LORENZO HEREDIA BOJORQUEZ y Otros.
Expediente 468/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- LORENZO HEREDIA BOJORQUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que en acuerdo de quince de febrero del presente año, se declaró que el fallo protector ha quedado cumplido; por tanto, con fundamento, en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. De acuerdo la fracción IV del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito este asunto es susceptible de depuración dado que por resolución de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, motivo por el cual deberá conservarse la demanda y la sentencia inherentes al presente juicio y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del Artículo Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión el cual es susceptible de destrucción, no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el nueve de agosto de dos mil diecisiete, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el escrito firmado por los quejosos Lorenzo y Jovita ambos de apellidos Heredia Bojórquez, mediante el cual desahogan vista ordenada en proveído de veintidós de enero del presente año, hace manifestaciones referente al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa. Ahora bien, en atención al estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa también por escrito de cinco de diciembre del presente año, hace manifestaciones respecto a la vista contenida en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, referente a las constancias remitidas por la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia constitucional emitida en este juicio; por tanto, el suscrito Juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades responsables. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal de los quejosos Lorenzo y Jovita ambos de apellidos Heredia Bojórquez; resolución que causó ejecutoria el veintisiete de octubre del año próximo pasado, al no ser recurrida por ninguna de las partes y se requirió por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables. El amparo y protección constitucional se concedió a los quejosos Lorenzo y Jovita ambos de apellidos Heredia Bojórquez, para efectos de la que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario agrario Distrito Veintisiete, con residencia en Guasave, Sinaloa, "deje insubsistente todo los actuado en el juicio sucesorio agrario 621/2012, de su control interno, con posterioridad al auto admisorio de demanda, inclusive la sentencia ahí dictada y ordene el emplazamiento de los aquí quejosos Lorenzo y Jovita ambos de apellidos Heredia Bojórquez, otorgándole la garantía de audiencia; y una vez substanciado el procedimiento contencioso respectivo, resuelva como en derecho corresponda, respecto de las pretensiones ahí deducidas.". Otorgamiento del amparo que se hizo extensivo respecto del acto reclamado a la autoridad ejecutora Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; "a fin de que cancele la inscripción de los derechos agrarios a favor de Jonás Bautista Heredia Bojórquez, y se abstenga de expedir certificados de derechos agrarios a su favor, hasta en tanto el tribunal agrario ordenador dirima el conflicto respectivo.". En ese sentido, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintisiete, con residencia en Guasave, Sinaloa, a través del oficio 2611/2017, de seis de noviembre de dos mil diecisiete, informó que dicto un acuerdo en esa fecha dentro del juicio agrario 621/2012, en el cual, dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario 621/2012, con posterioridad al auto admisorio de tres de octubre de dos mil doce; y ordenó emplazar a los quejosos Lorenzo y Jovita ambos de apellidos Heredia Bojórquez, para que sean integrados a la Litis, natural del juicio sucesorio agrario 621/2012. Por otra parte, la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante oficio SDRAJ/ACC/1812/2017, de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, comunicó que, realizó la cancelación de las inscripciones de los certificados quedando la anotación de que el derecho de María Victoria Bojórquez Sandoval, se encuentra nuevamente en controversia con motivo de la concesión del Amparo. Con lo anterior, se le dio vista a los quejosos en autos de veintisiete de noviembre del presente año, a efecto de que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento de que de no hacerlo en el lapso conferido, este Juzgado Federal resolvería acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la quejosa haciendo manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria por la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, y en diverso proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho, se requirió nuevamente a la mencionada autoridad responsable por el cumplimiento dado respecto a la inscripción del derecho parcelario 262008. En auto de veintidós de enero del presente año, se tuvo a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante oficio SDRAJ/ACC/35/2018, comunico: ".En cumplimiento a la ejecutoria de se le informo que los certificados 26209, 262010, 262011, fueron cancelados el 14 de noviembre de 2017, sin nueva expedición y el certificando parcelario número 262008, de la parcela 333, ya se encontraba cancelado desde el 06 de mayo de 2014, por enajenación de fecha 25 de febrero de 2014, que celebro Jonás Bautista Heredia Bojórquez, en favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO AQUÍ RUBIO, a quien se le genero el certificado parcelario número 1009861.". Con lo anterior, se le dio vista a los quejosos en autos de veintidós de enero de esta anualidad, a efecto de que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento de que de no hacerlo en el lapso conferido, este Juzgado Federal resolvería acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintisiete, con residencia en Guasave, Sinaloa, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario 621/2012, de su control interno, con posterioridad el auto admisorio de demanda, inclusive la sentencia ahí dictada y ordenara el emplazamiento de los aquí quejosos Lorenzo y Jovita ambos de apellidos Heredia Bojórquez, otorgándole la garantía de audiencia; y la diversa autoridad responsable Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, cancelara la inscripción de los derechos agrarios a favor de Jonás Bautista Heredia Bojórquez, y se abstenga de expedir certificados de derechos parcelarios a su favor, hasta en tanto el Tribunal Agrario ordenador dirima el conflicto respectivo; lo cual ya se realizó; la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintisiete, con sede en Guasave, Sinaloa, en acuerdo de seis de noviembre del dos mil diecisiete, dejo insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario 621/2012, y ordeno emplazar a juicio a los quejosos Lorenzo y Jovita ambos de apellidos Heredia Bojórquez; y por su parte el Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, comunico que los certificados 262009, 262010 y 262011, fueron cancelados el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, y el diverso certificado 262008, de la parcela 333, ya se encontraba cancelado desde el seis de mayo de dos mil catorce, por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido a los peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Si que obsten las manifestaciones vertidas por los quejosos mediante escritos presentados ante la oficialía de partes de este juzgado, el cinco de diciembre de dos mil diecisiete y el dos de febrero del presente año, en los que refieren: ".se le informo, que en base a la resolución del Tribunal Agrario del expediente 621/2013, se cancelaron los certificados parcelarios números 184349, 99839, 99843, 223637 así como el uso común número 36305, que pertenecieron a María Victoria Bojórquez Sandoval y se expidieron nuevos certificados, 262008, 262009, 262010, 262011 y el uso común número 91412, en favor del C. Jonás Bautista Heredia Bojórquez. En cumplimiento a la ejecutoria se le informo que los certificados 262009, 262010, 262011 fueron cancelados el 14 de noviembre de 2017, sin nueva expedición y el certificado parcelario número 262008 de la parcela 333 ya se encontraba cancelado desde el 06 de mayo de 2014, por enajenación de fecha 25 de febrero de 2014, que celebro Jonás Bautista Heredia Bojórquez en favor de la C. María del Rosario Aquí Rubio, a quien se le genero el certificado parcelario número 1009861.", lo cierto es que al expresar que el registro de inscripción relativo al certificado parcelario número 262008 que en su momento se expidió a favor de JONAS BAUTISTA HEREDIA BOJÓRQUEZ, con motivo de la inscripción de la sentencia de fecha 05 de febrero de 2013 derivada del juicio agrario número 621/2012, declarados nulos en el presente juicio. Por lo que para efecto de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de los actos reclamados declarados nulos y subsista íntegramente el derecho agrario, a favor de la finada MARÍA VICTORINA BOJORQUEZ SANDOVAL y/o MARIA VICTORIA BOJORQUEZ SANDOVAL, dicha responsable debe cancelar también la inscripción de donde emana el certificado parcelario número 262008 y por ende actos jurídicos posteriores que hubiesen sido realizado en relación a dicho derecho parcelario, es decir si el certificado parcelario 262008 de la parcela 333 ya se encontraba cancelado desde el seis de mayo de dos mil catorce, por enajenación de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce que celebro Jonás Bautista Heredia Bojórquez en favor de la C. María del Rosario Aquí Rubio, a quien se le genero el certificado parcelario número 1009861, entonces el efecto del amaro alcanza para que la responsable en comento proceda a anular certificado parcelario número 1009861 expedido a favor de la tercero con interés en el presente juicio de amparo la C. María del Rosario Aquí Rubio, púes solo así quedaría subsistente íntegramente el derecho agrario de la finada MARIA VICTORINA BOJORQUEZ SANDOVAL y/o MARIA VICTORIA BOJORQUEZ SANDOVAL amparados bajo los certificados parcelarios número 184349, 99839, 99843 y 223637 (certificado que en su momento se canceló y en virtud de ello se expidió común número 36305; así como cumplimentada plenamente la ejecutoria de amparo cuyo fin y efectos es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de las actos declarados nulos.".; dígase a los promoventes que a los actos a que se refiere no formaron parte de la Litis, ya que la concesión del amparo fue para que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, con sede en Guasave, Sinaloa, dejara sin efecto todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario 621/2012, y se ordenara emplazar a los quejosos otorgándole la garantía de audiencia, haciéndose extensiva dicha concesión respecto al acto reclamado a la autoridad ejecutora Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, para la cancelación de la inscripción de los derechos agrarios a favor de Jonás Bautista Heredia Bojórquez, y se abstuviera de expedir certificados de derechos parcelarios a su favor, hasta en tanto el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintisiete, con sede en Guasave, Sinaloa, ordenador dirima el conflicto respectivo; lo cual ya aconteció, toda vez, que el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintisiete, con sede en Guasave, Sinaloa, como se desprende en líneas anteriores, la autoridad responsable en acuerdo de seis de noviembre del dos mil diecisiete, dejo insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario 621/2012, y ordeno emplazar a juicio a los quejosos Lorenzo y Jovita ambos de apellidos Heredia Bojórquez; y por su parte el Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, comunico que los certificados 262009, 262010 y 262011, fueron cancelados el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, y el diverso certificado 262008, de la parcela 333, ya se encontraba cancelado desde el seis de mayo de dos mil catorce, además, informo que al haber realizado la cancelación de las inscripciones de los certificados quedo la anotación de que el derecho de María Victoria Bojórquez Sandoval, se encontraba nuevamente en controversia con motivo de la concesión de amparo, por lo que en todo caso, los actos que pretenden los quejosos esto se deberá dirimir en el juicio de controversia agraria por encontrase nuevamente en conflicto los derechos parcelarios de la de cujus María Victorina Bojórquez Sandoval y/o María Victoria Bojórquez Sandoval, amparados bajo los certificados parcelarios números 184349, 99839, 99843 y 223637, así como los derechos sobre uso de tierra común número 36305.
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