Lorena Orrantia Espinoza
Expediente 439/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Lorena Orrantia Espinoza
- MANUEL DE JESUS MIRANDA AGUILAR y Otros.
- LORENA ORRANTIA ESPINOZA y Otros.
- Laura Elena Ceceña Vega
- Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Culiacan
- LAURA ELENA CECEÑA VEGA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de quince de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los cuales se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de diecinueve de enero del año en curso, en relación con el oficio remitido por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, en representación del Gobernador Constitucional y Secretario General, ambos del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada personalmente a la parte quejosa el veintiuno de enero siguiente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el quince de enero de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a los quejosos Lorena Orrantia Espinoza, Laura Elena Ceceña Vega, Manuel de Jesús Miranda Aguilar, Rosario Javier Castro Rubio, y Graciano Alberto Borboa Lugo, solicitada para el efecto de que las autoridades responsables, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa y Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, todas con sede en Culiacán, Sinaloa, una vez que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, debería realizar lo siguiente: "1. En el plazo de cinco días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta a las peticiones formuladas por los quejosos LORENA ORRANTIA ESPINOZA, LAURA ELENA CECEÑA VEGA, MANUEL DE JESUS MIRANDA AGUILAR, ROSARIO JAVIER CASTRO RUBIO y GRACIANO ALBERTO BORBOA LUGO, de manera completa y coherente a los escritos recibidos en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho; y, 2. Les hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido.". Inconforme con la anterior determinación, la autoridad responsable Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán interpuso recurso de revisión, mismo que el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se resolvió por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, en el sentido de confirmar la sentencia de quince de enero de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional y en auto de siete de diciembre se recibieron los autos originales del presente juicio y se requirió por el cumplimiento de la misma. En ese sentido, mediante oficio presentado el diecisiete de enero del año en curso, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, en representación del Gobernador Constitucional y Secretario General, ambos del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, adjuntó copia del oficio DAJ/0035/2022 de seis de enero de dos mil veintidós y del oficio DRH/2311/2020 de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Director de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el cual le otorga respuesta a la parte quejosa sobre su solicitud de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, asimismo remitió la constancia de notificación de la misma. Pues bien, del escrito de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, presentado a las responsables por los quejosos se desprende que solicitaron a las responsables lo siguiente: "se aplique lo establecido en los artículos 17 constitucional y 11 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado, realizándose la homologación de las percepciones multirreferedidas, esto es, que nosotros, los defensores públicos tengamos las mismas percepciones que el ministerio público". Ahora bien, cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. En esta línea, contrastando la petición incoada a la responsable consistente en la omisión de acordar su escrito recibido ante la responsable el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, donde solicitaron se aplicara lo establecido en los artículos 17 constitucional y 11 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado, realizándose la homologación de las percepciones multirreferedidas, esto es, que a los defensores públicos tengan las mismas percepciones que el ministerio público. En contestación a ello, mediante oficio DRH/2311/2020 de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Director de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, otorgó respuesta a tal petición de la siguiente manera: Ahora bien, el efecto de la concesión del amparo, no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues tal derecho sólo la obliga a recibir y contestar en breve término y de manera congruente, por escrito, las solicitudes o promociones que se le presenten; así como a hacerla saber al promovente. Lo anterior, se reitera contrastando la petición con la respuesta otorgada por las responsables: Fundaron y motivaron su actuar, ante la petición de la aquí parte quejosa. Por tanto, al haber atendido la responsable la petición que le fue realizada, atinente a la omisión de acordar es escrito petitorio de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, precisando la fundamentación y motivación para ello, es inconcuso que la respuesta es congruente con lo peticionado. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables, en observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución de la República, dieran respuesta a la solicitud elevada por la parte quejosa, lo cual así aconteció. Si bien, el derecho de petición no constituye un derecho a la obtención de una repuesta favorable a los intereses del peticionario, sino solamente a obtener una respuesta por escrito, tampoco puede la autoridad contestar de cualquier forma, sino tendrá que hacerlo de manera congruente con lo solicitado (congruencia entre lo pedido y la respuesta obtenida). En otra palabras, el derecho de petición precisa no solamente de una respuesta, sino que ésta debe ser en el sentido de ceñirse a lo que está pidiendo y, además debe ser de tal manera clara que no produzca confusión en el peticionario, a fin de que éste cuente con los elementos indispensables para impugnar en la vía que corresponda, la legalidad de esa respuesta. Por ilustrativa se cita la Tesis (aislada), con registro 252257 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 123, Volumen 115- 120, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "PETICION, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. El artículo 8o. constitucional garantiza, como derecho constitucional de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Ahora bien, si ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser una mera norma hueca e inoperante, es claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motivo, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando también claramente, por qué estiman improcedente o infundada la petición, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con su petición, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional que si la petición no cuenta con el beneplácito de la autoridad, dicha petición se tenga por contestada, incongruentemente, con respuestas evasivas, o ambiguas, imprecisas: eso no es satisfacer el derecho de petición, sino disfrazar la negativa a satisfacerlo, y deja al peticionario en situación de indefensión, violándose de paso el debido proceso legal que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, para que no se respire un clima de opresión y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado de derecho, es menester que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón completa del por qué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus conflictos con los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de sus pretensiones, que negar lo que no quieren conceder mediante el camino de las imprecisiones los laberintos, lo que más bien da impresión de que se pretende obstaculizar la petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla sólidamente ante los tribunales, o sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho. Y es fundada la argumentación del quejoso de que la respuesta recaída a su petición no es congruente con ella, si esa respuesta no resuelve sobre si procede o no, conceder la pretensión que deduce, sino que en forma ambigua, imprecisa, se limita a decir que una vez que se cumpla con los requisitos de ciertos preceptos "y demás relativos" se procederá en los términos que ordenan los mismos. Para que la respuesta hubiera sido congruente, debió decirse con toda claridad y precisión cuáles eran todos los preceptos aplicables, qué requisitos concretos debió satisfacer el peticionario en opinión de la autoridad, y cuáles serían las consecuencias de satisfacerlos o no, a fin de que con esa respuesta el gobernado supiese ya a qué atenerse respecto a su pretensión, o del acatamiento o de la impugnación de la respuesta recibida.". Entonces si el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa y Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, todas con sede en Culiacán, Sinaloa, otorgara respuesta a las peticiones formuladas por los quejosos Lorena Orrantia Espinoza, Laura Elena Ceceña Vega, Manuel de Jesús Miranda Aguilar, Rosario Javier Castro Rubio y Graciano Alberto Borboa Lugo, de manera completa y coherente al escrito de dieciséis de abril de dos mil dieciocho y se le realizara la notificación a los mimos, lo cual como se vio ya aconteció; Por tanto, este juzgador declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, por lo que así se declara para todos los efectos legales, y se ha restituido a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, de la Secretaria General de Gobierno, con sede en Culiacán, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio con anexos de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 439/2020-4B y remite copia certificada de la resolución de veintiuno de octubre del año en curso, en la cual se resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************. ."; intégrese a los autos el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas a fin de evitar duplicidad de constancias, agréguese el oficio de cuenta para conocimiento de las partes y para los efectos legales conducentes. En ese sentido, como lo solicita el Tribunal de Alzada, acúsese recibo mediante oficio en el cual se transcriba el presente acuerdo. Pues bien, al encontrarse firme la sentencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa y Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, todas con sede en Culiacán, Sinaloa, a fin de que en el término de cinco días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorguen cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual expídasele oficio al que se anexe copia de la determinación del Tribunal de Alzada. En la inteligencia de que la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que las autoridades responsables: "1. En el plazo de cinco días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta a las peticiones formuladas por los quejosos ********************, de manera completa y coherente a los escritos recibidos en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho; y, 2. Les hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido.". Por último, se apercibe a las responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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