Lorenzo Romero Delgado
Expediente 227/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Lorenzo Romero Delgado
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, causó estado el diverso acuerdo de treinta de marzo del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo promovida por Lorenzo Romero Delgado y toda vez que resulta innecesario seguir conservando la documental que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, remitió al Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, como justificación de su informe; por tanto, desglósese de autos el expediente 621/2017 y remítase a la autoridad de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenara la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 6794/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, con el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto de orden 134/2022 número de origen E-75/2022, por el cual se ordenó notificar al quejoso Lorenzo Romero Delgado, el proveído de treinta de marzo del año en curso y sin que haya lugar a que se le acuse recibo porque se le generó por el respectivo medio electrónico (SISE). Se tiene por notificado al referido quejoso en términos de la diligencia de doce de este mes, practicada por el actuario adscrito a dicho juzgado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta número 4211/2023, firmado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, al cual adjunta los autos del juicio de amparo 163/2022, promovido por Lorenzo Romero Delgado, así como testimonio de la resolución emitida el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el amparo directo número 163/2022, en la cual se resuelve: "ÚNICO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal por razón de la vía, para conocer y resolver el presente juicio de amparo promovido por LORENZO ROMERO DELGADO, contra el acto y la autoridad, precisado y señalada en el resultando primero de esta ejecutoria.". Con fundamento en el artículo 45 y demás relativos de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia declinada; fórmese expediente con el número 227/2023-2. Acúsese recibo. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Ahora bien, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, el veintiséis de enero de dos mil veintidós, donde determinó su incompetencia para conocer del asunto y ordenó remitirlo al juez de primera instancia del ramo civil que corresponda, por conducto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto."; De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que la decisión del órgano que se declara incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no puede considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino hasta que aquellas se tornen definitivas, esto es, cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria) o cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto. Es aplicable la Jurisprudencia número Tesis P./J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 5 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2015, Libro 21, Materia Común, Décima Época, Registro digital 2009721, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas.". Precisado lo anterior, es incuestionable, que el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado que se analiza, pues en el caso la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente agrario de origen, no se ha tornado definitivo; en virtud de que, el magistrado del conocimiento únicamente se encuentra declinando la competencia para conocer del asunto; por lo que, será hasta que el JUZGADO CIVIL DEL FUERO COMÚN QUE CORRESPONDA, se pronuncie sobre la declinatoria de mérito, cuando se producirán las consecuencias del acto. Es así, pues los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada; y, si en la especie, esta circunstancia no ha ocurrido; por lo que se reitera, la resolución de referencia no se ha tornado definitiva. Luego, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alberto Urrea, y únicamente para imponerse de autos a Julián Valle Gutiérrez, en atención a que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. En virtud de que el quejoso Lorenzo Romero Delgado, tiene autorizado como domicilio para oír y recibir notificaciones uno distinto a la jurisdicción de este Juzgado; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en Mazatlán, para que tenga a bien girar las instrucciones pertinentes, para que notifique este proveído al quejoso de mérito, en el domicilio ubicado en Cerro San Antonio número 251, fraccionamiento Lomas de Mazatlán; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley. Es aplicable la Jurisprudencia de la Nación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 37 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 84, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, Registro digital 238328, que dice: "RADICACION DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. La nueva radicación de los autos en un Juzgado de Distrito que ha aceptado la competencia que otro le atribuye, debe notificarse a las partes en forma personal, puesto que dicha radicación implica un cambio de jurisdicción por razón de territorio y la reanudación de las actuaciones procesales en el amparo, después de haberse suspendido temporalmente por la cuestión de competencia surgida en el juicio, y en atención a que deben hacerse llegar con certeza al conocimiento de las partes todas aquellas resoluciones de trascendencia para garantizarles la oportunidad de hacer valer sus defensas en tiempo y forma.". Igualmente, la Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 27 del Semanario Judicial de la Federación Volumen 73, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, Registro digital 238478, que dice: "RADICACION DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de Distrito viola las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo, particularmente lo dispuesto por el artículo 30, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dejando al quejoso en estado de indefensión, en caso de que omita ordenar que a éste se le notifique personalmente el auto en que acepta la competencia para conocer del negocio y tiene por radicado el juicio de garantías, privando con ello a dicho quejoso de la oportunidad de actuar conforme conviniera a sus intereses; ya que la nueva radicación de los autos en un Juzgado de Distrito que ha aceptado la competencia que otro le atribuye, debe notificarse a las partes en forma personal, en vista de que dicha radicación implica un cambio de jurisdicción por razón de territorio y la reanudación de las actuaciones procesales en el amparo, después de haberse suspendido temporalmente por la cuestión de competencia surgida en el juicio y debe hacerse llegar con certeza al pleno conocimiento de las partes para garantizarles la oportunidad de hacer valer sus defensas en tiempo y forma. En consecuencia, procede ordenar la reposición del procedimiento, con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito ordene notificar personalmente a la quejosa el auto de radicación del negocio, y seguida la tramitación legal del juicio, dicte la sentencia que en derecho proceda.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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