Lorenzo Antonio Hernández
Expediente 83/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Lorenzo Antonio Hernández
Actuaciones
- Principal
PRAL 83/2019 MESA 5-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil diecinueve. Plazo para interponer recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve -fojas 25 a 31-, que sobreseyó este juicio de amparo, sin que lo hubiesen hecho. 1.1 Firmeza de la sentencia. En consecuencia, ..., se declara que ha causado ejecutoria la referida resolución. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se devuelven documentos. Finalmente, toda vez que en este expediente obra el acuse de recibo del escrito presentado ante la responsable el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho -fojas 4 y 5-. ... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa...
- Principal
PRAL 83/2019 MESA 5-A° ... RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lorenzo ..., contra la omisión del jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, de dar contestación a su escrito fechado el trece de julio de dos mil dieciocho, presentado ante la responsable el treinta y uno de agosto de ese mismo año, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE...
- Principal
PRAL 83/2019 MESA 5A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Informe justificado. Glósese el oficio del jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, otórguese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Prueba documental. Se tiene como prueba documental de la autoridad responsable la que anexa, consistente en copia certificada del oficio con terminación *** de veintisiete de febrero del año en curso, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo; la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, que será analizada al momento de resolver este juicio. Diferimiento de la audiencia constitucional. Por lo anterior, para dar cumplimiento al plazo estipulado en el segundo párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy -foja 8- y se fijan, para tal efecto, las once horas con quince minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito del representante común de la parte quejosa, Salvador Ríos Hernández, por el que cumple con el requerimiento contenido en acuerdo de veinticinco de este mes -fojas 174 y 175-. Al respecto, de manera concreta señala que reclama del rector, secretaria general y director de Servicios Escolares, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como de 1) Armando Gabino Bravo Concha, 2) Fausto Ricardo Santiago Juárez y 3) Martha Julia García Nuño, en su carácter de integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la citada institución: ".La omisión de no ejercer sus facultades previstas en la normatividad interna de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca." De igual forma, puntualiza que también reclama de Armando Gabino Bravo Concha, Fausto Ricardo Santiago Juárez y Martha Julia García Nuño, en su carácter de integrantes del citado órgano colegiado: ".la modificación de los horarios oficiales de clases del ciclo escolar 2016-2017, correspondiente al periodo lectivo agosto 2016-febrero 2017, y como consecuencia que seamos examinados por profesores que no les impartieron catedra, ni fueron seleccionados por ellos desde el inicio del referido periodo, con sus respectivas consecuencias de no reinscribirnos a los siguiente periodos lectivos para continuar con nuestros estudios de carrera de licenciados en Derecho oportunamente.". a) Improcedencia de ampliación de demanda por lo que hace a actos reclamados. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda o ampliación de la misma, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada norma jurídica, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." La causal de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. .. VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. ..". Dicho precepto contempla la garantía constitucional de la autonomía universitaria, la cual no solamente implica una mera gestión técnica para efectos administrativos o financieros, sino que conlleva la facultad de autogobierno. La vertiente de autogobierno de la autonomía universitaria, comprende la autodeterminación para elegir el esquema de gobierno y la facultad de designar a sus propias autoridades; por ello, dicha garantía institucional se traduce en la capacidad de decisión de los universitarios respecto a la normatividad en su organización y funcionamiento, así como el método de nombramiento de sus órganos de administración. Por las razones que contiene, es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA ELECCIÓN DE SUS FUNCIONARIOS NO PUEDE SER CUESTIONADA POR EL ESTADO. En virtud de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Gobierno Federal carece de facultades de vigilancia y control directo respecto de ésta, ya que dicha institución rige su vida interna de acuerdo con los postulados de su ley orgánica y los que emanan de sus estatutos expedidos por el Consejo Universitario, por lo que la elección de los funcionarios de la universidad no puede ser cuestionada por el Estado, sino en todo caso, por los propios integrantes de la comunidad universitaria a través de los mecanismos establecidos en su propia legislación. Así, la autonomía entendida como la facultad de gobernarse por sus propias leyes, no riñe con el sistema de derecho establecido en nuestro país, pues tal facultad, no libera a la entidad pública de regirse conforme a derecho, sino en todo caso le permite organizarse como estime conveniente tanto en el orden administrativo, docente y estatutario, siendo dicha facultad la que ejerce al elegir a sus directivos". Al tenor de la facultad de autogobierno, ninguna autoridad externa puede indicar, sugerir o imponer a las universidades autónomas, la forma en que deben legislar, lo que también conlleva la imposibilidad de analizar si sus autoridades están o no acatando la normatividad interna, pues es un aspecto que corresponde a sus órganos de control internos. Es decir, que los órganos jurisdiccionales carecen de la facultad constitucional de vigilar y controlar si las autoridades universidades están ejerciendo las atribuciones previstas en la propia normatividad interna, pues es un aspecto que, en todo caso, corresponde conocer a los órganos que la propia institución se ha dado para resolver las controversias que surjan con motivo del posible incumplimiento a los principios que ha adoptado. Es aplicable la tesis 1a.XI/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVIII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, determinó que conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines. En congruencia con ese criterio, y en virtud de la autonomía que el dispositivo constitucional citado le concede a la Universidad Nacional Autónoma de México, ésta se encuentra facultada para gobernarse a sí misma, a través de sus propios órganos, así como para autonormarse o autoregularse, es decir, aprobar las normas que habrán de regir a su interior, lo que se traduce necesariamente en la aprobación y emisión de su propia legislación, así como en la creación de sus propios órganos de gobierno, entre ellos los encargados de resolver las controversias que se deriven del incumplimiento de su propia normativa. En el caso, la parte quejosa reclama del rector, secretaria general y director de Servicios Escolares, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como de Armando Gabino Bravo Concha, Fausto Ricardo Santiago Juárez y Martha Julia García Nuño, en su carácter de integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la omisión de no ejercer sus facultades previstas en la normatividad interna de la citada institución. Dicho acto no puede ser motivo de control constitucional, pues, en atención al autogobierno con que está dotada la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, corresponde, en todo caso, al Consejo Universitario analizar tal aspecto, en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, que dice: "Artículo 36. Son atribuciones y deberes del consejo universitario: I. Dictar la normatividad jurídica interna de la universidad, sujetándose para ello a las bases que establece ésta ley. . VI. Crear, modificar o suprimir conforme con las necesidades académicas, facultades, escuelas o institutos de investigación, así como modificar la organización administrativa de las ya existentes. . X. Conocer, resolver e imponer sanciones disciplinarias a los miembros de la comunidad universitaria cuando con su conducta afecten las actividades académicas y administrativas. XI. Conocer, resolver en primera instancia e imponer sanciones disciplinarias a los miembros de la comunidad universitaria cuando con su conducta lesionen el patrimonio de la institución. .". Bajo ese contexto, es inconcuso que, por lo que hace a dicho acto, este órgano jurisdiccional carece de competencia constitucional para analizar si las referidas autoridades están ejerciendo o no las facultades que prevé la normatividad interna de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En consecuencia, de plano de desecha la ampliación de demanda, por lo que hace al acto consistente en la omisión de no ejercer las facultades previstas en la normatividad interna. b) Improcedencia de ampliación de demanda por lo que hace a autoridades responsables. El representante común de la parte quejosa también pretende ampliar la demanda de amparo en cuanto al rubro de autoridades, pues señala como tales a Armando Gabino Bravo Concha, Fausto Ricardo Santiago Juárez y Martha Julia García Nuño, en su carácter de integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de quienes reclama la modificación de los horarios oficiales de clases del ciclo escolar 2016-2017, correspondiente al periodo lectivo agosto 2016-febrero 2017 y, como consecuencia, que los promoventes sean examinados por profesores que no les impartieron cátedra ni fueron seleccionados por ellos desde el inicio del referido periodo. Al respecto, es oportuno destacar que la ampliación de demanda, por lo que hace a dicho rubro, procede cuando de los informes justificados se advierta la existencia de una autoridad distinta a la señalada en el escrito de demanda. Sirve de apoyo la tesis 2a. XLI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional. En el caso, de las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su ampliación de demanda, se advierte que Armando Gabino Bravo Concha, Fausto Ricardo Santiago Juárez y Martha Julia García Nuño, forman parte del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; órgano colegiado que ya fue señalado como responsable en esta instancia constitucional. Por tanto, si las citadas personas pertenecen al referido ente (Consejo Técnico), es evidente que no constituyen una autoridad distinta o diversa. En consecuencia, es improcedente la ampliación de demanda en cuanto a las personas que la parte quejosa señala como responsables. c) Improcedencia de ampliación de demanda en cuanto a los conceptos de violación. Los argumentos que hace valer la parte quejosa, están encaminados a evidenciar que los actos atribuidos a las autoridades indicadas, no se ajustan a los parámetros previstos en la Constitución Federal; por tanto, al haberse desechado la ampliación de demanda por lo que hace al rubro de actos y autoridades, es improcedente admitir en cuanto al apartado de conceptos de violación, en virtud de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Fermín Santiago Santiago, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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