Lorenzo Pérez Hernández o Lorenzo Pérez
Expediente 509/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Lorenzo Pérez Hernández o Lorenzo Pérez
Actuaciones
- Principal
pral.509/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *** interpusiera recurso de queja contra la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, por la cual se desechó la demanda de amparo, no obstante su notificación el diez del mismo mes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en resolución de cuatro de mayo de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese.
- Principal
PRAL.509/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el tres de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 509/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que por ese motivo tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento de la demanda de amparo. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; es decir, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos y fracciones citadas se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una resolución a su favor; por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. A fin de dar claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la Ley de Amparo vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicable. Asimismo, es preciso señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que, en tratándose de procedimientos jurisdiccionales, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; como puede ser la falta de respuesta a una petición sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Así, concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esa naturaleza omisiva es notoriamente improcedente, y debe desecharse de plano, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones destacadas dieron origen a la jurisprudencia 2ª.J 48/2016 (10a), cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Caso concreto. Expuesto lo anterior, se precisa que, al margen de la forma en que la parte quejosa planteó los actos reclamados en el capítulo respectivo, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que su pretensión es impugnar: - La omisión del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, de acordar el informe presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós por el director General de Notarías del Estado de Oaxaca, dentro del juicio sucesorio intestamentario 541/2018; lo que trae como consecuencia que, hasta el momento, no haya señalado fecha y hora para la segunda junta de herederos. Reclamo que sustenta, esencialmente, en los antecedentes siguientes, narrados bajo protesta de decir verdad: Mediante escrito de treinta de noviembre de dos mil dieciocho el quejoso Lorenzo Pérez Hernández o Lorenzo Pérez promovió el juicio sucesorio intestamentario como cónyuge supérstite de la extinta Eva Valentina López Contreras. Por auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho se radicó la demanda en el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia testimonial a que se refiere el artículo 776 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; además, se ordenó publicar en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el edicto por el que se convocó a todos aquellos que se creyeran con el derecho a intervenir en el juicio sucesorio. Previos diversos diferimientos, el uno de agosto de dos mil veintiuno se llevó a cabo la primera junta de herederos, en la que se nombró como albacea al quejoso. El trece de octubre de dos mil veintiuno el Juzgado Familiar giró oficio al director General de Notarías del Estado de Oaxaca, a fin de que informara si en los libros o registros de dicha dependencia había una disposición testamentaria a nombre de Eva Valentina López Contreras. La autoridad requerida rindió su informe mediante oficio presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós en el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; sin que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (03-mayo-2022), el Juzgado haya acordado dicha promoción ni señalado fecha para la segunda junta de herederos. Siendo estos los actos reclamados en el juicio de amparo. En ese sentido, la causa de improcedencia a la que se hizo referencia en párrafos precedentes se actualiza, porque este juicio de amparo se promueve contra actos de naturaleza omisiva emanados de un procedimiento jurisdiccional, sin que se advierta del contenido de la propia demanda que exista una abierta dilación del procedimiento ni menos su paralización total; por el contrario, se considera que el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y el propio quejoso mediante su actividad procesal, se encuentran en condiciones de proveer y promover en tiempo y forma dentro del expediente de origen. En efecto, el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca prevé que los decretos y los autos deben dictarse dentro de tres días después del último trámite, o de la promoción correspondiente. Entonces, de acuerdo a lo expuesto por la parte quejosa, la última promoción fue la que presentó el director General de Notarías del Estado de Oaxaca el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, de ahí que la autoridad responsable tenía hasta el veintidós de ese mes para emitir el acuerdo relativo; ello, tomando en consideración que es un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que los días diecinueve, veinte y veintiuno de marzo de dos mil veintidós fueron inhábiles por corresponder a sábado, domingo y en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. De modo que entre el veintitrés de marzo de dos mil veintidós -día siguiente a aquél en que feneció el plazo de la responsable para emitir el acuerdo correspondiente- y el tres de mayo de dos mil veintidós -fecha en que se presentó la demanda de amparo- solo han transcurrido veinticuatro días hábiles (sin contar sábados y domingos, así como del once al quince de abril de este año con motivo de la "semana santa", de acuerdo a los avisos publicados en la página de internet del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y estrados de los Juzgados familiares). Sin que se estime que ese plazo de 24 días hábiles constituya una "abierta dilación" o "paralización del procedimiento" que haga procedente el juicio de amparo, en razón de que dichos conceptos se analizan en el caso concreto considerando el derecho fundamental al plazo razonable, de conformidad con el artículo 17 constitucional; como a continuación se expondrá: 1° La actividad procesal del quejoso. Esta particularidad evidencia, de acuerdo a los antecedentes narrados por el quejoso Lorenzo Pérez Hernández o Lorenzo Pérez bajo protesta de decir verdad, que desde el trece de octubre de dos mil veintiuno no ha instado el ejercicio jurisdiccional; es decir, en su carácter de albacea provisional nada ha promovido en el juicio sucesorio intestamentario 541/2018, como pudiera ser, solicitar al Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que provea el informe rendido por el director General de Notarías del Estado de Oaxaca y, en su caso, que señale fecha para la segunda junta de herederos. 2° La conducta de la autoridad responsable. De acuerdo a lo expuesto en la demanda de amparo, es posible concluir que durante la secuela procesal del juicio intestamentario la autoridad responsable ha emitido los acuerdos correspondientes, sin que se advierta que entre cada actuación haya habido una dilación excesiva, pues: Mediante auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho se radicó la demanda y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia testimonial a que se refiere el artículo 776 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Además, se ordenó publicar en el Periódico Oficial del Estado el edicto por el que se convocó a todos aquellos que tuvieran derecho a intervenir en el juicio sucesorio. El siete de febrero de dos mil diecinueve se difirió la audiencia por cuestiones de salud del quejoso. En acuerdo de doce de agosto de dos mil diecinueve se dio cuenta con el escrito mediante el cual el quejoso exhibió tres ejemplares del Periódico Oficial del Estado, y se apersonaron a juicio los descendientes del actor y la difunta. El veinticinco de octubre de dos mil diecinueve se señaló nueva hora y fecha para la celebración de la primera junta de herederos. El veintinueve de enero de dos mil veinte se difirió la junta debido a que no estaban notificados los presuntos herederos. El veintisiete de febrero de dos mil veinte se difirió nuevamente la junta, por el mismo motivo. El veintidós de mayo de dos mil veinte también se difirió la junta. La primera junta de herederos se llevó a cabo el uno de agosto de dos mil veintiuno, en la que se nombró como albacea al quejoso. El trece de octubre de dos mil veintiuno se giró oficio al director General de Notarias del Estado de Oaxaca, a fin de que informara si en los libros o registros de dicha dependencia había una disposición testamentaria hecha por Eva Valentina López Contreras. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós el director General de Notarías del Estado de Oaxaca rindió el informe que le fue requerido. Sin que deba pasar desapercibido en esa secuela procesal, que el once de marzo de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia el virus de Covid-19, lo que implicó a partir del diecisiete de marzo de dos mil veinte una paralización parcial o total de múltiples actividades del Estado, entre ellas, la función jurisdiccional, lo cual se invoca como un hecho notorio, pues evidentemente la pandemia que continúa afectando al mundo impactó en el ámbito de la impartición de justicia. 3° Las cargas de trabajo de la autoridad responsable. Concatenado con lo anterior, es de conocimiento público las grandes cargas de trabajo que imperan en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que se incrementaron considerablemente por la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y sus diversas variantes. En relación con ello, es importante destacar la existencia del "Plan de retorno gradual, seguro y ordenado, de las actividades jurisdiccionales y administrativas de los órganos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca" (consultable en la página de internet de dicha dependencia), conforme al cual, si bien se reanudó de manera progresiva la atención de los asuntos de su competencia, se ha venido priorizando la atención de asuntos de naturaleza urgente, entre los que no se encuentran los juicios sucesorios intestamentarios, pues no les asiste la misma naturaleza que los juicios de alimentos, derechos de menores u otros relativos a cuestiones familiares. 4° La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de lo ya expuesto, de ninguna forma se advierte que la omisión reclamada por el quejoso implique una afectación irreparable en su situación jurídica dentro del juicio sucesorio, en el que fue designado como albacea, pues está en aptitud de continuar defendiendo los intereses de la sucesión a la que representa y promover en el juicio intestamentario, ya que su encargo concluirá, en su caso, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 1619 del Código Civil para el Estado de Oaxaca; incluso, el cargo podrá prorrogarse en términos del numeral 1620 del ordenamiento citado. De modo que la afectación que reclama en la demanda de amparo es meramente de carácter procesal, y no sustantivo; atendiendo en el caso particular que no existe una demora prolongada sin justificación, que pudiera constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso porque, razonablemente, se concluye que el procedimiento no se encuentra totalmente paralizado, en la medida en que, de acuerdo a la actividad procesal de las partes y al contexto en que se desarrolla el juicio, desde su inicio, la autoridad responsable ha proveído lo correspondiente. En apoyo a lo anteriormente expuesto, se invoca el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la tesis de jurisprudencia III.3o.T.J/3 (10a), registro 2013301, de rubro: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. En adición a lo hasta ahora vertido, y para robustecer lo ya fundado y motivado, se estima importante destacar que de acuerdo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que permita saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, consideró que es posible proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio -tratándose la materia laboral-. Y en el caso de la demanda de amparo, que en este juicio es de materia civil, es factible seguir el criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal para estimar como un ejemplo de parámetro objetivo para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento, el plazo de treinta días establecido en el artículo 781 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, porque ese periodo es el máximo que la ley tolera para que todos los que se crean con derecho a la herencia comparezcan a deducirlo. Por tanto, se reitera que, en el caso, solo han transcurrido veinticuatro días hábiles a partir de la fecha en que la autoridad responsable pudo emitir el pronunciamiento relativo a la promoción del director General de Notarías del Estado de Oaxaca; de ahí que se insiste que no se actualiza una evidente dilación o paralización del procedimiento, y en consecuencia, no se reclama un acto que no es de imposible reparación, por no producir una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso. Determinación. Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por Lorenzo Pérez Hernández o Lorenzo Pérez, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Se impone destacar que esta determinación no es contraria al principio de progresividad en relación al derecho de recurso judicial efectivo, dado que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no eliminó un derecho, ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, ya que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal. Máxime que si la autoridad responsable no abandona su conducta omisiva, la parte quejosa estará en condiciones de promover nuevamente el juicio de amparo cuando así lo estime oportuno. Acceso a la justicia. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialía de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 7/2022. 5. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, conforme con lo dispuesto por la fracción I, del numeral 27, de la Ley de Amparo, el que indica en la demanda de amparo. Y de conformidad con el numeral 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizados en términos amplios a 1) ****(cédula profesional *** En tanto que a las demás personas que refiere el quejoso se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, de conformidad con el artículo 24 del mismo ordenamiento legal. 6. Medios para entablar comunicación con la parte quejosa. Con apoyo en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngase a la parte quejosa proporcionando una dirección de correo electrónico y un número telefónico como medios que, de ser necesario, podrán emplearse para establecer comunicación no procesal y atender la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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