un acto de autoridad judicial, aun cuando lo considere inconstitucional, puede acudir en demanda de amparo, sólo si agotó todas las instancias procesales que se regulen en la ley y que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona jurídicamente. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". Así como el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este juzgador estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se vio, el acto reclamado consistente en el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente número 465/2021, por el que determinó no tener por admitido el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el cual el Juez de origen determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado por los aquí quejosos por no tener reconocida legitimación en dicho juicio, es susceptible de ser impugnado a través del recurso ordinario, previsto en el artículo 714 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, que establece: "Artículo 714. El recurso de queja procederá contra la resolución que niega admitir una apelación.". En efecto, los aquí quejosos interpusieron el recurso de apelación en comento contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, la responsable negó la admisión de dicho medio de impugnación, bajo el argumento toral que dichos quejosos no tenían reconocida legitimación en el expediente 465/2021; por tanto, contra esta última determinación los aquí quejosos promovieron este juicio de derechos fundamentales. Sin embargo, los impetrantes de amparo pasaron por alto que antes de promover el juicio de amparo indirecto, debieron combatir el auto de denegada apelación mediante el recurso ordinario de queja establecido en el artículo 714 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. Ello, en virtud de que el recurso de queja resulta jurídicamente idóneo para revocar, modificar o anular la resolución que no admitió el recurso de apelación interpuesto. Ello, en virtud de que el recurso de queja resulta jurídicamente idóneo para revocar, modificar o anular la resolución que no admitió el recurso de apelación interpuesto, habida cuenta que el diverso artículo 716 de la citada ley adjetiva prevé la intervención de la parte contraria para que exprese lo que a su derecho convenga. Argumento que tiene sustento, por aplicación en sentido contrario, de la jurisprudencia 1a./J. 57/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 751, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, materia común, civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2001169, de rubro y texto siguientes: "QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN. NO SE REQUIERE SU INTERPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Del contenido de los artículos 709, fracción III, y 711 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California que regulan el trámite del recurso de queja por denegada apelación, destaca que acorde con la evolución histórico legislativa del "Artículo 396. El recurso de queja se tramitará de la siguiente forma: I. Deberá interponerse por escrito ante el superior del juez que conozca del asunto, al interponer el recurso, el quejoso deberá hacerlo saber al juez presentándole copia, por duplicado del escrito de queja. Una de ellas se agregará al expediente y la otra se mandará entregar al colitigante; II. El juez dentro de los tres días siguientes, remitirá al superior su informe con justificación y el colitigante, dentro de igual término, que se contará desde que reciba la copia, lo que cuidará el juez de asentar en el expediente y en el informe, podrán ocurrir al superior expresando lo que a su derecho convenga, y III. Recibido el informe del juez, dentro de los tres días siguientes el tribunal decidirá declarando fundada o infundada la queja." ese recurso, su interposición es idónea dado que persigue revocar la resolución recurrida; sin embargo, como en su tramitación no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente, tal recurso es de eficacia limitada de origen. En consecuencia, la resolución del juez que rechaza el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva en juicios de naturaleza civil, no requiere ser impugnada mediante el recurso de queja por denegada apelación previsto en el artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, para tener por satisfecho el principio de definitividad contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". (Énfasis añadido) En la contradicción de tesis que concluyó con el criterio invocado anteriormente, la Primera Sala del Alto Tribunal del país analizó la situación jurídica consistente en determinar si la resolución del juez que rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva en juicios de naturaleza civil, requiere ser impugnado, o no, mediante el recurso de queja por denegada apelación previsto en el artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, a fin de cumplir con el principio de definitividad, contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada. Así, mientras que un tribunal determinó, en esencia, que no se requería agotarlo, porque acorde con el contenido de los artículos 709, 710, 711, 712 y 713 del ordenamiento procesal civil indicado, el recurso de queja era incapaz de modificar, revocar o nulificar la resolución recurrida, porque no se promovía contra un auto o resolución, sino contra el funcionario judicial que actuaba, por lo que no se trataba de un recurso ordinario de los que contemplaba la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada; aunado a que, porque al regular el recurso de queja, sólo se preveía la posibilidad de que el juez rindiera un informe, pero no se instrumentaba una forma de intervención del colitigante, lo que no era característico de un recurso ordinario que tuviera por objeto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Por otro lado, el tribunal contendiente determinó que la resolución del juez que rechazaba el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva, en juicios de naturaleza civil, sí requería ser impugnada mediante el recurso de queja por denegada apelación previsto en el artículo 709 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, a fin de cumplir con el principio de definitividad que preveía la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada. Ello, porque los artículos 709, 711 y 713 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California contemplaban la posibilidad de impugnar la decisión del juez que no daba entrada al recurso de apelación (denegada apelación) mediante el recurso de queja, por lo que podía ser corregido u ordenarse su reposición por tratarse de un medio de defensa legal establecido en la ley del acto cuyos efectos son los de confirmar, revocar o modificar el acto recurrido. Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación determinó la existencia de la contradicción de criterios, cuya materia consistió en determinar si la resolución del juez que rechazaba el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva en juicios de naturaleza civil, requería ser impugnado, o no, mediante el recurso de queja por denegada apelación previsto en el artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, a fin de cumplir con el principio de definitividad contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada. Para resolver la litis, dicha Sala partió de la idea de que para estimar que existía el recurso ordinario dentro del procedimiento, el inconforme tenía que obtener verdaderamente la modificación, revocación o anulación de la resolución que combatía, es decir, que el recurso fuese idóneo para alcanzar esos fines, pero además, que la decisión respectiva fuera eficaz para el fin perseguido por el recurrente. Así, la máxima autoridad de justicia, al analizar el texto literal de los artículos 709 a 713 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, concluyó que si bien, no aparecía expresión del legislador en el sentido de que mediante ese recurso se perseguía obtener la modificación, la revocación o la anulación de la resolución que se combatía; lo cierto es que, de la interpretación de dichas disposiciones arrojaba que lejos de perseguirse una simple declaración de responsabilidad administrativa en la que hubieren incurrido los funcionarios judiciales (juez, ejecutores y secretarios), lo que se perseguía era que la autoridad superior (juez, respecto de los ejecutores y secretarios; y tribunal superior respecto de los jueces), revocara, modificara o nulificara el contenido de las resoluciones y actuaciones judiciales respectivas. Sin embargo -la Primera Sala argumentó-, si bien era cierto que acorde con la legislación procesal civil de esa entidad, el recurso de queja por denegada apelación era idóneo, dado que legalmente procedía contra el auto mediante el cual el juez rechazaba el recurso de apelación, y además, porque tenía como finalidad revocar, modificar o anular la resolución recurrida; no menos cierto resultaba que la materia de la queja por denegada apelación en análisis, atendía únicamente los argumentos de una de las partes, sin prever la intervención de su contrario y, en consecuencia, la eficacia del recurso resultaba limitada de origen, por lo que no era dable exigir su interposición antes de acudir al juicio de amparo. Pues bien, la anterior premisa permite concluir que, en el caso, la parte quejosa sí se encuentra obligada a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues el recurso de queja para combatir la denegada apelación contempla la participación de la contraparte, por disposición expresa del artículo 714 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. En otras palabras, mientras que en la legislación civil del Estado de Baja California el recurso de queja no contemplaba la participación del colitigante, aspecto que, como dijo la Corte, la eficacia del recurso estaba viciada de origen; lo cierto es que en la legislación civil del Estado de Sinaloa sí se contempla, y por tanto, resulta un recurso idóneo porque tiene como finalidad revocar, modificar o anular la resolución recurrida. Por ende, en la especie no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad, en tanto que la ley ordinaria que rige el acto reclamado concede el recurso de queja, en cuyo medio de impugnación las decisiones combatidas puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y, en consecuencia, los quejosos debieron agotar el medio legal para acudir a la vía constitucional indirecta. Luego, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia aludida con antelación a nada práctico conduciría admitir una demanda de amparo notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera y se ventilara el procedimiento no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Finalmente, con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 20 de Noviembre número 1289 sur, de la Colonia Anáhuac, en esta ciudad; de igual manera, ténganse como sus autorizados legales a los licenciados José Alfredo Campos Burboa, Jesús Enrique González Gámez y Marbrey Karely González Gámez para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. En ese mismo tenor, se tiene a los promoventes señalando como medio de contacto el correo electrónico alfredoburboa@hotmail.com. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de los promoventes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niegan a la publicación de éstos.
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